El número de personas que han optado por el suicidio asistido en Alemania no ha cesado de crecer desde que, en 2020, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida y el derecho a recibir ayuda para morir: en 2020 fueron 109 suicidios asistidos, y la cifra aumentó hasta 977 en 2024. Este último dato representa el 0,097 % del total de los fallecimientos. Tres asociaciones ofrecen la asistencia al suicidio a sus miembros: DGHS, Dignitas Deutschland y Verein Sterbehilfe. En una entrevista publicada en 2022, Robert Rossbruch, abogado y presidente de la DGHS explicaba los criterios seguidos por su asociación para responder a una solicitud de ayuda al suicidio. Estas asociaciones pueden funcionar al amparo de la sentencia del alto tribunal, ya que, a fecha de hoy, el parlamento no ha regulado la ayuda a morir. Frente a los que opinan que la prestación de asistencia al suicidio funciona en una zona gris, eminentes juristas opinan que no es necesaria una regulación.

Parece definitivo: tal como deseaba el primer ministro François Bayrou —opuesto a la ayuda a morir—, el proyecto de ‘Ley sobre el Final de la Vida’ se divide en dos, uno relativo a los cuidados paliativos y el otro a la ‘ayuda activa a morir’. No serán proyectos de ley presentados por el gobierno sino cada uno por un diputado, y se votarán el mismo día. Esta decisión encuentra críticas incluso en el ámbito gubernamental ya que la ministra de Sanidad y la presidenta del Parlamento han expresado su desacuerdo con una decisión que dificultará probablemente la aprobación del proyecto de ley de ‘ayuda activa a morir’. Para aumentar la confusión, la ministra de Trabajo está reclamando la organización de un referéndum. Los debates en el Parlamento empezarán el 12 de mayo y durarán dos semanas.

Este mes ha salido en salas en Francia la película de Costa Gavras El último suspiro, adaptación del libro homónimo escrito por Régis Debray sobre su experiencia en el servicio de cuidados paliativos del doctor Grange, en la ciudad de Houdan, a 60 kilómetros de París. El subtítulo del libro es “acompañar el final de la vida” y la contraportada de la edición francesa de bolsillo hace hincapié en una frase del doctor Grange: “demos a la gente la posibilidad de vivir su muerte sin dolor, y mejorar así las condiciones del morir, pero ¡sin dar la muerte!” (las cursivas y los signos de exclamación son del original). El libro aboga por “vivir bien el tiempo que queda y no morir antes de la hora”. Ironías de la vida, el periódico Le Monde dedicó recientemente un amplio artículo al servicio de paliativos de Houdan titulado ‘Houdan, símbolo de las dificultades de las unidades de paliativos‘. En efecto esta unidad cerró en febrero 2024 y, a día de hoy sigue cerrada, en gran parte debido a la falta de médicos (el gran problema francés es el de los llamados ‘desiertos medicales’, zonas enteras del país poco atractivas y donde los médicos, que ejercen en sistema liberal, no instalan sus consultas).

Se acaban de publicar los datos del Observatorio del Suicidio: en Francia se producen 9.000 suicidios al año, un tercio de los cuales concierne personas mayores de 65 años. La cifra global está disminuyendo, con excepción de esta última categoría donde aumenta, en particular, entre los hombres. En esta franja de edad se sitúan los suicidios de parejas de personas ancianas. Un caso reciente que ha acabado en los tribunales dando pie a un juicio escalofriante, sirve de introducción a un interesante podcast (en francés), en el cual se evocan varios casos de suicidios de parejas mayores ocurridos y mediatizados en los últimos años, en particular el caso conocido como el de ‘los amantes del Lutetia’. Rompe el tabú sobre este tema.

El Tribunal Constitucional legalizó en 2019 el suicidio asistido para los pacientes dependientes de tratamientos de soporte vital e instó al Parlamento a legislar. Frente a la inercia parlamentaria, la asociación Luca Coccioni está luchando para hacer adoptar en las regiones italiana el proyecto de ley Liberi Subito, con el fin de dar garantías de plazos y de procedimientos a los enfermos que cumplen con el requisito. La Toscana es la primera región italiana en adoptar esta ley, que fue aprobada por mayoría de 27 votos a favor y 13 en contra. Un panel médico tendrá que examinar las solicitudes de suicidio asistido en un plazo de 30 días. En caso de respuesta positiva a la solicitud, el servicio regional de salud deberá proporcionar la medicación y el personal sanitario necesarios en un plazo de diez días. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional en 2019, se han podido realizar legalmente seis suicidios asistidos en Italia. El último ha sido en Lombardía, y era el primero en esta región. La resolución de la solicitud tardó nueve meses.

