Los datos relativos al suicidio asistido escasean en Austria. Los medios de comunicación solo publican algunas cifras muy generales. Tres años y medio después de la aprobación de la Ley de Disposiciones sobre la Muerte (Sterbeverfugungsgesetz en alemán) se han otorgado 772 certificados notariales que permiten el acceso a un producto letal después de que el paciente, en fase terminal de una enfermedad incurable, haya sido evaluado por dos médicos independientes. Y unas 100 personas al año han hecho uso del producto. Según el Ministerio de Sanidad, en lo que va de 2025 (hasta el 1 de septiembre) se han redactado unas 200 actas notariales. El paciente tiene que autoadministrarse el producto ya que la eutanasia sigue siendo delito.

A pesar de un apoyo mayoritario entre la población, la cuestión de la muerte asistida se queda en el limbo debido al desinterés o la oposición de la clase política. En 2008, 2016 y 2020 tres proyectos de ley de suicidio asistido fueron rechazados o quedaron paralizados en el parlamento. En julio pasado el tribunal constitucional falló en contra de un paciente que solicitaba ayuda para morir, dejando la pelota en el campo del parlamento: “Es tarea del legislador resolver la contradicción entre los derechos a la libertad personal y a la autonomía y el derecho a la vida”. Sin embargo, las encuestas llevan años mostrando que la mayoría de los checos estarían abiertos a legalizar la eutanasia o el suicidio asistido de alguna forma. La última encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública (CVVM) reveló que más del 80% de los encuestados apoyan firmemente o parcialmente la eutanasia (frente al 58% en 2007). Solo el 15% se opone. El fundador de la Asociación Checa para la Legalización de la Eutanasia, Milan Hamersky, explica que “los partidos tienen miedo de la minoría católica». En la línea de la fallida propuesta de 2020, la senadora Vera Prochazkova, del partido populista ANO —que se espera que gane en las elecciones generales a principio de octubre—, ha preparado otro proyecto de ley para legalizar la muerte asistida bajo condiciones estrictas, «solo para ciudadanos checos adultos, con enfermedades terminales y en plenas facultades mentales». 

Las asociaciones de muerte digna y la izquierda expresan una profunda inquietud: que decaiga el texto sobre el final de la vida debido a la crisis política. Tras su aprobación en la Asamblea, el primer debate en el Senado sobre el texto sobre el final de la vida (suicidio asistido y excepción de eutanasia) podría tener lugar el 13 o el 20 de octubre, según un calendario provisional. Pero nada es seguro mientras el nuevo primer ministro prolonga las consultas para formar un nuevo gobierno. Este texto podría ser la víctima colateral de la inestabilidad política. En la Asamblea Nacional, 34 de los 49 diputados de derecha votaron en contra, pero en el Senado, donde Los Republicanos (derecha) tienen mayoría con los centristas, el resultado es aún más incierto.

Doce activistas de la asociación Ultime Liberté están siendo procesados ​​por haber ayudado, entre agosto de 2018 y noviembre de 2020, a decenas de personas a comprar pentobarbital en línea, delitos contemplados en la legislación sobre tráfico de sustancias ilícitas. El juicio se celebra entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre. La asociación publica a diario una información detallada sobre el desarrollo las sesiones. El primer día, la defensa planteó una cuestión prioritaria de inconstitucionalidad, -argumentando que el procesamiento de los acusados ​​viola derechos fundamentales, como el principio de salvaguarda de la dignidad humana y el derecho a morir con dignidad-, que fue rechazado. La asociación está decidida a utilizar este juicio como altavoz, para abrir el debate sobre la muerte voluntaria en la sociedad y “quizás también para que la opinión pública se muestre a favor de cambiar la ley». Los medios de comunicación, tanto prensa escrita como medios audiovisuales, se hacen ampliamente eco del juicio y de las audiciones diarias de personalidades políticas, médicas, del mundo de la cultura… hasta de un cura integrista que testificó -vestido de la tradicional sotana negra con una cruz sobre el pecho-, a favor de la ayuda a morir, asumiendo públicamente el conflicto con su jerarquía.

El doctor Didier Peillon, exjefe de servicios de urgencias y de una unidad de cuidados intensivos, denuncia en un libro y en los medios el acoso médico al que se ven sometidos muchos pacientes. «A estas personas se las mantiene vivas artificialmente durante unos meses, a veces más. Me siento culpable porque no lo haría por mis seres queridos», confesó en un programa televisado. Añadió que, sin embargo, «cuando llega la muerte, todo el mundo coincide en que es lo mejor que les pudo haber pasado». Este médico, que reconoce haber ayudado pacientes en estado crítico a morir y denuncia lo inhumano de muchas situaciones a las cuales aboca el estado actual de la legislación, ha sido inmediatamente suspendido de sus funciones.

