La ley entró en vigor el 1 de enero 2022 y permite el acceso a un producto letal a personas con enfermedades terminales o con enfermedades crónicas graves e incurables. El solicitante debe consultar con dos médicos, uno de ellos especialista en cuidados paliativos, que deben confirmar su capacidad de tomar decisiones, que cumple con los requisitos clínicos y que su decisión de morir es voluntaria y constante. Con el informe de los médicos, el paciente puede solicitar el acta notarial que le permite comprar el producto letal en una farmacia.

El proceso es largo y complicado. El solicitante debe buscar a los médicos, lo cual es difícil ya que solo existen listas de médicos dispuestos a ayudar en la ciudad de Salzburgo. Una vez salvado esta primera etapa, solo 150 notarías extienden el documento necesario, mediante pago, y de las 1500 farmacias existentes, solo 300 acceden a suministrar el producto letal. Estas dificultades explican que, en el primer año de vigencia de la ley, se han emitido apenas 110 documentos notariales y 90 personas compraron el producto letal. Finalmente menos de diez lo utilizaron.

Después de una ligera caída en las eutanasias registradas en 2020 (probablemente debido a la pandemia de Covid-19), el número de eutanasias registradas aumentó en 2021 en un 10,4% en comparación con 2020, volviendo así al nivel del año 2019: se registraron 2445 eutanasias en 2020 y 2700 en 2021. Son principalmente los pacientes de los grupos de edad de 60, 70 y 80 años los que solicitan la eutanasia (77%). El mayor grupo de pacientes corresponde al grupo de edad entre 80 y 89 años (28,3%). No se registró ninguna declaración relativa a la eutanasia de un menor. Desde 2020 ha aumentado el número de eutanasias realizadas en el domicilio (54,3%), mientras disminuye el número de eutanasias realizadas en hospitales y unidades de cuidados paliativos (30,4%). Menos del 1% de los casos de eutanasia correspondieron a pacientes inconscientes que hicieron una declaración anticipada.

En la gran mayoría de los casos (85,6%), el médico consideró que la muerte del paciente era previsible a corto plazo. Los pacientes cuya muerte claramente no se esperaba a corto plazo padecían principalmente pluripatologías. El grupo de pacientes oncológicos sigue siendo el grupo más numeroso (64,3%). Las solicitudes de eutanasia por trastornos mentales y del comportamiento (en este grupo se incluyen los trastornos de la personalidad y los trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer) siguen siendo marginales (1,9% de todas las eutanasias).

La ‘convención ciudadana’ sobre el final de la vida, reunión de unas 180 personas representativas de la población del país, ha empezado a andar el 9 de diciembre y ha definido diez ejes principales de reflexión que abarcan tanto el desarrollo de los cuidados paliativos, la lucha contra los llamados “desiertos médicos” (zonas rurales en particular donde no se instalan médicos), como la regulación de alguna forma de ayuda médica a morir. Deberá entregar sus conclusiones al gobierno en marzo. Lo cierto es que hay voluntad política -por lo menos a nivel parlamentario-, y una fuerte demanda ciudadana desde hace mucho tiempo, para avanzar hacia un cambio legislativo. El interrogante sigue siendo si el gobierno estará dispuesto a dar este paso.

Paralelamente el gobierno ha encargado a un grupo de expertos presidido por el político y escritor Erik Orsenna para trabajar sobre el léxico relacionado con el final de la vida con el fin de ‘acompañar la reflexión de los franceses’ y también ‘enfrentar el tabú y el miedo a la muerte’.

Dignitas, considerando que las disposiciones legales francesas desconocen “el derecho a la vida, al respeto de la vida privada y familiar, así como a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ” presentó dos recursos ante el Consejo de Estado, recursos que acaban de ser desestimados. A diferencia de lo que acaba de ocurrir en Francia, las acciones interpuestas por la asociación en Austria y Alemania en 2020 tuvieron un resultado favorable. En estos dos países, las Cortes Constitucionales han dictaminado que el derecho a poner fin a la propia vida forma parte del derecho fundamental de la persona y de su dignidad.

Dignitas piensa recurrir ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Dos activistas italianas pertenecientes a la Asociación Luca Coscioni, acompañadas por Marco Cappato y Filomena Gallo, respectivamente tesorero y secretaria general de la asociación, acudieron a una comisaría de policía en Florencia para autoinculparse por acompañar a un hombre de 44 años con esclerosis múltiple a morir en Suiza. Esta estrategia de desobediencia civil trata de conseguir por vía judicial la eliminación del requisito de dependencia de medidas de soporte vital para poder acceder a una ayuda médica a morir.

