Los datos sobre eutanasia del último informe del Ministerio de Sanidad constatan un ligero incremento tanto de las solicitudes como de las prestaciones de ayuda para morir, aunque la diferencia de implantación entre comunidades autónomas impide que podamos proclamar el buen funcionamiento de la Ley de Eutanasia en toda España
La eutanasia en España progresa lentamente, aunque lo hace en la buena dirección. Es la principal conclusión que se puede extraer del informe del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2023, denominado oficialmente ‘Informe de evaluación anual sobre la prestación de la ayuda para morir’, que se publicó el 12 de diciembre de 2024, casualmente el mismo día que Derecho a Morir Dignamente celebraba en Barcelona un acto por el 40 aniversario de la asociación. A pesar de que las cifras son mejores que en 2022, la implantación de la prestación de ayuda para morir es todavía muy dispar entre regiones, según los datos recogidos en el informe, que proceden de las comisiones de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma.
El Ministerio dirigido por Mónica García admite que “existe una notable diferencia en la implementación a través de las diversas comunidades autónomas con una distribución muy desigual y una variabilidad que dificulta la posibilidad de establecer conclusiones homogéneas de ámbito estatal”. Con estas desigualdades, no se puede afirmar, como hace el informe, que “la prestación funciona de manera adecuada en todo el país”. Al contrario, revela que todavía queda mucho camino por recorrer para asentar la prestación de ayuda para morir como un derecho accesible en el conjunto de España.
LAS CIFRAS DE LA EUTANASIA
El perfil del solicitante de eutanasia en 2023, según los datos desglosados en el informe del Ministerio de Sanidad, corresponde a una persona con una media de 69 años afectada por enfermedad oncológica o neurológica. De las 766 solicitudes presentadas durante el año (un 33% más que en 2022), 389 correspondían a hombres y 377 a mujeres, y el 95% tenía capacidad de hecho, porque tan solo el 3% correspondían a testamentos vitales (22 solicitudes), aunque en 68 casos, el 15% del total, se acortó el plazo entre la primera y la segunda solicitud por riesgo inminente de pérdida de capacidad de la persona solicitante.
Las enfermedades oncológicas (271 solicitudes) y las neurológicas (266) representan el 70% del total de las solicitudes de eutanasia, seguidas de lejos por pluripatologías, enfermedades respiratorias o cardiológicas, aunque más de un centenar de las peticiones de eutanasia de 2023 (un 14% del total) corresponden a enfermedades no especificadas, y en este cupo el Ministerio de Sanidad incluye el trastorno mental. La cifra de solicitudes de la prestación de ayuda para morir motivadas por una enfermedad mental no existe en el informe del Ministerio, y hay que calcularla sumando los datos que publican las diferentes comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autónomas: en 2023 se contabilizaron al menos 33 solicitudes, y Catalunya fue la única en notificar la práctica de eutanasias por “trastornos depresivos mayores”. Hemos de suponer que el resto de solicitudes fueron denegadas, aunque no hay forma de comprobarlo con la información que hace pública el Ministerio de Sanidad.
Menos de la mitad de las 766 solicitudes de prestación de ayuda para morir registradas en el año 2023 concluyeron en eutanasia. En concreto hubo 334 fallecimientos, el 44% del total de solicitudes. En la inmensa mayoría de los casos, eran personas con capacidad de hecho (319 fallecimientos), y solo el 4,5% (15) fueron atendiendo a las instrucciones previas de los enfermos. Del total de eutanasias, 159 se practicaron en el ámbito hospitalario (47%) y 147 en domicilios (44%). En casi todas las prestaciones la ayuda a morir se realizó por administración intravenosa y la asumió la sanidad pública (mayoritariamente profesionales de medicina de familia): tan solo 28 eutanasias, el 8% del total de 2023, las practicaron servicios médicos privados o concertados. De todas las personas fallecidas, el 12,5% donaron órganos.
Por comunidades autónomas, Catalunya es la comunidad donde se practicaron más eutanasias, 94 a lo largo del año, seguida de lejos por las 47 de Euskadi, aunque allí es donde se realizan más por número de habitantes. En tercera posición quedaría la Comunidad de Madrid con 35 durante 2023, y después Comunitat Valenciana (26), Canarias (25) y Andalucía (24). En todas las comunidades autónomas (a excepción de Ceuta y Melilla) se registraron muertes por eutanasia: en Extremadura, Región de Murcia y La Rioja apenas fueron dos en todo el año. El último informe del Ministerio presenta una novedad, porque por primera vez se incluye la mortalidad por eutanasia, como solicitábamos desde DMD: fue del 0.76 por cada 1.000 fallecimientos registrados. En términos poblacionales, el impacto de la eutanasia sigue siendo muy limitado, lo que refleja un uso puntual y controlado de este derecho.
El número de solicitudes denegadas en 2023 ascendió a 188, lo que supone el 24% de todas las presentadas en España. En la mayoría de los casos, el 63%, es el médico responsable quién rechaza la solicitud, mientras en el 25% la decisión la toma el médico consultor o la dupla, pero hay 23 solicitudes de las que se desconoce el motivo por el que fueron denegadas. El informe indica que 21 personas recurrieron la decisión a un juzgado de lo contencioso-administrativo, aunque el Ministerio asegura que todos esos recursos fueron desestimados, algo que no resulta creíble, porque es muy improbable que se resolvieran todos en 2023. También extraña que ninguno de los casos haya trascendido en los medios de comunicación.
