A principios de septiembre la DGHS (Sociedad Alemana por una Muerte Humana) ha lanzado la petición “¡SÍ a la autodeterminación al final de la vida! NO a un nuevo art. 217”, refiriéndose al artículo del código penal que prohibía la ayuda profesional al suicidio y que fue derogado por el Tribunal Constitucional en 2020 en una sentencia que abría la puerta a la regulación de la ayuda al suicidio.
En la actualidad, el Bündestag debate tres proyectos de ley. Uno de ellos es tan restrictivo que casi devolvería a la situación anterior a la sentencia. La asociación, que defiende que el marco regulatorio definido por en la sentencia es suficiente, reclama una modificación de la ley de estupefacientes que, hoy por hoy, dificulta el acceso a productos letales.
El 22 de septiembre el Comité Nacional de Ética ha presentado el informe «Suicidio: Responsabilidad, Prevención y Autodeterminación», en el que hace hincapié en que la libertad de decisión en cuanto a la disposición de la propia vida debe ser respetada. Al mismo tiempo, recalca la necesidad de desarrollar mayores esfuerzos en el campo de la prevención del suicidio violento (9.000 suicidios violentos al año en Alemania).
Debido a discrepancias entre sus miembros, el Comité no se pronuncia sobre el acceso de los menores a la ayuda al suicidio o la validez de una solicitud anticipada en caso de pérdida de capacidad, pero no excluye el acceso a la ayuda al suicidio en caso de enfermedad mental. El Comité elude evaluar los tres proyectos actualmente a debate en el Bündestag.
A mediados de septiembre, un informe del Comité Consultivo Nacional de Ética consideró posible avanzar hacia una “ayuda activa a morir” en “condiciones estrictas”: para pacientes adultos aquejados de una enfermedad grave e incurable que curse con sufrimientos físicos o síquicos imposibles de aliviar, y con un pronóstico fatal a medio plazo.
A partir de ahí se han ido precisando las modalidades del debate social sobre el final de la vida que quiere impulsar el gobierno. Una convención ciudadana, que reunirá a unas 150 personas elegidas por sorteo por el Consejo Económico, Social y Ambiental, empezará a trabajar el 9 de diciembre. Deberá dilucidar si “el marco de acompañamiento del final de la vida actualmente vigente está adaptado a las diferentes situaciones individuales o si se deberían introducir cambios”. Se prevé que entregue sus conclusiones a mediados de marzo. Paralelamente se organizarán debates ciudadanos en los territorios, y el gobierno entablará “un trabajo concertado” con los parlamentarios de todos los partidos. Se realizará también una consulta de los equipos de cuidados paliativos.
El conjunto de estas consultas permitirá “eventualmente” (en términos del gobierno) avanzar hacia un cambio legislativo a finales del año 2023. No se excluye la organización de un referéndum sobre la cuestión.
Estas iniciativas despiertan a la vez esperanza y escepticismo tanto entre las fuerzas políticas favorables a un cambio legislativo como entre las asociaciones de muerte digna, y se teme que un “otoño caliente” ahogue este gran debate.
“Recibimos cada vez más preguntas de nuestros miembros al respecto y nos gustaría brindar más claridad sobre este método”, declara la directora de la asociación. “Este método se utiliza en aproximadamente el 0,5 por ciento de los fallecimientos, lo que representa unas 750 personas al año’, explica Eva Bolt, médica autora del folleto.
Existía una guía para profesionales sanitarios elaborada por el colegio de médicos KNMG, pero ningún documento dirigido al público. La guía explica, entre otros temas, lo que le sucede al cuerpo, cuánto tiempo lleva el procedimiento, para quién este método es adecuado y la cómo organizar por adelantado de un plan de cuidados.
Investigadores de la Universidad Humanística y el Centro Nacional de Psicotrauma neerlandeses han realizado un estudio, dirigido por el profesor Geerd Smid, relativo a la vivencia del duelo en parejas de pacientes psiquiátricos fallecidos por suicidio violento o por eutanasia.
Cuando la causa del fallecimiento es la eutanasia, la vivencia del duelo es considerablemente menos traumática “porque pudieron despedirse bien, sabían que su pareja no había sufrido y estaban acompañados por profesionales. Cuando falta todo esto, cuando un compañero sufre una muerte violenta y no anunciada, surgen la mayoría de los problemas. Se sabe que los familiares corren un alto riesgo de duelo a largo plazo, estrés postraumático, depresión e incluso suicidio”.
Se estima que el número de solicitudes de eutanasia recibido por los psiquiatras es al menos diez veces mayor que el número de solicitudes concedidas, y crece cada año. “Casi todos los psiquiatras tienen que lidiar con eso y sienten que la presión aumenta”.
