Concentración de DMD Galicia en aniversario de muerte de Ramón Sampedro para denunciar los obstáculos a la ley de la eutanasia y la creación de un observatorio de la muerte.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia se ha concentrado este lunes día 12 de enero en Santiago de Compostela para pedir el fin de los obstáculos que perduran para acceder a la eutanasia y la creación de un observatorio de muerte digna en Galicia como ya existe en otras comunidades.
Cerca de una veintena de personas -entre ellas la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín– se han concentrado en la Plaza del Obradoiro bajo la lluvia con carteles para defender que «vivir es un derecho, no una obligación» y que las personas deben ser «libres hasta el final«.
Los participantes han reivindicado el 12 de enero como Día de la Muerte Digna en Galicia, en recuerdo a la fecha en la que murió Ramón Sampedro, primer español que pidió la eutanasia.
En 2023 se hizo un intento de instaurar de forma oficial este día pero el Parlamento gallego lo rechazó, y la presidenta de DMD Galicia, Isabel Blanco, ha pedido una declaración institucional para hacerlo realidad.
Blanco ha asegurado que, pese a los avances logrados y a que hay varias leyes que garantizan el derecho a morir dignamente, entre ellas la de 2021 que regula la eutanasia, esos derechos están «en el papel pero luego en la práctica hay muchos obstáculos».
Isabel Blanco, presidenta de DMD Galicia, señala que hay muchos obstáculos a la práctica del derecho a morir dignamente.
«Hay algo que se puede mejorar, se puede evitar que la gente muera durante la tramitación y que no dure tanto tiempo, porque realmente es un maltrato institucional«, ha señalado Blanco en declaraciones a periodistas.
Según el último informe anual, en 2024 hubo 35 solicitudes de eutanasia en Galicia, se realizaron 16 procedimientos, seis personas revocaron su petición y nueve murieron esperando.
El tiempo medio de demora para el trámite fue de 59 días, pero en la práctica hay procesos que duran 13 días y otros que superan los 100, según Blanco, que ha recordado que la ley establece unos plazos máximos de entre 35 y 40 días.
DMD también ha defendido que es «fundamental» un observatorio de la muerte digna en Galicia, como en otras autonomías, para saber «cómo estamos muriendo».
«Si sabemos cómo morimos podemos mejorar la calidad de la muerte. Hay que saber si una persona murió con dolor, angustiada o si cinco días antes le hicieron una transfusión, porque hay veces que hay un intento de prolongar la vida y no es con calidad de vida», ha señalado Blanco.
Y ha insistido en la necesidad de mejorar los cuidados paliativos y la formación de los profesionales sanitarios, ya que se trata de un procedimiento «laborioso» que requiere tiempo y conocimientos, así como apoyo psicológico.
«Es una ley nueva, llevamos cinco años y aunque está dentro del sistema público está poco divulgada», ha lamentado Blanco.
También ha denunciado que se está vulnerando que el derecho a solicitar la eutanasia es «individual» y que la propia persona es la única que puede decidir si quiere recibir ayuda para morir o no.
«Estamos en contra de cualquier tipo de interferencia por parte de ninguna persona sobre esa decisión, como casos que pueden estar pasando en este momento de personas que tengan concedida la eutanasia y otras personas que no son ellas están interfiriendo en ese derecho«, ha dicho.
Las muertes con eutanasia supusieron el 0,02 % de los fallecimientos totales en Galicia en 2024.
La eutanasia también se puede incluir en el testamento vital y en Galicia había registrados 20.104 documentos de este tipo a finales de 2024, si bien es la cuarta comunidad a la cola en número de testamentos.
Aquí puedes escuchar una entrevista a Isabel Blanco, de DMD Galicia, en los informativos de RNE.
Comparte este artículo