Cuando está cerca de cumplirse tres años de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, la asociación Derecho a Morir Dignamente analiza las muchas trabas que se encuentran las personas que lo solicitan. Y aporta soluciones para mejorar su aplicación.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) cree que las profundas diferencias entre comunidades están directamente vinculadas con el empeño que cada una de ellas pone en promover el ejercicio de los testamentos vitales. «Falta voluntad política», afirma tajante Fernando Marín, vicepresidente de la organización federal de DMD. «Las consejerías de turno no dedican tiempo, ni campañas de difusión, ni forman profesionales adecuados», lamenta.
La asimetría radica, por lo tanto, en el desigual apoyo prestado por los diferentes gobiernos autonómicos. «Hay 17 formas diferentes de facilitar que las personas puedan ejercer su derecho», explica Marín, en relación al número de comunidades que integran España. «Por eso, hay una gran disparidad de resultados. Hay sitios donde el testamento vital aún no se conoce siquiera».
La Asociación Derecho a Morir Dignamente ha alertado de que en Sevilla sólo hay seis puntos –de los diez posibles– habilitados en la provincia para poder registrar el Documento de Voluntades Anticipadas.
En este punto, la Consejería de Salud explica que la aplicación informática que usa toda la red autonómica «comenzó a presentar graves problemas técnicos» en diciembre de 2023, lo que ocasionó «un fallo generalizado en la tramitación de la inscripción en los puntos de registro».
Este aumento de objetores no sorprende a colectivos como la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que ve esta subida como algo “lógico”. “A medida que se cumplen años de la entrada en vigor de la Ley, es normal que el número de profesionales se adscriban a la objeción”, señala el representante de DMD en Galicia, Miguel Anxo García. A pesar de esto, apunta que la Administración ha de garantizar en todo momento el ejercicio de derecho de la eutanasia.
García afirma que la situación de la muerte asistida en la comunidad gallega se está “normalizando”. “Ya no nos llegan tantas quejas de retrasos como al principio de la aplicación de la Ley [en el año 2021] y percibimos que hay mayor normalización al respecto”, dice el representante, que, pese a ello, reprocha a las instituciones la falta de transparencia en cuanto a la publicación de las cifras de la eutanasia.
“Los últimos informes que emitió la Xunta a finales de año son muy poco exhaustivos. Las cifras son fundamentales para que la sociedad pueda hacer un diagnóstico completo del tema”, denuncia. Por imperativo legal, la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de Galicia está obligada a presentar un balance de la prestación en la comunidad cada año.
Más de una veintena de personas asistieron en la tarde del lunes 11 de marzo a la charla impartida en la Biblioteca León Gil y organizada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en la que se abordó qué es y cómo funciona el “Testamento Vital”, un documento que en Castilla-La Mancha recibe el nombre oficial de “Declaración de Voluntades Anticipadas”.
Impartido por dos miembros del grupo de Guadalajara de esta asociación DMD, Blanca Calvo y María Castillo, el taller se extendió por espacio de casi dos horas, en las que se abordaron todos los pormenores de este documento, que básicamente sirve para que cualquier persona pueda declarar anticipadamente qué quiere que se haga con ella si, en el momento en que se acerca su muerte, no está en condiciones de expresar cómo desea ser tratado médicamente.
Fernando Marín, vicepresidente de DMD, participó en el evento organizado por la asociación en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. El cual tuvo como fin divulgar los derechos al final de la vida.
DMD Aragón junto a las mujeres de la asociación «La Corona» profundizó junto al foro asistente de Erla sobre los derechos al final de la vida.
En la mañana del miércoles 6 de marzo de 2024 tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Enfermería la Jornada: Humanizar la muerte, el compromiso de la enfermería con una abrumadora asistencia por parte de estudiantes de la facultad, profesorado y profesionales de las Áreas de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
José Mª Sáez Romero, acudió en representación DMD. Compartió espacio con Eduardo Sánchez Sánchez, Vicedecano de Relaciones Institucionales y Ordenación Académica, Francisco Pérez Cabezas y Mª José Gómez Plan, enfermeras del SAS.