Las cifras muestran que el 16% de los pacientes cuya solicitud de eutanasia ha sido rechazada se acaban suicidando de manera violenta. Todavía hoy la mayoría de los psiquiatras se muestra muy reticente a dar una respuesta positiva a una solicitud de eutanasia.
La diputada socialista Isabel Moreira que preside los trabajos de la comisión parlamentaria encargada de redactar un texto de consenso a partir de los cuatro proyectos de ley de eutanasia registrados ha confirmado el acuerdo relativo a la obligatoriedad de la intervención de un psicólogo en todo el proceso de tramitación de la eutanasia, así como la presencia de estos profesionales en la Comisión de Verificación y Evaluación de los Procedimientos Clínicos para la Muerte Asistida.
Responde así positivamente a la solicitud del Colegio de Psicólogos Católicos, que considera fundamental la participación de estos profesionales para “valorar la capacidad del paciente para tomar la decisión de solicitar la ayuda para morir” fundamentada en “un sufrimiento físico, psicológico y espiritual”.
La composición del TC podría ser decisiva en el juicio de constitucionalidad de la ley de muerte asistida que el Parlamento debe aprobar próximamente. Dos de los trece magistrados del TC permanecen en el cargo a pesar de que su mandato ha terminado, y el mandato de un tercero terminará en marzo. Según algunas fuentes, el proceso de sustitución de estos jueces podría alargarse hasta marzo, cuando se celebraría una elección conjunta de los tres nuevos jueces, de la que también deberá salir el nuevo presidente.
Se rumorea que este retraso en los nombramientos está encaminado a hacer descarrilar una vez más la ley de eutanasia.
“No estaba enfermo. Simplemente agotado. Había decidido acabar con su vida. Era su decisión y consideraba importante que se supiese”, declararon varios allegados de Jean-Luc Godard a la prensa.
Pero unos días después, el copresidente de EXIT, asociación a la cual recurrió el cineasta, puntualizó que “el Sr. Godard, para poder recibir la ayuda de EXIT, ha tenido que mandarnos un informe médico que ha sido evaluado por uno de nuestros médicos asesores. Padecía polipatologías invalidantes debidas a su avanzada edad (91 años). Un suicidio asistido por cansancio vital, esto no existe en ningún país del mundo. No existe ninguna ley que permita la ayuda al suicidio sin un motivo médico”. Y unos días más tarde, el asesor jurídico de la familia indicó que el cineasta padecía “múltiples patologías incapacitantes”.
¿Deseo de proteger a la asociación ahora que la Academia de Ciencias Médicas y la Federación Medica Suiza han endurecido los requisitos de acceso al suicidio asistido?
Daniel Ostropolsky, el reconocido jurista que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica, murió el 12 de septiembre a los 73 años. Fue uno de los principales impulsores de una ley sobre la eutanasia en Argentina. Su muerte volvió a poner en agenda el debate.
Hay, actualmente, seis proyectos de ley que buscan dar un marco normativo a la eutanasia y legalizar su práctica. Cuatro están en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Los seis proyectos son similares y desde el radicalismo –impulsor con Daniel Ostropolsky de la “Ley de la Buena Muerte” actualmente en la Comisión de Salud del Congreso– buscan que se unifiquen en un único texto que lleve su nombre.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Uruguay ha aprobado un proyecto de ley de eutanasia que combina el texto original presentado por el diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, y la propuesta del opositor Frente Amplio. El artículo 2 del proyecto de ley define las condiciones para acceder a la eutanasia:
“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos insoportables, tiene derecho a que se le practique la eutanasia a petición suya y mediante el procedimiento establecido en la presente ley, para que su muerte se produzca de forma indolora, pacífica y respetuosa a su dignidad”.
El debate en sesión plenaria del Congreso se celebrará probablemente en el mes de octubre.
Este artículo ofrece datos frente a la intensa campaña en redes que difunde los bulos según los cuales, a través de la laxitud de su legislación sobre la muerte asistida, Canadá buscaría “acabar con sus pobres”.
La eutanasia no es “la sexta causa de muerte” ya que “la asistencia médica para morir se reconoce como la forma de morir y no como la causa de la muerte. (…) La enfermedad, dolencia o discapacidad que motivó la solicitud de se reconoce como la causa subyacente de la muerte y se tabula con fines estadísticos».
Los últimos datos de Statistics Canada muestran que, en 2020, la principal causa de muerte fueron las neoplasias malignas (tumores cancerosos) con 80.973 muertes. La sexta causa principal de muerte fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 11.722 muertes.
Según el tercer informe anual, la gran mayoría de los canadienses que reciben ayuda médica para morir tienen condiciones de salud subyacentes graves. En 2021, el cáncer fue la afección médica subyacente citada con más frecuencia (65,6 %), seguida de las afecciones cardiovasculares (18,7%), las afecciones respiratorias crónicas (12,4%) y las afecciones neurológicas (12,4 %). Solo 219 personas –el 2,2 por ciento de todos los casos– eran personas cuyas muertes naturales no eran razonablemente previsibles, según el informe.
