La ley que regulará en Francia la ayuda a morir y la Ley de Cuidados Paliativos se debatirán conjuntamente en el parlamento a partir del 27 de mayo. El debate en el sector sanitario y entre los políticos sigue siendo intenso. Frente a la oposición total de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos, un centenar de sanitarios han firmado un manifiesto a favor de la ayuda a morir, y el ministro del Interior por su parte se ha posicionado francamente en contra. Las enmiendas en comisión han introducido la posibilidad para el paciente de elegir entre suicidio asistido y eutanasia, eliminando la «excepción de eutanasia» planteada como posible en el proyecto inicial únicamente en caso de incapacidad física del paciente a autoadministrarse el producto. Este cambio ha provocado la furia de los que piensan que la intervención de un médico en el gesto último representa una «ruptura antropológica«.

El pasado 18 de abril, la Asociación Neerlandesa por la Muerte Voluntaria (NVVE) convocó en Amsterdam, junto con la Asociación Humanista, una jornada bajo el título de Gran Conversación sobre la Vida Completa, a través de numerosas intervenciones en los medios y colocando vallas publicitarias en varios puntos de la ciudad con textos como ‘Es suficiente’ y ‘¿Qué pasaría si sintieras tu vida completa?’. La Gran Conversación sobre la Vida Completa es una acción destinada a estimular el debate social y la reflexión sobre la posibilidad de ir más allá de la Ley de eutanasia de 2002. En una encuesta de opinión encargada por la asociación, el 72% de las personas interrogadas opinaba que se debería avanzar hacia la autodeterminación al final de la vida.

Los médicos se muestran reacios a responder a las solicitudes de eutanasia de personas diagnosticadas con demencia porque temen ser procesados ​​si no cumplen todos los «requisitos de atención debida» definidos en la Ley de Eutanasia de Países Bajos. El pequeño partido liberal, impulsor del proyecto de ley sobre vida cumplida registrado en el parlamento, prepara otro proyecto de ley para eliminar la eutanasia del derecho penal: los médicos serían juzgados únicamente según el código disciplinario profesional, como ocurre con otros errores médicos.

A petición del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y de la Defensora del Pueblo, el Tribunal Constitucional portugués ha realizado una revisión de la Ley de Eutanasia aprobada en 2023. El tribunal declara que la mayor parte del texto se ajusta al texto fundamental de la Constitución, con excepción de seis puntos, y devuelve la pelota al Parlamento para subsanarlos: «la muerte asistida, por principio, es un problema político, y corresponde al legislador, en ejercicio de su legitimidad democrática, arbitrar la tensión perenne entre valores constitucionales de sentido opuesto en este ámbito de la vida caracterizado por un disenso persistente y razonable entre los ciudadanos». En consecuencia, la viabilidad de esta ley depende ahora de la composición del Parlamento que se constituirá después de las elecciones legislativas del 18 de mayo y del gobierno resultante responsable de la reglamentación de la ley. Hasta ahora están teniendo éxito los procedimientos dilatorios contra la entrada en vigor de esta ley que ya anteriormente había sido devuelta tres veces al Parlamento, una vez por el presidente de la República y dos veces por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley de muerte asistida debatido en el parlamento de Westminster ha seguido su tramitación en comisión durante el mes de abril. Uno de los puntos en discusión era el plazo de implementación de la ley una vez aprobada: se consiguió reducir los cuatro años previstos inicialmente a tres. La votación en tercera lectura en plenaria, prevista inicialmente para el 25 de abril, se ha retrasado finalmente al 16 de mayo, después de las elecciones locales. En segunda lectura el pasado mes de noviembre, el proyecto de ley se aprobó con una mayoría de 55 votos. Mientras debaten los políticos, el número de británicos registrados en Dignitas ha crecido un 50% en los últimos cinco años. Según las cifras comunicadas por la asociación suiza, en 2024 tenía 2.231 miembros británicos, y 37 habían fallecido en sus instalaciones.

