El primer ministro francés, Michel Barnier, parece favorable a reanudar los debates sobre la legalización de la ayuda a morir, a partir del texto registrado por el diputado centrista Olivier Falorni el pasado mes de julio que recoge las enmiendas adoptadas en el debate parlamentario truncado de la anterior legislatura.

Mientras tanto, en ausencia de una ley, siguen ocurriendo auténticos dramas. Bernard Pallot, de 78 años, fue juzgado por asesinato con premeditación y absuelto por el jurado, contradiciendo a la fiscalía que pedía ocho años de cárcel (sin cumplimiento debido a la edad del acusado). Pallot había ayudado a morir por estrangulación a su mujer postrada en la cama desde hace tiempo; padecía múltiples patologías y un sufrimiento intolerable y suplicaba morir. El tribunal ponderó la gravedad del acto con la situación desesperada en la cual se encontraba la mujer y la solidez de su solicitud de morir que varios testimonios apoyaban. «Este proceso demuestra la insuficiencia de la ley que nos pone a nosotros, a los individuos, en situaciones difíciles”, declaró Pallot al salir del tribunal. La fiscalía ha recurrido.

La cámara baja del parlamento irlandés ha aprobado, con 76 votos a favor y 53 en contra, un informe favorable a una regulación de la muerte asistida elaborado por una comisión encargada de estudiar la cuestión. Esta votación indica que una mayoría de los parlamentarios están a favor de avanzar hacia una ley de muerte asistida.

El partido NSC (Nuevo Contrato Social, escisión de la Democracia Cristiana y miembro de la coalición gubernamental) ha presentado una iniciativa para incluir en la agenda parlamentaria el aumento, a su juicio inquietante, del acceso de los pacientes jóvenes a la eutanasia, en particular por sufrimiento psicológico. En 2022, el Centro de Expertos de la Eutanasia (CEE) recibió 206 solicitudes de menores de 30 años, y en 2023, 322. En 2022 se realizaron 11 eutanasias de menores de 30 años, y 22 en 2023. El partido pide a los medios un tratamiento similar al tema del suicidio para evitar un posible ‘efecto contagio’ y también una mayor investigación sobre el tema para encontrar alternativas a la eutanasia en estos casos, lo que inquieta al partido liberal D66 que teme un primer paso hacia una limitación de la ley. El revuelo mediático sobre estos temas es enorme, en particular desde que un grupo de 14 psiquiatras escribieron a la fiscalía para solicitar una investigación estos casos. El Colegio Médico KNMG condena esta iniciativa, llama a tratar la cuestión con seriedad y respeto y dentro del ámbito profesional. Por otra parte, la Asociación Neerlandesa de Psiquiatría (NVvP) ha anunciado que reexaminará sus directrices relativas a la eutanasia en caso de trastorno mental. Sus conclusiones se esperan para finales de 2025.

Wim Van Dijk había sido juzgado por proporcionar nitrito a más de 200 personas. Reconocido culpable, se le impuso una pena de seis meses de cárcel sin cumplimiento y 40 horas de trabajos comunitarios, una pena muy inferior a lo que pedía la fiscalía. No existían pruebas de que algunas personas hubiesen fallecido por ingerir el producto suministrado por Van Dijk, que además no se lucró ni pertenecía a ninguna ‘organización criminal’. El tribunal también tuvo en cuenta la edad avanzada del acusado. Van Dijk critica las limitaciones de la ley de eutanasia en vigor y se apoya en las encuestas que establecen que una mayoría de la ciudadanía desea poder decidir libremente de su muerte.

La Cooperativa de la Última Voluntad declara que cambiará las informaciones sobre la muerte voluntaria con nitrito en su página web como consecuencia de una serie de podcasts realizados por la plataforma de investigación periodística Argos, que documentan que algunas personas mueren con este producto en circunstancias bastante difíciles. Sobre la calidad de la muerte por ingestión de nitrito, cambiarán el calificativo de ‘muerte humana’ por ‘muerte normal’. «Queremos ser completamente transparentes sobre todos los efectos secundarios que puedan surgir”, declara el director de la organización. La cooperativa sostiene que el fármaco provoca «una muerte normal«. «La gente tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es la muerte«, añade. «Hay muchas formas de muerte. Desafortunadamente, también hay muertes naturales en las que la persona experimenta ansiedad o ya no sabe lo que está haciendo».

