Un neurólogo de 81 años fue puesto a disposición de la justicia en la ciudad de Essen por ayudar a morir a un hombre aquejado de pérdida progresiva de visión, depresión y esquizofrenia. Este médico es muy conocido en Alemania por colaborar con los pacientes que desean morir; y ya había sido juzgado y absuelto en 2012 en un caso de ayuda al suicidio. En el caso presente, la fiscalía apoya la acusación en una supuesta incapacidad del paciente a tomar decisiones libremente, debido a la enfermedad mental que padecía. La sentencia se debería conocer a finales de enero.
La noticia anterior se entiende en toda su amplitud si se consideran las informaciones publicadas recientemente relativas a las cifras de suicidio en Alemania: según la Oficina Federal de Estadística, en 2022, 10.119 personas se suicidaron – lo que equivaldría a unos 28 suicidios diarios – un aumento de 9,8% comparativamente con 2021. Estas cifras han propiciado un enorme revuelo. Aunque no haya datos precisos sobre el número de suicidios asistidos, algunos dicen que su número se ha multiplicado por cuatro en 2022, y la Sociedad Alemana de Psiquiatría clama por una regulación de la Prestación de Ayuda para Morir, en particular en el caso de trastorno mental.
Un hombre de 81 años fue investigado y detenido como sospechoso por el asesinato de su esposa octogenaria en la residencia donde ambos vivían. La mujer padecía la enfermedad de Parkinson en etapa avanzada, así como demencia. El hombre intentó suicidarse posteriormente pero los servicios de emergencia lo reanimaron. Los familiares confirmaron la existencia de un pacto suicida. A pesar de estas circunstancias, la fiscalía ha ordenado una investigación.
Este caso reaviva el debate sobre la regulación de la eutanasia en la sociedad danesa: en mayo pasado una ILP recibió unas 50.000 firmas y todavía no se ha celebrado ningún debate al respecto en el Parlamento.
El presidente Macron sigue dubitativo en cuanto a la regulación de la ‘ayuda activa a morir’, pero se comprometió a principio de diciembre a presentar un proyecto de ley en enero o febrero 2024, una vez presentado el nuevo plan de desarrollo de los cuidados paliativos. Mientras tanto la oposición política a un cambio legislativo, así como la ofensiva contra esta hipotética ley desarrollada por las grandes sociedades médicas – en particular la SFAP-Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos o el Colegio de Médicos (Ordre des Médecins, en francés) – siguen en pleno auge. Basándose en las especulaciones publicadas en la prensa relativas al posible contenido del texto. La Academia de Medicina por su parte, proclama alto y fuerte: “Dar la muerte no es un acto médico”. Reclama además la intervención de un juez en la toma de decisión.
Un detalle curioso en este debate es la desaparición de las palabras ‘eutanasia’ y ‘suicidio asistido’ -porque podrían herir las sensibilidades – las cuales han sido sustituidas por eufemismos y la introducción de un concepto de nuevo cuño como el de ‘socorro invertido’ (secourisme inversé) que definiría el hecho de acelerar el fallecimiento y limitar el sufrimiento en caso de incidencia en un proceso de ayuda a morir. Estos malabarismos lexicales muestran hasta qué punto la muerte es todavía un tabú en Francia.
Un grupo de participantes en la Convención Ciudadana sobre el Final de la Vida, inquietos por tantas dilaciones y oposiciones, han creado una asociación para presionar a favor de la presentación del proyecto de ley a la mayor brevedad posible.
Una médico anestesista jubilada ha sido condenada a dos años de cárcel -sin obligación de cumplimiento de pena- por la eutanasia de una paciente de 81 años en 2018. La fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión para ella por ‘haber voluntariamente dado la muerte’ a una paciente que había sido ingresada en urgencia la víspera en un estado muy grave. El abogado de la médico defiende que no se trataba de ‘dar la muerte’ sino de evitar una situación de encarnizamiento terapéutico’.
Una mujer de 55 años que padecía esclerosis múltiple secundaria progresiva y que había solicitado el suicidio asistido murió el 28 de noviembre en su casa de Trieste tras autoadministrarse un fármaco letal.
Lo anunció la asociación Luca Coscioni, que recalcó que es la primera persona que accede al suicidio asistido “con la asistencia directa del Sistema Sanitario Público; la tercera persona seguida por la asociación que accede a la muerte voluntaria asistida en Italia y la quinta a la que se le ha dado luz verde» a su petición.
El año pasado los psiquiatras Menno Oosterhoff y Kit Vanmechelen publicaron el libro Déjame ir sobre eutanasia en casos de enfermedad mental. “La gente vino a nosotros después de leer el libro para contarnos sus historias: habían sido rechazados por el Centro de Expertos de la Eutanasia o eran familiares de personas que se suicidaron”,- explican. “Nos preguntábamos qué podíamos hacer”. Por esta razón se creó la fundación KEA y el la página web https://stichtingkea.nl/ .
