Estas son las últimas noticias y avances sobre la situación de los derechos al final de la vida a nivel internacional.
En 2021 el Tribunal Constitucional alemán reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida, amparando así la asistencia al suicidio. Interrogado sobre la situación actual, cinco años después de la sentencia, Dieter Birnbacher, vicepresidente de la DGHS (Sociedad Alemana para una Muerte Humana) expresa escepticismo respecto a la oferta comercial de suicidio asistido que se está desarrollando: ‘me resulta muy inquietante el desarrollo comercial de organizaciones que operan rápidamente y sin membresía obligatoria’ – y cuyos precios son mucho más elevados que los practicados por asociaciones como la DGHS, Verein Sterbehilfe o Dignitas que tienen protocolos exigentes. Pero cuando se le pregunta sobre la idoneidad de que se apruebe una ley que regule la situación, responde: “es mejor no tener ley que tener una mala ley. La situación actual es muy liberal. Sería positivo que los periodos de espera o el principio de doble verificación fueran obligatorios para la revisión de las solicitudes, pero una guía también podría lograrlo. Además, me preocupa que una ley pueda aumentar la burocracia. Que uno tenga que acudir a la oficina de salud pública o, en cualquier caso, a un psiquiatra. Muchos de nuestros miembros temen esto; se sentirían como suplicantes y su dignidad sería vulnerada.”
La asociación ADMD ha analizado los datos proporcionados por la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia en 2025, con una valoración muy positiva del funcionamiento del marco legislativo. Subraya que el incremento regular de eutanasias practicadas (12,4 % en relación a 2024) muestra que no se trata de una moda sino que responde a demandas crecientes de muerte digna por parte de la población. Reconoce que supone una carga administrativa colosal, que recae en gran medida sobre los médicos generalistas, y aboga por la creación de un verdadero Departamento de Eutanasia dotado de recursos científicos, pedagógicos y administrativos suficientes para preservar la integridad del dispositivo.
Testimonio de un médico generalista
Existe un cierto malestar entre los médicos generalistas ante la carga humana, organizativa y emocional que supone la práctica de la eutanasia en Bélgica. Uno de ellos explica en un artículo “Porqué he dejado de practicar yo mismo la eutanasia” la situación de estrés que sufren, y cómo ha reconducido su papel hacia el acompañamiento del paciente que solicita la eutanasia y su deriva hacia asociaciones como ADMD o LEIF-EOL que se ocupan de todo, desde el papeleo, la compra de los productos hasta la realización misma de la eutanasia. Muchos de los médicos de estas asociaciones son médicos jubilados con una gran experiencia profesional y humana.
En Flandes, se está impulsando un debate para ampliar el acceso a la eutanasia a personas afectadas de demencia.
La coalición CD&V que gobierna en la región de Flandes quiere reformar la ley para incluir la posibilidad de formular una declaración anticipada en la cual el paciente describiría lo que entiende como una “situación incompatible con una vida digna” en casos de demencia, siempre que exista una posibilidad de revocación posterior de esta decisión.
Dentro de la ofensiva de la derecha francesa contra el proyecto de ley sobre la ayuda a morir, se ha presentado a principios de abril una proposición de ley para un referéndum, con el fin explícito de excluir toda ayuda activa a morir del campo de los cuidados médicos.
Una nueva versión del texto del proyecto de ley suprime el derecho a la ayuda a morir sustituyéndolo por un dispositivo de asistencia médica mucho más restrictivo
La Comisión de Asuntos Sociales del Senado ha aprobado el 29/4 un nuevo texto que reduce a algo casi simbólico la posibilidad de la ayuda médica a morir. Sólo será posible la administración de un producto letal en pacientes terminales, algunos días o incluso “algunas horas” antes de la muerte. La senadora LR que lo ha promovido señala que el objetivo es atender a “los que van a morir, no a los que quieren morir”. Este texto pasará a debate en el Senado en 2ª lectura a partir del 11 de mayo.
Está teniendo lugar un gran debate sobre la eutanasia por sufrimiento psicológico insoportable en pacientes menores de 25 años entre los psiquiatras neerlandeses. Un grupo de profesionales aboga por el ‘todavía no’, aduciendo que el cerebro a esa edad está aún en pleno desarrollo, lo que puede afectar la capacidad para tomar decisiones informadas sobre asuntos médicos, como la eutanasia. Otros opinan que esta posición es ‘un desastre’: “Muchos psiquiatras se escudarán en este consejo para evitar tener que intervenir lo que supone un obstáculo adicional en un procedimiento ya de por sí difícil y con largas listas de espera. Es previsible que las tasas de suicidio aumentarán aún más en el grupo de edad de hasta 25 años».
