George L’Espérance, presidente de la Asociación Quebequense de Muerte Digna (AQDMD): «Lo sagrado no es la vida, sino la persona que vive y que hay que respetar»
Por LOREN ARSEGUET.
Los adversarios de la eutanasia en el mundo hacen de la experiencia canadiense un esperpento. Hablan de «deriva» y de «pendiente resbaladiza». En esta entrevista, el Dr. L’Espérance, neurocirujano y presidente de la AQDMD, Asociación Quebequense para el
Derecho a una Muerte Digna, nos acerca a la realidad de una experiencia fundada en el respeto a los derechos de la persona hasta el final de sus días.
Según los últimos datos publicados, en Canadá un 5% de los fallecimientos ocurren con Ayuda Médica para Morir (AMM) y en la provincia de Quebec la tasa llega al 7,3%. La evolución ha sido muy rápida desde la aprobación de la Ley de Cuidados al Final de la Vida en Quebec en 2015 y la despenalización de la AMM en todo el territorio canadiense a través de la ley que modificó el Código Penal federal en 2016.
Dr. L’Espérance, ¿Canadá resuelve sus problemas sociales, o dicho de manera más brutal, ‘elimina a sus pobres’ con la AMM, como se puede leer en algunos medios?
Hace años se decía lo mismo sobre Bélgica, ahora sobre nosotros. Aquí hubo el caso de una joven con Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Los medios contaron que no pudo conseguir un apartamento adaptado, solicitó y obtuvo la AMM. Se armó un escándalo… Cuando los periodistas me llamaron no acepté responder, porque yo desconocía los detalles concretos del caso, como las otras afecciones y circunstancias que habían llevado a la aceptación de la solicitud.
Pero de entrada es importante destacar que en los últimos diez años no ha habido ningún caso de AMM que haya llegado a los tribunales o que haya dado lugar a sanciones disciplinarias.
En el caso de Canadá, los adversarios de la eutanasia hablan de ‘pendiente resbaladiza’, por un debilitamiento de las salvaguardas inicialmente previstas en la ley. Sería bueno empezar por recordar las condiciones de acceso a la AMM en Quebec y en Canadá, respectivamente.
Las condiciones de acceso son relativa mente sencillas. La primera condición es ser mayor de edad y tener capacidad de tomar decisiones propias. La segunda es padecer una enfermedad grave e incurable, conceptos que deben entenderse en sentido amplio, según la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, lo que significa que, aunque su enfermedad sea tratable, una persona tiene todo el derecho a rechazar cualquier tratamiento. La tercera condición es sufrir dolores físicos, psicológicos o existenciales generados por la patología en cuestión. Estos son los criterios actuales.
Pero estos requisitos han ido evolucionando desde la aprobación de la ley.
Efectivamente. En materia de salud, las competencias se dividen entre el Gobierno federal y el Gobierno provincial. Quebec aprobó en 2014 su Ley de Cuidados al Final de la Vida que incluía los cuidados paliativos, la sedación paliativa continua y la AMM, así como las instrucciones médicas anticipadas. Era necesario que el paciente se encontrase en la fase terminal de su enfermedad, sin plazo preciso. En esa época el Código Penal federal, al que están sujetas todas las provincias, prohibía ayudar a alguien a morir. En 2015, el Tribunal Supremo de Canadá declaró que, si una persona solicitaba AMM de manera informada, esta cláusula de prohibición era inconstitucional. El argumento fundamental era impedir que las personas que deseaban poner fin a su vida por los motivos mencionados anteriormente (enfermedad
grave, incurable, etc.), aun estando en pleno uso de sus facultades mentales, se vieran obligadas a recurrir a medios violentos e inaceptables. Esta decisión fue tomada por unanimidad por los nueve jueces del tribunal.
El alto tribunal pidió al Gobierno federal que modificase el Código Penal, lo que hizo en 2016, promulgando una ley de AMM que se inspiraba en la de Quebec, donde uno de los criterios de acceso a la AMM era el de «muerte natural razonablemente previsible», aunque sin establecer ningún plazo preciso.
