Los casos de la joven Noelia y de Francesc, cuyas familias han llevado a los juzgados de Barcelona sus solicitudes de eutanasia, han provocado mucho ruido mediático y abren relevantes interrogantes. ¿Tiene una tercera persona derecho a recurrir una eutanasia en los tribunales? ¿Prevalece el derecho de un familiar al de una persona adulta y competente a disponer de su propia vida?

Por RAMON RIU

Desde agosto de 2024 se han publicado en los medios de comunicación muchas noticias sobre dos recursos presentados entonces ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona ​​contra sendas resoluciones de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña que habían informado favorablemente las solicitudes de eutanasia de Noelia y de Francesc. Ambos recursos los plantearon sus respectivos padres pidiendo la anulación de las resoluciones, alegando que no cumplían los requisitos de la Ley de Regulación de Eutanasia (LORE) y solicitando medidas cautelares para paralizar la prestación de la eutanasia.

Con anterioridad, en 2022 y en 2023, se habían impugnado otros dos casos por la vía penal. Es decir, los informes favorables de las comisiones de garantía y evaluación se han impugnado en cuatro ocasiones. Se trata de situaciones extremadamente dramáticas. No obstante, si podemos estimar en un millar las prestaciones de eutanasia informadas favorablemente en España desde que entró en vigor la LORE en 2021, el porcentaje de casos que se encalla en los tribunales es relativamente bajo y, en una amplia proporción, las resoluciones favorables de las comisiones de garantía y evaluación facilitan normalmente el acceso a la prestación a quien solicitó la eutanasia.

Pero la tramitación de los dos recursos planteados en agosto de 2024 en Barcelona se está dilatando muchos meses, suscitan una justificada inquietud y es preciso hallar un modo de evitar o corregir esas situaciones. Noelia, es una mujer de unos 24 años, con trastorno límite de personalidad, antecedentes de autolisis y varios intentos de suicidio. Sufre lesión medular con dolores, carece de movilidad de las piernas y control de esfínteres. Francesc es un hombre de algo más de 50 años que ha sufrido dos infartos y cuatro ictus, y también padece lesiones y graves limitaciones permanentes.

El caso de Noelia recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12, mientras que el de Francesc en el número 5 de los de Barcelona. En ambos procedimientos, los juzgados dispusieron inicialmente la suspensión cautelar de la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero acabaron negando a los padres la legitimación para recurrir e inadmitieron los recursos presentados. Asimismo, en ambos procedimientos se reconoció de algún modo que Francesc y Noelia son personas competentes para pedir la eutanasia.

Pero cada juzgado lo resolvió siguiendo un procedimiento distinto y con argumentos en parte diferentes. En el caso de Noelia, después de haber tramitado todo el proceso, con las alegaciones de las partes, pruebas de testimonios, periciales y conclusiones, la sentencia del 14 de marzo consideró que el padre carecía de interés legítimo para recurrir y que la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña cumple los requisitos de la LORE. No obstante, el abogado del padre de Noelia anunció que presentaría recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el caso de Francesc el juzgado no entró a tramitar el proceso, sino que, por auto del 7 de noviembre de 2024, declaró la inadmisión del recurso de su padre por carecer de legitimación y no entró a juzgar si la resolución de la comisión de garantía y evaluación cumplía o no los requisitos de la LORE. Pero el auto fue recurrido tanto por la fiscal como por el padre y el TSJC ha resuelto estos recursos mediante la sentencia del 31 de marzo de 2025 que anula el auto, devuelve el caso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Barcelona y le obliga a admitir a trámite el recurso del padre, a tramitarlo oyendo a las partes y a dictar sentencia con la que resuelva todas las cuestiones planteadas. Mientras en cada uno de estos procesos no recaiga una sentencia firme y definitiva, se mantiene suspendida la eficacia de las resoluciones de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Toda vez que la legislación procesal vigente permitiría plantear sucesivamente recursos ante el TSJC, ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es posible que las resoluciones que habilitaron la prestación de la eutanasia a Noelia y Francesc no puedan ser aplicadas hasta dentro de muchos meses o incluso más de un año. Esa situación puede obligarles a seguir viviendo durante largo tiempo en contra de la voluntad que han manifestado reiteradamente y con el sufrimiento inherente a su situación de contexto eutanásico, que ambos ya calificaron de insoportable cuando presentaron sus solicitudes de la eutanasia a comienzos de 2024.

