Un centenar de zaragozanos se acercaron a la Plaza de España para celebrar la aprobación de la ley de eutanasia por el Congreso y pasearon los carteles de homenaje a quienes lucharon por la ley pero no llegaron a disfrutar del derecho a solicitar la eutanasia.
Hoy jueves 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados decidirá si aprueba la ley de eutanasia en un Pleno extraordinario. Hacen falta 176 votos a favor (mayoría absoluta) y todo apunta a que la apoyarán al menos 200 diputados. Aunque deberá pasar por el Senado antes de entrar en vigor, esta votación es clave para la despenalización de la eutanasia.
En DMD llevamos 36 años luchando por llegar a este momento. Por eso, el día de la votación vamos a convocar varias concentraciones a nivel nacional para apoyar la ley de eutanasia.
Es un día importante para la causa y nos gustaría contar contigo para celebrar que ganamos este nuevo derecho. Debido a la situación de pandemia te invitamos a unirte a la celebración de manera virtual.
Sabemos que es un momento complicado para poder celebrar juntos debido a la pandemia y la distancia. Si quieres acompañarnos en la celebración de manera virtual te proponemos dos opciones:
Si no utilizas las redes sociales pero quieres compartir con nosotros tu imagen de apoyo a la ley desde un punto emblemático de tu lugar de residencia, puedes hacérnosla llegar por email e intentaremos seleccionar algunas de las que recibamos para subirlas a nuestras cuentas de Twitter, Facebook o Instagram y dar visibilidad a todas las personas que formamos parte de este movimiento ciudadano.
Aunque la concentración es en el exterior, todavía estamos en pandemia y debemos ser prudentes: llevemos mascarilla, evitemos las aglomeraciones y mantengamos la distancia de seguridad entre todas las personas que participemos.
A CORUÑA -16H
Jueves 17. Delegación del Gobierno. Paza de Ourense, s/n A Coruña
BARCELONA – 12H
Jueves 17. Delante del Parlament de Catalunya
BILBAO – 19H
Jueves 17. Plaza Teatro Arriaga. Bilbo
DONOSTIA – 19H
Jueves 17. Boulevard en Donostia// Donostiako Bulebarrean
MADRID – 16H
Jueves 17. Plaza de las Cortes
OVIEDO – 16H
Jueves 17. Pº de los Alamos. C/ Marqués de Sta. Cruz S/N
PAMPLONA -17H
Jueves 17. Av. Carlos III el Noble Etorbidea, puerta de Diputación.
SANTIAGO DE COPOSTELA -16H
Jueves 17. Plaza do Toural. Santiago
VALLADOLID – 17H
Jueves 17. Plaza Mayor (fachada Ayuntamiento)
VIGO -16H
Jueves 17. MARCO. Rúa do Principe
VITORIA-GASTEIZ -19H
Jueves 17. Plaza de la Virgen Blanca
ZARAGOZA – 16H
Jueves 17. Plaza de España, frente a Diputación Provincial de Zaragoza
Totalmente. La ley de eutanasia que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados es más garantista que ninguna de las leyes en vigor desde hace años en Europa.
No hay ninguna decisión médica, aunque entrañe un riesgo importante para la vida, con tantas salvaguardas ni tan supervisada como estará la ayuda médica para morir:
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente seguiremos trabajando para que se simplifiquen los pasos para la petición, para vigilar que se cumpla la ley y para que se amplien los supuestos que regula la ley de eutanasia.
Si quieres saber más sobre el tema puedes consultar aquí las «10 cosas que necesitas saber sobre la eutanasia» y «¿Quién puede solicituar una eutanasia?«
Porque en una sociedad democrática avanzada las leyes deben garantizar que las personas puedan decidir libremente cómo quieren vivir su vida. Nadie admitiríamos ninguna imposición sobre la profesión, el estado civil o el lugar de residencia por ejemplo. Sin embargo y por razones de tipo religiosos ajenas a una sociedad plural y aconfesional todavía hoy se nos impone una única forma legal de morir.
