Una investigación promovida por la DGHS (Sociedad Alemana por una Muerte Humana) muestra que la gran mayoría de la ciudadanía cree que la asistencia al suicidio es todavía un delito penal, ignorando la histórica sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que reconoce el derecho a la autodeterminación al final de la vida y despenaliza la ayuda al suicidio. El presidente de la asociación atribuye este desconocimiento al hecho de que «se dice una y otra vez, sobre todo por parte de los políticos, pero también por parte de las asociaciones médicas, que nos encontramos en una zona gris que no está regulada por la ley«. Afirma que la situación es muy clara: si la decisión de buscar el suicidio asistido fue tomada libre y responsablemente por una persona capaz, la ayuda no es punible. La investigación muestra también que una mayoría importante estaría a favor de una despenalización de la eutanasia. Una entrevista, publicada en un medio digital eslovaco, a un miembro de Sterbehilfe Deutschland, una de las asociaciones alemanas que prestan ayuda al suicidio, explica cómo trabajan estas entidades.

La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia acaba de publicar el informe bienal con los datos de los años 2022 y 2023. Constata que el número de eutanasias realizadas aumenta en un 12% cada año. El 70,3% de los pacientes tienen más de 70 años y solo se registró la eutanasia de un menor de edad. En la gran mayoría de los casos (80,8%), el médico consideró que la muerte del paciente era previsible en el corto plazo. Menos del 1% de las eutanasias afectaron a pacientes inconscientes que habían hecho una declaración previa. Las solicitudes de eutanasia basadas en trastornos mentales (en este grupo se incluyen trastornos psiquiátricos como los trastornos de la personalidad y trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer) siguen siendo marginales (2,5% del total de eutanasias). En este informe, la Comisión alerta de las condiciones extremadamente difíciles en las cuales realiza su trabajo, condiciones que no han cambiado desde la aprobación de la ley hace 23 años: en particular la escasa financiación, falta de apoyo administrativo y falta de herramientas informáticas.

Ya no se debatirá el proyecto de ley sobre el final de la vida en el parlamento en febrero como había prometido el anterior primer ministro. Su sucesor, François Bayrou, ha expresado su deseo de dividir el proyecto de ley sobre el final de la vida en dos textos, uno sobre los cuidados paliativos y otro sobre la muerte asistida, aduciendo que ésta «es una cuestión de conciencia» mientras que los cuidados paliativos son «un deber de la sociedad hacia quienes pasan por esta prueba». Si la SFAP (Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos) se felicita de esta decisión, las asociaciones de muerte digna y muchos políticos tanto de la mayoría presidencial como de la oposición se indignan frente a un cambio que parece destinado en realidad a aparcar el tema de la ayuda a morir. Unas 200 personalidades políticas han firmado una carta abierta llamando a no «disociar los cuidados paliativos de la asistencia activa a la muerte». Bayrou es católico practicante y siempre se ha opuesto a la ayuda médica a morir. En una reciente entrevista radiofónica ha llegado a afirmar que en Bélgica se había practicado la eutanasia de «adolescentes incómodos consigo mismos», provocando una respuesta airada del ex primer ministro belga Elio di Rupo. En respuesta a este despropósito de Bayrou, un medio digital de Bretaña publica una larga y muy interesante entrevista a Jacqueline Herremans, presidenta de la ADMD-B y miembro de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia en Bélgica.

El Centro de Expertos de la Eutanasia y el 113, teléfono de prevención del suicidio, han publicado un estudio sobre las solicitudes de eutanasia de jóvenes basadas en trastornos psicológicos. Entre 2012 y 2021, un total de 353 jóvenes menores de 24 años se pusieron en contacto con el Centro de Expertos en Eutanasia debido a sufrimiento psicológico. Sólo 12 de ellos accedieron finalmente a la eutanasia. En el 44% de los casos, el centro rechazó la solicitud. En el 47% de los casos, la propia persona detuvo la solicitud, y 17 se suicidaron mientras se tramitaba su solicitud. Los 12 jóvenes que finalmente recibieron la eutanasia tenían diagnósticos múltiples. A menudo implicaba una combinación de depresión grave, trastorno del espectro autista, trastorno de la personalidad, trastorno alimentario o trauma. Casi todos ellos ya habían intentado suicidarse. No se sabe lo que pasó con los jóvenes que vieron su solicitud rechazada. Las dos organizaciones han puesto en marcha otra investigación para intentar responder a esta pregunta.