En febrero 2024, el ex primer ministro neerlandés Dries van Agt falleció con su esposa. Ambos tenían 93 años y estaban muy enfermos. Optaron por una eutanasia juntos, y su decisión, muy mediatizada, explica tal vez el aumento paulatino de esta modalidad, de 14 casos en 2017 a 54 en 2024, que, en todos casos, sigue siendo muy minoritaria. Todo permite pensar que esta cifra irá en aumento. El servicio de atención personalizada de la asociación NVVE lleva a cabo un promedio de siete a ocho asesoramientos sobre eutanasia en pareja por trimestre.

Para intentar disminuir los plazos muy largos de tramitación de eutanasias complejas, en el Centro de Expertos de la Eutanasia empezó a funcionar el año pasado la Red de Atención a la Eutanasia (Netwerk Euthanasiezorg, en neerlandés). Los médicos que forman esta red son autónomos, y los contratan los médicos de familia que no quieren llevar a cabo la tramitación de la solicitud de eutanasia formulada por un paciente suyo. La Red tramitó una treintena de solicitudes en el segundo semestre 2024. El problema de este sistema reside en la retribución insuficiente de los médicos. Para solventar el problema se ha creado la Cooperativa de Atención a la Eutanasia (Coöperatie Euthanasiezorg en neerlandés) que reúne ya a nueve médicos. La idea es que la cooperativa cierre contratos con el mayor número posible de compañías de seguros sanitarios, lo que permitirá un mejor acceso a la eutanasia para los pacientes y una mejor remuneración de los médicos.

Martín tiene 65 años y quiere morir. Considera que su vida está terminada. Intentó quitarse la vida dos veces: una vez no lo hizo «bien», la segunda vez fue encontrado por casualidad a tiempo por alguien. “Desafortunadamente”, dice Martin. «Pero tampoco quiero hacerle esto a otras personas saltando delante de un tren o colgándome de un árbol». Quiere tomar sus decisiones libremente, sin la mediación de un médico, y elige dejar de comer y beber para morir. El documental (en neerlandés) sigue sus pasos hasta su fallecimiento.

La diputada laborista Kim Leadbeater que impulsa el proyecto de ley de muerte asistida, actualmente a debate en comisión en el parlamento de Westminster, lo presentó como el «más sólido y garantista del mundo»: permitiriá el acceso a la prestación para pacientes adultos, competentes y en la etapa final de una enfermedad incurable, con un pronóstico de menos de seis meses. Los debates se han focalizado sobre todo alrededor de la protección contra la coerción y la problemática de la medición de la capacidad del solicitante. El proyecto de ley original exigía, una vez la solicitud de muerte asistida fuese evaluada por dos médicos, la supervisión final del caso por un juez de Tribunal Supremo, lo que ha provocado críticas dada la sobrecarga de trabajo de los tribunales y serias dudas en cuanto a la capacidad de un juez del Supremo para evaluar la capacidad de una persona. Se ha propuesto entonces una enmienda consistiendo en sustituir este último paso por una verificación previa realizada por un panel de expertos compuesto por un jurista, un psiquiatra y un trabajador social, todo nombrado por una comisión dirigida por un juez. Esta última propuesta está suscitando una violenta oposición: muchos diputados la interpretan como un debilitamiento de las salvaguardias.

En agosto de 2024, la asociación Dying With Dignity Canada se sumó a la demanda presentada por dos pacientes psiquiátricos contra la prohibición de la ayuda médica a morir en caso de trastorno mental. Argumentan que privar a las personas con trastornos mentales del acceso a la ayuda médica a morir las obliga a elegir entre un suicidio violento o un sufrimiento sin fin, algo que viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, tal como están reconocidos por el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades. La impugnación también invoca el artículo 15, argumentando que proporcionar ayuda médica a morir a un grupo (los enfermos físicos) pero no a otro (los enfermos mentales) viola los derechos de las personas a ser tratadas por igual ante la ley. Un muy completo artículo presenta detalladamente el caso de los dos demandantes y la situación actual del debate sobre la ayuda médica a morir en caso de enfermedad mental en Canadá, que debería volverse legal en 2027.

