Los medios de comunicación se hacen eco del caso de una joven de 26 años en Flandes Oriental, que accederá a la eutanasia tras años de sufrimiento mental, múltiples terapias y varios intentos de suicidio. Denuncia la crueldad de muchos de los ‘tratamientos’ recibidos.

El Moniteur Belge (Boletín Oficial) informa de que se inscribe por fin la prestación “Realización de una eutanasia” en la nomenclatura médica: a partir del 1 de noviembre de 2025, los médicos que practican una eutanasia podrán recibir honorarios específicos de 180,24 € pagados por la entidad aseguradora del paciente: cubre el coste del material (con excepción de los medicamentos), la práctica de la eutanasia, la constatación del fallecimiento y el establecimiento del certificado de defunción. 

Las consultas previas a la eutanasia ya figuraban en la nomenclatura médica. Se cobran como consultas.

Los eslovenos votarán en referéndum en noviembre sobre si apoyan el derecho al suicidio asistido, legalizado por el parlamento en julio. El Parlamento aprobó la fecha del 23 de noviembre para el referéndum, después de que un grupo de ciudadanos, apoyado por la oposición conservadora, reuniera las 40.000 firmas necesarias para convocarlo.

Para que el referéndum tenga éxito, una mayoría de los votantes, que represente al menos el 20% de los ciudadanos con derecho a voto, debe expresar un voto contrario a la ley. En un primer referéndum, celebrado en 2024, el 55% de los eslovenos apoyó la práctica.

Con los debates parlamentarios sobre la legalización del suicidio asistido empantanados debido a la crisis política, se ha celebrado, del 15 de septiembre al 3 de octubre de 2025, la vista oral del juicio contra doce miembros de la asociación Ultime Liberté acusados de «importación, posesión o complicidad en la adquisición de una sustancia ilícita», el pentobarbital. Tras tres semanas de audiencias, que los acusados utilizaron para dar visibilidad a su lucha a favor de la autodeterminación al final de la vida, el fiscal solicitó penas condicionales de entre 3 y 18 meses. El veredicto se conocerá el 9 de enero próximo.

En una entrevista, Claude Hury, cofundadora y actual presidenta de Ultime Liberté define la filosofía de la asociación: No hacemos propaganda ni proselitismo, y no actuamos por capricho; tenemos una carta fundacional. No estamos aquí para censurar, sino para dialogar. Nunca distribuimos productos; proporcionamos la dirección para adquirirlos. Algunos son libres de ir más allá; es su responsabilidad. También nos reservamos el derecho de negarnos a acompañar a un miembro. Quiero morir cuando yo lo decida. Y lo mismo ocurre con nuestros miembros».

Debido a la inestabilidad política y al imperativo de aprobar una ley de presupuesto antes de final de año, una gran incertidumbre rodea el futuro de los proyectos de ley de cuidados paliativos y de muerte asistida aprobados por la Asamblea Nacional en mayo pasado. Los debates ya han sido aplazados varias veces. El calendario provisional presentado a finales de octubre fija los debates en febrero en la asamblea nacional. Sin embargo, esto está condicionado a que los proyectos de ley hayan sido examinados previamente en primera lectura por el Senado, donde no se ha fijado aún ninguna fecha. 

Olivier Falorni, el diputado centrista que presentó el proyecto de ley, habla de ‘estancamiento’, y con la ADMD, reclama la realización de un referéndum en caso de que la situación no se desbloquee a nivel parlamentario; Macron hace unos meses había evocado esta posibilidad en caso de parálisis parlamentaria sobre las cuestiones del final de la vida.

Sin sorpresa: la iglesia ortodoxa, como la católica, se opone firmemente a la eutanasia. La 3ª Conferencia Internacional de Bioética del Patriarcado Ecuménico, dedicada al tema de la “Eutanasia” se acaba de celebrar en la isla de Creta. Durante tres días reunió a teólogos, filósofos, científicos y médicos. Los debates reafirmaron el deber pastoral de la Iglesia de defender la santidad de la vida, manteniendo un diálogo con la comunidad médica y académica.

La Comisión Nacional de Control y Evaluación de la Eutanasia y el Suicidio Asistido acaba de presentar al parlamento el 8º informe bienal sobre estas prácticas que son legales desde 2009. El informe cubre los años 2023-2024. Solo una proporción relativamente pequeña de personas recurre a ellas: 34 en 2024, 22 en 2023, 34 en 2022, 24 en 2021. Durante el debate, los representantes de la comisión hicieron hincapié en la necesidad de una mayor sensibilización entre los profesionales del sector y las familias de los pacientes sobre la posible existencia de directivas anticipadas que deban consultarse. 

El 23 de diciembre próximo el tribunal de apelaciones dará a conocer su veredicto relativo al recurso presentado por CLW y 19 codemandantes, contra el Estado por las restricciones a la autodeterminación al final de la vida. Defienden una despenalización de la asistencia al suicidio.