Una encuesta encargada por la NVVE revela que el 71% de los neerlandeses opina que debería estar vigente una ley que permita la muerte asistida por «vida cumplida», y el 40% de los encuestados dice conocer a una persona mayor que, sin padecer una enfermedad grave, desearía encontrar ayuda para morir. La encuesta revela además que el 77% de los votantes de los partidos que integran la actual coalición de derecha (muy escorada a la derecha) estaría a favor de una ley de vida cumplida. En palabras de la presidenta de NVVE: «Se confirma una vez más que la gente quiere poder decidir por sí misma sobre su propia vida y no quiere sufrir innecesariamente. La ley de eutanasia ofrece la posibilidad de morir con dignidad si su sufrimiento es médicamente demostrable como insoportable y sin esperanza. Eso es muy bueno. Pero hay un grupo de personas con serios deseos de morir a quienes esta ley no les sirve de nada. ¿Cómo es posible que no se tomen en serio las opiniones de tantos votantes? ¿Por qué abandonamos dejamos a esa gente? ¿Por qué tienen que recurrir a un circuito ilegal con todos los aspectos turbios que eso conlleva?».

La aplicación de la ley de eutanasia aprobada hace año y medio por el parlamento de Portugal está bloqueada por la ausencia de reglamento. Dos solicitudes de revisión del texto han sido presentadas ante Tribunal Constitucional por el gobernante PSD y por la Defensora del Pueblo. El gobierno de Luís Montenegro ha declarado que no moverá ficha hasta conocer el veredicto del alto tribunal que no ha ni siquiera iniciado el procedimiento de revisión. Por otra parte, se están recogiendo firmas para un manifiesto para la derogación de la Ley de Eutanasia.

Una diputada laborista ha registrado un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales el pasado 16 de octubre en el parlamento de Westminster. El proyecto de ley se someterá a una segunda lectura, que implicará la votación de los diputados, el 29 de noviembre. Si se aprueba, el proyecto de ley será analizado por un comité parlamentario, donde los diputados podrán presentar enmiendas. Posteriormente será sometido a votación en la Cámara de los Lores, antes de volver a la Cámara de los Comunes. La actual composición del parlamento permite pensar que este proyecto de ley tiene muchas posibilidades para salir adelante. Según el texto presentado los adultos con enfermedades terminales y un pronóstico limitado tendrán acceso a la prestación siempre que sean competentes. Deberán ser evaluados por dos médicos independientes.

La utilización de la nueva cápsula Sarco para un suicidio asistido ha despertado el debate sobre la necesidad o no de una ley que regule la muerte asistida en Suiza. Varios políticos han reclamado un nuevo marco legal, pero los directivos de las dos grandes asociaciones Exit (francófona y germanófona) se han posicionado muy claramente a favor de mantener la actual situación. En cuanto a las consecuencias inmediatas después del uso de Sarco, el copresidente de la asociación Last Resort ,que estuvo presente cuando se utilizó la cápsula por primera vez, sigue en la cárcel, y los medios de comunicación se hacen eco (sin pruebas ni confirmaciones oficiales del rumor) de señales compatibles con estrangulamiento en la persona que utilizó el dispositivo para morir.

Una enfermera que acompañó a siete italianos para un suicidio asistido en Suiza ha sido condenada por haber actuado con una ‘motivación egoísta’ ya que cobró por sus acompañamientos.

Desde el miércoles 30 de octubre, Quebec es la primera provincia de Canadá que permite a las personas presentar solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir (AMM) en cumplimiento de una ley aprobada por el parlamento provincial el año pasado. Las personas que deseen realizar la solicitud anticipada deben cumplir varios criterios: entre ellos, tienen que haber recibido ya el diagnóstico, lo que significa que no pueden realizar la solicitud en caso de que algún día sufran una enfermedad determinada. Además, en el momento de la solicitud la persona deberá poder describir con precisión los síntomas que podría experimentar en el futuro y que le harían querer recibir la AMM en caso de que ya no pudiera dar su consentimiento.