KEA no sólo está destinada a personas que padecen un sufrimiento sicológico intolerable o a los familiares supervivientes, sino que también proporciona información a los médicos sobre la práctica de la eutanasia en caso de enfermedad mental. “Hemos creado una red de médicos a través de una aplicación. Incorpora a psiquiatras experimentados que pueden asesorar a sus colegas” que se enfrenten a una solicitud de eutanasia por primera vez.
La NVVE desarrolla una intensa campaña para impulsar el testamento vital. En los Países Bajos los notarios ofrecen mediante pago realizar el documento, pero la asociación advierte que esta fórmula da una falsa sensación de seguridad ya que no existe ningún registro nacional que puedan consultar los médicos. La asociación asesora y aconseja en cuanto a contenidos y redacción del documento, y recomienda un diálogo prolongado en el tiempo con médicos y familiares.
Isla de Man, Jersey y Escocia son las tres jurisdicciones donde se podría aprobar una ley de ayuda médica a morir en 2024. La asociación Dignity in Dying considera que existe una perspectiva realista de que los ciudadanos de estos territorios puedan acceder legalmente a la ayuda a morir en 2025.
En Gran Bretaña, varias personalidades de renombre han expresado públicamente su apoyo a un cambio legislativo, empujando a los políticos a pronunciarse. Son relevantes al respecto las declaraciones del líder laborista Keir Starmer, quien podría ganar las próximas elecciones según las encuestas. Starmer, en su papel de Fiscal General, emitió en su momento la orden de no investigar a los familiares que acompañasen a personas a Suiza para acceder al suicidio asistido.
Una encuesta realizada por The Mirror muestra que un 70% de la población apoya la regulación de la ayuda a morir.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha publicado un proyecto de resolución con el fin de regular el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. El proyecto detalla aspectos claves como el procedimiento para adelantar una muerte anticipada en personas con condiciones de salud muy delicadas que padezcan un sufrimiento intratable. También aborda los casos de pacientes que pueden solicitar este procedimiento y quien debe aprobar dicha solicitud. Con esta resolución, el ministerio pretende clarificar las acciones a realizar por parte de las entidades, así como de profesionales involucrados en la práctica de la ayuda a morir.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba acaba de aprobar una actualización de las regulaciones sanitarias del país y allana así el camino para regular la eutanasia en pacientes “en fase agónica o terminal”. Sin embargo, la normativa aprobada por la Asamblea cubana, no entrará en vigor hasta que el Legislativo apruebe una regulación para su aplicación. De acuerdo con el borrador final, “el derecho de las personas a una muerte digna se reconoce en las decisiones al final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procedimientos válidos que pongan fin a la vida”.
La medida fue aprobada por unanimidad y el procedimiento estará dirigido «a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de la vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición».
El Gobierno federal está sopesando la posibilidad de retrasar una vez más el acceso a la ayuda médica a morir (AMM) sobre la única base de una enfermedad mental. Sería la segunda vez que los liberales federales retrasan esta decisión: la primera vez fue en febrero 2023, cuando el gobierno decidió imponer una moratoria de un año hasta marzo 2024 debido a una preocupación pública y política generalizada. El Ejecutivo canadiense está a la espera de las recomendaciones de un comité parlamentario conjunto y de expertos para tomar una decisión.
La policía de Ontario acusa a Kenneth Law, un ex chef de 57 años, de 14 asesinatos en segundo grado, acusación a la que se le suma: ayudar al suicidio a personas que le habían comprado un producto letal. Si es declarado culpable, Law se enfrentará a una pena de cadena perpetua según la ley canadiense. El abogado defensor ha declarado que su cliente tenía la intención de declararse inocente de los cargos. Law se halla actualmente en prisión preventiva e investigado en otros países como en el Reino Unido, donde se le relaciona con 90 suicidios. La policía canadiense ha informado que el acusado habría administrado varias páginas web que ofrecían equipos y sustancias para ayudar a las personas a terminar con sus vidas. Se cree que pudo haber enviado más de 1.200 paquetes que contenían sustancias letales a residentes en unos 40 países.
Canadá se está volviendo el país donde más personas eligen la muerte médicamente asistida. Los que se oponen a esta opción multiplican la difusión de bulos en las redes sociales. “En Canadá ahora puedes postularte a la muerte asistida por problemas económicos o depresión. La eutanasia no puede ser alternativa a todo lo que el Estado no consigue ofrecer”, “Eutanasia para los pobres” y “quieren quitarse del medio a todas las personas con problemas”, son algunos de los mensajes publicados en X y Facebook. Dado el eco encontrado por esos bulos en los medios españoles, Newtral ha realizado un trabajo de investigación para desactivarlos.
La ley de suicidio asistido del Estado de Vermont sumó una década en 2023. En este período de tiempo, 203 pacientes con un pronóstico inferior a 6 meses han podido acceder a un producto letal según el informe publicado por el Departamento de Salud, la mayoría en fase terminal de cáncer.
En la primavera de 2022, el Estado enmendó la ley para agilizar el proceso, permitiendo realizar telemáticamente los encuentros médico-paciente en los procesos de suicidio asistido, y eliminando el período de espera final de 48 horas. Finalmente, en mayo de 2023, se eliminó también el requisito de residencia en el Estado.
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