En este vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, la NVVE, asociación neerlandesa de muerte digna, ha creado los’ Diálogos Els Borst’ (del nombre de la ministra de sanidad que impulsó el proyecto de ley en su momento): se trata de fomentar una reflexión conjunta entre público, expertos y médicos para buscar las vías que permitan generalizar esta ‘conversación’ con el médico generalista, normalizándola en la práctica. Lo que representaría un gran paso para mejorar la calidad de la etapa final de la vida y de la muerte misma.

Así define la NVVE la sentencia pronunciada por un tribunal de La Haya, contraria a la demanda presentada por la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) contra la prohibición del suicidio asistido. El tribunal rechaza el argumento de los activistas según el cual la prohibición viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El “derecho a decidir sobre el final de la propia vida está efectivamente protegido” por la convención, reconoce el tribunal. Sin embargo, el Estado tiene también el deber de proteger a las personas vulnerables. La actual legislación neerlandesa, según el tribunal, ha alcanzado un perfecto equilibrio.

La NVVE está profundamente decepcionada por la sentencia, y se pregunta por qué “la gente tiene que morir de una manera terrible. Y por qué nos basamos en una legislación obsoleta, hecha cuando la autodeterminación al final de la vida era todavía ‘pecaminosa’”. Según ella, los Países Bajos están perdiendo su posición pionera dado que “Alemania y Austria nos están alcanzando en lo que respecta a permitir el suicidio asistido por un médico bajo ciertas condiciones”.

El parlamento aprobó el 9 de diciembre una ley de eutanasia con 126 votos a favor, 84 en contra y 4 abstenciones. Era la tercera vez que el parlamento aprobaba una ley de eutanasia: en marzo de 2021 el texto fue rechazado por el Tribunal Constitucional por imprecisiones conceptuales y a finales de noviembre de 2021, el presidente de la República vetó una nueva versión del texto. Esta vez, superadas diferentes tentativas de obstrucción de parte de conservadores y extrema derecha, la versión oficial del texto se mandó finalmente al presidente de la República el 4 de enero. No tardó ni un día en solicitar su revisión por el Tribunal Constitucional, “por una cuestión de seguridad jurídica”, como declaró a la prensa. Además de denunciar que no se ha tenido en cuenta a los parlamentos de las regiones autónomas de Azores y Madeira, el presidente portugués señala sus dudas en cuanto a la adecuación de los cambios realizados en el texto de la nueva ley para cumplir con los requerimientos del Tribunal Constitucional formulados en su sentencia de marzo 2021.

Cuando se pronuncie el tribunal, la ley será devuelta al presidente que tiene la última palabra.

Consulta la carta dirigida por el presidente de la República de Portugal al Tribunal Constitucional para solicitar la revisión del texto de la ley de eutanasia

La comisión de Salud y Atención Social del parlamento lanza una investigación sobre la posible regulación de la muerte asistida. Se propone estudiar el papel de los profesionales médicos, el acceso a los cuidados paliativos, qué salvaguardas serían necesarias y los requisitos para acceder a la muerte asistida. Los parlamentarios también analizarán lo que se puede aprender de las experiencias internacionales.

El 1 de diciembre, el parlamento anunció la apertura de una consulta ciudadana de 8 semanas de duración sobre la muerte asistida para pacientes en etapa terminal de una enfermedad grave e incurable, como consecuencia de un voto anterior favorable a la elaboración de un borrador de ley. El proyecto de ley tomará en cuenta los resultados de esta consulta y podría estar redactado para mayo de 2023.

Un tribunal acaba de condenar al ex presidente de la Asociación de Muerte Digna sueca por infringir la ley del medicamento. Esta condena se añade a la retirada de su licencia profesional pronunciada anteriormente por la inspección médica. Bergström contó a la prensa que la fiscalía no dudó en afirmar en el juicio que sus acciones “podrían equipararse con las de un proxeneta que le da drogas a un adicto en la calle”. Recordemos que Bergström se autoinculpó por ayudar a morir a un paciente con ELA que tuvo que cancelar su viaje a Suiza durante la pandemia.