El tribunal de La Haya ha condenado a un militante de la Cooperativa de la Última Voluntad de 80 años a una pena de 12 meses de prisión suspendida y a la pena máxima de 240 horas de servicio comunitario. Basándose en un intercambio de whatsapps entre una mujer de 32 años y este miembro del colectivo, la fiscalía ha armado una acusación de incitación al suicidio. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos y se acusa al militante de haber favorecido su tendencia suicida, impidiendo el acceso a cualquier alternativa. Es la primera vez que se condena por el motivo de incitación al suicidio en Países Bajos. Las anteriores condenas a miembros de la Cooperativa fueron por suministro de nitrito.

La Cámara de los Comunes admitió a trámite en noviembre el proyecto de ley sobre suicidio asistido con 330 votos a favor y 275 en contra. A partir de este momento, un comité compuesto de 23 miembros estudió el texto, escuchó a expertos tanto ingleses como extranjeros y debatió posibles enmiendas. El proyecto de ley británico tiene la peculiaridad de exigir la autorización final de un juez del Tribunal Supremo una vez que dos médicos hayan validado la solicitud del paciente, mayor de edad, con enfermedad incurable y un pronóstico de seis meses. Un exjuez del Supremo argumentó en contra de esta salvaguardia que no existe en ninguna parte en el mundo y que califica de «sobreingeniería de disposiciones procesales». Entre las enmiendas propuestas, a la cual se opone firmemente la Asociación Médica Británica, figuraba la prohibición para los médicos de hablar a sus pacientes de la posibilidad de acceder a la muerte asistida, prohibición que existe y plantea muchos problemas en el estado australiano de Victoria. Se prevé la votación final en sesión plenaria de la Cámara de los Comunes en mayo. En caso de conseguir una votación favorable, el texto se mandará a la Cámara de los Lores.

La primera utilización de la cápsula Sarco ha relanzado el debate sobre la regulación del suicidio asistido en Suiza. La fiscalía reconoció que no existía sospecha de homicidio, pero sí una «fuerte sospecha de incitación y complicidad en el suicidio». Todavía no está claro si se presentarán cargos, pero muchos defienden que no existe una base jurídica suficiente. Las asociaciones que ofrecen la ayuda al suicidio rechazan una regulación estricta que «restringiría el suicidio asistido en comparación con la actualidad. (…) Los detalles se regularían innecesariamente”.

El proyecto de ley de eutanasia está bloqueado desde octubre 2022 en la Comisión de Salud del Senado, a pesar de que el gobierno se haya comprometido a una tramitación urgente… ¡34 veces! A finales de enero, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia ha declarado que esta vez sí, en la sesión legislativa de 2025 este proyecto de ley sería una prioridad. Se acaba de publicar un estudio de opinión que muestra ‘un amplio apoyo ciudadano en torno a temas de derechos individuales y decisiones personales’: un 83% de la ciudadanía se declara de acuerdo o muy de acuerdo con la eutanasia.

El 1 de marzo el Frente Amplio regresará al gobierno de Uruguay, después de cinco años de gobierno de la derecha. La coalición de izquierda necesitará negociar con otras fuerzas, ya que solo tiene mayoría absoluta en la cámara alta, para hacer avanzar sus propuestas legislativas, entre las cuales figura la Ley de Eutanasia, bloqueada durante la anterior legislatura.

Desde el 30 de octubre, las personas diagnosticadas de una enfermedad grave e incurable que produzca incapacidad, como el Alzheimer, pueden presentar una solicitud anticipada de asistencia médica para morir. Esta ampliación de las posibilidades de acceso a la asistencia médica para morir es única en Canadá. Acompañado por un médico, el paciente debe enumerar en un formulario las manifestaciones clínicas ligadas a su enfermedad que deberán ser consideradas una vez que no pueda consentir. A mediados de enero, se habían presentado 119 solicitudes, una cifra modesta comparada con la explosión que algunos vaticinaban. Algunos médicos señalan las limitaciones de esta ampliación de derecho, ya que “incluso si se acepta una solicitud anticipada, al final serán los profesionales de la salud los que tendrán que validar si la persona experimenta efectivamente un sufrimiento físico y psicológico constante e intolerable que no se puede aliviar” según los términos de la ley de eutanasia.

En noviembre de 2024, el Gobierno de Alberta anunció que estaba considerando cambiar el programa de asistencia médica para morir. Un aspecto central de las posibles reformas sería permitir que las familias impugnen las decisiones sobre el final de la vida y accedan a registros médicos privados. Este anuncio se aparta de las pautas actuales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta, que prioriza la autonomía del paciente. Los críticos advierten que estos cambios podrían conducir a violaciones de la privacidad y a poner en peligro derechos reconocidos legalmente.