A nivel jurídico, en la actualidad el Código Penal de Canadá (de ámbito federal) prohíbe a los profesionales de la salud administrar la AMM a partir de un testamento vital. El gobierno de Quebec y varias asociaciones profesionales han estado presionando sin éxito al gobierno federal para que modifique el Código Penal desde el año pasado. En consecuencia, el gobierno provincial ha pedido a la fiscalía de la provincia no presentar cargos contra los médicos que cumplan con la ley provincial. El gobierno federal llama a la prudencia, pero se ha comprometido a no impugnar la ley quebequés. Recordemos que Quebec es la provincia pionera en Canadá en regular la eutanasia y también donde se realizan más prestaciones. En su reciente informe, la Comisión sobre los Cuidados al Final de la Vida indica que 5.717 quebequeses han fallecido con AMM en 2023-2024, lo que representa el 7,3% de los fallecimientos totales. 

Un juez de Columbia Británica ha suspendido durante 30 días la eutanasia de una persona a petición de su pareja de hecho. Los médicos tratantes de la mujer, residente en Alberta, le negaron la eutanasia aduciendo que la acatisia que padecía era tratable. La mujer se dirigió entonces a una médica de Vancouver muy conocida por su activismo a favor de la ayuda médica a morir, Ellen Wiebe, que aprobó la eutanasia. La pareja de la mujer acudió con éxito a los tribunales para detener el procedimiento. En su fallo, Simon Coval, juez de la Corte Suprema de Colombia Británica, dijo que la mujer parecía tener un problema de salud mental sin ninguna dolencia física. Explica que paró la eutanasia porque el caso era “claramente una situación de daño extremo e irreparable”. Reconoció que la orden judicial “es una intrusión grave” en la autonomía personal y médica de la mujer. “Solo puedo imaginar el dolor que ha estado sintiendo y reconozco que esta orden judicial probablemente lo empeore”, escribió. En su sentencia pone en cuestión el respeto de los requisitos de la ley por Elen Wiebe, dado que la situación médica de la mujer “no solo puede remediarse, sino que puede remediarse con relativa rapidez”, avalando así el informe de los médicos albertenses. De un tiempo a esta parte, la doctora Ellen Wiebe es víctima de una campaña bastante agresiva en los medios más retrógrados.

‘El gobierno ha ordenado aplicar la eutanasia a pacientes con lesiones atribuibles a las vacunas contra la Covid para reducir los gastos del sistema sanitario’ o ‘Canadá propone la eutanasia a pacientes con trastorno psiquiátrico y a pacientes pobres y sin hogar’ son algunos de los titulares de las informaciones falsas que se difunden sobre la eutanasia en Canadá. La imaginación de los antieutanasia no tiene límites y estas fake news invaden los medios de comunicación menos escrupulosos. La doctora Ellen Wiebe es víctima también de una intensa campaña de difamación que la presenta como una asesina. Además, Amnistía Internacional y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil mezclan el tema de la eutanasia con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la reivindicación de mejores coberturas sociales.

El poeta, filosofo y compositor brasileño Antonio Cícero, enfermo de alzheimer, viajó a Suiza para acabar con su vida mediante un suicidio asistido. En una carta de despedida, difundida por su familia, Cícero contó que «su vida se había vuelto insoportable» y que ya no podía escribir ni leer, que era lo que más le gustaba en el mundo. «Como soy ateo desde que era adolescente, soy consciente de que soy yo quien decide si mi vida vale la pena o no”, concluía. El caso ha reabierto el debate sobre la eutanasia en la sociedad brasileña.

Una vez más en Colombia, en ausencia de una ley de eutanasia, son los tribunales quienes defienden el derecho a acceder a la prestación y sientan jurisprudencia. En una sentencia que ampara a una paciente que había visto su solicitud de eutanasia rechazada por la entidad de salud de la que dependía, el Tribunal Supremo advierte que no puede aceptarse el argumento según el cual la solicitud de eutanasia está limitada a que no existan alternativas terapéuticas para una enfermedad terminal que causa un dolor. La decisión entre eutanasia y otra medida radica en la conciencia de cada ser humano y no en la posibilidad médica de continuar los tratamientos, incluso en contra de quien lo experimenta y como parte de su dignidad puede decidir la adecuación de dichos esfuerzos.