El ministerio de salud cubano (MINSAP) presentó a los diputados de la Asamblea Nacional de Poder Popular un anteproyecto de Ley de Salud Pública que incluye el reconocimiento de la eutanasia como un derecho de las personas a acceder a una muerte digna. Entre enero y marzo del 2023 se divulgará el anteproyecto de ley que «deberá a continuación ser aprobado por los diputados».

Dos médicos –uno jubilado y enfermo de cáncer, otro urgentista y dispuesto a responder a solicitudes de morir formuladas por pacientes en estado terminal– presentaron una demanda en los tribunales de Massachussetts contra la prohibicion del suicidio asistido. El fallo del tribunal superior de justicia del estado dado a conocer a mediados de diciembre reconoció la “importancia primordial y el profundo significado de todas las decisiones sobre el final de la vida”, pero sentenció que la Declaración de Derechos de Massachusetts no llega tan lejos como para proteger el suicidio asistido por un médico. Demandantes y Tribunal estuvieron de acuerdo en señalar que sólo un proceso legislativo podía modificar la situación: “Es mejor dejar estas preguntas al proceso democrático, donde su resolución puede ser informada por un debate público sólido y una investigación reflexiva por parte de expertos en el campo”.

La actualización de la legislación federal sobre la asistencia médica para morir que se aprobó en la primavera de 2021 (Ley C7) incluyó una disposición para excluir temporalmente -hasta el 17.03.2023- a las personas con enfermedades mentales. Grupos de presión conservadores y religiosos, además de médicos, investigadores y académicos cuestionaron esta ampliación de la ley y pusieron en dudas la existencia de garantías adecuadas para asegurar la protección de ‘las personas con trastornos mentales o que viven en la pobreza’ así como la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a este cambio. Por otra parte, se viene desarrollando desde hace unos meses una extensa campaña en los medios de comunicación en contra de la ampliación de la ley a las enfermedades mentales en los medios de comunicación.

A mediados de diciembre, el Gobierno cedió ante las múltiples presiones. El ministro de Justicia anunció que buscaría los mecanismos para retrasar la ampliación de la ley a las personas con enfermedades mentales. Será necesario enmendar la legislación existente. El ministro espera poder conseguir un amplio apoyo en la Cámara de los Comunes y entre los senadores. Habrá que esperar a finales de enero, momento en que las cámaras reanudarán sus trabajos.

A principio de diciembre, la Comisión sur les Soins de Fin de Vie quebequense ha publicado las cifras de la ayuda médica a morir (AMM) en el período que cubre desde abril 2021 hasta finales de marzo 2022 en la provincia. Se han registrado 3663 AMM –contra 2426 en el período anterior– lo que represente el 5,1% de los fallecimientos, más que en Bélgica o Países Bajos, como recalca el presidente de la comisión, que atribuye este hecho a que en Quebec la AMM forma parte del conjunto de los “cuidados al final de la vida”, como los cuidados paliativos. El 95% de los pacientes tenían un pronóstico terminal.

Se observa, sin embargo una gran desigualdad según los territorios. El informe recalca también un aumento importante de médicos dispuestos a proporcionar la AMM (+26%). Se prevé un aumento de las cifras de AMM en el período 2022-2023. “El aumento en el número de AMM podría explicarse por el amplio consenso social establecido en Quebec desde 2014. Los quebequenses y los médicos parecen estar cada vez más cómodos con este cuidado que parece estar en línea con los valores y expectativas de los quebequenses con respecto al final de la vida”, concluye el presidente de la comisión.

El Parlamento del estado de Queensland aprobó la ley de muerte voluntaria asistida en septiembre de 2021. A partir del 1 de enero de 2023, las personas con una enfermedad, un padecimiento o una condición médica avanzada, progresiva y terminal con un pronóstico de menos de un año, podrán solicitar la muerte médicamente asistida (eutanasia o suicidio asistido). Queensland es la quinta jurisdicción australiana en legalizar la muerte voluntaria asistida, después de Victoria, Australia Occidental, Australia Meridional y Tasmania.

