La asociación ÖGHL (Asociación por una muerte humana) y cuatro personas, entre ellas dos enfermos graves y un médico, han recurrido la ‘Ley de Directrices de Muerte’ y el artículo del Código Penal relativo a la “asistencia al suicidio”. Solicitan la derogación de varias disposiciones de la ley: en particular la exigencia de que uno de los dos médicos que examinan e informan al paciente deba tener calificaciones en medicina paliativa y el hecho de que la aprobación de la solicitud de producto letal solo tenga un año de validez. Según los demandantes, los procedimientos establecidos en la ley, lentos y costosos, hacen prácticamente imposible que las personas que sufren mueran rápidamente, acompañadas y de forma autónoma con la ayuda de terceros.

Las eutanasias por sufrimiento psíquico aumentan en Bélgica. Recientemente el caso de Aron Wade, 54 años, un actor de televisión conocido en Bélgica, que luchó la mayor parte de su vida contra la ansiedad y la depresión y accedió a la eutanasia por padecer un sufrimiento psicológico insoportable ha sido profusamente comentado en los medios de comunicación. “Estadísticamente, podría haber esperado vivir otros 25 o 30 años. Prefiero que la gente mantenga la imagen de mí como un hombre de pie, en lugar de verme consumirme y sufrir más«, declaró en una entrevista en agosto pasado. Según Wim Distelman, presidente de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia y profesor de Cuidados Paliativos en la Universidad Libre de Bruselas, “llega un momento en el que lo intentas todo y el paciente sigue diciendo que sufre psicológicamente de forma insoportable todos los días. ¿Este paciente debería seguir vivo otros 20 años? No. Entonces debemos aceptar poner fin a su vida a petición de esta persona».

François Damas es el médico que aparecía en la película documental Últimas palabras. El titular de esta entrevista, en la que expone su experiencia en su Consulta sobre el Final de la Vida en un gran hospital de Lieja, no podía ser más contundente: «Es un privilegio extremadamente gratificante poder acompañar finales de vida. Los médicos que se niegan a hacerlo son simplemente unos gilipollas».

El diputado del MoDem (centro derecha), Olivier Falorni, muy comprometido desde hace años con la muerte asistida, ha presentado de nuevo un proyecto de ley que retoma el trabajo realizado antes de la disolución de la Asamblea en junio. 166 diputados han firmado este proyecto de ley, procedentes de nueve grupos diferentes, desde la presidenta de la Asamblea (macronista), hasta la ex primera ministra Élisabeth Borne, pasando por los presidentes y diputados de los grupos Insumisos, socialista y ecologista. El primer ministro, Michel Barnier, en su declaración de política general en el parlamento se quedó a medio camino: abordó el tema al final de su discurso, y solo se comprometió a «reanudar el diálogo con el Senado, los profesionales sanitarios y las asociaciones» en 2025. Esta falta de concreción ha creado mucho malestar. La orientación francamente derechista de su gobierno alimenta las dudas en cuanto a las posibilidades de reanudar el debate en el parlamento. Coincidiendo con este asunto, la prensa se hace eco de un caso terrible: se juzga ante un gran jurado en Lyon a una chica que provocó la muerte de su abuelo enfermo pegando fuego a su cama, y la defensa sostiene que se trata de un caso de eutanasia.

Ha fallecido Daniel Karsai, el abogado especializado en derechos humanos y enfermo de ELA, que luchó por la legalización de la muerte asistida en Hungría. Defendió su caso en los tribunales nacionales y en los tribunales europeos que fallaron en su contra. Su familia parece decidida a seguir luchando a favor de un cambio legislativo. Según una encuesta de la agencia Median, dos tercios de la población húngara apoya actualmente la eutanasia a pesar de la oposición del gobierno y de la Iglesia y de una tradición de conservadurismo social en el país.

