Una investigación promovida por la DGHS (Sociedad Alemana por una Muerte Humana) muestra que la gran mayoría de la ciudadanía cree que la asistencia al suicidio es todavía un delito penal, ignorando la histórica sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que reconoce el derecho a la autodeterminación al final de la vida y despenaliza la ayuda al suicidio. El presidente de la asociación atribuye este desconocimiento al hecho de que «se dice una y otra vez, sobre todo por parte de los políticos, pero también por parte de las asociaciones médicas, que nos encontramos en una zona gris que no está regulada por la ley«. Afirma que la situación es muy clara: si la decisión de buscar el suicidio asistido fue tomada libre y responsablemente por una persona capaz, la ayuda no es punible. La investigación muestra también que una mayoría importante estaría a favor de una despenalización de la eutanasia. Una entrevista, publicada en un medio digital eslovaco, a un miembro de Sterbehilfe Deutschland, una de las asociaciones alemanas que prestan ayuda al suicidio, explica cómo trabajan estas entidades.

La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia acaba de publicar el informe bienal con los datos de los años 2022 y 2023. Constata que el número de eutanasias realizadas aumenta en un 12% cada año. El 70,3% de los pacientes tienen más de 70 años y solo se registró la eutanasia de un menor de edad. En la gran mayoría de los casos (80,8%), el médico consideró que la muerte del paciente era previsible en el corto plazo. Menos del 1% de las eutanasias afectaron a pacientes inconscientes que habían hecho una declaración previa. Las solicitudes de eutanasia basadas en trastornos mentales (en este grupo se incluyen trastornos psiquiátricos como los trastornos de la personalidad y trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer) siguen siendo marginales (2,5% del total de eutanasias). En este informe, la Comisión alerta de las condiciones extremadamente difíciles en las cuales realiza su trabajo, condiciones que no han cambiado desde la aprobación de la ley hace 23 años: en particular la escasa financiación, falta de apoyo administrativo y falta de herramientas informáticas.

Ya no se debatirá el proyecto de ley sobre el final de la vida en el parlamento en febrero como había prometido el anterior primer ministro. Su sucesor, François Bayrou, ha expresado su deseo de dividir el proyecto de ley sobre el final de la vida en dos textos, uno sobre los cuidados paliativos y otro sobre la muerte asistida, aduciendo que ésta «es una cuestión de conciencia» mientras que los cuidados paliativos son «un deber de la sociedad hacia quienes pasan por esta prueba». Si la SFAP (Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos) se felicita de esta decisión, las asociaciones de muerte digna y muchos políticos tanto de la mayoría presidencial como de la oposición se indignan frente a un cambio que parece destinado en realidad a aparcar el tema de la ayuda a morir. Unas 200 personalidades políticas han firmado una carta abierta llamando a no «disociar los cuidados paliativos de la asistencia activa a la muerte». Bayrou es católico practicante y siempre se ha opuesto a la ayuda médica a morir. En una reciente entrevista radiofónica ha llegado a afirmar que en Bélgica se había practicado la eutanasia de «adolescentes incómodos consigo mismos», provocando una respuesta airada del ex primer ministro belga Elio di Rupo. En respuesta a este despropósito de Bayrou, un medio digital de Bretaña publica una larga y muy interesante entrevista a Jacqueline Herremans, presidenta de la ADMD-B y miembro de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia en Bélgica.

El Centro de Expertos de la Eutanasia y el 113, teléfono de prevención del suicidio, han publicado un estudio sobre las solicitudes de eutanasia de jóvenes basadas en trastornos psicológicos. Entre 2012 y 2021, un total de 353 jóvenes menores de 24 años se pusieron en contacto con el Centro de Expertos en Eutanasia debido a sufrimiento psicológico. Sólo 12 de ellos accedieron finalmente a la eutanasia. En el 44% de los casos, el centro rechazó la solicitud. En el 47% de los casos, la propia persona detuvo la solicitud, y 17 se suicidaron mientras se tramitaba su solicitud. Los 12 jóvenes que finalmente recibieron la eutanasia tenían diagnósticos múltiples. A menudo implicaba una combinación de depresión grave, trastorno del espectro autista, trastorno de la personalidad, trastorno alimentario o trauma. Casi todos ellos ya habían intentado suicidarse. No se sabe lo que pasó con los jóvenes que vieron su solicitud rechazada. Las dos organizaciones han puesto en marcha otra investigación para intentar responder a esta pregunta.

El tribunal de La Haya ha condenado a un militante de la Cooperativa de la Última Voluntad de 80 años a una pena de 12 meses de prisión suspendida y a la pena máxima de 240 horas de servicio comunitario. Basándose en un intercambio de whatsapps entre una mujer de 32 años y este miembro del colectivo, la fiscalía ha armado una acusación de incitación al suicidio. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos y se acusa al militante de haber favorecido su tendencia suicida, impidiendo el acceso a cualquier alternativa. Es la primera vez que se condena por el motivo de incitación al suicidio en Países Bajos. Las anteriores condenas a miembros de la Cooperativa fueron por suministro de nitrito.