Para entender cómo es posible que un sistema judicial cuya función es garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, esté sometiendo a tan atroz destino a Noelia y a Francesc, vamos a intentar dar respuesta a algunas cuestiones:

1. ¿Pueden ser recurridas las resoluciones de la Comisión de Garantía y Evaluación que ha informado favorablemente una solicitud de eutanasia?

La LORE configuró el procedimiento de solicitud de la prestación de la eutanasia como un procedimiento reglado, de naturaleza híbrida, médico en su inicio, con los informes del médico responsable y del consultor, pero que culmina como procedimiento administrativo, con la intervención de un órgano de la administración pública, la Comisión de Garantía y Evaluación, que resuelve conforme al procedimiento administrativo, tanto las reclamaciones contra los informes médicos como la resolución final del procedimiento.

La LORE dispuso que esas resoluciones, cuando son desfavorables, pueden ser recurridas ante los tribunales del orden contencioso administrativo, por el procedimiento especial de garantía de los derechos fundamentales. No obstante, la sentencia 19/2023 del Tribunal Constitucional reconoció que lo previsto en la LORE ha de completarse con lo dispuesto con carácter general en el artículo 106 de la Constitución, cuando establece que los tribunales revisan los actos de la Administración, así como la legislación procesal aplicable, que no excluye de revisión jurisdiccional ningún acto administrativo. Por tanto, en la actualidad, el ordenamiento jurídico vigente admite que también pueden ser objeto de recurso y control judicial las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación que informan favorablemente las solicitudes de eutanasia.

2. Si el derecho a solicitar la eutanasia es un derecho personalísimo, ¿cómo es posible que otras personas puedan recurrir la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación?

Únicamente la propia persona tiene derecho a solicitar la prestación de la eutanasia. Así resulta de la LORE y de los derechos fundamentales en los que se enmarca. La titularidad y el ejercicio del derecho a la integridad física y moral en relación con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, así como del derecho a la vida (artículos 15 y 10.1 de la Constitución), corresponden únicamente a la propia persona y el derecho a solicitar la eutanasia es una pura manifestación de la libre autodeterminación personal. Lo mismo resulta del derecho a la vida privada y el derecho a la vida reconocidos en los artículos 8.2 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, sólo la persona que ha solicitado la eutanasia puede tener un derecho afectado por la resolución que informa favorablemente su prestación.

Pero la Constitución reconoce también a todas las personas el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos (artículo 24). De ese enunciado resulta que un acto de la Administración, como es la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación, puede ser recurrido no sólo por quien tenga su derecho afectado por ese acto, sino también por quién tenga un interés legítimo afectado por el mismo. El concepto de interés legítimo se puede identificar con la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en la propia esfera jurídica de quien lo ostenta, caso de que llegue a prosperar el recurso que plantea. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han elaborado una extensa doctrina en el sentido que para reconocer el interés legítimo a quien plantea un recurso contencioso-administrativo, es preciso que la resolución impugnada repercuta de forma clara y suficiente en su propia esfera jurídica, pero dada la infinita diversidad de supuestos en los que puede invocarse ese interés, se ha de determinar caso por caso si el recurrente ostenta el interés que le legitima para recurrir, en función de las circunstancias específicas y los derechos e intereses concretos en presencia.

“Es posible que los tribunales nieguen a un padre la posibilidad de recurrir la eutanasia de su hijo o hija, porque el mero interés del padre en proteger la vida no puede prevalecer sobre el derecho de una persona adulta a disponer de su propia vida”

La sentencia en el caso Noelia, después de conocer todas las circunstancias del caso, ha resuelto que el padre carecía de interés legítimo y, en consecuencia, ha inadmitido su recurso. Pero en el caso de Francesc, el auto del juzgado que había inadmitido inicialmente el recurso ha sido anulado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 31 de marzo, al considerar que no cabe de forma general negar absolutamente que un padre pueda tener ese interés legítimo para recurrir la eutanasia del hijo, sino que es preciso analizar las circunstancias del caso concreto y, en su caso, fundarlo en esas concretas circunstancias. En consecuencia, devuelve el asunto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Barcelona para que lo tramite, conozca sus aspectos formales y de fondo, y resuelva de nuevo por sentencia. Cabe observar que el TSJC advierte que no está condicionando en absoluto el sentido que pueda tener esa futura sentencia.

Por tanto, es posible que los tribunales nieguen a un padre la posibilidad de recurrir la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación favorable a la eutanasia de su hijo/a, porque el mero interés del padre en proteger la vida no puede prevalecer sobre el derecho del hijo/a, mayor de edad, competente, consciente e informado, a disponer de su propia vida. Pero en nuestro sistema constitucional ese conflicto entre derechos e intereses contrapuestos lo han de resolver los tribunales, fundándolo sólidamente en el examen de las circunstancias formales y de fondo del caso concreto.