Mariska sufrió durante dos años de tinnitus, un pitido insoportable, después de un accidente de carretera. Su vida se convirtió en un infierno. Ningún tratamiento funcionó. Su médico alegó que no había probado todos los tratamientos y le negó el acceso a la eutanasia. Ella no podía más y se suicidó, sola y clandestinamente. El marido de Mariska ha hecho público el caso: apoya la campaña de NVVE que denuncia las insuficiencias de la ley de eutanasia porque demasiados casos quedan fuera. La NVVE considera que, además de la ley de eutanasia, debería introducirse otra ley, para las personas que, aunque no padezcan ninguna enfermedad grave, sienten un ‘fuerte deseo de morir’. Reclaman «una ley en la que las personas que no padecen ninguna enfermedad puedan obtener ayuda o acceso a recursos para poder dirigir su propia muerte. Creemos que a estas personas también se les debe ayudar a morir con dignidad».

Cercano a la Cooperativa del Final de la Vida y firme defensor de la autodeterminación al final de la vida, un antiguo comisario de policía plantea un pulso a la fiscalía neerlandesa: ha puesto a punto un método de adquisición y distribución del nitrito que no representaría un delito penal. Deseoso de actuar a plena luz del día, pidió cita al fiscal general para exponer su idea y comprobar si daría pie a persecución penal. El fiscal se negó a recibirle y nuestro comisario ha puesto en marcha su plan de distribución del producto letal.

Por otra parte, ha empezado el juicio contra el sicólogo de 80 años Wim Van Dijk, activista de la muerte voluntaria, que ayudó a morir a su mujer afectada de demencia y luego vendió cientos de ‘kits’ compuestos por un antiemético y nitrito. El nitrito no es un producto prohibido, y la policía no ha conseguido relacionar ninguna muerte con las ventas de los kits de suicidio. Van Dijk está juzgado por infracción a la ley del medicamento por haber vendido a gran escala el antiemético. La fiscalía pide un año de cárcel, con seis meses condicionales. Las encuestas muestran que dos tercios de la ciudadanía neerlandesa está a favor de la muerte voluntaria y apoya una cambio legislativo en este sentido.

Hace un año un grupo de 56 diputados del ahora gobernante PSD presentó una solicitud de revisión constitucional de la Ley de Eutanasia. Unos meses después la Defensora del Pueblo presentó una solicitud similar. Por ahora se desconoce cuándo dictará sentencia el alto tribunal. Estas revisiones constitucionales no exigen la suspensión cautelar de una ley aprobada por el Parlamento. Sin embargo, pasan los meses sin que la ley entre en vigor. Unas 250 personalidades han firmado un manifiesto exigiendo la reglamentación y puesta en marcha de la ley y el Bloco ha forzado una comparecencia del ministro de Sanidad sobre la cuestión. En respuesta a estas iniciativas, está circulando una petición “para la derogación de la ley de eutanasia en Portugal”. En cuanto al gobierno, después de varias declaraciones contradictorias, finalmente ha anunciado que esperará la decisión de los jueces del Constitucional.

El apoyo mayoritario de la población de Reino Unido a una ley de muerte asistida ha puesto en evidencia por todas las encuestas recientes acaba de ser confirmado por las deliberaciones de un jurado ciudadano: el 70% de los participantes apoyó un cambio legislativo para las personas adultas y competentes en fase terminal de una enfermedad. En la Cámara de los Lores, Lord Falconer registró un texto de ley hace unos meses que se debatirá probablemente en segunda lectura a mediados de noviembre. Según The Guardian es probable que la Cámara de los Lores lo apruebe, algo que desbrozaría el terreno para que un diputado de la Cámara de los Comunes lo retome después. Si ocurriera así, el primer ministro, Keir Starmer, se ha comprometido a crear las condiciones para un debate serio que podría llevar a la aprobación de una ley en 15 meses.

