Porque en una sociedad democrática avanzada las leyes deben garantizar que las personas puedan decidir libremente cómo quieren vivir su vida. Nadie admitiríamos ninguna imposición sobre la profesión, el estado civil o el lugar de residencia por ejemplo. Sin embargo y por razones de tipo religiosos ajenas a una sociedad plural y aconfesional todavía hoy se nos impone una única forma legal de morir.
Las leyes deben reflejar los valores mayoritarios de la ciudadanía que, en España está abrumadoramente a favor (más del 80%) de despenalizar la eutanasia.
Sin embargo, todavía hoy se castiga con pena de cárcel la ayuda desinteresada y benéfica prestada a una persona que con pleno conocimiento rechaza una vida de sufrimiento o un final indigno y solicita ayuda para morir. (Caso de María José y Ángel)
Por otra parte, a estas alturas del siglo XXI, son muchos los profesionales sanitarios que consideran tan importante como curar las enfermedades, garantizar una muerte digna, de acuerdo con la libre decisión de la persona. Es imprescindible una ley que les de seguridad jurídica en el cumplimiento de su labor.
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