Un grupo de 22 pacientes, organizados a través de la asociación Rätten till en värdig död (Derecho a Morir Dignamente), preparan una demanda colectiva para que la Junta Nacional de Salud y Bienestar desarrolle protocolos de muerte asistida. Al mismo tiempo, se están preparando para llevar su causa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea: alegan que el suicidio asistido no es ilegal en Suecia; sin embargo, un médico que realice esta prestación puede perder su licencia, ya que se considera una violación de la Ley de Seguridad del Paciente y de las normas éticas de la Asociación Médica.

Una encuesta de opinión promovida por la asociación muestra que las cosas están cambiando, en particular en el ámbito sanitario: aproximadamente el 80% de las personas interrogadas están a favor de una regulación de la muerte asistida, un 64% entre los profesionales médicos y un 82% entre el personal de enfermería. Varios casos de pacientes en fase avanzada de enfermedades degenerativas publicados en los medios contribuyen a sensibilizar la opinión sobre la cuestión. El mayor obstáculo parece proceder del mundo político: sólo el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Verde se han declarado a favor de crear una comisión parlamentaria para explorar la posibilidad de regular la muerte asistida.

El proyecto de ley de eutanasia que se va a tramitar en el parlamento es similar al que frenó el Senado en la anterior legislatura. Los partidos favorables a la ley, mayoritarios en esta nueva legislatura, quieren acelerar los trámites, aprovechando las audiciones de expertos realizadas anteriormente. El objetivo de los diputados es tratar de aprobar el texto en el primer semestre del año o, al menos, antes de que ingrese el proyecto de ley de presupuesto a finales de agosto. La idea es que el Senado apruebe el proyecto de ley antes de fin de año. En esta legislatura, el equilibrio de fuerzas en las dos cámaras parece favorable para que se apruebe la Ley de Eutanasia.

En un informe del 21 de marzo, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Canadá a derogar su legislación sobre ayuda médica para morir para los llamados pacientes de «Vía 2» (Track 2 en inglés): aquellas personas cuya condición no es terminal y sin pronóstico vital limitado. Critican que permita ofrecer la ayuda médica a morir a las personas con discapacidad en lugar de brindarles el apoyo que necesitan para participar en la sociedad. El informe sugiere que el Estado les falla en atención médica, vivienda y servicios sociales, y que no están recibiendo el apoyo adecuado en materia de bienestar social y salud mental.

Anteriormente, este comité también había propuesto que el gobierno federal no regule el acceso a la ayuda médica para morir a través de directrices anticipadas, y renuncie a ampliar en 2027 la accesibilidad a la ayuda médica para morir para pacientes con enfermedad mental. En el mismo momento, una encuesta nacional realizada para DWDC (Morir Con Dignidad Canadá) confirma que un 85% de la ciudadanía apoya la legalización de la ayuda médica para morir en Canadá; un 84% apoya las solicitudes anticipadas de ayuda médica para morir para personas con un diagnóstico de enfermedad grave e irremediable, y el 72% apoya las solicitudes anticipadas sin un diagnóstico grave e irremediable.

La Asociación Médica Australiana declara en sus posicionamientos para 2025 que los médicos tienen el deber ético de brindar a sus pacientes una atención de calidad al final de la vida que busque aliviar el dolor y el sufrimiento, respalde los valores y preferencias de atención de cada persona y les permita alcanzar la mejor calidad de vida posible. Esta declaración sirve para apoyar tanto a los médicos y pacientes que deciden participar, como a quienes deciden no participar, en los servicios de Muerte Voluntaria Asistida, legales en todos los estados y territorios australianos con excepción del Territorio del Norte. La asociación pide también al próximo gobierno federal que modifique la legislación para que los médicos puedan brindar servicios de muerte asistida voluntaria en Australia a través de la telesalud.

La mayoría de los taiwaneses apoya la muerte asistida por un médico en casos de enfermedad terminal, dolor físico prolongado y deterioro cognitivo grave, según un estudio de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Nacional de Taiwán.