La Ley de Elección al Final de la Vida entró en vigor en 2021. El texto de la ley no es muy claro en la relativo a la objeción de conciencia institucional. En cuanto se aprobó la ley, en 2020, Hospice New Zealand, la organización nacional que representa los hospicios, la impugnó ante el Tribunal Supremo que dictaminó que los hospicios podían oponerse a realizar eutanasias en sus instalaciones, como sucede mayoritariamente en la actualidad. Esta situación obliga a derivar a los pacientes, provocando situaciones complicadas y dolorosas. El Ministerio de Sanidad, en el informe de revisión estatutario publicado a los tres años de vigencia de la ley, recomienda cambiar esta situación, aunque esta recomendación tendrá que plasmarse en una ley para que sea efectiva.

Los japoneses evitan las conversaciones sobre la muerte, a menudo prefieren omakase (dejar que otros decidan) y eligen no participar en las decisiones sobre su propia muerte. Una investigación muestra que los médicos japoneses y la ciudadanía expresan una postura más negativa hacia la eutanasia y el suicidio asistido que sus homólogos de los países occidentales. Esta disparidad puede atribuirse a la influencia de la visión budista de la vida y la muerte y la centralidad familiar en la cultura japonesa, que condiciona las actitudes de las personas hacia la muerte asistida. Sin embargo, el estudio hace aparecer una diferencia notable entre la opinión de los médicos, que muestran una oposición casi total a estas prestaciones, y un 34% de la ciudadanía que las apoyaría.

Con el pretexto del actual debate sobre una ley de muerte asistida en el parlamento británico, Politico, medio conservador de origen norteamericano, pero propiedad del grupo alemán Springer desde 2021, analiza la evolución europea de las legislaciones sobre muerte asistida en Europa. Habla de una “práctica controvertida pero cada vez más popular” cuya expansión considera «inevitable». Incluye una intervención del teólogo neerlandés Theo Boer: «No he visto ninguna jurisdicción en la que esta práctica no se haya expandido, ni una sola jurisdicción. Si imponemos criterios realmente estrictos podemos frenar la expansión… pero no impedirán su expansión«.

En Alemania, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida en 2020. Desde entonces y en ausencia de una ley, varias asociaciones ofrecen la ayuda a morir a sus miembros que lo desean, en particular la DGHS (Asociación para una Muerte Humana). ¿Con esta asociación, es posible obtener ayuda cuando la solicitud se fundamenta en el ‘cansancio vital’? Según este artículo parece que sí: “El que solicite acompañamiento en caso de suicidio es trasladado primero a Berlín, donde se examina la solicitud. Luego, el caso pasa a un abogado que realiza la entrevista inicial y un médico se hace cargo de una segunda entrevista. Si en ambas conversaciones se llega a la conclusión de que el deseo de morir no surge simplemente de una emoción espontánea, sino que se basa en una decisión racional, duradera y libremente responsable, se puede concertar una cita.”

Después de varias demandas presentadas en 2023 por la Asociación por una Muerte Humana (ÖGHL), dos personas gravemente enfermas y un médico, el Tribunal Constitucional volvió a examinar el procedimiento definido en la ley, aprobada en 2021, que permite en condiciones extremadamente estrictas acceder a un producto letal. El alto tribunal ha invalidado dos puntos: el límite de validez a 12 meses de la autorización de acceso a un producto letal en caso de solicitudes aprobadas, y la interpretación de la prohibición de publicitar la ayuda al suicidio que no se debe traducir en prohibición de informar.

A finales de noviembre, la propuesta de ley regional «Liberi Subito» (Libres Ahora), promovida por la Asociación Luca Coscioni ha recibido el apoyo de los concejales de los grupos mayoritarios en el Consejo Regional de la isla. “Ya hoy una persona puede pedir que la ayuden a morir si es un paciente que padece una patología irreversible que le causa un sufrimiento insoportable y que se mantiene con vida mediante tratamientos de soporte vital”, explica Marco Cappato, tesorero de la asociación. “Lo que falta es fijar reglas y plazos para que el servicio de salud responda”, añade sobre las carencias que subsanaría la aprobación de esta ley.

Malta debería empezar a debatir una ley de muerte médicamente asistida “en el nuevo año”, y el proyecto de ley actualmente debatido en el Reino Unido debería servir de modelo, afirmó el ministro de Salud, Jo Etienne Abela, miembro del Partido Laborista, que se comprometió a iniciar un debate nacional sobre la muerte asistida en su manifiesto electoral para las elecciones generales de 2022.