La jornada se llevó a cabo gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Facultad de Enfermería y la asociación Derecho a Morir Dignamente de Andalucía.
Tres asociaciones, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que reconoce el derecho a la autodeterminación al final de la vida, practican la ayuda al suicidio: DGHS, Dignitas-Alemania y Verein Sterbehilfe.
En 2023, DGHS realizó 419 acompañamientos al suicidio, 229 en 2022 y 120 en 2021. Las normas de la asociación exigen que además del seguimiento por un médico, la persona solicitante de ayuda al suicidio consulte a un abogado, y si hay duda sobre su capacidad de tomar decisiones, se le exige consultar con un psiquiatra. La DGHS excluye ayuda a solicitantes con enfermedades psiquiátricas y exige un tiempo de espera de seis meses entre la solicitud y la realización de la ayuda al suicidio.
Un médico berlinés jubilado, el Dr. Turowski, quien mostró su desacuerdo con la exclusión de los solicitantes con enfermedad psiquiátrica, está siendo juzgado por haber ayudado a morir a una persona de 37 años que recibió durante varios años tratamientos fallidos por una depresión crónica y llevó a cabo tres tentativas de suicidio. Turowski asegura que la solicitante era lúcida y capaz de tomar decisiones, lo que niega la fiscalía.
Este médico ha trabajado para las tres asociaciones citadas anteriormente y prestado su ayuda en un centenar de casos. Las audiencias han empezado el 20 de febrero y durarán hasta el 26 de marzo.
Otro médico jubilado, el Dr. Spittler, ha sido juzgado y condenado a tres años de cárcel el pasado mes de febrero por haber ayudado a morir a una persona de 42 años que padecía una enfermedad mental. Ha recurrido la sentencia.
Hasta ahora un médico que cometiera una infracción mayor o menor de la ley de eutanasia sólo podía ser procesado por asesinato por envenenamiento- delito castigado con cadena perpetua-. Para remediar este absurdo, el gobierno ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley que establece un régimen gradual de sanciones en función de la gravedad del incumplimiento. Además la enmienda establece explícitamente que deben tenerse en cuenta las posibles circunstancias atenuantes en cada caso. Esta propuesta ya ha sido aprobada en la Comisión de Justicia del Parlamento y sigue su tramitación.
La eutanasia y la asistencia al suicidio están prohibidos en Dinamarca, pero las encuestas muestran que gran parte de la ciudadanía estaría a favor de un cambio legal. El verano pasado, la primera ministra se declaró públicamente favorable a una evolución de la ley tras la experiencia vivida por la gobernanta durante el final de vida de su madre, quien se hallaba enferma de cáncer. El Comité Nacional de Ética mantiene una feroz oposición a todo cambio.
En otoño un productor de cine de 81 años hizo público en una entrevista su deseo de morir junto con su pareja. Experimentaba cansancio vital además de padecer cáncer, mientras que su esposa sufría de Parkinson. Las pasadas navidades inyectó una fuerte dosis de morfina a su mujer y después se intentó suicidar. Ella murió pero los servicios médicos consiguieron reanimar al marido, quien se enfrenta a un juicio por ‘homicidio involuntario’ (hasta 5 años de cárcel) u ‘homicidio por compasión’, la pena más indulgente. El caso ha reabierto el debate social sobre la eutanasia en Dinamarca.
La encuesta realizada a sus lectores por el Journal International de Medicine muestra que el 63% de los profesionales médicos y el 65% del personal de enfermería están a favor de la legalización de la ayuda médica a morir a pesar de la oposición manifestada públicamente por las grandes asociaciones médicas.
Francia denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
A principio de este año Macron reorganizó su gobierno: nombró a Catherine Vautrin -personalidad conservadora que se había pronunciado en el pasado contra la ‘ayuda activa a morir’- para encabezar un superministerio que engloba todos los ámbitos sociales, incluida la salud; así como nombró a un ministro de Sanidad, Frédéric Valletoux, también conservador y opuesto a la ayuda activa a morir.