En Bélgica se ha publicado el informe de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia con los datos del año 2024, durante el que se registraron 3.991 eutanasias, lo que supone un aumento del 16,6% en comparación con 2023. Esta cifra representa el 3,6% del total de fallecimientos, frente al 3,1% en 2023. En el 76,6% de los casos se esperaba la muerte en un futuro cercano. Sin embargo, la eutanasia en pacientes cuyo fallecimiento no se esperaba a corto plazo sigue aumentando (932 casos en 2024, frente a 713 en 2023), principalmente en pacientes con pluripatología. La mayoría de los pacientes tenían más de 70 años (72,6%). Hubo una eutanasia de paciente menor de edad, lo que eleva el número total a seis desde que la ley se extendió a los menores en 2014. Las patologías involucradas son principalmente cánceres (54% de los casos), polipatologías (26,8%), enfermedades neurológicas graves (8,1%), enfermedades cardiovasculares (2,6%) y respiratorias (2,9%). La eutanasia por trastornos psiquiátricos y cognitivos sigue siendo poco frecuente (1,4% para cada categoría).

En enero, el primer ministro francés, François Bayrou, anunció que quería dividir en dos el proyecto de ley sobre ‘el apoyo a los enfermos y al final de la vida’. En consecuencia, el 6 de marzo se presentaron dos proyectos de ley en el parlamento: uno sobre los cuidados paliativos y otro sobre la muerte asistida. El examen de los dos textos tendrá lugar durante las semanas del 12 y 19 de mayo. Los dos textos se estudiarán sucesivamente, pero serán objeto de una discusión general conjunta. Al final de los debates, cada texto será objeto de una votación solemne organizada el mismo día, en principio el martes 27 de mayo. «He conseguido que haya una votación formal sobre los dos proyectos de ley el mismo día, a la misma hora”, explicó Olivier Falorni, el diputado que impulsa el proyecto de ley relativo a la ayuda a morir. Considera este procedimiento «una especie de arma antiobstrucción» destinada a disuadir a quienes pudieran verse tentados de prolongar de manera indefinida los debates sobre la muerte asistida. El texto tendrá que ser examinado después por el Senado, y volver a la Asamblea Nacional para la segunda lectura y la votación, lo que podría ser en febrero de 2026. Mientras tanto, cada vez más franceses se acogen a la eutanasia en Bélgica según los datos de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia de este país: en 2024, 106 pudieron acceder a la prestación, una cifra infraevaluada ya que la indicación del lugar de residencia no es obligatoria en los informes. Los franceses representan 9 de cada 10 casos de eutanasias de pacientes extranjeros registradas en Bélgica.

‘On ira’, primera película de la joven directora Enya Baroux, se estrenó en salas en Francia el 12 de marzo. Es un alegato a favor del derecho a elegir la propia muerte, una road movie que retrata cómo Marie, de 80 años, harta de su enfermedad, decide ir a Suiza para acabar con su vida. Pero cuando llega el momento de contárselo a Bruno, su hijo irresponsable, y a Anna, su nieta que está pasando por una crisis de adolescencia, entra en pánico e inventa una gran mentira: finge que tienen que cobrar una misteriosa herencia a un banco suizo y les propone hacer un viaje juntos. «Mi objetivo con esta película es establecer un vínculo entre las personas para quienes el tema es verdaderamente tabú y las personas que son muy militantes, politizadas en el tema», explica la directora. La película, que no es abiertamente militante, contribuye al debate según todas las críticas.

El juez de instrucción de Florencia rechazó la petición formulada por la Fiscalía de archivar la causa contra tres activistas de la Asociación Luca Coscioni que fueron investigados por ayudar a un hombre de 44 años con ELA a viajar a Suiza para morir. La jueza de instrucción ordenó la «acusación forzosa» de los tres activistas, entre ellos el tesorero de la asociación Marco Cappato. En 2009, el Tribunal Constitucional sentenció que el suicidio asistido está permitido en Italia en algunas circunstancias: presencia de una patología irreversible que curse con un sufrimiento físico o psicológico insoportable, y dependencia del paciente de tratamientos de soporte vital. El tribunal pedía también al Parlamento que aprobara una legislación que abordara las cuestiones relativas al final de la vida, algo que hasta ahora no se ha hecho.