La policía suiza ha abierto una investigación tras la utilización por primera vez del dispositivo Sarco por la asociación Last Resort para ayudar a morir a una estadounidense de 64 años afectada de una grave deficiencia inmunológica. El suicidio tuvo lugar en un bosque, cerca de la frontera alemana. Fue detenido el copresidente de la asociación Florian Willet, que acompañó al suicidio de la paciente. Las fiscalías de varios cantones suizos habían avisado a lo largo del verano de que abrirían investigaciones en caso de utilizar Sarco en sus territorios. Según Philip Nitschke, el inventor de Sarco, el dispositivo ha funcionado perfectamente, proporcionando una muerte tranquila, sin utilizar drogas letales controladas:. Sarco es una cápsula sellada en la cual la persona apoya en un botón que libera nitrógeno que provoca muy rápidamente una muerte sin dolor. Al no usar ningún medicamento, desaparece la necesaria intervención de un médico y no está sometido a la Ley del Medicamento. Según la ministra de sanidad suiza, Sarco no cumple con la ley por dos motivos: infringe una ley federal sobre la seguridad de los productos, que no deben poner en peligro a las personas, y el uso de nitrógeno contravendría la ley sobre productos químicos. El tema ha encontrado un amplio eco en los medios de comunicación, y muchas intervenciones de ‘expertos’ muestran la dificultad a elaborar una opinión racional, más allá de impresiones imprecisas y de un simple rechazo.

Una reciente encuesta muestra que un 60% de las personas interrogadas está a favor de la eutanasia ‘en casos especiales’, un 29% ‘en todos los casos’ y un 11% que nunca se debería permitir. Comparando con resultados de años anteriores, está disminuyendo la proporción de los que se oponen tajantemente a la eutanasia. El presidente Gabriel Boric ha anunciado que pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos.

El Tribunal Constitucional legalizó la eutanasia en Colombia en 1998, pero no se pudo acceder realmente a la prestación hasta 2015, después de varias amonestaciones del alto tribunal al gobierno. Desde entonces, según Lucas Correa, abogado y presidente de DescLAB, un organismo que defiende la muerte digna, las mentalidades han cambiado y dos casos recientes lo demuestran. En el caso de Javier Acosta, un hombre joven de clase popular de Bogotá e hincha del club de fútbol Millonarios, se rompe el estereotipo según el cual la eutanasia es para personas mayores de clase acomodada; y en el caso de Tatiana Andia, una socióloga de unos 40 años con cáncer metastásico, valora la lucha contra el ‘encarnizamiento terapéutico’ demasiado a menudo practicado en el país, y la determinación a tomar decisiones lúcidas y libres relativas al final de su vida.

Los enfermos que esperan poder acceder a la eutanasia al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó la ayuda médica a morir en respuesta al recurso planteado por Paola Roldán lo tienen muy difícil. La prensa ecuatoriana ha dado a conocer el caso de un enfermo de ELA que murió antes de haber podido presentar toda la documentación y efectuar todos los exámenes médicos que se le exigían. La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley ya criticado por la excesiva burocratización del proceso.

Especialistas y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) preparan una propuesta de iniciativa legislativa para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en la Ciudad de México (CDMX), la cual será enviada al Congreso de la capital del país por la Asociación Libertad para Morir A.C.

Una propuesta de ley que busca regular la eutanasia y el suicidio asistido en Panamá fue presentada a principio de septiembre por un ciudadano ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El texto establece los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a la prestación, así como las responsabilidades y derechos de los profesionales de la salud y los pacientes. El documento se está analizando en la Dirección de Asuntos Plenarios, instancia que deberá calificar la propuesta. De allí, deberá pasar a la Asesoría Técnica Legal de Comisiones, que es la que determinará si la iniciativa es viable o no. En caso de ser viable, el texto será devuelto a Participación Ciudadana, que lo convertirá en anteproyecto para luego remitirlo a la Comisión de Salud y ser finalmente debatido en plenaria de la Asamblea.

La Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Eutanasia en octubre de 2022, pero desde entonces la tramitación del texto se estancó en el Senado. La legislatura se acabó el 15 de septiembre sin que se abriese el debate sobre el texto en la cámara alta: la propuesta tenía el respaldo del Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya, pero dividía al oficialismo, a pesar de que el texto había sido presentado por un diputado del Partido Colorado que deplora el obstruccionismo fomentado por muchos de sus compañeros de partido. La decepción es infinita entre los activistas que impulsaron el debate social sobre la eutanasia.

Dying With Dignity Canada (DWDC), dos pacientes y un bufete de abogados han presentado un recurso judicial para garantizar la igualdad de las personas cuya afección subyacente es una enfermedad mental en la aplicación de la ley de muerte asistida. Argumentan que la continua exclusión refuerza el estigma y los prejuicios históricos contra las personas con enfermedades mentales y viola el artículo 15 de la Carta de los Derechos al discriminarles por el tipo de enfermedad que padecen. Recordamos que el gobierno prorrogó anteriormente la exclusión de las personas con enfermedad mental del acceso a la ayuda médica a morir hasta 2027. Por otra parte, asociaciones de personas con discapacidad y personas individuales han presentado ante el Tribunal Superior de Ontario un recurso contra la llamada ‘segunda vía’ de acceso a la ayuda médica a morir que permite el acceso a la prestación a las personas cuya muerte no es ‘razonablemente previsible’. Aducen que ‘actualmente existe una tendencia alarmante a que las personas con discapacidad soliciten asistencia médica para morir debido al aislamiento social, la pobreza o la falta de apoyo básico’.

Kenneth Law, de 58 años, es sospechoso de enviar cientos de paquetes que contenían sustancias letales a personas con tendencias suicidas. Está siendo procesado por 14 ‘asesinatos con premeditación’ -casos en los cuales la policía ha podido establecer el vínculo entre envío del producto y fallecimiento- y se enfrenta a la cadena perpetua. Fue detenido en mayo de 2023 cuando llevaba casi tres años vendiendo nitrito en varios sitios web. La policía canadiense estima que envió más de 1.200 paquetes a unos cuarenta países. Según su abogado la acusación no se sostiene porque vendió una sustancia que no estaba prohibida y se podía adquirir libremente hasta hace poco en Amazon.

«La cuestión de las solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir es objeto de un amplio consenso en Quebec«, afirmó el ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, en un comunicado. El gobierno de la provincia, después de solicitar sin éxito durante meses al gobierno federal la autorización de aplicar la ley aprobada por su parlamento provincial que permitiría solicitar la ayuda médica a morir a través de directrices anticipadas, está decidido a aplicarla a partir de finales de octubre. El director de Procesos Penales y Criminales de la provincia se ha comprometido a instruir a los fiscales para que no abran investigaciones penales en caso de aplicación de la ley provincial, aunque la ley federal no autorice la solicitud de la prestación a través de Directrices anticipadas. Los profesionales sanitarios sin embargo están preocupados por la indefensión que pueda suponer la existencia de dos legislaciones diferentes, una a nivel provincial y otra a nivel federal.

En noviembre se celebran elecciones en Virginia Occidental, y los votantes deberán pronunciarse también sobre una enmienda encaminada a prohibir la ayuda médica a morir en la constitución del Estado. La enmienda dice textualmente: “Ninguna persona, médico o proveedor de atención médica en el estado de Virginia Occidental participará en la práctica del suicidio médicamente asistido, la eutanasia o la muerte por piedad de una persona,” y el texto concluye “nada de lo dispuesto en esta sección impide al Estado aplicar la pena capital”.

Una jueza federal se ha negado a eliminar el requisito de residencia en la ley de suicidio asistido por un médico de Nueva Jersey. La demanda había sido presentada por dos mujeres con enfermedad terminal, residentes en Delaware y Pensilvania respectivamente, apoyadas por la asociación Compassion and Choice.

