El enfermero Javier Amaro (Córdoba, 1957) ha sido elegido nuevo presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) Asturias, tomando el testigo de la también enfermera Fernanda del Castillo, que ocupaba el cargo desde 2019. El relevo se ha producido en la reciente asamblea de DMD Asturias que ha renovado la junta directiva de la asociación, referente en los derechos al final de la vida y la gran impulsora de la aprobación, hace tres años, de la Ley de Eutanasia en España.
Javier Amado reside en Gijón y trabajó como enfermero en el Centro de Salud de Posada de Llanes hasta su jubilación en 2022. En DMD participa desde el año 2015, donde ha sido docente voluntario en formación sobre muerte digna para el personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón, entre otros cometidos. Además ha sido voluntario con Médicos del Mundo en los campamentos de refugiados saharauis de Argelia, en Mozambique y en Sierra Leona. En 1999 también viajó a Nicaragua con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para prestar atención sanitaria a la población afectada por el huracán Mitch.
“Mi propósito es mejorar la implantación de DMD entre la ciudadanía de Asturias, aumentando su visibilidad y presencia social, así como seguir defendiendo los derechos de las personas a manifestar y disponer sobre su final de vida, desde la libertad y la autonomía que tenemos como seres humanos dotados de dignidad”, afirma el nuevo presidente de DMD Asturias. Junto a Javier Amado, la junta directiva de DMD Asturias se ha renovado con la incorporación de Begoña Pedrosa (vicepresidenta), Elena María Canedo (secretaria general), Laura Midón (tesorera), Carmen Eguren y Concepción Camblor (vocales).
Derecho a Morir Dignamente ha celebrado recientemente su 40 aniversario. La asociación surgió cuando decenas de personas respondieron al llamamiento de un joven profesor de matemáticas, Miguel Ángel Lerma, para crear en España una entidad en defensa de la muerte digna similar a las que ya existían en otros países europeos. A pesar del rechazo inicial del Ministerio del Interior, que se negaba a inscribir a la nueva organización en el registro de asociaciones, finalmente se logró el 13 de diciembre de 1984.
Cuatro décadas después, Derecho a Morir Dignamente (DMD) cuenta con 8.500 personas socias comprometidas con el derecho a la muerte digna. El trabajo de la asociación y los testimonios de personas valientes como Ramón Sampedro, que hicieron público su deseo de poder decidir el momento final de sus vidas, han logrado que la prestación de ayuda para morir tenga el apoyo de la mayoría de la población española y se haya convertido en un derecho para la ciudadanía con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021.
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