Ante la multitud de informaciones relacionadas con la gestión de las residencias y la no hospitalización de nuestros mayores durante la crisis del Covid-19, en Derecho a Morir Dignamente consideramos oportuno hacer algunas aportaciones a un debate complejo, en el que los matices son esenciales. Lamentamos que una cuestión de derechos fundamentales de la ciudadanía, como es su derecho a morir con dignidad, se vea enfangada por la crispación política.
Consideramos grave el hecho de que en muchos casos no se haya realizado un triaje clínico, sino que desde instancias administrativas se haya hecho una selección de pacientes con criterios de edad y deterioro, sin tener en cuenta sus valores, su voluntad y su derecho a morir con una asistencia paliativa de calidad.
El ingreso en UCI no es un derecho, sino una opción que depende de las expectativas de mejora en la supervivencia y la calidad de vida de cada persona. Es importante huir del hospitalcentrismo y evitar el encarnizamiento terapéutico, tratamientos muy agresivos que son una mala praxis cuando sólo consiguen provocar sufrimiento y alargar la agonía. La adecuación del esfuerzo terapéutico es una buena práctica, evitando los ingresos en UCI cuando el pronóstico de el o la paciente indica que no habrá mejoría ni recuperación. En todo caso, esta decisión debe estar fundamentada y es importante que haya un diálogo entre el equipo médico y el paciente para humanizar este tipo de decisiones.
Es importante recordar que morir bien, morir dignamente, no depende tanto de dónde, sino de cómo. Morir en casa o en la residencia puede ser la mejor de las opciones, si el paciente así lo desea y cuenta con una asistencia de calidad. Lo más indigno de lo que ha pasado en las residencias durante la pandemia, es el abandono que han sufrido en la fase final de la vida. Por eso es importante prepararse y reforzar la sanidad pública, especialmente la atención primaria, verdadera garante de la asistencia en el domicilio y en las residencias de personas mayores, contando con la ayuda de equipos de paliativos y de equipos sanitarios de residencias. La alternativa a la hospitalización nunca puede ser el abandono. Las políticas autericidas y privatizadoras en el modelo sanitario y residencial han supuesto un grave deterioro que nos ha pasado factura como sociedad en los últimos años, y de manera exacerbada durante la crisis del Covid-19.
Por último, seguimos instando a las instituciones a promocionar y difundir el Testamento Vital, en tanto que herramienta para afrontar la muerte que facilita las decisiones al final de la vida. Primero porque es la mejor forma de garantizar que se cumple la voluntad de la persona afectada y segundo por el consuelo que supone para sus seres queridos el saber que así ha sido.
La muerte es inevitable, pero la buena muerte es un derecho que debería ser irrenunciable.
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