El gobernador demócrata del Estado de Delaware ha vetado la ley de suicidio asistido aprobada por las dos cámaras. En su carta de veto expuso que siempre se ha opuesto a la legislación, aunque reconoció las “opiniones reflexivas” expresadas tanto por los partidarios como por los opositores. También señaló que la legislación fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado por un solo voto, una indicación, según él, de que el tema es divisivo y controvertido.

Una encuesta realizada este año mostró que el 70% de la población del Estado aprobaba la ayuda médica para morir. Sin embargo, el parlamento del Estado, de mayoría demócrata, acaba de rechazar por un solo voto un proyecto de ley de suicidio asistido. Se trataba de un proyecto muy garantista que exigía que el paciente, con un pronóstico de 6 meses o menos, tuviera que pasar por múltiples solicitudes y períodos de espera antes de obtener los medicamentos letales.

La plataforma se llama Infopunkt.Sterbehilfe y ofrece información completa sobre la autodeterminación al final de la vida. “Para nosotros es especialmente importante presentar los derechos básicos al final de la vida de forma clara y comprensible para que todos los ciudadanos estén informados sobre sus opciones», declaran sus promotores.

En un comunicado publicado a principios de agosto, la asociación Verein Sterbehilfe (Asociación de Ayuda para Morir) pide a sus miembros y simpatizantes en los landers del este del país (Brandeburgo, Sajonia y Turingia) que no votasen en ningún caso por candidatos de la ultraderechista AfD (Alternativa por Alemania) en las próximas elecciones locales. La asociación anunció también que en el futuro no prestará asistencia para el suicidio en estos estados federados si existiera un gobierno «con ministros de extrema derecha o un gobierno minoritario que dependa de la extrema derecha«. La asociación ya había incluido en sus estatutos en 2023 que no aceptaría como miembros a personas comprometidas con la AfD.

Dos militantes de Ultime Liberté han sido detenidos por “intento de suicidio asistido” a un nonagenario e imputados por “ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico”, pero también “por haber provocado el suicidio de la víctima proporcionándole diferentes productos que no habían surtido efecto debido a la regurgitación por parte de la víctima”, explicó el fiscal. Son también sospechosos de haber “hecho propaganda y publicidad a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medio para suicidarse”. La asociación Ultime Liberté también es objeto de los dos últimos delitos, ya que el fiscal considera que la organización «practica un activismo ofensivo promoviendo los medios para suicidarse”.

Una mujer de 71 años, hospitalizada en cuidados paliativos en un centro de Lyon, falleció después de que un tercero le inyectara voluntariamente el contenido de una jeringa de morfina. Una de las hijas de la septuagenaria admitió haber suministrado el producto para poner fin al sufrimiento de su madre con el consentimiento de sus hermanos. Los tres hijos de la mujer fueron detenidos y la fiscalía ha abierto una investigación por “homicidio contra un ascendiente”.

¿Ha ido demasiado lejos la aplicación de la ley de eutanasia en los Países Bajos? Es lo que sostiene un grupo de 14 psiquiatras en una carta dirigida a la Fiscalía en la que solicitan una “investigación exploratoria” para determinar si se está traspasando los límites de la legalidad. El motivo de la carta es la eutanasia realizada en 2023 a una joven de 17 años por problema de salud mental y avalada posteriormente por la Comisión Regional de Revisión. La madre de la chica ha concedido entrevistas en los medios de comunicación para explicar que respetaba y apoyaba la decisión de su hija dado el sufrimiento «desesperado» que padecía. La carta ha provocado la reacción airada de profesionales. Por otra parte, la abogada de la NVVE señala que es un sinsentido pedir a la Fiscalía que investigue una eutanasia avalada por la Comisión de Revisión.