Los recursos jurisdiccionales planteados en los casos de Noelia y Francesc son los primeros que se presentan contra resoluciones favorables de las comisiones de garantía y evaluación, y carecemos todavía de pronunciamientos del Supremo, del Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fijen un criterio interpretativo preciso para todos los demás tribunales. No obstante, dado el carácter personalísimo del derecho a la eutanasia, podemos prever que su jurisprudencia pronto fijará una interpretación muy restrictiva de la posibilidad que terceras personas, parientes o próximas, puedan plantear esos recursos.

Otra cosa distinta es la legitimación institucional para recurrir reconocida por el ordenamiento jurídico vigente al Ministerio Fiscal, conforme a la misión que tiene conferida por el artículo 124 de la Constitución para la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como su necesaria intervención en todos los procedimientos de derechos fundamentales, exigida por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. ¿Como podría evitarse la suspensión por un tiempo tan prolongado de la eficacia de las resoluciones de la Comisión de Garantía y Evaluación cuando son recurridas?

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva habilita a quien tenga interés legítimo para recurrir y pedir la revisión jurisdiccional de la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación. Además, las medidas cautelares de suspensión de la eficacia de los actos administrativos impugnados forman parte de ese derecho, y la ley encomienda a jueces y tribunales, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la adopción de medidas cautelares de suspensión para asegurar la efectividad del proceso cuando la ejecución del acto recurrido haría perder su finalidad al recurso planteado. Pero al conocer de estos recursos, tanto jueces y tribunales como el fiscal deberían ponderar mejor los derechos e intereses en presencia, reconociendo el sufrimiento insoportable que padece la persona a quien la Comisión de Garantía y Evaluación ha reconocido el derecho a la prestación de la eutanasia.

Cuando se suspende cautelarmente la prestación de la eutanasia, hasta que no recaiga la sentencia definitiva y firme que resuelva el caso, se está obligando a la persona que solicitó la eutanasia a vivir largo tiempo en un estado de contexto eutanásico acreditado y con un sufrimiento que para esa persona resulta insoportable. ¿No equivale eso a imponerle una tortura o un trato inhumano y degradante de los prohibidos expresamente por el artículo 15 de la Constitución y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos?

El interés del recurrente en que un tribunal revise si la Comisión de Garantía y Evaluación ha evaluado correctamente la situación y si se cumplen los requisitos de la LORE no puede prevalecer indefinidamente, ni tampoco por un largo periodo de tiempo, sobre el derecho a la integridad física y moral, a la vida y a la libertad de la persona que solicitó la eutanasia. Eso deberían haberlo tomado muy en cuenta también la fiscal y el TSJC antes de dictar su sentencia en el caso de Francesc.

La vigente regulación en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de las medidas cautelares de suspensión dista mucho de ser apropiada para las condiciones en las que se encuentran las personas que solicitan la prestación de la eutanasia y pone de manifiesto la necesidad urgente de modificar esa ley para establecer en su Título V, entre los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de la persona, unas disposiciones específicas adecuadas a las circunstancias propias de estas situaciones, que regulen la adopción y revisión de posibles medidas cautelares así como, en su caso, unas vías específicas de recurso jurisdiccional, con un procedimiento abreviado y unos plazos de resolución especialmente breves, que no deberían dilatar todo el procedimiento más allá de diez días.

En la actualidad la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ya prevé otros procedimientos abreviados para los recursos contra la prohibición de manifestaciones, la interrupción o retirada de datos de internet, la autorización judicial de las transferencias internacionales de datos y la autorización judicial de las medidas sanitarias urgentes para la salud pública que limiten derechos fundamentales. Por tanto, resulta perfectamente lógico, dada la especificidad del derecho a la prestación de la eutanasia, introducir en esta ley una regulación especial que evite la dilatación del proceso y el sufrimiento que ello causa a las personas afectadas. La modificación de la disposición adicional quinta de la LORE y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa podría aprobarse mediante una ley ordinaria.

4. ¿Se evitarían los recursos de terceras personas suprimiendo el control administrativo previo de la prestación que actualmente ejercen las comisiones de garantía y evaluación?

La experiencia de otros países en los que la muerte medicamente asistida no precisa de un control administrativo previo, como Canadá o Bélgica, demuestra que no se evitaría la posibilidad que en algunos casos, parientes o personas allegadas a quien solicita la eutanasia emprendan acciones judiciales para intentar paralizarla.