Más del 20 por ciento de la población coreana tiene más de 65 años. En una sociedad tan envejecida, el derecho a terminar voluntariamente con la vida adquiere un mayor significado, y muchos exigen la legalización del suicidio asistido por un médico o de la eutanasia. El 15 de junio se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitiría el suicidio asistido por un médico. Al día siguiente, el Sindicato de Mayores y el Club Mi Última Donación, integrado por personas mayores de 70 años, exigieron la legalización de la eutanasia. Según una encuesta dirigida por el profesor Yoon Young-ho y su equipo de investigación del Departamento de Medicina Familiar del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, tres de cada cuatro encuestados estaban a favor de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Un 61,9 por ciento estaba totalmente de acuerdo con esas ideas y un 14,4 por ciento se declaraba simplemente de acuerdo; un 21,7 por ciento no estaba de acuerdo.

Un británico jubilado de 75 años respondió a las súplicas de su esposa enferma terminal de leucemia y la ayudó a morir. La pareja vivía desde hace 20 años en Chipre. El juicio, fijado para el 5 de diciembre, ha sido descrito como un caso histórico para Chipre, donde la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa alimenta una oposición férrea a la ayuda al suicidio, castigada penalmente con 25 años de cárcel. Los abogados defensores han conseguido llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que rebaja la acusación de asesinato a homicidio involuntario. Esperan que, como en muchos países del mundo, el tribunal pronuncie una condena leve, que no obligue a un nuevo ingreso en la cárcel.

El presidente francés, de vuelta de un encuentro con el papa a finales de octubre, parece haberse olvidado de sus promesas de regulación de la ayuda médica a morir para 2023, refiriéndose únicamente y de manera bastante vaga a la necesidad de un debate social en profundidad sobre las cuestiones relativas al final de la vida. La consulta ciudadana y las comisiones puestas en marcha conformarían entonces el enésimo debate sobre la cuestión, sin resultado tangible, a pesar del apoyo ampliamente mayoritario a la regulación de la ayuda médica a morir entre la ciudadanía.

Desconfiando del proceso político en marcha, Dignitas ha iniciado dos procedimientos judiciales ante el Consejo de Estado, uno que cuestiona la actual prohibición en Francia de cualquier forma de muerte asistida y el otro la prohibición del uso del Pentobarbital sódico en medicina humana.

Según reciente sentencia del Consejo Constitucional, de acuerdo con la vigente Ley Clayes-Leonetti, un médico no está obligado a respetar las directrices anticipadas formuladas por un paciente si son manifiestamente inapropiadas a la situación clínica de este último. En este caso no se lesionaría la dignidad de la persona ni su dignidad.

Este veredicto responde al recurso presentado por los familiares de un paciente que se encuentra en coma desde el pasado mes de mayo a consecuencia de un grave accidente. Sus directrices anticipadas indicaban que deseaba que le mantuviesen en vida en todas circunstancias. Juzgando su estado desesperado, el equipo médico había decidido colegialmente suspender las medidas de soporte vital: alimentación y ventilación.

Olivier Falorni, impulsor en 2021 de una proposición de ley de regulación de la ayuda a morir, ha sido nombrado presidente de la misión parlamentaria de evaluación de la ley Clayes-Leonetti sobre el final de la vida, en vigor desde 2016. Esta designación ha desatado una avalancha de críticas de los que se oponen a toda forma de ayuda a morir. La misión cuenta con 19 miembros pertenecientes a todos los grupos políticos presentes en la Asamblea. Analizarán la aplicación de la ley, su adecuación a las situaciones de final de vida y el grado de información de la ciudadanía al respeto.

La Asociación Luca Coscioni sigue con la estrategia de desobediencia civil para avanzar en el reconocimiento del derecho a la muerte asistida. En 2019, el Tribunal Constitucional había reconocido el derecho a recibir ayuda para morir en el caso de pacientes dependientes de medidas de soporte vital. Marco Cappato acompañó en agosto a Suiza a una mujer con cáncer de pulmón avanzado, y acaba de acompañar a un hombre de 82 años con Parkinson avanzado, autoinculpándose a su vuelta a Italia, en busca de un juicio que permita avanzar, eliminando el requisito de dependencia de medidas de soporte vital.

Conforme al nuevo plan estratégico 2022-2026 aprobado en su reciente asamblea general, la NVVE inicia con sus miembros el debate sobre la autodeterminación al final de la vida. Se ha programado una sesión de debate el 17 de diciembre en la cual se abordarán las siguientes cuestiones: ¿es deseable la libre disposición de producto letal? ¿a todas las edades? ¿se debe dar pruebas de la libertad de decisión? ¿Cómo prevenir posibles abusos?, etc.