El parlamento sardo ha adoptado, por 32 votos a favor, 19 en contra y una abstención, el texto de ley Libero subito presentado por iniciativa popular por la Asociación Luca Coscioni. Esta ley establece los procedimientos y plazos para acceder al suicidio médicamente asistido en la sanidad pública. Conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, el paciente tiene que estar en una fase avanzada de su enfermedad y depender de medidas de soporte vital. Cerdeña es la segunda región italiana, después de la Toscana, en aprobar esta ley que busca evitar obstáculos y plazos desmedidos.

La NVVE (Asociación Neerlandesa para el Final Voluntario de la Vida) defiende la autodeterminación al final de la vida. Piensa que toda persona que desee morir y haya considerado cuidadosamente su decisión, debería poder morir con dignidad y recibir ayuda. Actualmente, esto solo es posible si la persona padece una enfermedad grave. Por lo tanto, la asociación apoya moral y financieramente la demanda contra el Estado neerlandés, interpuesta por la CLW, la Cooperativa de la Última Voluntad, y 29 demandantes individuales. La causa se verá el 6 de octubre en el Tribunal de Apelación de La Haya. Varias acciones de apoyo a CLW están previstas: una sentada organizada por el grupo Ciudadanos Valientes el 1 de octubre y una marcha el 6 de octubre a iniciativa de la propia CLW. La Fundación Levenseinderegie (Fundación para el Control sobre el Final de la Vida) del psicólogo Wim Van Dijk apoya también el recurso de CLW e impulsa una iniciativa legislativa popular más radical que la propuesta de Ley de Vida Cumplida de D66. No se limita a los mayores de 75 años: se centra en la autodeterminación y la autonomía de todos los adultos.

El pequeño partido liberal D66 presentará este otoño un proyecto de ley destinado a sacar la eutanasia del código penal. Los promotores del texto consideran que la eutanasia y el suicidio asistido son “formas de atención, al igual que los cuidados paliativos. En caso de problema, debería intervenir el tribunal disciplinario, no el tribunal penal”. Afirman que la eliminación de la responsabilidad penal de los médicos no implica que se debiliten los requisitos de diligencia debida definidos en la ley de eutanasia. Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en 2002, solo un médico ha sido procesado por practicar la eutanasia: una médica de una residencia de ancianos, quien fue procesada por practicar la eutanasia a una mujer con demencia. Fue absuelta por el Tribunal Supremo en 2020.     

En 2020, Michel van B. ayudó a su novia a suicidarse con helio. Todos los tratamientos contra la enfermedad de Lyme que padecía habían sido inútiles y estaba condenada a vivir en una habitación a osura dado su estado. El tribunal de primera instancia condenó a van B. a tres meses de prisión condicional. El tribunal de apelación acaba de anular la pena. El tribunal reconoció que había actuado por humanidad, amor incondicional y respeto hacia su novia. Le declaró “culpable, pero sin imposición de pena”.       

Los miembros de la Cámara de los Lores debatieron sobre el Proyecto de Ley sobre Adultos con Enfermedades Terminales (Fin de la Vida) aprobado por la Cámara de los Comunes los viernes 12 y 19 de septiembre. 150 lores tomaron la palabra. Al terminar el debate, acordaron crear un ‘Comité Selecto’ para examinar e informar sobre el proyecto de ley antes de su paso a comisión. El comité audicionará a organizaciones profesionales, políticos y expertos de todo tipo relacionados con la problemática del final de la vida y presentará posibles enmiendas al texto. Dará a conocer su informe el viernes 7 de noviembre. Esta nueva etapa retrasa la votación del proyecto en la Cámara de los Lores. Esta pusilanimidad de las cámaras en los debates sobre la ley de suicidio asistido contrasta con el creciente apoyo público a esta regulación. Como prueba una entrada de blog que lista por un lado los proyectos de ley de suicidio asistido presentados en Escocia y Reino Unido desde 2004, y las encuestas de opinión realizadas desde entonces.