La Cámara de los Comunes admitió a trámite en noviembre el proyecto de ley sobre suicidio asistido con 330 votos a favor y 275 en contra. A partir de este momento, un comité compuesto de 23 miembros estudió el texto, escuchó a expertos tanto ingleses como extranjeros y debatió posibles enmiendas. El proyecto de ley británico tiene la peculiaridad de exigir la autorización final de un juez del Tribunal Supremo una vez que dos médicos hayan validado la solicitud del paciente, mayor de edad, con enfermedad incurable y un pronóstico de seis meses. Un exjuez del Supremo argumentó en contra de esta salvaguardia que no existe en ninguna parte en el mundo y que califica de «sobreingeniería de disposiciones procesales». Entre las enmiendas propuestas, a la cual se opone firmemente la Asociación Médica Británica, figuraba la prohibición para los médicos de hablar a sus pacientes de la posibilidad de acceder a la muerte asistida, prohibición que existe y plantea muchos problemas en el estado australiano de Victoria. Se prevé la votación final en sesión plenaria de la Cámara de los Comunes en mayo. En caso de conseguir una votación favorable, el texto se mandará a la Cámara de los Lores.

La primera utilización de la cápsula Sarco ha relanzado el debate sobre la regulación del suicidio asistido en Suiza. La fiscalía reconoció que no existía sospecha de homicidio, pero sí una «fuerte sospecha de incitación y complicidad en el suicidio». Todavía no está claro si se presentarán cargos, pero muchos defienden que no existe una base jurídica suficiente. Las asociaciones que ofrecen la ayuda al suicidio rechazan una regulación estricta que «restringiría el suicidio asistido en comparación con la actualidad. (…) Los detalles se regularían innecesariamente”.

El proyecto de ley de eutanasia está bloqueado desde octubre 2022 en la Comisión de Salud del Senado, a pesar de que el gobierno se haya comprometido a una tramitación urgente… ¡34 veces! A finales de enero, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia ha declarado que esta vez sí, en la sesión legislativa de 2025 este proyecto de ley sería una prioridad. Se acaba de publicar un estudio de opinión que muestra ‘un amplio apoyo ciudadano en torno a temas de derechos individuales y decisiones personales’: un 83% de la ciudadanía se declara de acuerdo o muy de acuerdo con la eutanasia.

El 1 de marzo el Frente Amplio regresará al gobierno de Uruguay, después de cinco años de gobierno de la derecha. La coalición de izquierda necesitará negociar con otras fuerzas, ya que solo tiene mayoría absoluta en la cámara alta, para hacer avanzar sus propuestas legislativas, entre las cuales figura la Ley de Eutanasia, bloqueada durante la anterior legislatura.

Desde el 30 de octubre, las personas diagnosticadas de una enfermedad grave e incurable que produzca incapacidad, como el Alzheimer, pueden presentar una solicitud anticipada de asistencia médica para morir. Esta ampliación de las posibilidades de acceso a la asistencia médica para morir es única en Canadá. Acompañado por un médico, el paciente debe enumerar en un formulario las manifestaciones clínicas ligadas a su enfermedad que deberán ser consideradas una vez que no pueda consentir. A mediados de enero, se habían presentado 119 solicitudes, una cifra modesta comparada con la explosión que algunos vaticinaban. Algunos médicos señalan las limitaciones de esta ampliación de derecho, ya que “incluso si se acepta una solicitud anticipada, al final serán los profesionales de la salud los que tendrán que validar si la persona experimenta efectivamente un sufrimiento físico y psicológico constante e intolerable que no se puede aliviar” según los términos de la ley de eutanasia.

En noviembre de 2024, el Gobierno de Alberta anunció que estaba considerando cambiar el programa de asistencia médica para morir. Un aspecto central de las posibles reformas sería permitir que las familias impugnen las decisiones sobre el final de la vida y accedan a registros médicos privados. Este anuncio se aparta de las pautas actuales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta, que prioriza la autonomía del paciente. Los críticos advierten que estos cambios podrían conducir a violaciones de la privacidad y a poner en peligro derechos reconocidos legalmente.

La Ley de Elección al Final de la Vida entró en vigor en 2021. El texto de la ley no es muy claro en la relativo a la objeción de conciencia institucional. En cuanto se aprobó la ley, en 2020, Hospice New Zealand, la organización nacional que representa los hospicios, la impugnó ante el Tribunal Supremo que dictaminó que los hospicios podían oponerse a realizar eutanasias en sus instalaciones, como sucede mayoritariamente en la actualidad. Esta situación obliga a derivar a los pacientes, provocando situaciones complicadas y dolorosas. El Ministerio de Sanidad, en el informe de revisión estatutario publicado a los tres años de vigencia de la ley, recomienda cambiar esta situación, aunque esta recomendación tendrá que plasmarse en una ley para que sea efectiva.

Los japoneses evitan las conversaciones sobre la muerte, a menudo prefieren omakase (dejar que otros decidan) y eligen no participar en las decisiones sobre su propia muerte. Una investigación muestra que los médicos japoneses y la ciudadanía expresan una postura más negativa hacia la eutanasia y el suicidio asistido que sus homólogos de los países occidentales. Esta disparidad puede atribuirse a la influencia de la visión budista de la vida y la muerte y la centralidad familiar en la cultura japonesa, que condiciona las actitudes de las personas hacia la muerte asistida. Sin embargo, el estudio hace aparecer una diferencia notable entre la opinión de los médicos, que muestran una oposición casi total a estas prestaciones, y un 34% de la ciudadanía que las apoyaría.