Un artículo sobre la ‘eutanasia dual’ publicado en la revista Relevant de la NVVE: “No hay nada romántico en la eutanasia dual” (es decir eutanasia de pareja o de ‘dos personas estrechamente emparentadas’ como lo define la guía de las comisiones de control de la eutanasia. Último párrafo del artículo, sobre el duelo:
Los familiares que sobreviven a la eutanasia siempre sufren mucho. «Durante el proceso, los seres queridos, los hijos y otros familiares se esfuerzan al máximo por cumplir el deseo de su ser querido. Todo gira en torno a eso. Solo después del fallecimiento del paciente se abre un espacio para quienes lo rodean. Y entonces el dolor y el vacío siempre resultan ser mayores de lo que nadie había previsto. Precisamente porque nadie se toma tiempo para sí mismo durante el proceso de eutanasia. Toda la atención se centra en el paciente».
Aunque la Isla de Man aprobó una ley de muerte asistida en marzo del año pasado, convirtiéndose en el primer territorio de las Islas Británicas en hacerlo, la legislación no puede entrar en vigor sin la aprobación y firma del rey. El Ministerio de Justicia británico exige ahora que se incluyan salvaguardas adicionales, como supervisión independiente, protección frente a coacciones o garantías de capacidad para tomar decisiones informadas.
En Jersey el parlamento aprobó una ley de muerte asistida en febrero de 2026. Es probable que se encuentre con las mismas exigencias para conseguir la firma real. El político manés Alex Allinson aconseja a Jersey trabajar estrechamente con el gobierno del Reino Unido para asegurar que su ley de muerte asistida obtenga el Asentimiento Real y pueda aplicarse sin retrasos. Explica que Jersey está en una mejor posición que la Isla de Man —por mayor apoyo público y un proceso legislativo más sólido—, pero aún así podría enfrentar objeciones similares del Reino Unido sobre salvaguardas.
Proyecto de ley de muerte asistida en Inglaterra y Gales rechazado por la Cámara de los Lores
El proyecto de ley que habría legalizado la muerte asistida para adultos con pronóstico de vida inferior a seis meses no ha llegado a convertirse en ley al agotarse el tiempo parlamentario antes de que la Cámara de los Lores completase su tramitación. La Cámara de los Comunes sí había respaldado la propuesta. Los Lores fueron acusados de obstruccionismo por parte de los defensores de la ley. Una petición con 100.000 firmas consigue un nuevo debate en el parlamento que tendrá lugar el 8 de junio en la Cámara de los Comunes.
Esta iniciativa ciudadana, promovida por la activista Samara Martínez y la senadora Margarita Valdez Martínez, que pretende reformar la ley General de Sanidad y el Código Penal para permitir la eutanasia, está dando pasos adelante. Se ha organizado un gran debate en el Senado de la República el 23 de abril, con mesas especializadas en temas jurídicos, médicos y sociales, con el objetivo de obtener un dictamen antes del 30 de abril de este año.
Samara Martínez ha utilizado el caso de Noelia Castillo en España como un ejemplo que refuerza la importancia de una legislación clara. Difundieron los resultados de un estudio nacional cuantitativo y cualitativo que revela que siete (74,3 %) de cada 10 personas en México están a favor de la legalización de la eutanasia. Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario MORENA mayoritario en la Cámara, ha señalado que no sería posible concretar la enmienda legislativa en este período de sesiones.
El 15 de abril, el presidente de Uruguay Yamandu Orsi ha firmado el decreto para la aplicación de la ley 20.431 que regula la eutanasia, aprobada en el Senado en octubre del año pasado. El reglamento establece un marco claro y garantista para su implementación en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Define con precisión quiénes pueden acceder a este derecho y el rol de los prestadores, que deberán garantizar que la prestación esté disponible para quien la solicite. En caso de que una institución tenga disposiciones “incompatibles con la práctica” deberá asegurar el procedimiento a través de otra institución médica. Se crea una Comisión honoraria de revisión que verificará los procedimientos realizados.
Gaye O’Neill hizo una declaración pública antes de los alegatos finales en el recurso de amparo constitucional que lleva el nombre de su hija Sam. Sam fue obligada a trasladarse del Hospital St. Paul’s —de gestión católica pero financiación pública— para poder acceder a la ayuda médica a morir (MAiD en sus siglas en inglés), lo que su familia califica de traslado forzoso que añadió sufrimiento innecesario en sus últimas horas. El caso cuestiona si un hospital financiado con fondos públicos puede denegar la MAiD por razones religiosas. Será resuelto por el Tribunal Supremo de Columbia Británica.