Esta ley se aplicó durante tres o cuatro años, hasta que se presentó ante el Tribunal Superior de Quebec el caso de la Sra. Gladu y el Sr. Truchon. Ninguno de los dos se encontraba en la etapa terminal de su enfermedad. Fundamentaban su demanda en que los conceptos de «fin de la vida» y «muerte natural razonablemente previsible» nunca se incluyeron en la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 y, por tanto, eran inconstitucionales. La jueza del Tribunal Superior de Quebec les dio la razón. Ni el gobierno de Quebec, ni el de Canadá recurrieron esta decisión y en marzo 2021, el gobierno federal de Canadá aprobó una nueva ley de AMM, eliminando estos dos criterios de acceso a la ayuda a morir.
El Comité para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha solicitado a Canadá revertir este cambio legislativo, que creó dos vías de acceso (track, en inglés) a la AMM: la primera para los pacientes en etapa terminal de una enfermedad y la segunda, con mayores salvaguardas, para los que no se encuentran en esta situación límite. Piden eliminar esta última vía de acceso.
Exacto, pero es importante recordar que el Tribunal Supremo de Canadá en su sentencia de 2015 había dicho que los pacientes adultos y capaces de tomar sus propias decisiones, que padecen ‘una enfermedad, una discapacidad o una afección grave e incurable’ que genere «sufrimientos físicos, psicológicos o existenciales» podían acceder a la AMM.
¿Aparecía la palabra ‘discapacidad’ en esa sentencia?
Sí, por supuesto. Pero es totalmente falso afirmar que en Canadá se ofrece la AMM a las personas con discapacidad por carencias de servicios sociales y de apoyo. Yo, al igual que todos mis colegas, he tenido pacientes con discapacidad que tenían todo lo que necesitaban y que contaban con servicios las 24 horas en su hogar. Pero llegó un momento en que no podían más. Todas las falacias que se pueden leer y oír al respecto vienen de las doctrinas religiosas que defienden la sacralidad de la vida. Uno de mis buenos colegas, un médico de cuidados paliativos ahora muy mayor, solía decir que «lo sagrado no es la vida, sino la persona que está viva y que hay que respetar».
¿Cuáles son los requisitos para la vía 2?
Los mismos que para la vía 1. Enfermedad grave e incurable o discapacidad con deterioro avanzado e irreversible del estado del paciente que causa sufrimiento físico, psicológico o existencial. Siempre repito en todas mis conferencias que depende de lo que piensa el paciente, no de lo que opina el personal sanitario. No me corresponde a mí decidir si el paciente que tengo delante sufre, es el paciente quien me lo manifiesta. Por supuesto, si viene alguien de 22 años que me dice «sufro porque mi novio me acaba de dejar», evidentemente no es lo mismo.
¿Qué diferencia en la práctica la vía 1 de la vía 2 de la AMM?
En la vía 1, si hoy veo a un paciente con cáncer metastásico para evaluar su solicitud de AMM y ya existe una segunda opinión, por ejemplo, de su médico de cabecera que confirma el diagnóstico de que ya no hay nada que hacer, puedo proporcionarle la AMM mañana por la mañana. Si se trata de la vía 2, hay un plazo de espera de 90 días. Pero la gran mayoría de los pacientes de la vía 2 tampoco quiere la AMM mañana por
la mañana, quieren tener la certeza de que se les acompañará cuando estén agotados y ya no puedan más. Sobre todo, quieren sentirse escuchados, eso les da serenidad. Hay pacientes en mi lista que llevan tres años en ella. Tienen mi tarjeta y me llamarán cuando estén
preparados.
En España, en caso de pérdida de capacidad podemos solicitar la eutanasia a través de un documento de directrices anticipadas.
Una vez más Quebec tomó la iniciativa de ampliar la ley: en octubre de 2024, permitió a los pacientes que presentan una patología que puede conducirles a la incapacidad -esencialmente las patologías neurodegenerativas cognitivas- solicitar la AMM a través de directrices anticipadas. Según las encuestas de opinión, el 90% de la población apoya esta ampliación de la ley. Sin embargo, todavía no se ha modificado el Código Penal, que es de ámbito federal, lo que crea una situación de incertidumbre para los médicos.
La ‘pendiente resbaladiza’ a la que se refieren los opositores, especialmente los grupos religiosos, se refiere a los cambios legales evocados anteriormente: lo que se produjo en realidad es una adecuación de la ley a la sentencia del Tribunal Supremo, que reflejaba la evolución de la sociedad.