Si la LORE no hubiese previsto la impugnación jurisdiccional de las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación por la vía contenciosa-administrativa, posiblemente esos mismos familiares estarían planteando acciones penales contra los profesionales sanitarios que hubiesen informado la solicitud de eutanasia. La existencia de las comisiones de garantía y evaluación y el carácter administrativo de sus actos, ofrece una sólida cobertura legal a la actuación de los médicos responsables y consultores. Hoy en día, quién afronta los litigios de terceros que pretenden paralizar el proceso de eutanasia son las administraciones públicas autonómicas, que disponen para ello de experiencia en litigar, abogados y medios. Si los profesionales sanitarios pudieran verse directamente expuestos a esos litigios, quizás muchos que en la actualidad aceptan su función como médicos responsables o consultores serían más reticentes e incluso algunos optarían por acogerse oportunistamente a la objeción de conciencia.

La LORE todavía es una ley poco conocida y asimilada socialmente. Afortunadamente disponemos del valioso aval de las sentencias 19 y 94/2023 del Tribunal Constitucional. Pero asentar la aplicación efectiva de la LORE va a requerir, entre otras cosas, que una amplia mayoría de médicos asuma la función que les encomienda la ley sin temor a sufrir consecuencias penales y, para ello, resulta esencial que puedan seguir contando con el respaldo y la cobertura legal que proporcionan las resoluciones de un órgano administrativo colegiado como son las comisiones de garantía y evaluación.

Si en el escenario actual parece poco viable una reforma amplia de la LORE, en cambio, bien lo podría ser complementar su regulación con una modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que establezca un procedimiento abreviado de recurso y un régimen específico de medidas cautelares que no desfiguren la garantía del derecho a la prestación de la eutanasia.

Artículo publicado originalmente en el número 93 de la revista de DMD.

Los datos sobre eutanasia del último informe del Ministerio de Sanidad constatan un ligero incremento tanto de las solicitudes como de las prestaciones de ayuda para morir, aunque la diferencia de implantación entre comunidades autónomas impide que podamos proclamar el buen funcionamiento de la Ley de Eutanasia en toda España

La eutanasia en España progresa lentamente, aunque lo hace en la buena dirección. Es la principal conclusión que se puede extraer del informe del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2023, denominado oficialmente ‘Informe de evaluación anual sobre la prestación de la ayuda para morir’, que se publicó el 12 de diciembre de 2024, casualmente el mismo día que Derecho a Morir Dignamente celebraba en Barcelona un acto por el 40 aniversario de la asociación. A pesar de que las cifras son mejores que en 2022, la implantación de la prestación de ayuda para morir es todavía muy dispar entre regiones, según los datos recogidos en el informe, que proceden de las comisiones de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma.

El Ministerio dirigido por Mónica García admite que “existe una notable diferencia en la implementación a través de las diversas comunidades autónomas con una distribución muy desigual y una variabilidad que dificulta la posibilidad de establecer conclusiones homogéneas de ámbito estatal”. Con estas desigualdades, no se puede afirmar, como hace el informe, que “la prestación funciona de manera adecuada en todo el país”. Al contrario, revela que todavía queda mucho camino por recorrer para asentar la prestación de ayuda para morir como un derecho accesible en el conjunto de España.

LAS CIFRAS DE LA EUTANASIA

El perfil del solicitante de eutanasia en 2023, según los datos desglosados en el informe del Ministerio de Sanidad, corresponde a una persona con una media de 69 años afectada por enfermedad oncológica o neurológica. De las 766 solicitudes presentadas durante el año (un 33% más que en 2022), 389 correspondían a hombres y 377 a mujeres, y el 95% tenía capacidad de hecho, porque tan solo el 3% correspondían a testamentos vitales (22 solicitudes), aunque en 68 casos, el 15% del total, se acortó el plazo entre la primera y la segunda solicitud por riesgo inminente de pérdida de capacidad de la persona solicitante.

Las enfermedades oncológicas (271 solicitudes) y las neurológicas (266) representan el 70% del total de las solicitudes de eutanasia, seguidas de lejos por pluripatologías, enfermedades respiratorias o cardiológicas, aunque más de un centenar de las peticiones de eutanasia de 2023 (un 14% del total) corresponden a enfermedades no especificadas, y en este cupo el Ministerio de Sanidad incluye el trastorno mental. La cifra de solicitudes de la prestación de ayuda para morir motivadas por una enfermedad mental no existe en el informe del Ministerio, y hay que calcularla sumando los datos que publican las diferentes comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autónomas: en 2023 se contabilizaron al menos 33 solicitudes, y Catalunya fue la única en notificar la práctica de eutanasias por “trastornos depresivos mayores”. Hemos de suponer que el resto de solicitudes fueron denegadas, aunque no hay forma de comprobarlo con la información que hace pública el Ministerio de Sanidad.