Empieza el juicio contra Kenneth Law por venta de nitrito por internet
Kenneth Law está acusado de catorce cargos de asesinato en primer grado por supuestamente haber proporcionado sustancias letales a personas vulnerables en varios países, algunas de ellas adolescentes. Según las autoridades, Law vendía en línea productos que podían utilizarse para provocar la muerte, y los enviaba a clientes que buscaban autolesionarse. La policía canadiense y agencias internacionales comenzaron a investigarlo tras detectar un patrón de muertes vinculadas a paquetes enviados desde su empresa. Los fiscales sostienen que Law sabía perfectamente que los compradores pretendían usar los productos para quitarse la vida, y aun así continuó vendiéndolos.
Denunciados los sesgos de la comisión que evalúa la posibilidad de abrir el acceso a la ayuda a morir a pacientes con enfermedad mental
Claire Elyse Brosseau, una mujer de Toronto con trastornos mentales graves, quiere acceder a la muerte asistida (MAID), pero no es elegible porque su única condición es una enfermedad mental: afirma que el comité federal encargado de revisar la ampliación de MAID no está escuchando a las personas afectadas. Ella misma pidió declarar y no fue invitada. Expertos como la psiquiatra Mona Gupta coinciden en que el comité está trabajando con evidencia incompleta y sin testimonios directos de quienes viven estas condiciones. La mayoría de los testigos llamados este año están en contra de ampliar MAID para enfermedad mental, lo que genera acusaciones de sesgo en la selección de voces. Brosseau sostiene, al igual que la experta en bioética J. Downie, que si el comité quiere entender el sufrimiento y los riesgos, debe escuchar directamente a quienes viven con trastornos mentales graves.
Quebec: ¿campeón de la ayuda médica a morir?
Para el nuevo presidente de la AQDMD, el aumento en el número de casos de ayuda médica a morir (AMM), lejos de ser señal de abuso, refleja una realidad más simple y positiva: una mayor concienciación sobre esta prestación y un acceso más claro a ella. Un dossier publicado por lapresse.ca dedica una serie de artículos a Quebec, para intentar comprender por qué se ha convertido en la provincia de Canadá con la tasa más elevada de AMM.
En 2025, poco más de 1.100 médicos en Quebec brindaron asistencia médica para morir. Cada médico atendió un promedio de cinco casos durante el año. Sin embargo, un pequeño grupo de médicos, muchos de los cuales se acercan al final de su carrera, han hecho de esto su especialidad. Veinte médicos realizaron el 21 % de las intervenciones médicas para morir en 2025. Los principales proveedores de este tipo de atención fueron un médico especialista y un médico de familia, que atendieron 117 casos cada uno durante el año.
Perfil del quebequense que solicita la AMM, según una investigación reciente: caucásico, no religioso, educado, un alto estatus socioeconómico y quiere tener el control de su vida.
Alberta: proyecto de ley muy restrictivo
El Gobierno de Alberta propone limitar MAID a personas cuya muerte natural sea probable en los próximos doce meses. El proyecto de Ley 18 del Gobierno de la provincia impediría también que los profesionales de la salud proporcionasen información sobre la muerte asistida a menos que el paciente lo solicite de forma explícita. Muchas voces se han elevado contra este proyecto que convierte la ignorancia en una ‘salvaguarda’, vulnera el principio de consentimiento informado y perjudica especialmente a quienes no conocen el procedimiento.
Una encuesta realizada entre sanitarios de la provincia sobre el proyecto de ley muestra que 56 % de los médicos considera que este límite temporal es inapropiado y difícil de predecir con precisión, además de potencialmente restrictivo frente a la ley federal vigente. Critican también la prohibición de informar sobre la AMM por considerarla contraria a su obligación de informar sobre todas las opciones legales disponibles. La AMA pide al gobierno provincial una pausa para revisar el proyecto y realizar consultas adicionales, sugiriendo ajustes más específicos en lugar de restricciones amplias de elegibilidad.
Una encuesta a la población sobre el proyecto de ley muestra un amplio apoyo a la muerte médicamente asistida en Alberta: el 71 % de los albertanos apoya las disposiciones actuales de la asistencia médica para morir (MAID) en Canadá. Solo el 23 % está en desacuerdo y un 6 % no está seguro.