Un tribunal de Trieste acaba de denegar a una paciente con esclerosis múltiple desde hace más de 20 años la posibilidad de acceder a la asistencia al suicidio. La demanda se amparaba en dos sentencias del Tribunal Constitucional: la de 2019 que autorizó la prestación en caso de patología irreversible, sufrimiento y dependencia de medidas de soporte vital, y una más reciente, de julio 2025, que precisa que el concepto de medidas de soporte vital debe incluir también la asistencia de un cuidador y, por tanto, no se limita a los apoyos mecánicos o farmacológicos. El tribunal apoya su denegación en un informe elaborado por el sistema de salud que reconoce el deterioro de la paciente y la necesidad de uso de un dispositivo para la tos, de asistencia a las funciones biológicas diarias y la ingesta de una terapia farmacológica sustancial, pero niega que constituyan “medidas de soporte vital”.

Según el informe publicado por las Comisiones de Control de la Eutanasia, las muertes por eutanasia aumentaron un 10% en 2024, pasaron de 9.068 en 2023 a 9.958 en 2024, lo que representa del 5,8% de los fallecimientos. «Las cifras aumentan ligeramente cada año», declaró la presidente de la NVVE (Asociación para la Muerte Voluntaria), «lo que demuestra que la opción de la eutanasia es cada vez más aceptada y utilizada. Al igual que en otros años, los comités de revisión concluyen que los Países Bajos tienen una práctica de eutanasia muy cuidadosa. Esto es algo de lo que enorgullecerse como país y no debe darse por sentado, como demuestran muchos países extranjeros». La gran mayoría de las personas (86 %) padecía una enfermedad física avanzada como el cáncer, mientras 219 personas padecían un trastorno psiquiátrico (fueron 138 en 2023). Hubo un menor de edad: un chico, de entre 16 y 18 años, que padecía una forma de autismo, ansiedad y sentimientos depresivos. Según la Comisión, estaba sufriendo desesperadamente y su solicitud de eutanasia fue evaluada cuidadosamente. En seis de los 9.958 casos de eutanasia, los médicos no actuaron con el suficiente cuidado, concluyeron los comités. Las seis sentencias serán enviadas a la Fiscalía para su examen.

Acceder a la eutanasia con un diagnóstico de alzheimer temprano puede ser difícil en Países Bajos, incluso con un testamento vital regularmente validado. En este caso, hasta la sedación terminal fue un desastre, dando lugar a un final de vida «deshumanizado» según la esposa del paciente.

Existe un gran debate en Países Bajos alrededor de la eutanasia de pacientes jóvenes con trastorno mental. En una entrada de su blog, Menno Oosterhoff, psiquiatra muy comprometido en este tema y colaborador del Expertisecentrum Euthanasie (Centro de Expertos de la Eutanasia), responde a otra psiquiatra contraria a aplicar la eutanasia en estos casos.

La Ley de Eutanasia se aprobó en 2023 en Portugal pero no está vigente debido a la falta de reglamentación. Una vez aprobada, un grupo de 56 diputados del PSD y la Defensora del Pueblo solicitaron su revisión constitucional. En declaraciones a la prensa, portavoces del alto tribunal confirmaron que ya habían deliberado y que se estaba redactando la sentencia. La redacción corre a cargo del vicepresidente del tribunal que, pese a haber apoyado el rechazo de versiones anteriores de la ley, siempre ha defendido que la Constitución no impide la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. 

La Isla de Man depende de la corona británica, tiene una población de 84.500 personas, está situada entre Inglaterra e Irlanda y puede establecer sus propias leyes. Su parlamento aprobó una ley de muerte asistida el 25 de marzo pasado. El texto concede a los adultos con enfermedades terminales la posibilidad de poner fin a su vida, siempre que les quede menos de 12 meses de vida y expresen una «intención clara y firme». El paciente también debe haber sido residente de la isla durante al menos cinco años y ser mayor de 18 años. Los médicos se podrán acoger a la objeción de conciencia. La ley está a la espera de la sanción real y podría entrar en vigor en 2027, después de su reglamentación. 