Las leyes deben reflejar los valores mayoritarios de la ciudadanía que, en España está abrumadoramente a favor (más del 80%) de despenalizar la eutanasia.
Sin embargo, todavía hoy se castiga con pena de cárcel la ayuda desinteresada y benéfica prestada a una persona que con pleno conocimiento rechaza una vida de sufrimiento o un final indigno y solicita ayuda para morir. (Caso de María José y Ángel)
Por otra parte, a estas alturas del siglo XXI, son muchos los profesionales sanitarios que consideran tan importante como curar las enfermedades, garantizar una muerte digna, de acuerdo con la libre decisión de la persona. Es imprescindible una ley que les de seguridad jurídica en el cumplimiento de su labor.
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Ocho de cada diez mayores de 55 años lo afirman en una encuesta encargada por la Asociación Holandesa para un Fin de la Vida Voluntaria (NVVE) a la agencia Newcom. La NVVE insiste en que los médicos de los Países Bajos deben adopten esta idea.
La Fiscalía acaba de archivar el caso de un médico del Centro de Expertos de la Eutanasia, que practicó una eutanasia «sin los cuidados debidos» a una mujer de 67 años con demencia grave, que vivía en una residencia y había pedido ayuda para morir en su testamento vital. Según el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes para una acusación penal contra el médico.
El problema radicaba en la no conformidad del médico asesor (médico Scen, médicos asesores para la eutanasia formados por el Colegio de Médicos KNMG) con la decisión de practicar la eutanasia en este caso. Este último consideró que la mujer «¡no manifestaba suficiente sufrimiento!»
El médico que aceptó la solicitud de la mujer decidió entonces consultar a 6 otros médicos del Centro de Expertos de la Eutanasia, que confirmaron todos su conformidad con que la ayuda a morir era procedente.
Los nuevos criterios se basan en la sentencia de absolución pronunciada por el Tribunal Supremo en el caso de Marinou Arends, la primera médica desde la aprobación de la ley de eutanasia (en 2002) en ser procesada por eutanasia después de una evaluación negativa de los comités de revisión.
La NVVE, por su parte, ha aplaudido la publicación de esta revisión de los criterios.
El primer ministro británico, Boris Johnson, y muchos diputados estarían a favor, y el apoyo ciudadano es creciente.
El Tribunal de Apelación ha asegurado en su sentencia que es el Parlamento quien debe pronunciarse sobre la ayuda médica a morir.
«Estoy devastado por esta decisión y la posición de impotencia en la que me ha dejado».
«Sin la opción de una muerte digna, ahora, si mi dolor se vuelve insoportable no tengo otra opción que la que temía desde el principio: morir de hambre lentamente. No puedo entender, en una sociedad civilizada como la nuestra, por qué debería verme obligado a sufrir cuando millones de personas en todo el mundo ya tienen la opción que solicito».
Lamb, que no está en fase terminal, recibe el apoyo de la asociación Humanist UK para hacer públicas sus reivindicaciones.
La modificación de la ley (proyecto C7, actualmente en debate en el Parlamento) excluye explícitamente las enfermedades mentales como requisito válido para acceder a la ayuda médica a morir. Algunos psiquiatras opinan que esta restricción estigmatiza a las personas con trastorno mental, minimiza su sufrimiento y refuerza el mito de que podrían curarse si se esforzaran más.
Creen que esta exclusión viola la Sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades, que garantiza la igualdad de trato ante la ley, independientemente de la discapacidad física o mental
Este artículo da a entender que sería una estrategia: buscar una sentencia del constitucional para vencer resistencias políticas a través de la vía judicial:
«El gobierno está decidido a proceder con cautela en la muerte asistida y está bastante contento de que los tribunales le empujen a cada paso del camino. El problema con ese enfoque es que obliga a las personas vulnerables que sufren insoportablemente enfermedades graves a gastar tiempo, dinero y energía luchando por sus derechos en los tribunales», declara un senador
El artículo refuta la acusación lanzada por las iglesias que afirman que las asociaciones de muerte digna realizan negocios con la ayuda a morir.
