Miguel Ángel Lerma, fundador de DMD, no era un visionario. Siendo profesor en Ciencias Exactas era sin duda un hombre lógico. El mal trago de la muerte de su madre le hizo pensar que el humano tiene derecho a morir con dignidad y libertad.
Por FERNANDO PEDRÓS
Esta fuerte convicción impulsó a Lerma viviendo en Madrid a afiliarse en 1983 a la veterana sociedad británica The Voluntary Euthanasia Society. Con esta experiencia fundó en España la asociación Derecho a Morir Dignamente. Para la mentalidad de los años ochenta el proyecto y estatutos de DMD eran un tanto libertarios y el Ministerio del Interior echó atrás la inscripción en el registro de asociaciones porque iban contra los principios de la deontología médica. El Ministerio estaba regido por el socialista Barrionuevo, pero ni siquiera la izquierda política tenía idea del derecho a morir en libertad y este fue el primer choque con el establishment.
DMD es todavía un proyecto a contracorriente pues la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) no ha sido la ley que se podía esperar, pero al menos ha quebrado la negatividad del Código Penal. No obstante, las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han dado la razón a Lerma al proclamar el derecho de autodeterminación de la persona como sujeto con capacidad de decisión libre y voluntaria. Así están avalando el alma y razón de los estatutos de DMD: “Promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla”. Lerma y DMD reconocieron cuando todos callaban la mayoría de edad del sujeto ante el dilema existencial de ‘ser o no ser’.
La razón constitucional que aporta el tribunal de garantías es que la autonomía personal legitima la decisión racional en unas circunstancias u otras, basta con que sea deliberada y racional. Con este razonamiento basado en los artículos 1 y 10 de la Constitución, la eutanasia ya no es una figura jurídica de una sociedad todavía bastante cerrada, sino la manifestación de la libertad del humano que tiene derecho a decir su última palabra sobre su existencia: si considera que no vale la pena, ya no tiene sentido, o porque es un puro consumir de tiempo y percibe que su vida está cumplida.
La cultura del morir está todavía por hacer y solo con la activa disconformidad se pueden dar pasos y progresar
Si hay alguna persona que pueda ser icono representativo de DMD en sus 40 años de vida es, en mi opinión, Ramón Sampedro. No era un intelectual sino un trabajador de la mar. Y si alguien ha estado concienciado, si alguien ha luchado por la libertad en el morir ha sido Ramón Sampedro, verdadero icono de la disidencia proclamada por DMD.
La experiencia nos dice que el sistema imperante en una sociedad suele absorber y silenciar cualquier crítica y disidencia, pero no pudo con la rebeldía del tetrapléjico Ramón que se curtió en mil batallas, incluso con los tribunales. Murió con conciencia de vencido, pero hoy el Tribunal Constitucional le da la razón y se la quita a los tribunales, incluso a una actuación del mismo TC que en alguna ocasión miró hacia otro lado para no dar la cara a favor del caso Ramón Sampedro.
La cultura de la muerte de nuestro país está todavía por hacer. Hemos sido poco rebeldes, en lugar de disidencia nuestro país ha sido lento en reacciones y demasiado tranquilo. Solo con la activa disconformidad se dan pasos y se progresa. Llevamos ya bastantes meses en que con sus sentencias ha hablado el TC. Este tribunal de garantías avala la LORE, pero ha puesto el listón de la autonomía y la libre autodeterminación del sujeto eutanásico muy por encima del nivel precario de la LORE. Para esas fechas el poder ejecutivo, el legislativo y también algún tribunal podían haber reaccionado ante las sentencias.
La exigencia de diálogo va también con las instituciones y cuando el TC dice su palabra de valor constitucional el resto de instituciones quedan interpeladas y algo tendrán que decir y que actuar. Es de esperar que el poder legislativo perciba que la libertad se ejerce en sociedad y que el Estado habrá de crear las condiciones de posibilidad para tal ejercicio; que los tribunales ante litigios de casos eutanásicos dictarán sentencias inspiradas en la palabra proclamada por el alto tribunal de garantías. Son esperanzas ante la ley del dialogo institucional que tiene que regir en toda sociedad democrática. Aunque por el momento sigue en vigor la ley del silencio, dejar pasar el impacto y que todo siga igual.
Artículo publicado originalmente en el número 92 de la revista de DMD.