En 2019, un paciente de 84 años fue operado de urgencia. Sabía que su estado era muy grave y rechazaba todo encarnizamiento terapéutico. La operación confirmó un pronóstico fatal. Respetando la voluntad del paciente y a pesar de las protestas del personal de enfermería, la anestesista cortó la respiración asistida, y administró al paciente un cóctel de medicamentos para reducir el sufrimiento. Según la fiscalía, la anestesista decidió unilateralmente acabar con la vida del paciente: la acusó de homicidio. El juez ha rechazado la totalidad de los argumentos de la acusación: «Las pruebas demuestran sin lugar a dudas que las acciones de la acusada sólo tenían como objetivo garantizar el bienestar del paciente y acompañarlo en su muerte, respetando plenamente su dignidad y la voluntad que había expresado claramente», puntualiza la sentencia.

Un informe de los servicios penitenciarios federales indica que, desde 2020, 41 reclusos que cumplen una condena federal (de dos años o más) han solicitado la asistencia médica para morir, aunque sólo 11 de ellos la han recibido. Esto significa que aproximadamente el 75% de las solicitudes no tuvieron éxito. En la población general, la tasa de solicitudes fallidas es de alrededor del 4%, según datos de Salud Canadá.

El gobierno de la provincia de Alberta ha realizado una encuesta online relativa a una posible introducción de salvaguardas adicionales en la práctica de la eutanasia: creación de una nueva unidad administrativa para supervisar todo el proceso; creación de un mecanismo que permita a las familias recurrir contra la decisión de morir de un paciente; endurecimiento de los requisitos de acceso a la prestación; redacción de un protocolo que permita compartir el acceso a la información médica relacionadas con la ayuda a morir. La encuesta recibió alrededor de 20.000 respuestas, la mayoría en desacuerdo con estas propuestas restrictivas.

En Quebec, la Comisión de Cuidados al Final de la Vida acaba de presentar el informe quinquenal relativo al funcionamiento de la ley. Cubre el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2023. Las ayudas médicas para morir en este período aumentaron del 1,9 % al 6,7 % del total de los fallecimientos, lo que muestra “una normalización progresiva de esta práctica en el proceso de cuidados al final de la vida.”, según el ministro responsable de las personas mayores. La ayuda médica para morir se realizó, de media, unos 25 días después de la presentación de la solicitud.

Desde el pasado 30 de octubre es posible solicitar la ayuda médica para morir a través de un documento de directrices anticipadas. Es la única provincia canadiense que lo permite. Algunos vaticinaron que se recibirían una avalancha de solicitudes, pero a finales de enero solo se habían recibido 247, aparentemente debido a un procedimiento administrativo confuso, y también a la falta de médicos para tramitar el documento.

En 2021 la cámara baja del Parlamento aprobó un proyecto de ley de asistencia médica para morir “para las personas de nacionalidad chilena, mayores de 18 años, a quien se les haya diagnosticado una enfermedad seria e incurable, caracterizada por una disminución avanzada e irreversible de las capacidades lo que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables. Se puede solicitar a través de un testamento vital acompañado del certificado de un siquiatra redactado en el momento de otorgar este documento”. El proyecto de ley está bloqueado desde entonces en el Senado. El gobierno está decidido a intentar que se apruebe y prepara unas ‘indicaciones’ inspiradas en la Ley de Eutanasia de España, que consisten en la creación de una comisión de control y evaluación que será el organismo encargado de autorizar la prestación. La cuestión es saber si la comisión del Senado permitirá finalmente la tramitación del texto.