Desde aquí, tenemos la impresión de que la sociedad canadiense ha evolucionado enormemente en las cuestiones relacionadas con el final de la vida.
Actualmente en Canadá, la ley sobre la AMM cuenta con un apoyo de alrededor del 90 % de la ciudadanía. El 10 % restante corresponde, esencialmente, a los grupos religiosos. Uno de los argumentos de los detractores es que las cifras han evolucionado muy rápidamente. ¿Cómo se explica esto?
Creo que se realizó un gran trabajo de información. En Quebec, durante cuatro años ha existido una comisión llamada ´Morir con dignidad´, que ha recorrido todo el territorio para hablar y escuchar a los expertos y a la población. Durante estos cuatro años, la gente ha oído hablar de la AMM y de la eutanasia. Se desarrolló un gran debate social. No ha sido el caso en el Canadá anglófono, pero allí los médicos y la población observaban lo que ocurría en Quebec. Finalmente, la decisión se impuso tras el veredicto del Tribunal Supremo en 2015.
Otro elemento a tomar en cuenta es que antes Quebec era una sociedad muy religiosa, bajo el yugo de la Iglesia con un 99 % de católicos. Con la llamada ‘Revolución Tranquila’ de los años 1960-70, la religión pasó a un segundo plano en la esfera pública. Esto explica en gran parte los da
tos de Quebec. En esta cuestión también las cosas son diferentes en el Canadá anglófono donde domina el protestantismo.
Un tercer elemento es la ‘Carta de Derechos y Libertades’ aprobada en Canadá en 1982, que protege los derechos fundamentales y antepone la primacía del individuo y sus elecciones personales a cualquier otra consideración.
Actualmente, todo el mundo es consciente de que la AMM se presta con empatía y compasión hacia los pacientes por parte de los profesionales sanitarios y que no hay ninguna desviación. Si tomo el ejemplo de Quebec, los pocos casos que han sido sometidos a una evaluación del Colegio de Médicos han sido archivados. No hay ningún problema porque hay control y un absoluto respeto a la ley.
Otro argumento manejado por los adversarios de la eutanasia es la naturaleza del sufrimiento. Sostienen por ejemplo que la soledad y el aislamiento son motivos suficientes para acceder a la prestación en Canadá.
La ley, según la decisión del Tribunal Supremo, hace referencia al sufrimiento físico, psicológico o existencial. Para darle un ejemplo, recibí ayer la llamada de una joven médica que ha realizado unas cuarenta AMM. Tiene una paciente con cáncer metastásico, pero sin grandes sufrimientos físicos, que no quiere morir inmediatamente y que está dispuesta a seguir con los tratamientos, pero que no quiere «convertirse en una carga para sus seres queridos y su familia». Le dije: «Doctora, ya tiene su respuesta. Eso es un sufrimiento existencial». ¿En virtud de qué, como médico, tengo derecho a decidir que no se trata de un sufrimiento real? Ese argumento no es más que paternalismo médico o legislativo: «Yo decido lo que es mejor para usted».
Las personas mayores de 80 años que dicen: «Mire, doctor, me pregunto cómo es posible que yo siga viva. Mi familia y mis amigos han fallecido. No me queda nadie. Estoy harta de escuchar las tonterías de la televisión. Tengo dificultades para leer debido a la degeneración macular…» Son casos de gran sufrimiento. Todos mis colegas piensan como yo: ¿en virtud de qué puedo obligar a alguien a vivir año tras año, cada vez más discapacitado?
Una última pregunta Dr. L’Espérance. ¿Ha habido casos de recursos de familiares en los juzgados de Canadá contra una AMM aprobada?
Al principio, en 2017 o 2018, hubo un caso en Nueva Escocia. Un hombre con cáncer metastásico solicitó la AMM y obtuvo una respuesta positiva. Pero su esposa se opuso en los tribunales. El juez fue muy claro, dijo: «Señora, según la ley, solo el paciente puede decidir». No ha habido ningún otro caso porque la decisión del Tribunal Supremo en 2015 fue también muy clara: es el propio paciente quien decide y nadie puede oponerse a su decisión.
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