Un hombre de 79 años, miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), está acusado de «incitación al suicidio» por haber facilitado el producto letal y acompañado en el suicidio fallido de una mujer de 91 años. La mujer vomitó el preparado y el hijo, en un principio favorable a la decisión de su madre, llamó a la policía.

“¿Por qué dejamos sin solución a las personas que no son elegibles para la eutanasia o el suicidio asistido según la legislación actual? ¿Por qué tienen que recurrir a un circuito ilegal con todos los aspectos turbios que eso conlleva? ¿Por qué no aceptamos que no todo el mundo quiere morir de muerte natural?”. Son las preguntas formuladas por la directora de la NVVE (Asociación por la Muerte Voluntaria) en una columna de opinión en la que llama a los políticos a enfrentar el problema. Además recuerda, para apoyar su reivindicación, que el juez del caso contra los militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad, al pronunciar una sentencia benigna no recurrida por la Fiscalía, habló de “personas para quienes el ideal de autonomía a la hora de determinar su propia muerte ha sido primordial». Señala también el apoyo mayoritario de la ciudadanía, según las encuestas, a avanzar más allá de la Ley de Eutanasia, hacia una Ley de Vida Cumplida.

Ante una solicitud del Partido Socialista relativa al avance del proceso de reglamentación de la ley de muerte asistida, aprobada hace más de un año, el jefe de gabinete del ministro de Sanidad contestó que se encontraba “actualmente en fase de preparación”. La noticia inquietó a los diputados del CDS-Partido Popular quienes a su vez se dirigieron al gobierno preguntando si esta respuesta era un “error de comunicación” del ministro y si se mantenía el compromiso de esperar el veredicto del Tribunal Constitucional, ante el que se han presentado dos solicitudes de inspección de la ley de eutanasia. Los jueces no tienen ningún plazo obligatorio para pronunciarse y el gobierno se había comprometido a esperar el veredicto antes de elaborar el reglamento. Cuestionado por periodistas, el ministro de la Presidencia negó que el gobierno esté trabajando sobre el reglamento de la ley.

La asociación My Death, My Decision analiza en su página web lo que ha cambiado tanto a nivel político como socialmente en Reino Unido desde 2015, cuando fue derrotada en el parlamento una ley de suicidio asistido. El apoyo social a un cambio legislativo ahora es muy grande, y la composición del parlamento también favorable. El laborista Lord Falconer ya presentó un proyecto de ley en la Cámara de los Lores antes del verano. Parece probable que se presente un texto en los Comunes de aquí a finales de año.

Sean Davison fue fundador y presidente de Dignity SA (la asociación sudafricana por la muerte digna) y presidente de la World Federation of Right to Die Societies. Condenado hace años en su Nueva Zelanda natal por haber ayudado a su madre a morir, más tarde fue condenado a tres años de reclusión domiciliaria en Sudáfrica por haber ayudado a morir a tres personas. Al cumplir esta última condena se instaló en Inglaterra y dirigía el programa de Exit International dedicado al asesoramiento y acompañamiento a Suiza de personas que solicitaban un suicidio asistido. El motivo de la actual detención es haber acompañado a una persona a la asociación Pegaso de Basilea. Sean Davison había cancelado su colaboración con Exit International en abril pasado y estaba a punto de asumir la dirección de Pegaso cuando le detuvieron.

Durante todo el mes de agosto la prensa suiza se hizo eco de una intensa polémica alrededor del primer uso, a través de la recién creada asociación The Last Resort (TLR), del dispositivo Sarco creado por Philip Nitschke, director de la organización Exit International. La persona seleccionada para el primer uso del aparato falleció finalmente con la ayuda de la asociación Pegasos, después de denunciar públicamente la supuesta mala gestión de su caso por TLR, que publicó a su vez un artículo desmintiendo las acusaciones en su página web. Según declaró Fiona Stewart, miembro de la junta directiva de TLR, con Sarco el usuario pierde el conocimiento tras unas pocas inhalaciones y la muerte se produce en cuestión de minutos por hipoxia, es decir, insuficiencia de oxígeno. El coste de la operación es de 18 francos suizos (18,60 euros) y corresponde al precio del nitrógeno inyectado. En el proceso solo interviene un médico para certificar la capacidad de decisión de la persona que desea morir.