En Países Bajos, casi el 80% de todas las solicitudes de eutanasia son tramitadas por médicos generalistas. El testimonio de una médico de familia muestra que las cosas no son siempre sencillas en este país a pesar de años de práctica de la eutanasia. Según un profesor de Derecho Sanitario, la remuneración escasa, las horas extra, la administración y sobre todo la carga emocional amenazan con disuadir cada vez a más médicos generalistas de practicar la eutanasia.

Según una investigación realizada por el Centro de Expertos de la Eutanasia (EE) y el teléfono 113 de Prevención del Suicidio, un total de 353 jóvenes menores de 24 años con intenso sufrimiento psicológico acudieron solicitaron la eutanasia entre 2012 y 2021. En total, 12 recibieron la eutanasia, mientras en el 44% de los casos el centro rechazó la solicitud. En el 47% de los casos, la persona renunció. Además, 17 jóvenes se suicidaron mientras su solicitud se estaba tramitando, y dos dejaron de comer y beber, lo que provocó su fallecimiento. “La gran mayoría pudo seguir adelante con su vida, aunque es evidente que este grupo de jóvenes está sufriendo gravemente”, explica la directora del centro, Sonja Kersten. En realidad, se desconoce lo que ocurre con los jóvenes que han visto su solicitud rechazada. Las dos organizaciones han lanzado una investigación para averiguarlo. El Centro de Expertos, que también ofrece formación y apoyo a los médicos durante el proceso de eutanasia, ve que cada vez más profesionales aceptan acompañar estos procesos, lo que es muy positivo porque, según Kersten, “para muchos (jóvenes) es un alivio poder hablar sobre su deseo de morir (…) Como saben que estás ahí para ellos y sienten que se escucha su sufrimiento, a veces pueden seguir adelante. Una vez escuché literalmente a un joven decir que en realidad sería una pena irse ahora”.

 «No ha habido nunca tanto debate público sobre la autodeterminación al final de la vida como ahora«, según la Fundación De Einder que defiende esta causa desde 1995. Un debate que apareció en la sociedad neerlandesa en los años setenta del siglo pasado. Una serie de iniciativas intentan hacer avanzar las cosas, es decir, ir más allá de la actual Ley de Eutanasia:

• La cooperativa Laatste Wil está recogiendo firmas para conseguir que se use la cápsula de suicidio Sarco en Países Bajos y ha recurrido también las sentencias condenatorias pronunciadas por los tribunales contra algunos de sus miembros por difundir informaciones sobre (y en ciertos casos suministrar) el nitrito.
• En política, el partido liberal D66 trabaja desde hace años en una Ley de Vida Completa actualmente registrada en el Parlamento.

Y para demostrar la evolución de la opinión pública, NVVE (la asociación por un final de vida voluntario) ha realizado una encuesta que muestra que el 65% de la población cree que las personas deberían poder decidir poner fin a sus vidas por sí mismas si consideran su biografía terminada. En 2017, la última vez que se realizó una encuesta similar, la cifra era del 57%.

Florian Willet, copresidente de la asociación Last Resort que usó por primera vez el dispositivo Sarco para ayudar a una mujer a morir, fue liberado a principios de diciembre tras pasar dos meses en prisión preventiva. La fiscalía finalmente ha descartado la sospecha de homicidio intencional. Sin embargo, prosigue la investigación penal por incitación y asistencia al suicidio.

A finales de noviembre del año pasado, la comisión de Salud del Senado de Chile comenzó a examinar el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos. El presidente, Gabriel Boric, había solicitado un tratamiento de urgencia del tema, bloqueado durante tres años en la cámara alta. Según la ministra de Sanidad, el procedimiento definido en la ley consiste en “un examen antes del cumplimiento de los requisitos del paciente, por parte de una comisión técnica que evalúa el diagnóstico y la condición de gravedad (…) La solicitud se le hace al médico tratante señalando expresamente la voluntad de terminar con la vida. Luego la Comisión evalúa los requisitos de forma y fondo, se aplica el protocolo del ministerio y se decide autorizar la asistencia solicitada”.

Con 66 votos a favor, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó aplazar el segundo debate sobre el proyecto de ley que busca regular el acceso a la eutanasia en Colombia. El proyecto ahora tendrá que ser examinado en tres debates entre marzo y junio de 2025. El texto afianza el valor jurídico de las directrices anticipadas y reconoce el derecho a niños mayores de 10 años y adolescentes a acceder a la eutanasia.