Le opone la realidad del negocio generado por el «sobretratamiento» al final de la vida:
«Desde una perspectiva puramente económica, los hospitales y los centros asistenciales están interesados en procesos de muerte lo más largos posible, con cuidados médicos intensivos: El interés de la medicina tecnológica consiste en utilizar todos los medios disponibles siempre que estén pagados».
El autor analiza la evolución del modelo sanitario alemán desde finales del siglo pasado, su creciente privatización y sometimiento a imperativos de orden económico.
«Según estimaciones, las compañías farmacéuticas generan alrededor de una cuarta parte de sus ventas totales con medicamentos que se administran a pacientes en la última fase de sus vidas; en Alemania siete mil millones de euros. Los fabricantes de alimentación por sonda también logran elevadas ventas, que en 2005 fueron de casi 500 millones de euros. De las alrededor de 200.000 personas que son alimentadas artificialmente a través de un tubo PEG, casi el 70% estaba en una residencia».
En algunos Estados, el tratamiento de soporte de órganos puede no ser retirado incluso después de que se haya determinado que una mujer embarazada ha muerto si los médicos creen que el feto tiene opciones de salir adelante.
Una demanda federal cuestiona la constitucionalidad de estas restricciones.
Si la muerte no fuera tabú, muchas personas podrían haber afrontado su muerte, o la de un ser querido, de una manera más serena, más racional, con medidas epidemiológicas más respetuosas con la voluntad, la intimidad y la dignidad de esas personas.
Lee el artículo completo de Fernando Marín, presidente de DMD, publicado en la revista de DMD nº 83.
Muerte digna y pandemia global. Revista_DMD_83 copia
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El Secretario de Salud británico, por su parte, declaró en el Parlamento que las personas que viajen al extranjero con el propósito de morir no estarían incumpliendo las limitaciones a los desplazamientos impuestas. Y recordó que instigar o cooperar con un suicidio sigue siendo un delito bajo la legislación del país.
Se han unido al grupo ‘My Death, My Decision’ (MDMD), que pide un cambio más amplio que incluya a las personas con enfermedades terminales y a las que tengan una enfermedad incurable que curse con un sufrimiento insoportable.
Una encuesta realizada antes de las elecciones por la asociación My life, My Choice entre los candidatos reveló que «52 candidatos laboristas apoyaban la muerte asistida, mientras que 32 no respondieron; tres candidatos de LNP (Partido Liberal Nacional) apoyaban, pero 70 candidatos no respondieron; 50 candidatos de los Verdes apoyaban, pero 43 candidatos no respondieron, mientras que siete candidatos del Partido Australiano de Katter (nacionalista) apoyaban la norma, pero 48 candidatos no respondieron».
La ley todavía tiene que ser aprobada por la Cámara Baja. El Gobierno se ha comprometido a que el debate empiece antes de finales de año; se extenderá hasta marzo de 2021. Tiene muchas posibilidades de ser aprobado.
La conclusión es que más invierte no siempre gana.
El juez justifica la condena por el hecho de que la mujer, enfermera, intervino activamente (lo que sería una eutanasia, prohibida en Alemania) con varias inyecciones de insulina. Si el marido sólo hubiese tomado el cocktail de pastillas, no se hubiese condenado a la mujer.
Por su parte, la senadora Chantal Petitclerc, atleta paralímpica que apoya en el Senado la modificación de la ley declara: “No pueden representar ni hablar por todas las personas con discapacidad.”
El tribunal administrativo ha absuelto al médico. Los abogados de los padres dicen que han puesto un recurso en casación y que estudian demandar al Estado.
El estudio, bautizado como «Vida, muerte y dilemas dolorosos» también refleja que la postura está dividida en el caso de pacientes no terminales pero con sufrimientos crónicos e insoportables (37% a favor, 34% en contra y 29% indeciso)
El document, elaborat per ambdues organitzacions, pretén ser una eina d’informació sobre els drets per una mort digna, actualment reconeguts per la legislació autonòmica però no suficientment coneguts ni per la ciutadania, ni per la professió sanitària. Per a CCOO PV i DMD és necessari un increment de les plantilles sanitàries i la formació per a poder donar compliment a la normativa.