Actualmente el proyecto de ley presentado a Macron por la anterior ministra de Sanidad sigue en los cajones. Se sabe que unía en el mismo texto una regulación de la ayuda a morir (suicidio asistido y no eutanasia) con el desarrollo de los cuidados paliativos, lo que despertó la furia de varias grandes sociedades médicas, en particular de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos (SFAP) que ha aplaudido con entusiasmo los nuevos nombramientos.
Frente al inmovilismo del gobierno, 31 personas residentes en Francia y socias de DIGNITAS han presentado una denuncia contra el Estado francés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando una violación de sus derechos a la vida, a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, a la autonomía personal y la libertad de pensamiento y conciencia. El tribunal pidió a Francia una respuesta antes del 24 de febrero. Dignitas interviene como “amicus curiae” en esta causa.
La ayuda a morir constituye un delito penal en todos los casos en Hungría. Un ingeniero enfermo de ELA ha denunciado a su país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución que ha decidido tratar el caso con la máxima celeridad dado que el demandante se encuentra en un estado avanzado de su enfermedad.
Momentum, partido húngaro comprometido con la democratización del país y miembro del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), intentó recoger firmas para solicitar la organización de un referéndum sobre la eutanasia que coincidiría con las elecciones europeas. La Comisión Electoral Nacional (NVB) ha prohibido esta iniciativa.
La Comisión Parlamentaria sobre la Muerte Asistida empezó sus trabajos en junio 2023 y acaba de celebrar su última sesión pública. En estos meses ha escuchado a expertos, testimonios sobre la situación en los países donde se ha regulado la ayuda médica a morir y activistas a favor o en contra de un cambio legislativo. Ahora tiene que redactar un informe que se hará público el 20 de marzo. En su acercamiento a la cuestión parecen prevalecer las soluciones legislativas de Oregón, Australia o Nueva Zelanda, las cuales permiten el acceso a la ayuda médica a morir cuando la persona solicitante de la prestación tiene un pronóstico limitado, entre 6 y 12 meses según los casos.
Emilio Coveri fue acusado de “incitar o por lo menos reforzar” la decisión de una mujer de 47 años que padecía depresión, síndrome de Eagle, y que contactó con la asociación para finalmente viajar a la clínica de Dignitas en Forch (Suiza) en marzo de 2019.
La condena a tres años y cuatro meses de cárcel al presidente de Exit-Italia finalmente se anuló. La familia de la mujer, fue la que presentó la denuncia después de intentar sin éxito frenar el suicidio asistido contactando incluso con Dignitas.
Las parejas que deciden poner fin a su vida con una eutanasia programada para un mismo día y hora suponen un porcentaje pequeño del total de muertes asistidas en Países Bajos, pero su número aumenta paulatinamente y son ya decenas al año. Entre ellas la del ex primer ministro neerlandés Dries van Agt y su mujer, ambos de 93 años.
El último año del que se disponen de cifras oficiales es 2022, , hubo casi 9.000 eutanasias en Países Bajos, 29 parejas que se sometieron a un proceso de muerte asistida. En 2021 fueron 16 parejas, y el año anterior 23. De momento, las “dúo-eutanasias” siguen siendo una excepción y representan menos del 1 % del total de casos.
Cuando los dos miembros de una pareja solicitan la eutanasia, médicos diferentes evalúan la solicitud de cada uno como dos procesos individuales y están sometidos a las condiciones de cualquier otro caso.