Documento de un área sanitaria de Vancouver sobre cómo hablar de muerte médicamente asistida con niños.
Informe sobre la muerte asistida en 2025 en Oregón (Oregon Health Authority (OHA)): en 2025, se informó que 637 personas habían recibido recetas para una muerte digna. Hasta el 23 de enero de 2026, la OHA había recibido informes de 400 personas que murieron en 2025 por ingerir los medicamentos recetados, incluyendo 42 que habían recibido recetas en años anteriores. Las características demográficas de los pacientes fueron similares a las de años anteriores: la mayoría de los pacientes tenían 65 años o más (88 %) y eran blancos (94 %). El diagnóstico más común fue cáncer (61 %), seguido de enfermedades neurológicas (14 %) y enfermedades cardíacas (11 %). La OHA no hizo ninguna remisión a la Junta Médica de Oregón por incumplimiento de los requisitos.
Artículo de la Harvard Medical School sobre la situación de la muerte voluntaria asistida en EE. UU. que incluye un cuadro comparativo de las características del acceso en cada uno de los estados en los que está legalizada.
Todas las jurisdicciones australianas, con excepción del Territorio del Norte, han legalizado la asistencia médica para morir (VAD, por sus siglas en Australia), que representa aproximadamente el 2 % de todas las muertes, o el 5 % de las muertes por cáncer. La asociación Go Gentle Australia, que defiende la muerte asistida, denuncia que las personas están «muriendo esperando para acceder a la prestación» porque no pueden superar a tiempo las barreras regulatorias.
La batalla legal por el derecho a la ayuda médica para morir se ha reavivado en Sudáfrica mediante una demanda presentada por la asociación DignitySA ante un Tribunal Superior de Pretoria.
La asociación lucha por la despenalización de la ayuda médica para morir, argumentando que las leyes actuales niegan a los ciudadanos los derechos constitucionales a la dignidad, la igualdad y la autonomía.
En rueda de prensa celebrada en la Fundación Desmond y Leah Tutu en Ciudad del Cabo, donde anunció la acción legal emprendida, el presidente de DignitySA recalcó la existencia de “una tensión intolerable en el ordenamiento jurídico, una inconsistencia formidable entre nuestro derecho consuetudinario, que considera la asistencia médica para morir como asesinato, y nuestro derecho constitucional”, lo que debe ser corregido en aras del interés público. “Hacia el final de nuestras vidas, necesitamos medidas adecuadas según nuestro estado de salud, nuestras circunstancias sanitarias, y de acuerdo con nuestros deseos”, añadió.
Este artículo es el análisis de la situación mundial actual de la regulación de la eutanasia realizado por ADF International (trad.: Alianza en Defensa de la Libertad), la asociación antieutanasia más fuerte e influyente a nivel internacional. En su última newsletter, Peter Warren, director de la WFRtDS habla de las asociaciones que desarrollan campañas contra la eutanasia a nivel mundial en los siguientes términos:
“El mes pasado informé sobre el fracaso de la legislación sobre la muerte asistida tanto en Escocia como en Westminster. El fracaso de ambos proyectos de ley no fue casual. Fue el resultado de una campaña transfronteriza bien financiada y coordinada, impulsada en gran medida por organizaciones religiosas».
El argumento de que estos proyectos de ley eran de alguna manera «inadecuados» no surgió de forma espontánea. Fue un mensaje deliberadamente elaborado y amplificado a través de medios ultraconservadores, redes internacionales de defensa religiosa y grupos de presión coordinados, específicamente para descarrilar un debate racional y basado en la evidencia.
La Federación ha estado analizando esta oposición. Hasta la fecha, hemos identificado más de cien organizaciones que trabajan activamente en contra de la legislación sobre la muerte asistida en todo el mundo. Estas organizaciones abarcan desde importantes entidades religiosas hasta grupos de presión evangélicos y organizaciones cristianas de defensa legal financiadas internacionalmente.
La asimetría es evidente. Nuestras organizaciones miembro operan, en su mayor parte, dentro de sus propias fronteras nacionales. La oposición, no. Por ejemplo, ADF International, con sede en Viena, emplea a aproximadamente 100 personas y cuenta con un presupuesto global de incidencia política que supera los 30 millones de dólares estadounidenses. Si a esto le sumamos el Centro Europeo de Derecho y Justicia (ECLJ) en Estrasburgo y Ordo Iuris en Polonia, ambos activamente involucrados en debates nacionales en distintos continentes, se empieza a comprender la magnitud del desafío al que nos enfrentamos.”
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