Después de varios aplazamientos, parece que la aprobación en Comisión de la ley de eutanasia tendrá lugar el 7 de diciembre, y la votación en la Asamblea de la República, el viernes siguiente. Todo deja prever una mayoría de votos favorables. Queda la incógnita de la decisión presidencial, que puede vetar el texto o mandarlo al Tribunal Constitucional para su revisión, como pasó en 2021.

La ley británica establece que cualquier persona que ayude al suicidio o intento de suicidio de otra persona puede ser sentenciada con una pena de cárcel de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, los datos de la fiscalía señalan que solo se investigaron cuatro casos que fueron finalmente archivados.

Una activista de la asociación My Death, My Decision (Mi muerte, Mi decisión) –asociación que milita por una ley de muerte asistida no limitada a pacientes terminales– pasó 19 horas detenida y fue investigada por la policía durante seis meses tras su vuelta de Suiza, donde había acompañado a una mujer tetrapléjica a la clínica de Dignitas para morir.

La paciente y su acompañante sufrieron previamente acoso telefónico de parte de la policía y de los servicios sociales británicos durante el viaje a Suiza, debido a la denuncia de los cuidadores de la paciente. La policía británica alertó a la policía suiza, que se personó en las instalaciones de Dignitas, pero pudo comprobar que todo se estaba desarrollando conforme a la legislación suiza. El caso abierto en el Reino Unido fue finalmente archivado.

La ayuda al suicidio no es ilegal en Suecia: cualquiera que no sea un profesional sanitario puede ayudar sin riesgo penal a alguien que quiere morir. Los profesionales sanitarios, sin embargo, se arriesgan a perder su licencia profesional, como le pasó a Staffan Bergström, médico y anterior presidente de RTVD, la asociación sueca por el derecho a morir dignamente.

A principio de 2022, seis partidos parlamentarios que suman el 64% de los escaños indicaron a RTVD que apoyaban la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posible regulación de la muerte asistida. La cuestión es saber si esta posición de principio se acabará traduciendo en hechos.

“EXIT. Acompañamiento con corazón. Asóciese”. Cartelitos con este mensaje se han colocado durante dos semanas en los tranvías de Basilea, Berna y Zurich en una campaña de sensibilización puesta en marcha por la asociación EXIT. Es la primera vez que la asociación realiza una campaña de este tipo, y que busca visibilidad en un medio de transporte que utiliza una gran cantidad de personas. La empresa de transporte –que ha recibido apenas cuatro quejas– defiende que esta campaña sufragada por la asociación, está protegida por la libertad de expresión.

El Gran Consejo del cantón de Zurich aprobó, con un solo voto de diferencia, una “excepción a la reglamentación” que permitirá a las residencias privadas, incluso si se benefician de una financiación pública, negarse a la práctica del suicidio asistido en sus instalaciones. Las instituciones podrán prohibir la entrada a las voluntarias de asociaciones como EXIT o DIGNITAS, y las residentes que deseen recurrir a un suicidio asistido deberán abandonar las instalaciones. En consecuencia, EXIT reclama transparencia a las instituciones en cuanto a su política relativa al suicidio asistido.

Por el contrario, los hospitales públicos del cantón de Ginebra acaban de revisar sus directrices internas para permitir la realización de suicidios asistidos en sus instalaciones, y en el cantón de Valais, los ciudadanos han aprobado una ley que impide la objeción de conciencia de las residencias de ancianos.

El departamento de salud neozelandés ha publicado los datos relativos al primer año de aplicación de la “ley de elección al final de la vida: se han presentado 596 solicitudes, 294 han recibido una respuesta favorable, y se han realizado 214 eutanasias lo que representa aproximadamente un 0,66% del total de fallecimientos. Un total de 312 médicos y 11 siquiatras conforman el grupo SCENZ de profesionales sanitarios especialmente formados para responsabilizarse de los procesos de muerte asistida. Un dato importante: 1/3 de las solicitudes fueron rechazadas porque el paciente no tenía el pronóstico de vida inferior a 6 meses exigido por la ley. Los activistas a favor de la muerte asistida reclaman ya la eliminación de esta limitación. Está previsto una revisión de la ley en 2024.