Solicitudes de eutanasia con trastorno mental
La directora de la NVVE-Asociación Neerlandesa para una Muerte Humana denuncia una atención inadecuada a las personas con enfermedad psiquiátrica que solicitan la eutanasia, y por esta razón la psiquiatra Kit Vanmechelen ha abandonado el Centro de Expertos de la Eutanasia, el cual se hace cargo de los casos más complicados frente a la habitual renuencia de los psiquiatras. Esta última explica en una extensa entrevista en la revista Volkskrant que los plazos de espera pueden alcanzar los tres años, sin ninguna atención particular para el solicitante durante este tiempo. Algunos pacientes no han soportado la espera y se han suicidado de manera violenta.
Varias iniciativas intentan remediar esta situación. Es el caso de Kit Vanmechelen y su colega Menno Oosterhoff, quienes han puesto en marcha la Fundación KEA para un mayor conocimiento y comprensión de la eutanasia con pacientes con problemas psiquiátricos.
Por su parte el gobierno ha creado Thanet, una plataforma de intercambio de conocimienos dirigida a psiquiatras y otros profesionales de la salud mental para una mejor atención a las personas con una solicitud de eutanasia o un deseo persistente de muerte. También la fundación Letting go in love, creada por y para padres de jóvenes con trastorno psiquiátrico.
Juicio contra militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad
Siete miembros de la Cooperativa de la Última Voluntad han sido acusados juicio oral de haber organizado una red de distribución de un producto letal baptizado ‘Medium X’. Él mismo se desarrollará en 8 sesiones, entre el 8 y el 23 de abril en la ciudad de Arnhem.
Arrancó la campaña electoral portuguesa de las elecciones legislativas que se celebrarán el 10 de marzo. Los activistas temen que una causa como la muerte médicamente asistida, por ser tema polémico y divisivo, quede fuera de la campaña electoral. Por otra parte, la derecha está esperando la sentencia del Tribunal Constitucional en respuesta a una solicitud de ‘revisión sucesiva’ de la ley presentada en octubre pasado por el PSD.
Después de casi tres años de avances y retrocesos, con vetos del presidente de la República, ‘la Ley que regula en qué condiciones la muerte asistida no es punible’ se halla vigente, pero falta el reglamento de aplicación que debería haber estado listo en octubre. Ahora se teme que este derecho no se haga realidad. “Este riesgo está claramente sobre la mesa. Si hay una mayoría de derecha, fácilmente puede revertir la ley. O crear condiciones para que no se regule”, señala el médico Bruno Maia, activista por el acceso a la muerte médicamente asistida y nuevamente candidato del Bloco de Esquerda en estas elecciones legislativas.
Como prueba, la carta abierta firmada por más de cien personalidades de los ámbitos universitarios, jurídicos y profesionales que piden a los partidos que se comprometan a revocar la ley de eutanasia.
Se ha publicado a finales de febrero el informe del Comité Parlamentario de Atención Sanitaria y Social sobre Muerte Asistida, tema que los parlamentarios califican de “difícil, delicado, y sin embargo, crucial”. La publicación refleja las numerosas sesiones realizadas, los datos y testimonios recibidos por escrito, también de países que han regulado la muerte asistida. DMD en su momento mandó un informe a petición de la asociación inglesa My Death, My Decision.
El informe del Comité Parlamentario presenta argumentos a favor y en contra: su intención es proporcionar un recurso para apoyar un futuro debate parlamentario.
Además el Comité insta al gobierno a estudiar la problemática planteada por la desigualdad que crearía en el país la probable aprobación de leyes de muerte asistida en un plazo relativamente cercano en las islas de Man y de Jersey, así como en Escocia.
La sociedad británica está masivamente a favor de la regulación de la muerte asistida y cada vez más personalidades y políticos lo expresan públicamente. Una famosa presentadora de televisión enferma de cáncer y socia de Dignitas ha promovido una petición que ha reunido más de 120.000 firmas en pocos días. Los ministros de Finanzas y de Exteriores del actual gobierno conservador han declarado que votarían a favor de un cambio de ley, y el líder laborista Keith Starmer ha declarado que su partido está estudiando apoyarse en comités ciudadanos en caso de alcanzar el gobierno para conseguir este cambio.