En el marc del Conveni de col·laboració entre la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO PV) i l’associació Dret a Morir Dignament (DMD), un grup de treball mixt d’ambdues organitzacions, ha elaborat una Guia recopilatòria dels drets sanitaris de les persones en el procés final de la vida.
En aquest sentit, la Guia que avui presentem vol ser una eina d’informació ciutadana sobre els drets per una mort digna ja actualment reconeguts i que estan recollits en la Llei 16/2018, de 28 de juny de la Generalitat, de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la vida.
Uns drets que, tot s’ha de dir, no han estat suficientment difosos per les administracions públiques, que, a més, haurien de garantir-ne l’aplicació. Ni entre la ciutadania, que n’és la titular, ni entre el conjunt professional sanitari, ni els encarregats i les encarregades de portar-los a bon terme. Per aquesta raó, la nostra Guia és també un toc d’atenció per emplaçar les institucions a assolir un compromís de difusió i facilitació social.
Per donar compliment a la Llei autonòmica, que estableix els deures del personal sanitari i sociosanitari, és necessari que els professionals i les professionals coneguen i apliquen la normativa. Així ho ha assenyalat la secretària de Política Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, que considera fonamental la formació del personal implicat en l’atenció al final de la vida, sobre com fer efectius aquests drets.
A més, per garantir-ne la seua correcta aplicació, cal incrementar el nombre de professionals sanitaris perquè puguen intervindre en els propis domicilis de les persones que necessiten tractaments pal·liatius. I actualment, les plantilles sanitàries estan molt ajustades i resulta pràcticament impossible l’aplicació correcta de la Llei.
CCOO PV i DMD CV reclamen a l’Administració la constitució de l’Observatori Valencià de la Mort Digna, tal i com es recull en la Llei autonòmica, perquè es genere un seguiment de l’aplicació d’aquests drets.
La Guia que presentem fa referència, entre uns altres, als drets d’informació, de consentiment o de rebuig dels tractaments, de planificació de les voluntats anticipades, d’alleugeriment del dolor i d’atenció pal·liativa. També s’hi donen orientacions sobre com reivindicar-ne l’aplicació en cas de mala praxi. Finalment, s’hi fa una descripció detallada de com complimentar el Document de voluntats anticipades (DVA) o testament vital.
En un moment en què s’està tramitant el Projecte de llei d’eutanàsia, DMD vol deixar constància de la necessitat de reconéixer el dret de les persones a decidir sobre la pròpia vida. Un dret que valora la compassió pel patiment extrem i el respecte a la voluntat de les persones que lliurement decidisquen utilitzar-lo.
La presentació de la Guia coincideix en un moment especialment crític, en què les qüestions al voltant de la dignitat de la mort han estat i estan ben presents en el nostre dia a dia. Per això, hem afegit a manera d’annex la referència al Protocol d’acompanyament al final de la vida durant la pandèmia de la COVID-19 adoptat per la Generalitat. La seua aplicació correcta haurà de servir perquè situacions com les viscudes, fa escassos mesos, no tornen a succeir i les persones infectades de COVID-19 tinguen un procés de mort digna.
No obstant això, CCOO PV i DMD consideren que alguns dels aspectes del Protocol haurien de ser corregits, com per exemple la falta de definició en les alternatives per permetre l’acompanyament en cas de pacients ingressats en UCI. En el procés d’acomiadament, el Protocol assenyala que, excepcionalment, es valorarà la presència d’un nombre superior de persones en cas d’haver-hi llaços familiars que ho justifiquen. En aquest sentit, les organitzacions consideren que no es pot deixar al criteri professional aquesta qüestió, que podria provocar discriminació entre unes persones i altres.