En noviembre de 2024 se admitió a trámite el proyecto de ley Terminally Ill Adults (End of Life) Bill con 330 votos a favor y 275 en contra en la Cámara de los Comunes. El texto está actualmente en fase de enmiendas en comisión. Debería volver a la Cámara de los Comunes el 25 de abril. Cuando haya superado los debates y las votaciones en las dos cámaras, se prevé un período de cuatro años antes de su implementación, con el fin de perfilar una implementación segura. Podrán acceder a la muerte asistida los adultos que viven en Inglaterra o Gales, que hayan sido registrados con un médico de cabecera durante al menos 12 meses, y padezcan una enfermedad grave con pronóstico de menos de seis meses.

El Real Colegio de Médicos Generalistas se opuso a la legalización de la muerte asistida durante 20 años, pero después de realizar una encuesta entre sus miembros, acaba de declararse neutral. «Este es un asunto personal, social y legislativo muy delicado, y debemos estar en condiciones de representar las opiniones de todos nuestros miembros y pacientes”, declaró la presidenta del Colegio.

Una encuesta reciente confirma que el apoyo público a la muerte asistida sigue siendo tan alto como siempre, con un 79% de los británicos a favor de permitir que los médicos ayuden a morir a personas con enfermedades terminales que cumplan los requisitos si lo solicitan. Por otra parte, el Nuffield Council on Bioethics acaba de publicar el informe Exploring public views on assisted dying in England (Explorando la opinión pública sobre la muerte asistida en Inglaterra): revela que la mayoría de la población inglesa cree que los familiares y amigos que ayudan a sus seres queridos a viajar al extranjero para recibir una muerte asistida no deberían ser investigados penalmente. Es un punto que no aborda el proyecto de ley de muerte asistida muy restrictivo debatido en Westminster y que lógicamente preocupa. El informe también revela un fuerte apoyo público a eliminar el requisito de pronóstico inferior a seis meses para acceder a la prestación.

Staffan Danielson, demócrata cristiano y exmiembro de la junta directiva de Rätten till en värdig död, -la DMD sueca-, estima que se está acercando el momento en que se podrá por fin abordar la cuestión de la muerte asistida en el parlamento. En un artículo, señala que existe un amplio apoyo a la eutanasia en la opinión pública y que este apoyo también está creciendo entre los profesionales médicos. Seis partidos políticos se han pronunciado a favor de que se abra una investigación parlamentaria sobre la cuestión. Solo se siguen oponiendo los socialdemócratas y los demócratas-cristianos. Los dos partidos tienen previsto tratar el tema en su próximo congreso, los socialdemócratas en mayo y los democristianos en noviembre. En la situación actual, la Inspección Médica (HASN) y el Colegio de Médicos se oponen a la ayuda médica a morir y un médico que ayude a un paciente a morir se arriesga a que le retiren la licencia médica, como le ocurrió a Staffan Bergström, expresidente de Rätten till en värdig död.

En Suiza, alrededor de 2.000 personas recurren al suicidio asistido cada año. Aproximadamente el 15% de ellos proceden del extranjero. Pegasos es la asociación de creación más reciente (2024) que acoge a pacientes extranjeros. Primero instalada cerca de Basilea, en Liestal, acaba de instalarse también en Nunningen, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, creando controversia entre los habitantes. El cantón considera que estas muertes tienen un coste para la administración que evalúa en 3.000 euros: esta cantidad cubre la movilización de la policía, del ministerio público y las autopsias, dado que se trata de muertes extraordinarias que deben ser investigadas. Un nuevo protocolo ha sido firmado entre la municipalidad de Nunningen y la asociación: para evitar el desplazamiento policial: la asociación documenta cada fallecimiento en un vídeo que manda directamente a la fiscalía; entrega el cuerpo al instituto forense de Basilea y asume el coste de la autopsia.

El premio Nobel israelí-estadounidense Daniel Kahneman, que murió el año pasado a los 90 años, puso fin a su vida mediante suicidio asistido en Suiza. En cartas de despedida enviadas a sus amigos más cercanos, escribió que su decisión estuvo motivada por una creencia arraigada de que el sufrimiento asociado con vivir hasta una edad avanzada era innecesario: “Desde la adolescencia he creído que las miserias e indignidades de los últimos años de la vida son superfluas, y actúo en base a esa creencia”.