EXIT DEUTSCHE SCHWEIZ, asociación que realiza acompañamientos al suicidio en la parte germanófona del país, acaba de hacer públicos los datos 2023. Según los mismos ayudó a morir a 1252 personas – un 11% más que en 2022- y se adhirieron 19.679 integrantes, lo que eleva a 167.631 el número de miembros de la asociación. 92.000 han registrado el testamento vital.
Cabe reseñar que EXIT DEUTSCHE SCHWEIZ sólo acepta miembros con nacionalidad suiza o residencia legal en el país.
Paola Roldán, enferma de ELA que reclama su derecho a una muerte digna, presentó una demanda de inconstitucionalidad del art.144 del código penal que castiga con más de 10 años de cárcel a la «persona que mate a otra».
El Tribunal Constitucional en su sentencia del 5 de febrero ha declarado la «constitucionalidad condicionada» del art.144, legalizando la ayuda a morir siempre que sea realizada por un médico que acceda a la solicitud libre, informada e inequívoca de un paciente que experimente un intenso sufrimiento causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.
El fallo declara inconstitucional también el artículo 90 del Código Deontológico médico que prohíbe la ayuda a morir.
Concretamente, el Tribunal otorga 6 meses al Defensor del Pueblo para preparar un proyecto de ley y un año al Parlamento para aprobarlo. El Ministerio de Sanidad dispondrá de 2 meses para redactar el reglamento.
Los abogados han señalado que la sentencia es de cumplimiento inmediato para Paola Roldán, si así lo desea.
La desconexión de medidas de soporte vital es legal en Perú pero en el caso de María Benito, paciente con una ELA en fase muy avanzada, los médicos se negaron a respetar su solicitud.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha respondido favorablemente a su petición: “El procedimiento al que accederá María Benito no requiere un protocolo: el retiro del ventilador mecánico es parte de negarse a recibir un tratamiento médico (regulado en la legislación). EsSalud —que asemejaba erróneamente este procedimiento con una eutanasia— deberá asignar un personal médico no objetor de conciencia que retirará la máquina y aplicará un sedante hasta que a Benito le llegue naturalmente la muerte. La muerte digna.” Esta resolución es inapelable.
“Es un caso que nunca debió ser judicializado porque ella solo pedía que hagan cumplir la ley”, dice su abogada.
Ana Estrada gana su última batalla
El Tribunal Constitucional autorizó en marzo de 2022 el acceso a la eutanasia a Ana Estrada, enferma de polimiositis y en estado de total dependencia. Desde entonces ha tenido que batallar con el sistema de salud que puso todos los obstáculos posibles. Parece que casi dos años después se ha creado un protocolo que ella juzga satisfactorio dado que respeta sus voluntades y le permitirá acceder a la eutanasia cuando lo desee.
Estaba previsto que el 17 de marzo el acceso a la ayuda médica para morir se abriera a las personas con enfermedades mentales, pero el Gobierno canadiense ha presentado en el Parlamento a principio de febrero un proyecto de ley para retrasarlo a 2027. Aducen que administraciones provinciales y profesionales sanitarios no estaban suficientemente preparados para esta extensión de la ley, tal como lo indicaba también el informe de un comité parlamentario sobre la cuestión.
Una encuesta de opinión en línea, basada en una muestra de 1.500 personas adultas, señala que menos de la mitad de los encuestados apoya la ampliación de la ley a las enfermedades mentales.
Quebec presiona al Gobierno federal para permitir el acceso a la ayuda médica a morir con testamento vital
La normativa que modifica la Ley sobre cuidados al final de la vida se aprobó en junio de 2023, ello permite que las personas que padecen una enfermedad grave e incurable y han perdido la capacidad de dar su consentimiento puedan acceder a la ayuda médica a morir a través de un documento de voluntades anticipadas. Aunque esta ley provincial entra en contradicción con el Código Penal federal.
