La burocracia, la desigualdad territorial y el rechazo a registrar las primeras solicitudes, sumado a la actual judicialización de dos casos, bloquean el ejercicio de este derecho, según destacó Loren Arseguet, presidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Federal, en una reciente conferencia celebrada en Castellón.

Al inicio de su intervención, que tenía como título Palos en las ruedas de la eutanasia, Arseguet se refirió a los dos casos de eutanasia ya conocidos, que fueron aprobados en julio de 2024 pero que actualmente se encuentran paralizados por recursos judiciales interpuestos por terceras personas.

“Tras toda la tramitación, que es tan complicada, estas eutanasias han sido suspendidas cautelarmente en los juzgados por sendos recursos presentados por un familiar, en ambos casos el padre. Actualmente siguen suspendidas y ya hace más de 16 meses que esas personas que deseaban morir no han podido hacerlo a pesar de que su prestación estuviese aprobada”.

Tras desgranar los pormenores de estos dos casos, Arseguet afirmó que “es una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que una eutanasia se aprueba si el solicitante se encuentra en lo que la ley denomina el contexto eutanásico, que se define como por experimentar una enfermedad terminal o imposibilitante, es decir, que supone una situación de dependencia muy grande, acompañada de un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, provocado por estas enfermedades. Es decir, que son personas que están sufriendo de manera intolerable”.

Según destacó, son dos casos que plantean una cuestión de fondo, que es si una tercera persona está legitimada para impugnar una eutanasia autorizada. “La LORE es una ley reciente”, explicó, “que prevé que si se han pasado todos los trámites y la Comisión de Garantías deniega la solicitud, el interesado puede poner un recurso contencioso-administrativo. La ley solo menciona la posibilidad de recurrir una eutanasia denegada por el propio solicitante porque se quiere garantizar la aplicación de ese nuevo derecho. Pero hay una zona gris, y es qué pasa con una eutanasia aprobada, si se puede recurrir o no. La ley contencioso-administrativa dice que para asegurar la tutela jurídica de la ciudadanía cualquier decisión administrativa de calado se puede recurrir por un tercero si la decisión es lesiva para él y es ahí donde se agarran los padres, intentando frenar esas eutanasias. Existe un conflicto entre una ley reciente y la legislación contencioso-administrativa, y no hay jurisprudencia”.

Aspectos positivos y negativos de la actual LORE

De los 193 países que reconoce la ONU solo once tienen una ley de eutanasia, y uno de ellos es España. Además, algunos cuentan con leyes más restrictivas que la nuestra. Por ejemplo, en algunos solo se puede acceder a la eutanasia en un estado de la enfermedad muy avanzado; es decir, cuando el pronóstico vital es inferior a seis meses. “La ley española no pone plazos y esto es una de las cosas positivas de esta ley”, puntualizó.

Otras de las leyes vigentes imponen exclusiones, como en Canadá, donde las personas con enfermedad mental no pueden acceder a la eutanasia. “Es una exclusión muy grave, porque el sufrimiento por enfermedad mental puede ser igual de terrible que otras enfermedades puramente físicas”.

Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, la ley española tiene otros aspectos problemáticos, como la excesiva burocratización, con una tramitación muy larga y un procedimiento muy pesado para el paciente.

La falta de formación e información

En su conferencia también analizó la presidenta de DMD Federal los datos del último informe sobre la eutanasia publicado por el Ministerio de Sanidad. Desde junio de 2021, fecha en la que se aprobó la LORE, se han recibido 2.432 solicitudes de eutanasia y se han realizado 1.123. “Tenemos una tasa de una eutanasia por cada 1.000 fallecimientos al cabo de cuatro años. Es una cifra muy baja, algo que también reconoce el propio informe, si lo comparamos con países como Bélgica, que estaba en 0,41% cuatro años después de que se aprobase su ley; Países Bajos en 1,4%, y Canadá en algo más del 2%”.

Entre los problemas que pueden explicar estas cifras tan bajas se encuentran, en primer lugar, que “efectivamente hay un déficit de información hacia el público. Se ha hecho muy poco para explicar que existe esta ley y que existe este derecho”.

Además, también hay un déficit de formación para los médicos: “para ellos, es un proceso muy difícil y exigente, al que hay que dedicar mucho tiempo. Supone hablar con el paciente de una forma que no es la habitual, no es el médico el que esté aconsejando un tratamiento al paciente. Por ello, muchos no están formados para ello. Además, hay que sumar problemas que ya tiene la sanidad en España, como las agendas llenas de los médicos, que no tienen apenas tiempo”.

Por otro lado, señaló las diferencias en la aplicación de la ley en las diferentes autonomías, ya que los datos permiten saber en qué comunidades hay mejores prácticas. “Se echa en falta”, alegó, “un papel de liderazgo por parte del Ministerio para unificar las prácticas de todas las comunidades autónomas y proponer un modelo de evaluación común”.

Para Arseguet, contar con apoyo administrativo y con profesionales de referencia especialmente formados en todas las áreas sanitarias es algo primordial, para que cuando un médico recibe una solicitud de eutanasia sepa que puede contar con ese profesional, que le va a acompañar en todo el procedimiento.

Faltan datos sobre las primeras solicitudes

También puso en relieve el tema de las primeras solicitudes que se pierden, algo que “en la asociación nos preocupa mucho”. Son solicitudes que no se recogen o que se quedan en un cajón. Destacó que “el problema es que no hay datos. La Administración sanitaria de cada comunidad autónoma debería habilitar un registro en el que se inscriba de inmediato cualquier solicitud de eutanasia que llegue, como ya se hace en comunidades como Asturias, Galicia o Madrid”.

También hizo referencia al hecho de que un tercio de los solicitantes fallecen durante la tramitación, lo que demuestra que no se está aplicando la posibilidad de abreviar los plazos en determinadas circunstancias, como se observa en la ley. Frente a este hecho, destacó que los plazos aplicados no son los que marca la ley, sino que se alargan demasiado. Esto supone que, frente a otros países cercanos al nuestro en el que la mayoría de las personas que fallece por eutanasia son enfermos oncológicos, en España la mayoría son personas con enfermedad neurodegenerativa, puesto que estos últimos sí pueden enfrentarse a estas largas tramitaciones.

En cuanto a la sanidad privada, aunque la ley dice que debe aplicarse tanto en la pública como en la privada y la concertada, la realidad es que “solo el 3% de las eutanasias realizadas se practican en la privada. Lo que suelen hacer en estos casos es sacudirse el problema y derivarlo a la pública. La eutanasia es una prestación que figura en la cartera de servicios de la sanidad y se debería poder realizar también en el sistema sanitario privado”.