Una modificación de la Ley de Opciones al Final de la Vida del estado de California aprobada por el senado el año pasado exigía que un médico que se opusiera al suicidio asistido documentara una solicitud y que esa solicitud se considerara la primera de las dos solicitudes requeridas en el protocolo. La Asociación de Médicos y Dentistas Cristianos (CMDA), basándose en la Primera Enmienda que garantiza la libertad de religión y de conciencia, presentó una demanda. Representada por abogados de ADF (Alliance Defending Freedom), acaba de conseguir una suspensión cautelar de la modificación de la ley en el Tribunal Federal de California.
(Recordemos que ADF es una asociación presente y activa en Europa: realiza acciones de lobbying en Bruselas y apoya la demanda contra la Ley de Eutanasia belga en el llamado “caso Mortier” que examinará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a principios de octubre).
A pesar de los obstáculos –en parte debidos al hecho de que la eutanasia figura todavía como delito en el Código Penal de la Commonwealth–, el número de fallecimientos por eutanasia en el Estado de Victoria, el primero del país en regularla, ha aumentado en un 22% el último año: entre junio 2021 y junio 2022 se realizaron 410 eutanasias.
Por otra parte, un proyecto de Ley de Restauración de los Derechos Territoriales que otorgaría a los territorios (Territorios del Norte y capital) los mismos derechos que a los Estados para aprobar sus propias leyes, incluidas las leyes de muerte voluntaria asistida ha sido aprobado en la cámara baja en agosto. Está ahora en el Senado y está recogiendo cada vez más apoyos. Podría ser aprobado antes de finales de año.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Hong-Kong acaba de pronunciar una sentencia de libertad condicional por un año –la pena mínima posible– contra un hombre que ayudó a morir a su mujer, que padecía un cáncer avanzado.
El juez no dudó de que lo que calificó de tragedia tenía por móvil el amor y la voluntad de poner término a los terribles sufrimientos de la mujer.
A finales de agosto se celebró en Ginebra una reunión de instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos y de ONG, con el objetivo de revisar los vacíos y las lagunas en la legislación de derechos humanos relativas a las personas mayores.
Alliance VITA, una ONG católica acreditada por la ONU con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social, defendió la necesidad de desarrollar políticas de solidaridad intergeneracional y pidió una mayor protección de los derechos humanos de las personas mayores “frente a intentos de legislar la eutanasia y el suicidio asistido”.
Las conclusiones de esta reunión, en forma de recomendaciones, serán presentadas durante la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebrará del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2022.
Dos investigaciones ayudan a conocer cómo funciona el «acompañamiento al suicidio asistido» en Suiza.
- Anouck JOLICORPS – L’assistance au suicide en Suisse: de la légitimation à la pratique. Ethnographie de l’association EXIT ADMD
Este trabajo de licenciatura en Etnologia, presentado en 2007, permite acercarse al trabajo de la asociación EXIT-ADMD
Ofrece una doble visión: un análisis del camino hasta la legitimación de EXIT y el funcionamiento de la asociación, visto desde dentro.
Legitimación en el sentido de que EXIT pasó de ser percibida como “una oscura secta” en su primera época, en que defendía la autodeterminación al final de la vida (sin condicionantes médicos), a ser la asociación que conocemos hoy, a partir de que un médico –Jérôme Zobel– cogiese la presidencia e impusiese criterios médicos para los acompañamientos.
La segunda parte de la memoria dedicada al funcionamiento de la asociación da cuenta de manera muy concreta tanto de la organización de la secretaría, de los contactos con las personas socias o no, de la atención personalizada y de los acompañamientos. - VV. AA – «La mort appréciée» (2020)
Este libro ofrece una inmersión en la realidad del suicidio asistido. Se basa en un estudio etnográfico que presenta los puntos de vista de las personas que recurren a dicha asistencia, así como los de las personas susceptibles de participar en dicho proceso: personas que solicitan el suicidio asistido y sus familiares, acompañantes de las asociaciones de suicidio asistido, médicos, psiquiatras, personal de enfermería, farmacéuticos, policías, forenses, fiscales o directores de funerarias.
Ofrece un relato detallado e impactante de todo el proceso de suicidio asistido y documenta de forma inédita -basándose en observaciones directas- la ejecución real de un suicidio asistido y todo el procedimiento médico-legal que le sigue. Documenta una serie de casos, algunos de los cuales fueron seguidos durante hasta dos años, en un intento de comprender cómo surgió en una persona la idea de querer dar muerte de esa forma, hasta su puesta en práctica. El libro ofrece una comprensión lo más completa posible del sistema suizo de suicidio asistido.