Frente a esta contradicción, el Gobierno de Quebec reclama al Gobierno federal – el cual está tramitando la ley que aplazará a 2027 el acceso a la ayuda médica a morir con enfermedad psiquiátrica – que incluya en el texto una cláusula que permitiría hacer efectivo el acceso a esta prestación con testamento vital en las provincias que hubiesen legislado al efecto.
La Iglesia católica sigue resistiéndose a ofrecer la Ayuda Médica a Morir en sus instalaciones sanitarias
El arzobispado de Montreal ha presentado una demanda contra la legislación de Quebec sobre el final de la vida argumentando que viola la libertad religiosa al obligar a todos los centros de cuidados paliativos a ofrecer la asistencia médica para morir. Alega que estos centros deberían tener el mismo derecho que el personal médico a negarse a ofrecer servicios a quienes se oponen moralmente.
La asociación Dying with Dignity prepara una demanda contra un hospital católico que se niega a ofrecer esta prestación en Vancouver (Columbia Británica). «Esperamos que este caso conduzca a poner fin a la capacidad de la religión de condicionar la atención médica», declaró Daphne Gilbert, vicepresidenta de Dying with Dignity Canada y profesora de derecho en la Universidad de Ottawa.
La tasa más alta del mundo
Recomendamos la entrevista a Alain Vadeboncoeur, médico que desmiente que la práctica de la ayuda médica a morir haya ido demasiado lejos en Quebec, donde representa el 6,6% de los fallecimientos, la tasa más alta del mundo.
La Asociación Coreana por el Derecho a Morir (KARD) se creó en 2022, lucha por la legalización de la muerte asistida en Corea y cuenta actualmente con alrededor de 170 miembros.
A finales de diciembre con un grupo de abogados presentó un recurso constitucional solicitando una audiencia pública en el caso del Sr. Lee Myung-Sik, quien desea recibir ayuda legal para morir. Padece una atrofia de la médula espinal que le provoca grandes sufrimientos. El Sr. Lee se hizo socio de Dignitas pero al enterarse de que su hija sería juzgada por incitar a un suicidio en caso de acompañarle renunció a viajar a Suiza para morir.
Según una encuesta de 2023, el 80% de la población coreana es favorable a una regulación del suicidio asistido. Desde el punto de vista legal, se reguló en 2016 el derecho al rechazo de tratamientos de soporte vital, y en 2018 el testamento vital. Además, en 2022 un diputado registró un proyecto de ley de ‘muerte digna asistida’ que no se ha debatido todavía. El Sr. Lee escribió a los 296 diputados del Parlamento al respecto y solo uno le contestó.
Recomendamos el artículo ‘Objeción de conciencia y barreras al aborto en un contexto regional específico: un estudio con entrevistas a expertos’. El mismo versa sobre las consecuencias de esta posición que toman los médicos. Dicho texto analiza los daños que causa esta decisión a las mujeres que desean abortar, lo que se podría aplicar a quienes soliciten la eutanasia en el país si ésta fuera legalizada. Si bien la mayoría de los países que permiten el aborto a petición de las mujeres también otorgan a los médicos el derecho a la objeción de conciencia, ello ha demostrado constituir una barrera potencial al acceso al aborto.
“Nuestra investigación indica que la objeción de conciencia posiblemente imponga barreras a la prestación de servicios de aborto tanto temprano como tardío y especialmente en los últimos pasos procesales, lo que desde un punto de vista ético es especialmente problemático. Obligar a los hospitales a participar en la prestación de servicios de aborto en Alemania tiene el potencial de prevenir los impactos negativos de la objeción de conciencia sobre los derechos de las mujeres tanto a nivel individual como estructural”.
Recomendamos el artículo académico It’s Time to Change the Conversation About MAiD que ha escrito Thomas B. Strouse, psiquiatra que defiende el suicidio asistido.
Fernanda del Castillo, presidenta de DMD Asturias, interviene en el programa ‘Conexión Asturias’ de la TPA para conversar sobre la importancia de realizar el Documento de Instrucciones Previas y compartir la decisión con el entorno.