Menos de la mitad de las 766 solicitudes de prestación de ayuda para morir registradas en el año 2023 concluyeron en eutanasia. En concreto hubo 334 fallecimientos, el 44% del total de solicitudes. En la inmensa mayoría de los casos, eran personas con capacidad de hecho (319 fallecimientos), y solo el 4,5% (15) fueron atendiendo a las instrucciones previas de los enfermos. Del total de eutanasias, 159 se practicaron en el ámbito hospitalario (47%) y 147 en domicilios (44%). En casi todas las prestaciones la ayuda a morir se realizó por administración intravenosa y la asumió la sanidad pública (mayoritariamente profesionales de medicina de familia): tan solo 28 eutanasias, el 8% del total de 2023, las practicaron servicios médicos privados o concertados. De todas las personas fallecidas, el 12,5% donaron órganos.

Por comunidades autónomas, Catalunya es la comunidad donde se practicaron más eutanasias, 94 a lo largo del año, seguida de lejos por las 47 de Euskadi, aunque allí es donde se realizan más por número de habitantes. En tercera posición quedaría la Comunidad de Madrid con 35 durante 2023, y después Comunitat Valenciana (26), Canarias (25) y Andalucía (24). En todas las comunidades autónomas (a excepción de Ceuta y Melilla) se registraron muertes por eutanasia: en Extremadura, Región de Murcia y La Rioja apenas fueron dos en todo el año. El último informe del Ministerio presenta una novedad, porque por primera vez se incluye la mortalidad por eutanasia, como solicitábamos desde DMD: fue del 0.76 por cada 1.000 fallecimientos registrados. En términos poblacionales, el impacto de la eutanasia sigue siendo muy limitado, lo que refleja un uso puntual y controlado de este derecho.

El número de solicitudes denegadas en 2023 ascendió a 188, lo que supone el 24% de todas las presentadas en España. En la mayoría de los casos, el 63%, es el médico responsable quién rechaza la solicitud, mientras en el 25% la decisión la toma el médico consultor o la dupla, pero hay 23 solicitudes de las que se desconoce el motivo por el que fueron denegadas. El informe indica que 21 personas recurrieron la decisión a un juzgado de lo contencioso-administrativo, aunque el Ministerio asegura que todos esos recursos fueron desestimados, algo que no resulta creíble, porque es muy improbable que se resolvieran todos en 2023. También extraña que ninguno de los casos haya trascendido en los medios de comunicación.

Las personas que fallecieron durante la tramitación de su eutanasia llegaron a 190, el 25% del total de peticiones, un porcentaje casi idéntico al de 2022, cuando el 26% de los solicitantes perecieron antes de que se les prestara la ayuda para morir que establece la ley. Según la información que proporciona el Ministerio de Sanidad, dos de cada tres casos (el 64%) fueron por una complicación de origen oncológico, mientras el 20% tenía una causa neurológica. En estas cifras de fallecimientos incide la demora de los plazos entre la primera solicitud y la prestación, que en 2023 fue de una media de 67 días, lo que supone una mejora frente a los 75 días de media de 2022. En cualquier caso, hay mucho margen de mejora para llegar a los 45 días máximos deseables. Se puede realizar una estimación aproximada de entre 30 y 40 días para la resolución de la comisión de garantía y evaluación de acuerdo a los plazos mínimos y máximos establecidos en la Ley de Eutanasia: una vez que la comisión ha resuelto favorablemente, el plazo es muy variable puesto que el solicitante dispone de un margen de flexibilidad de hasta dos meses para recibir la prestación. La media que presenta el informe del Ministerio se puede reducir agilizando la tramitación de todas las solicitudes de personas en situación terminal.