Todos los estados de Australia ya han legalizado la eutanasia. Sin embargo, los territorios –el Territorio del Norte y la capital, Canberra– tenían prohibido legislar sobre este tema desde 1997 a consecuencia de un veto impuesto por la Commonwealth para desactivar la primera ley de muerte asistida del mundo puesta en marcha en el Territorio del Norte, un año antes. La votación del 1 de diciembre en el Senado Federal ha revertido por fin esta prohibición, abriendo el camino para que los dos territorios pueden debatir y legislar libremente sobre la muerte asistida. Tres intentos anteriores de revocación del veto fallaron: en 2008, 2010 y 2018. El jefe de gobierno de la capital ha anunciado inmediatamente que abrirá un debate sobre la muerte asistida a principio del año que viene con viso a aprobar una regulación de la muerte asistida a finales de 2023 o principio de 2024.

El Centro Anscombe de Bioética (Anscombe Bioethic Centre) –un centro católico de investigación en bioética de Oxford– acaba de publicar una investigación titulada “Legalisation of assisted suicide is a threat to suicide prevention” (La legalización del suicidio asistido es una amenaza para la prevención del suicidio).

Este argumento en contra de la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido está tomando mucha fuerza tanto en Francia –donde el debate sobre una posible regulación está a la orden del día– como en Canadá, donde se podrá acceder a la muerte asistida en caso de enfermedad mental a partir de marzo 2023, y donde ya se debate una posible ampliación de la ley a menores de edad o a persona que han perdido la capacidad de expresarse, pero han otorgado un testamento vital. Muchos medios conservadores lo están manejando.

En su fallo relativo al caso Mortier contra Bélgica, el TEDH precisa que su decisión no se refiere a la existencia o no de un derecho a la eutanasia en general sino a la compatibilidad con la Convención Europea de los Derechos Humanos de la eutanasia de la madre del demandante, belga de nacionalidad. El Tribunal valida el marco legal belga de la eutanasia como “capaz de garantizar la protección del derecho a la vida tal como exige el art.2 de la Convención”, y concluye que la eutanasia realizada cumplía con todas las exigencias de la ley. Solo critica la regulación del funcionamiento de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia, al no asegurar que se retire de los debates un médico cuando haya intervenido en el caso examinado, lo que obligará a una modificación de esta parte de la Ley de Eutanasia. Reprocha también a los tribunales belgas su tardanza en la investigación del caso.

Enlace a la sentencia (en francés)

Shanti De Corte, una joven de 23 años, padecía estrés traumático desde que sobrevivió al terrorista en el aeropuerto de Bruselas en 2016. Tuvo varios intentos de suicidio que desembocaron en episodios de internamiento psiquiátrico. Solicitó en varias ocasiones la eutanasia, pero recibió una respuesta negativa de los médicos. Más tarde, su estado se agravó y pudo finalmente acceder a la ayuda médica para morir. Falleció en mayo dejando un mensaje en Facebook: “Ahora me voy a ir en paz”.

En septiembre de 2020 se registró un proyecto de Ley de Muerte Digna que regulaba la muerte asistida para pacientes terminales. Fue aprobado en segunda lectura en octubre 2020 por 81 votos a favor y 71 en contra. A pesar de un apoyo mayoritario de la población a esta regulación –un 74% de los encuestados se declaran favorable a la legalización, según las encuestas–, en 2021 el Comité de Justicia del Parlamento expresó profundas inquietudes por supuestas faltas de garantías y dictaminó que el proyecto de ley debía ser examinado por un Comité Especial en el cual participasen todos los partidos. Muchos consideraron que se trataba de una medida dilatoria, sospecha que confirma el hecho de que, a día de hoy, este Comité Especial sigue brillando por su ausencia.

La ayuda al suicidio es delito en los Países Bajos, castigada con un máximo de tres años de cárcel. La Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) lucha por un cambio legal: “los Países Bajos han sido pioneros en lo que respeta al aborto, al matrimonio igualitario y la legalización de la eutanasia. Seremos pioneros ahora respecto a la autodeterminación al final de la vida”, declara su presidente, Jos van Wijk.

La Cooperativa y 29 personas más han presentado una demanda ante la justicia contra el Estado neerlandés defendiendo que la prohibición de la ayuda al suicidio es contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos, que protege el derecho al respeto de la vida privada, y no permite la injerencia de ninguna autoridad pública en el ejercicio de este derecho. La vista oral se celebró el 20 de octubre y se espera sentencia el 14 de diciembre.

La misma semana, el Ministerio Fiscal trasladó a un juez de instrucción su acusación contra diez personas vinculadas a CLW –entre las cuales Jos van Wijk y Petra de Jong, vicepresidenta de CLW– por ‘participación en banda criminal’ aduciendo la distribución de un producto letal en las reuniones organizadas por la Cooperativa.