La familia de un paciente de 52 años que accedió a la ayuda médica a morir ha presentado una denuncia contra la doctora Ellen Wiebe, una médica de Vancouver que fue pionera en la aplicación de la Ley de Eutanasia. El paciente tenía dolores de espalda crónicos y también un trastorno bipolar. La familia se apoya en la exclusión actual del trastorno mental como fundamento para acceder la eutanasia, y denuncia que la ley no ofrece garantías para quienes tienen “enfermedades mentales y físicas concurrentes”. Denuncia también a la doctora Wiebe por ‘mala praxis’ e incorrecta aplicación de la ley. Por otra parte, la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA) pide a los gobiernos provinciales y federales que revisen la legislación sobre la muerte médicamente asistida para garantizar que se implementen las salvaguardas adecuadas. La directora ejecutiva de la asociación, Liza Hughes, dice en un comunicado que existen «informes preocupantes» sobre personas a las que se les ofrece la ayuda médica a morir cuando no cumplen con los requisitos de la ley o cuando su sufrimiento resulta de condiciones sociales desfavorables. La BCCLA había apoyado en su momento los pacientes que formularon las demandas en el Tribunal Constitucional federal que impulsaron la aprobación de la ley de ayuda médica a morir. ¿El cambio intervenido en la junta directiva de esta asociación desde entonces explicaría este cambio de opinión?

El gobierno de la provincia canadiense de Alberta ha declarado no apoyar la decisión del gobierno federal de ampliar el acceso a la ayuda médica a morir a los pacientes con enfermedad mental en 2027, y la ministra de Sanidad ha indicado que están «revisando la regulación de la prestación para garantizar un procedimiento coherente y una vigilancia que permita proteger adecuadamente a los pacientes vulnerables, en particular a las personas con discapacidad o con problemas de salud mental». También se está estudiando la creación de una entidad encargada de gestionar los litigios: se trataría de un sistema que permitiría a los familiares o allegados impugnar la decisión de morir de un paciente, además de establecer un marco jurídico que permitiría divulgar las informaciones personales de un historial médico. La asociación Dying with Dignity obviamente se opone a estas medidas que dificultarían el acceso a la prestación creando obstáculos innecesarios, y opina que la ley funciona bien, responde a las necesidades y ofrece suficientes salvaguardas.

El Departamento de Sanidad de Canadá ha publicado el quinto informe federal anual sobre la ayuda médica a morir. Unas 15.300 personas accedieron a la prestación, lo que representa el 4,7% del total de los fallecimientos en Canadá en 2023. Solo el 4% de estos pacientes accedieron a la prestación por el llamado ‘track 2’ (vía 2, con procedimiento más largo y complejo) ya que su fallecimiento no era «razonablemente previsible».

Un grupo de senadores republicanos se declaran alarmados por un donativo realizado por la empresa Pfizer a la asociación Dying With Dignity canadiense. Así lo declaran en una carta dirigida a la empresa. Según los medios, se trataría de un donativo de 50 dólares que se enmarcaría en un programa en el cual la empresa se comprometió a igualar los donativos a ONGs realizados por sus empleados.

El Comité sobre la Muerte Voluntaria Asistida de Nueva Gales del Sur ha publicado el primer informe anual desde la entrada en vigor de la ley. Proporciona datos entre el 28 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024. En este periodo de siete meses, 1.141 personas en el estado australiano realizaron una primera solicitud para acceder a la prestación, y 398 personas fallecieron mediante muerte asistida en este mismo periodo. El acceso sigue siendo difícil debido a la extensión del territorio y la falta de médicos habilitados en las zonas rurales, y también a la ley que prohíbe el uso de teleconsultas en el tratamiento de las solicitudes de muerte asistida.

Ocho personas a quienes se les negó el acceso a la muerte asistida voluntaria se han quitado la vida desde la entrada en vigor de la Ley de Muerte Voluntaria en el estado de Victoria en 2019, según una investigación realizada por un médico forense. Pidió a la Junta de Revisión de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida considerar “dónde puede haber oportunidades para mejorar el funcionamiento de la muerte asistida voluntaria en el estado». Los casos señalados han sido rechazados por no cumplir con el requisito de terminalidad: pronóstico de vida de seis meses, y doce en caso de enfermedad neurodegenerativa. Los familiares informaron que cuando a las personas se les negó el acceso a la muerte asistida, «la consiguiente desesperación y frustración contribuyeron a su decisión de quitarse la vida».