UNA LECTURA CRÍTICA

El estudio del informe del Ministerio de Sanidad demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer para aumentar la calidad de estos datos, que se registran mediante el Sistema de Información de la Eutanasia, un programa informático que se hizo tarde y mal, y ahora se trata de mejorarlo. “A medida que este sistema se perfeccione, se prevé la incorporación de nuevos datos e indicadores”, se lee en el informe. Además, en el Sistema de Información de la Eutanasia solo se registran las solicitudes con informe favorable o desfavorable del médico responsable. Las que se presentan “a un médico que se haya declarado objetor de conciencia, y que no hayan encontrado un nuevo médico responsable a tiempo, o que hayan sufrido retrasos por otros motivos, podrían no estar reflejadas en el informe, lo que genera una posible subestimación de los casos. Por lo tanto, no podemos determinar con exactitud cómo afecta la objeción de conciencia a las personas solicitantes”, admite el Ministerio. A esto hay que añadir que algunas comunidades autónomas distinguen entre solicitudes y expedientes, sin que podamos tener constancia del número real de solicitudes, porque nadie las comunica (el médico responsable solo tiene obligación de notificar las denegaciones). Por ello, sería recomendable que todas las solicitudes se comunicaran a la comisión de garantía y evaluación o a la unidad de eutanasia, para que informara sobre su desarrollo: desiste, lo aplaza o fallece. Por otro lado, algunos datos de los informes de las comisiones de garantía y evaluación no coinciden con los del Sistema de Información de la Eutanasia.

Es urgente que el Ministerio de Sanidad proponga ya un modelo de informe común para todas las comunidades autónomas y que además inste a que cumplan con su obligación de publicar su evaluación anual. Porque los datos nunca van a cuadrar totalmente, pero hay que mejorarlos. Por ejemplo, las solicitudes se deben contar el año que finalizan, pero si la persona la aplaza y no ha fallecido cuando se realiza el informe, aparecerá registrada dos veces: en el año de solicitud y en el que se acabe prestando la ayuda para morir.

Más allá de la calidad de los datos, las cifras ofrecen conclusiones inapelables, como que el mayor obstáculo de la eutanasia en España es encontrar a un médico responsable para iniciar la tramitación. La falta de tiempo y la sobrecarga en las agendas de los profesionales sanitarios influyen, pero lo más importante es el compromiso personal del médico responsable con la persona que solicita ayuda para morir. Del mismo modo, los trámites de la prestación de la ayuda para morir son demasiado largos para los enfermos terminales, y es necesario agilizarlos. Es cierto que, como apunta el Ministerio de Sanidad, algunas personas solicitan la eutanasia muy tarde, pero 30 días debería ser un plazo de tiempo suficiente para resolverla.

Entre las mejoras pendientes está la necesaria actualización del Manual de Buenas Prácticas, cuya última edición, ya anticuada, es de 2021. También es necesario incluir indicadores socioeconómicos de los solicitantes de la eutanasia, “lo que limita la comprensión de los determinantes biopsicosociales que puedan influir en estas decisiones”, como reconoce el propio Ministerio de Sanidad.

La eutanasia es un derecho individual que ya forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero todavía no es accesible para todos los ciudadanos. «Es imprescindible garantizar una asistencia sanitaria de calidad que acompañe a las personas en el proceso final de la vida, facilitando una atención adecuada y respetuosa, ya sea a través de cuidados paliativos, sedación terminal o eutanasia, según las preferencias y la situación clínica de cada individuo. La eutanasia, como una opción personal, se enmarca dentro de un sistema regulado que asegura su aplicación con criterios médicos y legales. Desde la implementación de la Ley de Eutanasia, se ha constatado que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, gracias a la implicación y coordinación de los agentes involucrados», afirma el Ministerio de Sanidad. Sentimos discrepar, porque a la vista de los datos, no se puede proclamar que funcione tan bien.

Artículo publicado originalmente en el número 93 de la revista de DMD.

Laura Fernández Abalde, compañera de DMD Galicia, recibió la prestación de ayuda para morir el pasado mes de noviembre tras relatar su caso en los medios: si no se tramitaba con celeridad su solicitud de eutanasia, el cáncer podía acabar con ella. El periodista Luis Pardo relata cómo fue la última victoria de una luchadora incansable.

Por LUIS PARDO

Aquel día de noviembre hacía sol en Vigo. Llevaba un buen rato sentado en el coche, en el aparcamiento del Hospital Meixoeiro, con la radio puesta y la ventanilla abierta. Como siempre, había llegado demasiado pronto. No me fiaba ni del tráfico de la ciudad ni de mi sentido de la orientación —qué GPS ni qué GPS— y me parecía una enorme descortesía hacer esperar a Laura. La víspera habíamos hablado brevemente por teléfono, apenas un minuto, simplemente para concertar la cita. Y ahora llegaba el momento de conocernos.