Un grupo de 36 diputados respaldan la propuesta de regular la muerte asistida formulada por un diputado Demócrata Liberal, lo que permitirá registrar un proyecto de ley en el Parlamento a principio del año que viene. Una consulta pública sobre la cuestión recibió más de 14.000 respuestas, un 75% favorable a la regulación. El proyecto permitirá el acceso a la muerte asistida para pacientes terminales.

A mediados de octubre, el Partido Socialista, Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda y el PAN han consensuado un texto de ley de eutanasia que se presentará por tercera vez a votación en plenaria. El proyecto prevé un plazo mínimo de dos meses entre la solicitud y la realización de la eutanasia, y plazo máximo de tiempo para cada paso de la tramitación de la eutanasia. Los partidos intentan diseñar una ley constitucionalmente inatacable, ya que el presidente de la República ya ha avisado que pediría una revisión constitucional en cuanto le llegase el texto aprobado por la Cámara.

El proyecto de ley, después de varios aplazamientos, se llevará finalmente al pleno de la cámara una vez aprobados los presupuestos.

En Julio 2020, el médico jubilado Staffan Bergstrom ayudó a morir a un paciente con ELA que tuvo que cancelar su viaje a Suiza debida a la pandemia. Decidido a dar visibilidad a la reivindicación del derecho a la ayuda a morir, Bergstrom, que fue el anterior presidente de la Asociación Sueca de Muerte Digna, se autoinculpó ante la policía y la inspección médica. La causa penal se archivó en 2021 porque en Suecia la ayuda al suicidio no está tipificada penalmente. Sin embargo, si es un profesional sanitario que presta la ayuda, corre el riesgo de que se le retire la licencia profesional. El organismo de Inspección Médica (IVO) denunció el caso ante la Junta Disciplinaria de los Servicios Sanitarios (HSAN) que acaba de retirar la licencia profesional al médico.

Bergstrom ha recibido muchos apoyos y está decidido a plantar batalla para forzar una clarificación de la situación y hacer avanzar los derechos efectivos al final de la vida. Prepara un recurso y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea de Estrasburgo.

Veinticinco años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que despenalizó la muerte asistida e instó al Parlamento a regularla, la Comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país. El proyecto, propuesto por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, pasó con 25 votos a favor y tres en contra. Toca ahora esperar la programación del debate en plenaria.

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), organización que acompañó a Martha Sepúlveda, milita por que el debate permita mejorar el proyecto de ley actual, en particular regulando no solo la eutanasia sino también el suicidio médicamente asistido, y limitando estrictamente la objeción de conciencia al médico que tenga que realizar la prestación.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el 27 de octubres el proyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido con 57 votos a favor sobre un total de 96. El debate se traslada ahora al Senado donde se prevé una tramitación más difícil.

El texto aprobado fusiona las propuestas del centroderechista Partido Colorado (integrante de la coalición oficialista) y del izquierdista Frente Amplio (oposición). Podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, capaces, que padezcan «una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables». Durante los debates en la cámara baja se acordó agregar que los solicitantes deben estar en la «etapa terminal» de la enfermedad, con la única excepción de las personas con tetraplejias.

La Ley de Muerte Voluntaria Asistida aprobada en junio 2021 entrará en vigor a finales de enero 2023. El gobierno del estado acaba de nombrar una comisión de ocho miembros compuesta por médicos, juristas y especialistas en ética. Dirigida por una siquiatra, establecerá los protocolos y procedimientos antes de que la ley entre en vigor, realizara un control a posteriori de las prestaciones realizadas, promoverá mejoras en la aplicación de la ley y garantizará el cumplimiento de los requisitos y protocolos. Se está trabajando en la instalación de un nuevo sistema informático y en la capacitación de los médicos.

Cuando se implementó la Ley relativa a los Cuidados al Final de la Vida en Quebec, se crearon Grupos Interdisciplinarios de Apoyo (GIS en sus siglas en francés), para acompañar a todos los profesionales, no solo sanitarios, involucrados en la ayuda médica a morir. Se acaba de publicar un informe que identifica y describe las prácticas de los GIS, y a través de un análisis crítico formula recomendaciones destinadas a homogeneizar y mejorar la práctica de la muerte médicamente asistida.