Ana Belén Montero (CCOO PV) y Javier Velasco (DMD) presentan la guía
El documento, elaborado por ambas organizaciones, pretende ser una herramienta de información sobre los derechos por una muerte digna, actualmente reconocidos por la legislación autonómica pero no suficientemente conocidos ni por la ciudadanía, ni por la profesión sanitaria. Para CCOO PV y DMD es necesario un incremento de las plantillas sanitarias y la formación para poder dar cumplimiento a la normativa.
En el marco del Convenio de colaboración entre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO PV) y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), un grupo de trabajo mixto de ambas organizaciones, ha elaborado una Guía recopilatoria de los derechos sanitarios de las personas en el proceso final de la vida.
En este sentido, la Guía que hoy presentamos quiere ser una herramienta de información ciudadana sobre los derechos por una muerte digna ya actualmente reconocidos y que están recogidos en la Ley 16/2018, de 28 de junio de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida.
Unos derechos que, todo se tiene que decir, no han estado suficientemente difundidos por las administraciones públicas, que, además, tendrían que garantizar la aplicación. Ni entre la ciudadanía, que es la titular, ni entre el conjunto profesional sanitario, ni los encargados y las encargadas de llevarlos a buen término. Por esta razón, nuestra Guía es también un toque de atención para emplazar a las instituciones a lograr un compromiso de difusión y facilitación social.
Para dar cumplimiento a la Ley autonómica, que establece los deberes del personal sanitario y sociosanitario, es necesario que los profesionales y las profesionales conozcan y apliquen la normativa. Así lo ha señalado la secretaria de Política Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, que considera fundamental la formación del personal implicado en la atención al final de la vida, sobre como hacer efectivos estos derechos.
Además, para garantizar su correcta aplicación, hay que incrementar el número de profesionales sanitarios porque puedan intervenir en los propios domicilios de las personas que necesitan tratamientos paliativos. Y actualmente, las plantillas sanitarias están muy ajustadas y resulta prácticamente imposible la aplicación correcta de la Ley.
CCOO PV y DMD CV reclaman a la Administración la constitución del Observatorio Valenciano de la Muerte Digna, tal y como se recoge en la Ley autonómica, porque se genere un seguimiento de la aplicación de estos derechos.
La Guía que presentamos hace referencia, entre otros, a los derechos de información, de consentimiento o de rechazo de los tratamientos, de planificación de las voluntades anticipadas, de alivio del dolor y de atención paliativa. También se dan orientaciones sobre cómo reivindicar la aplicación en caso de mala praxis. Finalmente, se hace una descripción detallada de como agasajar el Documento de voluntades anticipadas (DVA) o testamento vital.
En un momento en que se está tramitando el Proyecto de ley de eutanasia, DMD quiere dejar constancia de la necesidad de reconocer el derecho de las personas a decidir sobre la propia vida. Un derecho que valora la compasión por el sufrimiento extremo y el respecto a la voluntad de las personas que libremente decidan utilizarlo.
La presentación de la Guía coincide en un momento especialmente crítico, en que las cuestiones alrededor de la dignidad de la muerte han estado y están muy presentes en nuestro día a día. Por eso, hemos añadido a manera de anexo la referencia al Protocolo de acompañamiento al final de la vida durante la pandemia de la COVID-19 adoptado por la Generalitat. Su aplicación correcta tendrá que servir porque situaciones como las vividas, hace escasos meses, no vuelven a suceder y las personas infectadas de COVID-19 tengan un proceso de muerte digna.
Sin embargo, CCOO PV y DMD consideran que algunos de los aspectos del Protocolo tendrían que ser corregidos, como por ejemplo la falta de definición en las alternativas para permitir el acompañamiento en caso de pacientes ingresados en UCI. En el proceso de despido, el Protocolo señala que, excepcionalmente, se valorará la presencia de un número superior de personas en caso de haber lazos familiares que lo justifican. En este sentido, las organizaciones consideran que no se puede dejar al criterio profesional esta cuestión, que podría provocar discriminación entre unas personas y otras.
Ana Belén Montero (CCOO PV) y Javier Velasco presentan la guía