“Simplemente, se acabó la fiesta. Me apagaron la música. Me retiro con dignidad”. Así se despidió Tatiana Andia, la socióloga colombiana de 45 años que contó en los periódicos el proceso de su enfermedad y su decisión de solicitar la eutanasia cuando la vida ya no fuese vida. “Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo mucho miedo a la mala vida, a la vida de sufrimiento”, explicaba. Según sus allegados “murió según sus términos”. Los medios colombianos también se hacen eco profusamente de la aprobación por la Entidad Pública de Salud de la eutanasia de una chica de 21 años tetrapléjica después de recibir un botellazo al salir de una discoteca en 2021. Había perdido la capacidad de expresarse y dependía de asistencia mecánica para respirar. El caso se viralizó en las redes sociales y generó un amplio debate social.

Aunque la Corte Constitucional haya despenalizado la eutanasia el año pasado, las instituciones sanitarias están remisas a realizar al prestación. Una mujer que padece cáncer de mama y metástasis ósea reclama ante la Justicia poder acceder a la eutanasia, al amparo de la sentencia pronunciada del alto tribunal. La audiencia para resolver la protección judicial solicitada fue suspendida, debido al incumplimiento, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del hospital que atiende a la paciente, de la obligación de entregar los informes médicos. “Voy a activar mis facultades correctivas y coercitivas”, declaró la jueza.

En Estados Unidos, la oposición a la ayuda a morir está bien financiada y es incansable en sus esfuerzos por hacer retroceder esta práctica, permitida en 11 estados, y que cuenta con el apoyo de una mayoría de la ciudadanía. Como parte de este esfuerzo, la Heritage Foundation, una potente institución conservadora de políticas públicas, ha elaborado una agenda de propuestas para la nueva administración: el Proyecto 2025 que incluye una oposición radical a la ayuda para morir. Se pueden leer frases como “Legalizar el suicidio médicamente asistido es un grave error que pone en peligro a los débiles y vulnerables, corrompe la práctica de la medicina y la relación médico-paciente, compromete las solidaridades familiares e intergeneracionales y traiciona la dignidad humana y la igualdad ante la ley”. La nueva administración de Donald Trump representa una seria amenaza para las asociaciones que defienden el derecho a una muerte digna, que temen tener que limitar sus actividades para evitar posibles juicios, o renunciar a estar presentes en ciertos estados, como Virginia Occidental que ha prohibido el suicidio médicamente asistido en su Constitución.

Se ha publicado el informe que analiza los cuatro primeros años de funcionamiento de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida del estado de Victoria. Apoyándose en las recomendaciones formuladas en este documento, ahora que se acercan las elecciones al Parlamento federal, la asociación Dying with Dignity hace campaña para que el partido laborista, probable ganador, incluya en su programa la supresión de las medidas de salvaguarda incluidas en la ley que representan en realidad serios obstáculos para los pacientes que solicitan la muerte asistida. En concreto piden eliminar la prohibición de las teleconsultas, eliminar la ‘cláusula mordaza’ que prohíbe a los médicos hablar de la muerte asistida a menos que lo solicite expresamente el paciente, favorecer que las personas que lo desean (la mayoría según las encuestas) puedan morir en casa y dedicar una mayor inversión en sanidad para permitir una mejor retribución de los sanitarios involucrados en procedimientos de muerte asistida.

La asistencia al suicidio está prohibida en Corea del Sur. Un hombre de unos 70 años, que mató a su esposa enferma terminal, ha sido recientemente sentenciado a siete años de prisión. El hombre declaró que quería aliviar el sufrimiento de su esposa. En promedio, 16 personas terminan sus vidas cada año debido a este tipo de muertes asistidas por cuidadores. En más de la mitad de estos casos, la ayuda para morir la brinda un miembro de la familia. Un informe publicado por el Instituto de Salud y Bienestar de Corea del Sur (KIHASA) recoge el resultado de una encuesta realizada entre 1.021 adultos: el 82% de los encuestados apoya la legalización de la ayuda médica a morir, y el 91,9% expresa su disposición a rechazar medidas de soporte vital al encontrarse en fase terminal de una enfermedad.

En 2023, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho a morir con dignidad como un derecho fundamental. La sentencia reconoce el derecho a formular un testamento vital y legaliza la retirada o renuncia a tratamientos. Solo se exige que un funcionario o notario y dos testigos garanticen que la persona es competente y que otorga su testamento vital libremente. Dos estados están implementando estos derechos: Kerala y Karnakata.