Paralelamente, una iniciativa ciudadana que aboga por una nueva ley que sustituya la actual ley de eutanasia ha recibido más de 40.000 firmas. La NVVE apoya moral y financieramente a CLW: «Ya es hora de que haya mayor autodeterminación en lo que respecta al final de la vida. Decidir sobre la propia muerte es un derecho humano», declara la presidenta de esta asociación. Sin embargo NVVE no defiende una ampliación de la ley actual de eutanasia sino una ley complementaria que garantizaría que toda persona pueda morir con dignidad, con asistencia si la necesita. Recientes encuestas de opinión muestran que entre el 70% y el 80% de los neerlandeses creen que la legislación actual es insuficiente.  

Por otra parte el partido liberal D66, que ha obtenido un excelente resultado en las últimas elecciones, se comprometió a volver a presentar el proyecto de ley de Vida Cumplida en el parlamento. 

Un hijo ayudó a su padre a morir y fue condenado por homicidio involuntario. A partir de este caso reciente, un jurista y un médico, miembros de la asociación sueca por una muerte digna (RTVD) critican la inacción de los políticos a pesar de que una mayoría de la ciudadanía esté a favor de regular la ayuda médica a morir. Critican que en un país democrático y que se reclama del humanismo como Suecia, demasiadas personas mueren mal, debido demasiado a menudo a una aplicación de la sedación paliativa que depende exclusivamente de la buena voluntad del médico. Reclaman la creación de una comisión de investigación sobre la eutanasia cuya misión consistiría en desarrollar normas claras, criterios médicos y sistemas de control para evitar sufrimientos inútiles, dramas y condenas injustas.

Sigue la polémica en los medios alrededor de Pegasos, polémica aprovechada por algunos para reclamar un mayor control sobre la práctica de la ayuda a morir. A pesar de la evidente malevolencia de los artículos, es interesante leerlos porque, al fin y al cabo, dan la idea de que Pegasos es una asociación a la escucha de las personas y respetuosa de su voluntad. Asociaciones hermanas de Francia nos han confirmado de que se trata de una asociación seria y fiable.

Una encuesta reciente muestra que un 57% de los chilenos están de acuerdo con la eutanasia ‘en casos especiales’, frente a un 29% que opina que se debería permitir en cualquier circunstancia y un 12% se pronuncia a favor de su prohibición. Sin embargo, el tema de la eutanasia, como el del aborto, están teniendo poca visibilidad en el marco de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones del 16 de noviembre. La derecha no ha tocado el tema. La candidata de la izquierda, la comunista Jannette Jara, ha dicho que continuará con la tramitación en el Congreso de los proyectos de ley de aborto hasta la semana 14 y de ley de eutanasia, impulsados por la Administración de Gabriel Boric.

El proyecto de ley de eutanasia está actualmente en el Senado. Lleva años estancado. La inminencia de las elecciones y los pronósticos favorables a la derecha permiten poco optimismo en cuanto a su aprobación. 

La ley de regulación de la eutanasia, bautizada Ley Trasciende, ha sido presentada a finales de octubre en el Senado y en el Congreso de los Diputados por la activista Samara Martínez que padece una enfermedad renal en etapa terminal. El proyecto viene respaldado por más de 128.000 firmas y el apoyo de políticos del PAN, del PRI y de MORENA. De ser aprobado permitiría acceder a la ayuda médica a morir a personas que padezcan una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad crónica, degenerativa y discapacitante. El paciente deberá ser mayor de edad, contar con dos dictámenes médicos coincidentes, estar en pleno uso de sus facultades mentales y expresar libremente su voluntad de morir, una decisión que deberá ser reiterada al menos cinco días después. Con esta ley se derogará el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud de México que prohíbe la práctica de la eutanasia, entendida como’ homicidio por piedad’, así como el suicidio asistido. 

Unos días después de la presentación de la ley en el parlamento, se ha inaugurado la exposición “Muerte digna, ¡Ya!” en una estación de metro de la ciudad de México donde transitan unas 100.000 personas al día.

Esta película recoge la filosofía y la práctica de un médico, muy conocido en México, que defendía la necesidad de ‘empoderarse de la propia muerte”. Presenta el trabajo y la filosofía de este personaje, quien tuvo que aplicarla a sí mismo ante un diagnóstico de cáncer terminal. 

El cineasta rodó durante los tres últimos años de la vida del médico. No quería hacer un documental para convencer a la gente de optar por la eutanasia, pero sí quería abordar el tema porque le interesa y está a favor. Fundamentalmente quería mostrar las contradicciones vividas por su personaje: “especialmente cómo su racionalidad se ponía a prueba ante la enfermedad y procesos de muerte de sus conocidos, de seres queridos y frente a su propio proceso.”