El uso de la cápsula Sarco creada por Philip Nitschke para un suicidio asistido en septiembre 2024 reavivó el debate sobre la regulación del suicidio asistido en Suiza. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estados exigió al Consejo Federal (organismo similar al senado en otros países) una ley marco para definir estrictamente los requisitos para acceder a la prestación, estandarizar los procedimientos y crear una autoridad supervisora. Oficialmente, no se trataba de endurecer la ley, pero las principales organizaciones de eutanasia -Exit y Dignitas en particular- expresaron serias dudas sobre esta garantía.

Finalmente, el Consejo de Estados rechazó la moción presentada en este sentido con 22 votos en contra, 16 a favor y 9 abstenciones, pero exigió un registro estadístico más completo y exhaustivo de los casos de suicidio asistido.

Una irlandesa contó a su familia que se iba de vacaciones a Lituania con amigas cuando en realidad se marchaba a Suiza para un suicidio asistido en la asociación Pegasos. El caso, muy mediatizado, creó gran revuelo mediático. Frente a las numerosas críticas expresadas tanto en el mundo anglosajón como en Suiza, Pegasos ha decidido revisar sus procedimientos: «Hemos decidido no aceptar más a solicitantes no acompañados con familiares vivos, a menos que recibamos una copia de su pasaporte y podamos reunirnos con ellos por vídeollamada».

La ley aprobada en la provincia de Quebec hace un año “permite que las personas que padecen una enfermedad grave e incurable que les produce incapacidad puedan su consentimiento de manera anticipada a una solicitud de asistencia médica para morir. Es decir que, gracias a un documento de directrices anticipadas, podrán acceder a la ayuda médica a morir una vez que hayan perdido la capacidad”. En los casi 12 meses transcurridos desde la entrada en vigor de esta ley, única en Canadá, más de 1.400 quebequenses han registrado un documento de directrices anticipadas; 179 solicitudes fueron rechazadas. Sin embargo, estas directrices no son vinculantes, lo que preocupa la asociación AQDMD. Sin embargo, la falta de regulación de las directrices anticipadas a nivel federal frena la implicación de los profesionales sanitarios en esos casos.

El diputado liberal Vlado Mirosevic, impulsor del proyecto de ley de eutanasia, está razonablemente optimista sobre el futuro de la proposición de ley, que cuenta con el estatus de ‘urgencia legislativa’ por instrucción directa del presidente Boric. El 9 de septiembre la Comisión de Salud de la cámara alta aprobó agendar el texto, diez años después de que se presentase la primera propuesta de ley. El texto ha sido revisado por el gobierno que propone la creación de una comisión previa que evaluará cada caso, establecer condiciones más estrictas para el acceso a la prestación e impone el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales. Queda esperar que el Senado incluya pronto el debate sobre este texto en su agenda.

En los últimos diez años las eutanasias se multiplicaron por 88 en Colombia, y en 2024 sumaron al menos 352 procedimientos –un 30% de las 1.169 de las solicitudes–, la cifra más alta desde que se tiene registro, según el importante informe, titulado ‘De muerte lenta’, hecho público por Desclab. Sin embargo, la implementación de la eutanasia sigue enfrentando “serios desafíos”. Sin dudas el más grave es la desigualdad territorial: el 85,5 % de los procedimientos se concentró en Bogotá (42,9%) y Antioquia (42,6%), lo que “demuestra que la garantía del derecho todavía depende del lugar de residencia y de la voluntad institucional”.

El hombre, abogado de 38 años y tetrapléjico a consecuencia del ataque de un sicario, es la segunda persona en acceder legalmente a la eutanasia en Ecuador, después de que fuese reconocida como un derecho por el Tribunal Constitucional.

Samara Martinez, 30 años, vive con varias enfermedades, una de ellas en etapa terminal. Después de pasar por dos intentos fallidos de trasplante de riñón, ha encontrado un propósito en la lucha por el derecho a poner fin a su vida. En la plataforma Change.org impulsa la petición “Ley Trasciende: Por una muerte digna en México”, que ya reúne más de 17.000 firmas verificadas. Además, utiliza TikTok como espacio para compartir su historia. En México, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están actualmente permitidos. En 2023, diputados mexicanos presentaron una iniciativa para legalizar la eutanasia y derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud —que la prohíbe y la tipifica como “homicidio por piedad”—, pero el proyecto no prosperó.

A mediados de septiembre, el proyecto de ley de eutanasia llegó al Senado, donde tiene grandes posibilidades de ser aprobado. El Frente Amplio en el gobierno impulsa que la iniciativa se convierta en ley antes de que el proyecto de presupuesto ingrese a la cámara alta.