El Ministerio Fiscal ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el auto dictado por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona para avalar la eutanasia de un hombre de 54 años, que había sido paralizada de forma cautelar por el recurso del padre del solicitante de la prestación de ayuda para morir, una persona que ha sufrido ya tres ictus y dos infartos que le han provocado importantes secuelas en el movimiento y en el habla.
Ante esta situación, la asociación Derecho a Morir Dignamente recuerda que la misión del Ministerio Fiscal es promover la acción de justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos. Es escandaloso que la Fiscalía solicite impedir el ejercicio del derecho a la prestación de ayuda para morir tras haber cumplimentado una tramitación legal, considerada como la más garantista del mundo. Frente a este derecho fundamental, proponer que por cuestiones procesales (como el concepto de legitimidad de un familiar) no se respete la voluntad de morir de una persona que vive en un contexto eutanásico, es cruel y absolutamente desproporcionado. El contexto eutanásico no es el momento, ni el lugar, para estos debates técnicos.
La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona dictó una resolución favorable, motivada en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es evidente que si se admite la posibilidad de que un familiar recurra una resolución favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia ante los tribunales de justicia (Contencioso, Supremo, Constitucional, Europeo de Derechos Humanos), se hará inviable el derecho a pedir y recibir la ayuda para morir que reconoce la Ley.
Esperamos que el abogado de la Generalitat se oponga a un recurso que está fuera de lugar y resulta del todo incomprensible para el Ministerio Fiscal, así como que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelva cuanto antes y anule las medidas cautelares que están obligando a un ciudadano a vivir en contra de su voluntad y de sus derechos legalmente reconocidos.
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