Montserrat Gispert se exilia de Barcelona a México en 1937 huyendo de la dictadura franquista. Casi 90 años después, su nieto Rodrigo Imaz, hijastro de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, narra en el documental ‘Àvia, el jardín de la memoria’, la historia de los primeros refugiados españoles en el país a través de la vida de su abuela.

En sus últimos días, Montserrat repasa junto a su nieto la llegada a un país desconocido, la renuncia a la nacionalidad española, así como el deseo de pedirle que le ayude a recibir la eutanasia.

La muerte de Gispert en 2022 cambió el tono de la película, con la que el cineasta intenta poner “su granito de arena para abrir la conversación” de la eutanasia, que a diferencia de países como Ecuador, Colombia y recientemente Uruguay, aún es ilegal en México.

El Senado uruguayo aprobó el pasado 15 de octubre una ley de eutanasia, con el voto a favor de 20 de los 30 senadores. Esta ley permite el acceso a la prestación a adultos mentalmente capaces que sufren una o más enfermedades crónicas, incurables e irreversibles que conllevan sufrimiento y afectan su calidad de vida. La legislación no permite el suicidio asistido. El procedimiento requiere la evaluación del paciente por dos médicos. El poder ejecutivo dispone ahora de 180 días para aprobar el reglamento que permitirá la entrada en vigor de la ley.

El gobierno de Quebec ha presentado un proyecto de constitución que consagraría el derecho al aborto y a la muerte asistida, al tiempo que aumentaría la autonomía de la provincia dentro de Canadá. La nueva constitución busca defender lo que el gobierno de la provincia considera los valores comunes de Quebec, entre ellos el laicismo y la igualdad entre hombres y mujeres.

El actual gobierno quebequense está formado por el partido mayoritario CAQ (Coalición Avenir Quebec). Todos los partidos de oposición rechazan el proyecto de constitución, reprochando al gobierno la falta de consenso. Una encuesta encargada por la CAQ muestra que dos tercios de la ciudadanía de la provincia aprobaría la redacción de «una constitución para Quebec que proteja la identidad y los valores de Quebec». Según la encuesta, el 78% de los quebequenses apoya la idea de que el gobierno «adopte herramientas legislativas adicionales» para «proteger el enfoque de Quebec sobre el derecho a morir con dignidad». (Recordemos que Quebec es la provincia canadiense donde la tasa de eutanasias es más elevada: representa actualmente el 7,3% del total de fallecimientos).

Cuando se aprobó en 2015 la ley que regulaba el acceso al suicidio asistido en California, se acordó evaluarla en 2031 para decidir si mantenerla vigente o derogarla en función de los resultados. A principios de octubre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley SB 403 que elimina la fecha de vencimiento de la ley de «muerte asistida» de California. De esta manera, la ley que autoriza el acceso al suicidio asistido se ha convertido en permanente. 

Las cifras no demuestran abuso. En 2024, 1.591 personas obtuvieron una receta para una sustancia letal; 1.032 fallecieron tras ingerirla, la mayoría en sus domicilios (85,3%). El 60% de estas personas padecía cáncer, el 13,8% enfermedades cardiovasculares, el 10,3% enfermedades neurológicas, el 6,2% enfermedades respiratorias y el 9,8% otras enfermedades. La gran mayoría de estos pacientes también había recibido cuidados paliativos (94,8%).

El 30 de octubre el Senado del Estado aprobó el proyecto de ley Illinois End-of-Life Options for Terminally Ill Patients Act con 30 votos a favor y 27 en contra. La cámara baja había aprobado esta ley en mayo pasado. La ley está ahora a la espera de la firma del gobernador.

El informe recoge los datos de julio 2024 a julio 2025. Un total de 2.039 personas presentaron una solicitud durante ese periodo y 1.072 fallecieron tras una eutanasia o un suicidio asistido. Esto representa aproximadamente el 3 % de las muertes registradas en el Estado. La práctica está autorizada desde el 1 de enero de 2023. El año anterior, 1.560 personas solicitaron acceder a la ayuda para morir y 793 fallecieron.

El parlamento del estado de Victoria está estudiando el Proyecto de Ley de Enmienda de la ley de Muerte Voluntaria Asistida presentado a finales de octubre. La Ley de Muerte Voluntaria Asistida fue pionera en el país -entró en vigor en 2019- pero es actualmente la más restrictiva y un informe independiente publicado a principio de año aconsejó una serie de enmiendas. Las más importantes son:

• eliminación de la “cláusula mordaza” que impide a los profesionales sanitarios abordar el tema de la muerte asistida en las conversaciones sobre el final de la vida con los pacientes; 

• obligación a los profesionales que se opongan por razones de conciencia a proporcionar una información mínima sobre la prestación;

• ampliación del seis a doce meses del pronóstico vital que permite acceder a la muerte asistida;

• eliminación de la consulta a un tercer especialista para las personas con enfermedades neurodegenerativas.