Pertenezco a una generación que ha creado sus primeros recuerdos a través del audiovisual. La que adivinó por las películas de John Hughes cómo iba a ser su adolescencia; la que cuando pudo visitar por primera vez Nueva York, comprobó que todo le sonaba ya de los cómics de Spiderman… Apenas un par de semanas antes, yo había visto el final de Rapa, la fantástica serie de los hermanos Coira, y mientras subía en el ascensor no me quitaba de la cabeza la imagen de aquella puerta cerrándose tras la silla de ruedas de Javier Cámara.

No pude evitar sentirme un frívolo. También un afortunado. Hace unos años, a la llegada al velatorio del padre de un amigo, la pareja de otro de ellos comentó que nunca antes había estado en un tanatorio. Todos la miramos con incredulidad, pero también con un poco de envidia. ¿Quién se puede permitir superar de largo la treintena sin haber perdido a nadie importante? Al entrar en paliativos, yo me veía un poco como ella. Y, en cierta manera, como un intruso. Me colaba, sin identificarme, en un lugar donde se lucha por salvar vidas para tratar de ayudar a alguien a acelerar su muerte. En tres décadas de profesión nunca me había visto en una situación como esa.

34’36”

La conversación que Laura y yo mantuvimos aquel día sigue en mi móvil. Treinta y cuatro minutos y treinta y seis segundos guardados bajo uno de esos títulos automáticos que se generan atendiendo a la localización: “Del Hospital Meixoeiro”. Mirándolo hoy, todavía me parece mentira que ahí cupiese una vida entera, con su principio y su final. Porque el final, la necesidad de que ese final llegase tal y como Laura había elegido, fue lo que me llevó aquel día hasta Vigo.

Vigo es una ciudad con carácter propio. Que el brillo de las luces de Navidad —esas que, dice la leyenda, Peter Parker podría ver desde su apartamento en Queens en un día despejado— no os ciegue: Vigo es mucho más. Una ciudad luchadora, brava, guerrera, que forja personas con la chapa tan dura como el metal de sus barcos o de sus coches. Y, en concreto, mujeres. Algunas de las mujeres más impresionantes que me he cruzado —y de las que he aprendido— nacieron y crecieron allí. Y, aunque cuando la conocí no era más que una sombra de lo que seguramente había sido, Laura, la activista vecinal del barrio de Beade, pertenecía a esa estirpe indomable.

Las fotos que vi después mostraban a una mujer que transmitía fortaleza y actitud, ya fuese sujetando una pancarta en el Día da Morte Digna, moderando un acto público de DMD o en una de esas andainas en las que bajaba del monte con una bolsa llena de los desperdicios que había ido recogiendo. La que estaba sentada entre las dos camas de la habitación 705, sin embargo, transmitía una enorme fragilidad física, aunque desde la primera frase quedó claro que su voluntad permanecía igual de inquebrantable.

“Joven y bien”

“Yo siempre quise morir joven y bien. Lo pedí: joven y bien. Y se me está cumpliendo”. Sentada en la butaca de su habitación, en la unidad de paliativos del hospital Meixoeiro de Vigo, Laura Fernández habla con una convicción y una calma que impresionan. Su tono de seda, algo ralentizado por los calmantes, trasluce una voluntad de hierro y un humor que no perdió el filo. “Nunca quise llegar a los 90 años. Y eso que la gente te dice: ‘Bueno, pero si llegas bien…’. ¡Joder, a los 90 nunca llegas bien, no me toques las narices!”. Laura ya sabe que ella no va a pasar de los 67. Tras casi dos décadas militando en Derecho a Morir Dignamente (DMD), y después de una “vida plena” solo espera ahora poder ponerle “el broche final” de la eutanasia. Su única preocupación: que el cáncer se la lleve antes y no poder decidir cómo será “su último viaje”. Para quienes, como ella, conservan la lucidez hasta el final, la Xunta no permite atajos.

Así arrancaba la crónica que, tres días después del encuentro, publicamos en elDiario.es. 72 horas que se me hicieron eternas. Sabía, porque así me lo habían dicho una y otra vez, que ese cáncer de uretra tan grave y raro que padecía Laura corría demasiado y que cada día perdido en esa persecución absurda entre la administración y la muerte podía hacer decantar el resultado. “Con esta infección en la zona pulmonar nadie puede garantizar que no me vaya a quedar en coma de un día para otro”, alertaba ella misma. En 2023, el último año con registros completos, 14 de los 38 solicitantes de eutanasia en Galicia fallecieron esperando. Eran la mitad de los que decidieron seguir el proceso hasta el final.