El proyecto de Ley de Eutanasia no superó el segundo debate en el parlamento colombiano. Recogió 90 votos a favor, pero se requerían 94. Juan Carlos Losada, autor y ponente del proyecto, señaló que “desgraciadamente, el total de los votos fue 130 de los 188, es decir, faltaron 50 congresistas y en ese ausentismo es donde deberían estar los cuatro votos que nos faltaban, así que da mucha rabia y mucho dolor tener que contarles a los pacientes, como también a sus familias, las personas de pensamiento liberal que creen que el derecho a la muerte digna debe ser respetado y reglamentado en Colombia, que una vez más el Congreso de la República los defrauda”. Ya son más de 15 iniciativas parlamentarias sobre este tema que se han archivado desde 1997, cuando el Tribunal Constitucional despenalizó la eutanasia.

Una paciente oncológica con cáncer de mama en fase avanzada presentó una solicitud de eutanasia el 3 de septiembre pasado en Guayaquil. Frente a la falta de respuesta del sistema de salud local, presentó una demanda judicial. A mediados de febrero, el tribunal comprobó que ni siquiera estaba constituido el comité interdisciplinario que debía evaluar la solicitud. La jueza pidió entonces la intervención de un comité del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que emitió una resolución positiva el 14 de marzo, en la cual se concretaron los protocolos necesarios para la ejecución de la eutanasia. Se trata de la segunda eutanasia aprobada en Ecuador después de la sentencia de «despenalización condicional» dictada por el Tribunal Constitucional en febrero 2024.

“Yo no deseo terminar mis días postrada en una cama, quisiera denunciar al Estado en favor del acceso de una muerte digna para mí”. Janet Bustamante luchó hasta el final por el derecho a la eutanasia. Contactó con Josefina Miró Quesada, la abogada que apoyó las solicitudes de eutanasia de Ana Estrada y María Benito. Pero el cáncer la consumió antes de poder llevar su caso a los tribunales. En Perú, casos como los de Ana Estrada y María Benito siguen siendo excepciones.

Con la nueva mayoría política progresista, se ha vuelto a registrar un proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento de Uruguay, apoyado por los diputados del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Según este proyecto de ley, podrían acceder a la eutanasia las personas mayores de edad psíquicamente aptas, que padecen una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”.

Una encuesta reciente muestra que la mayoría de la gente en Estados Unidos no sabe que la ayuda médica para morir es legal en ciertos estados: el 51,3% de los encuestados desconocía que fuese legal en algún punto del país, y el 50,8% dudaba de su legalidad en su propio Estado. La falta de conocimiento de los encuestados fue particularmente sorprendente en los estados donde la ayuda para morir es legal. Por ejemplo, en Nueva Jersey, donde solo lo sabía el 11% de los interrogados. Los investigadores resaltaron la necesidad de un plan de educación pública sobre el tema, de iniciativas políticas y de conversaciones abiertas entre pacientes y médicos para garantizar un acceso equitativo a opciones de final de vida centradas en el paciente y una toma de decisiones informada.

Los miembros de la Cámara de Representantes de Ohio han iniciado deliberaciones sobre un proyecto de ley que, de aprobarse, detendría el uso directo o indirecto de fondos estatales para causar muerte humana; esto abarca la abolición de la pena de muerte, poner fin al suicidio asistido financiado por el Estado y reforzar la prohibición de la financiación estatal de los abortos, según información de un comunicado de prensa publicado por la Cámara de Representantes de Ohio.

El 25 de marzo, la Cámara de Representantes de Delaware aprobó una legislación sobre suicidio asistido por un médico para pacientes con un pronóstico de menos de seis meses. Esta ley es similar a la que fue vetada el año pasado por el gobernador del Estado. Los legisladores votaron 21 a 17 a favor del proyecto de ley, con tres ausencias. El proyecto de ley ahora se dirige al Comité Ejecutivo del Senado: de ser aprobado, se mandará al gobernador para su firma. El actual gobernador se declaró favorable a la muerte asistida durante la campaña electoral.