Las personas que fallecieron durante la tramitación de su eutanasia llegaron a 190, el 25% del total de peticiones, un porcentaje casi idéntico al de 2022, cuando el 26% de los solicitantes perecieron antes de que se les prestara la ayuda para morir que establece la ley. Según la información que proporciona el Ministerio de Sanidad, dos de cada tres casos (el 64%) fueron por una complicación de origen oncológico, mientras el 20% tenía una causa neurológica. En estas cifras de fallecimientos incide la demora de los plazos entre la primera solicitud y la prestación, que en 2023 fue de una media de 67 días, lo que supone una mejora frente a los 75 días de media de 2022. En cualquier caso, hay mucho margen de mejora para llegar a los 45 días máximos deseables. Se puede realizar una estimación aproximada de entre 30 y 40 días para la resolución de la comisión de garantía y evaluación de acuerdo a los plazos mínimos y máximos establecidos en la Ley de Eutanasia: una vez que la comisión ha resuelto favorablemente, el plazo es muy variable puesto que el solicitante dispone de un margen de flexibilidad de hasta dos meses para recibir la prestación. La media que presenta el informe del Ministerio se puede reducir agilizando la tramitación de todas las solicitudes de personas en situación terminal.
UNA LECTURA CRÍTICA
El estudio del informe del Ministerio de Sanidad demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer para aumentar la calidad de estos datos, que se registran mediante el Sistema de Información de la Eutanasia, un programa informático que se hizo tarde y mal, y ahora se trata de mejorarlo. “A medida que este sistema se perfeccione, se prevé la incorporación de nuevos datos e indicadores”, se lee en el informe. Además, en el Sistema de Información de la Eutanasia solo se registran las solicitudes con informe favorable o desfavorable del médico responsable. Las que se presentan “a un médico que se haya declarado objetor de conciencia, y que no hayan encontrado un nuevo médico responsable a tiempo, o que hayan sufrido retrasos por otros motivos, podrían no estar reflejadas en el informe, lo que genera una posible subestimación de los casos. Por lo tanto, no podemos determinar con exactitud cómo afecta la objeción de conciencia a las personas solicitantes”, admite el Ministerio. A esto hay que añadir que algunas comunidades autónomas distinguen entre solicitudes y expedientes, sin que podamos tener constancia del número real de solicitudes, porque nadie las comunica (el médico responsable solo tiene obligación de notificar las denegaciones). Por ello, sería recomendable que todas las solicitudes se comunicaran a la comisión de garantía y evaluación o a la unidad de eutanasia, para que informara sobre su desarrollo: desiste, lo aplaza o fallece. Por otro lado, algunos datos de los informes de las comisiones de garantía y evaluación no coinciden con los del Sistema de Información de la Eutanasia.
Es urgente que el Ministerio de Sanidad proponga ya un modelo de informe común para todas las comunidades autónomas y que además inste a que cumplan con su obligación de publicar su evaluación anual. Porque los datos nunca van a cuadrar totalmente, pero hay que mejorarlos. Por ejemplo, las solicitudes se deben contar el año que finalizan, pero si la persona la aplaza y no ha fallecido cuando se realiza el informe, aparecerá registrada dos veces: en el año de solicitud y en el que se acabe prestando la ayuda para morir.
Más allá de la calidad de los datos, las cifras ofrecen conclusiones inapelables, como que el mayor obstáculo de la eutanasia en España es encontrar a un médico responsable para iniciar la tramitación. La falta de tiempo y la sobrecarga en las agendas de los profesionales sanitarios influyen, pero lo más importante es el compromiso personal del médico responsable con la persona que solicita ayuda para morir. Del mismo modo, los trámites de la prestación de la ayuda para morir son demasiado largos para los enfermos terminales, y es necesario agilizarlos. Es cierto que, como apunta el Ministerio de Sanidad, algunas personas solicitan la eutanasia muy tarde, pero 30 días debería ser un plazo de tiempo suficiente para resolverla.
Entre las mejoras pendientes está la necesaria actualización del Manual de Buenas Prácticas, cuya última edición, ya anticuada, es de 2021. También es necesario incluir indicadores socioeconómicos de los solicitantes de la eutanasia, “lo que limita la comprensión de los determinantes biopsicosociales que puedan influir en estas decisiones”, como reconoce el propio Ministerio de Sanidad.
La eutanasia es un derecho individual que ya forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero todavía no es accesible para todos los ciudadanos. «Es imprescindible garantizar una asistencia sanitaria de calidad que acompañe a las personas en el proceso final de la vida, facilitando una atención adecuada y respetuosa, ya sea a través de cuidados paliativos, sedación terminal o eutanasia, según las preferencias y la situación clínica de cada individuo. La eutanasia, como una opción personal, se enmarca dentro de un sistema regulado que asegura su aplicación con criterios médicos y legales. Desde la implementación de la Ley de Eutanasia, se ha constatado que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, gracias a la implicación y coordinación de los agentes involucrados», afirma el Ministerio de Sanidad. Sentimos discrepar, porque a la vista de los datos, no se puede proclamar que funcione tan bien.
Artículo publicado originalmente en el número 93 de la revista de DMD.
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