Menos de la mitad de los solicitantes acaban logrando la prestación de ayuda para morir: una cuarta parte de ellos fallecen esperando. Catalunya es donde se practican más eutanasias, 142 en 2024, mientras que en el conjunto de España fueron 427 el año pasado. La asociación Derecho a Morir Dignamente pide cambios legislativos para impedir que los tribunales paralicen eutanasias aprobadas.
Más de 1.000 personas han logrado ayuda para morir en España desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia hace justo cuatro años, el 25 de junio de 2021. En concreto, hasta el pasado año 2024 se realizaron un total de 1.034 eutanasias, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), lo que supone el 42% de las 2.475 solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se habían presentado hasta entonces. Según una estimación de DMD basada en cifras aportadas por varias comunidades autónomas, el número de eutanasias desde que se aprobó la ley ha superado las 1.300 en lo que llevamos de 2025.
En España, a una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia se les deniega la prestación de ayuda para morir, y otra cuarta parte de los solicitantes fallecen durante su tramitación. Por ese motivo, DMD exige “agilizar los plazos de la prestación” para que la resolución no tarde más de 30 días, ya que en la actualidad la media es de 49 días (siete semanas), “un plazo inasumible para personas en situación terminal”. Del mismo modo, en el cuarto aniversario de la ley, la asociación DMD, referente en los derechos al final de la vida, pide cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, como ha sucedido en los mediáticos casos de Noelia y Francesc, ambos en Barcelona.
“La eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios”, ha apuntado el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, este miércoles en la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya para evaluar el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia (LORE). “En 2024, las prestaciones de ayuda para morir aumentaron un 28%, pero siguen existiendo tasas de eutanasia muy dispares entre comunidades autónomas. Con los datos existentes, no es correcto afirmar que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, como sostiene el Ministerio de Sanidad”, resume Marín.
Las cifras de eutanasia en España son ascendentes año tras año, “aunque todavía quedan lejos de las de otros países europeos donde la prestación de ayuda para morir es legal desde hace más tiempo”, indican en DMD. En 2021, desde la entrada en vigor de la ley hasta final de año se registraron 173 solicitudes y 75 eutanasias. En 2022, fueron 576 solicitudes y 288 eutanasias, respectivamente, con una tasa del 0.67 por cada 1.000 fallecimientos. En 2023, se contabilizaron 766 solicitudes y 334 prestaciones, con una tasa de eutanasia de 0.77 por cada 1.000 fallecimientos. A falta de la publicación del informe anual del Ministerio de Sanidad con datos pormenorizados, en 2024 se registraron 960 solicitudes y se realizaron 427 prestaciones de ayuda para morir.
Catalunya es la comunidad donde se realizan más eutanasias: en 2024 se registraron 358 solicitudes de ayuda para morir, lo que supone un incremento del 63,43% respecto a 2023, con un total de 142 eutanasias, un 51% más que el año anterior, según ha explicado Cristina Vallès, presidenta de DMD Catalunya, en la rueda de prensa celebrada en Barcelona. “Estos datos confirman que la eutanasia se consolida como un servicio más dentro de la cartera de derechos sanitarios, porque la prestación ya representa un 0,21% de las defunciones en Catalunya”, según Vallès. “Sin embargo, la experiencia de DMD en la atención a la ciudadanía, ponen de manifiesto la existencia de barreras estructurales y procedimentales que hay que abordar con urgencia, como el alto número de denegaciones de la prestación en casos de sufrimiento o enfermedad mental, o que en Catalunya el tiempo para resolver una solicitud sea de 63 días de media”, apunta la presidenta de la asociación catalana de DMD.
“Las solicitudes no deben tardar más de 30 días en resolverse, 20 como mucho en casos de personas con una enfermedad terminal”, apuntan desde DMD, que reclama “agilizar los plazos de la prestación” para garantizar que las personas solicitantes de la eutanasia puedan encontrar un médico responsable en un plazo de entre 48 y 72 horas. El vicepresidente de la asociación, Fernando Marín, pide además “voluntad política” para “reducir la desigualdad” que existe entre las diversas comunidades autónomas, así como registrar todas las solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se producen en España, “ya que muchas desaparecen por falta de respuesta inicial de los médicos o por otro tipo de trabas administrativas”. Del mismo modo, desde DMD se reclama a la sanidad privada que cumpla con la ley, porque sus cifras de eutanasias son marginales, “ya que rechazan hacerlas y las derivan a la pública, que concentra más del 90% de los casos.
Eutanasias en los tribunales
Otra de las demandas de DMD es la introducción de cambios legislativos que impidan casos de eutanasias judicializadas como las de la joven Noelia o la de Francesc, dos residentes en la provincia de Barcelona que tienen autorizada la prestación de ayuda para morir según establece la ley, aunque sus familiares han conseguido paralizarlas, de momento, en los tribunales. “Estas dos personas solicitaron la prestación de ayuda para morir y se les fue aprobada, pero están siendo obligadas a vivir en contra de su voluntad por los recursos judiciales interpuestos por sus familiares, en un contexto eutanásico de pérdida de dignidad por el deterioro irreversible de su calidad de vida y sufrimiento constante e intolerable”, denuncia la asociación, que lamenta que la Justicia “se preste a la manipulación de grupos que pretenden imponer su ideología contra una ley aprobada democráticamente”.
A pesar de su “gravedad”, DMD subraya que estos dos casos suponen “algo excepcional” ya que son los dos únicos que se han paralizado en los tribunales en estos cuatro años, mientras en el conjunto de España ya se han practicado más de un millar de eutanasias sin problemas desde 2021. “Queremos dar todo el apoyo a las dos personas a las que desde los tribunales se les está impidiendo su derecho a acceder legítimamente a la eutanasia aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya tras un largo proceso extremadamente garantista”, concluyen desde DMD.
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