Si Laura quería contarlo era para que la Xunta entendiese que su decisión estaba clara y que no iba a cambiar. Que los plazos y el garantismo extremo se habían convertido en un obstáculo para alguien que llevaba 20 años luchando por el derecho de los demás a morir como habían elegido. Una causa en la que se embarcó cuando conoció el caso de Ramón Sampedro: “Me parecía imposible que le hiciesen esa putada a un hombre que tenía una cabeza tan lúcida pero no tenía cuerpo”. Lo que nunca esperó que su última batalla fuese a ser por ella misma. “No, porque cuando eres joven piensas que no vas a morir…”. Y Laura seguía siendo joven.

En nuestra charla, pronto pude ver que estaba ante una persona excepcional, no como frase hecha sino, como diría la RAE, alguien “que se aparta de lo ordinario”. Nada en su vida lo había sido, no podía serlo tampoco el desenlace.

De 40 a 20

Laura y Pucho, su pareja, vivían juntos desde los primeros ochenta pero no se casaron hasta 2017. Incluso entonces, la decisión fue puro pragmatismo. “Yo seguía trabajando en la Sanidad y él era autónomo, así que nos casamos porque él iba a tener una pensión de mierda y a mí ya me jorobaría que la mía no la cobrase nadie”. Fue poco después de que la crisis se llevase por delante su pequeña carpintería de aluminio. Laura, riendo, no olvidaba la frase que les dijo la jueza: “¿Os lo habéis pensado bien?”.

Esa falta de prisa fue la culpable de que tuviesen una hija biológica, Sara, porque Laura, desde que vio de pequeña a Kim Phùc, la niña del napalm, corriendo desnuda y quemada tras un ataque estadounidense a su aldea en Vietnam, tuvo claro que lo que quería era adoptar. Y lo hizo, cuando cambió la ley. Así llegó Daniel. Pero por su casa pasó mucha más gente, esa a la que considera su familia y que convirtieron en un hervidero su habitación del hospital. Uno de ellos, aquel niño al que acogió y que hoy, un adulto que cumple condena en la cárcel, consiguió un permiso excepcional para despedirse de ella. “Si fuese creyente, diría que fue un milagrito”.

Cuando Laura me explicó los requisitos que marcaba la ley, mi cabeza volvió de nuevo a Rapa. Algún día alguien deberá agradecerle a los Coira la enorme labor pedagógica de su serie. Gracias a ellos sabía que había que solicitar la eutanasia dos veces, con un plazo de quince días entre ambos por si surgía un cambio de opinión. Para Laura, esos quince días eran un abismo, pero la Xunta sólo permitía sortearlo si había riesgo de perder la capacidad de decisión. No era el caso: su cabeza era lo único que podía no fallarle.

Sin embargo, algo había empezado a moverse. La multiplicación de noticias sobre Laura, la insistencia de su equipo médico, las protestas de DMD, las iniciativas políticas del PSOE en el parlamento… todo sumó lo suficiente para que, cuando justo cuando se cumplía el plazo para hacer la segunda solicitud, la Xunta cediera y le concediese su petición. En Galicia, la eutanasia tarda como media 40 días. Ella lo consiguió en 20. La senderista había ganado su última carrera.

El final deseado

“Nunca esperé un final tan bonito como éste”. Así se despidió en el vídeo que DMD difundió tras su muerte, el 19 de noviembre de 2024, nueve días después de la publicación de nuestra primera charla y 12 después de nuestro único encuentro. Un vídeo en el que no olvidaba un mensaje con una profunda carga política, como lo fue su pelea: “Le pediría a la gente que, cuando vaya a votar, vote a los que apoyan estas causas y no a los que restringen y luego gastan en cosas que no nos benefician”.

“Morir vamos a morir todos, pero la forma de morir que yo elegí me parece maravillosa”. Riendo, rodeada de los suyos, sin dolor. Haciendo honor al lema que encabezaría su esquela: “A miña derradeira viaxe decídoa eu”. Y si tuviese que declarar ante una jueza, como el día de su boda, seguramente le diría con la cabeza bien alta —y esa sonrisa que nunca la abandonó—: “Sí, me lo he pensado bien”.

Nuestra compañera Laura Fernández Abalde ha conseguido «morir bien» tal y como deseaba, rodeada de los suyos y cantando «gracias a la vida».

Has sido un ejemplo hasta el final.

Gracias por tanto, Laura 😘 pic.twitter.com/MoQJrM69vc

— Derecho a Morir Dignamente (@derechoamorir) November 19, 2024

Artículo publicado originalmente en el número 93 de la revista de DMD.