El diario económico Hospodárské Noviny dedica un editorial a la petición de abrir un debate sobre la eutanasia formulada por el presidente de la República Petr Pavel, pocos días después de la muerte del actor Karel Heřmánek, que se quitó la vida. «Creo que toda persona libre debería tener derecho a decidir cómo quiere terminar con su vida si se encuentra en una situación desesperada», declaró en Facebook, antes de agregar que debería tener lugar un debate social sobre este tema. El diario agrega que el 73% de los checos se muestran favorables a legislar sobre la cuestión, aunque los políticos prefieran en general no abordarla.

La Academia Pontificia para la Vida acaba de publicar un ‘Pequeño léxico del final de la vida’ en el cual sigue expresando su oposición rotunda a la eutanasia, declarando que “la libertad implica siempre la exigencia de ser responsable de la vida: de mí mismo y del otro, indisolublemente. Una perspectiva que ciertamente no coincide con una concepción individualista, que tiende a reducirla a la soledad de la autodeterminación”. Por otra parte, en un ínfimo avance, reconoce la necesidad de encontrar “un punto de mediación aceptable entre posiciones diferentes” en relación con el suicidio asistido (rechazado) y la posibilidad de suspender la alimentación y la hidratación de pacientes en fase terminal (en algunos casos).

El estado canadiense de Quebec sigue siendo pionero en los avances en derechos al final de la vida. Su parlamento aprobó con amplia mayoría una ley que permite el acceso a la ayuda médica a morir a través de un testamento vital. El problema es que esta ley entra en conflicto con el código penal federal, lo que crea una gran inseguridad jurídica para los profesionales. El gobierno quebequense ha exigido a Ottawa que incorpore una exención en el código penal que establezca que Quebec tendrá la posibilidad legal de desviarse de él en materia de muerte médicamente asistida. Frente a la oposición del gobierno federal, Quebec ha decidido aplicar su ley y confiar en que sus fiscales no inicien procedimientos contra los médicos que realicen ayuda a morir apoyándose en las directivas anticipadas del paciente. “Una vía totalmente posible, según los expertos constitucionales, pero que no entraña un riesgo nulo, ya que la ayuda médica a morir está ahora regulada en el código penal.”

Una reciente encuesta realizada por Gallup muestra que el 71% de los estadounidenses piensan que los médicos deberían tener “autorizado por ley poner fin a la vida del paciente por algún medio indoloro si el paciente y su familia lo solicitan”. Y el 66% piensa que los médicos deberían “estar autorizados por ley a ayudar al paciente a suicidarse” en el caso de pacientes terminales que viven con dolor intenso y lo solicitan. El suicidio asistido por un médico recibe un apoyo ligeramente menor, probablemente porque el “suicidio” conlleva un estigma social y religioso (solo un 22% de los estadounidenses considera el suicidio como moralmente aceptable). Los demócratas (79%) son más propensos que los republicanos (61%) o los independientes (72%) a estar a favor de legalizar la eutanasia.

La asociación Go Gentle Australia acaba de publicar su Informe Anual sobre el estado de la muerte asistida voluntaria que recopila y analiza los datos relativos a la muerte voluntaria asistida en los estados australianos donde está regulada y en Nueva Zelanda. El informe recalca la existencia de numerosas barreras para acceder a la prestación, como la ‘cláusula mordaza’ que impide que los médicos hablen de la muerte asistida si el paciente no inicia la conversación, o la prohibición de abordar el tema a través de cualquier medio de comunicación. En cuanto a los datos, hasta la mitad de todas las personas que comenzaron el proceso de solicitud y evaluación de muerte voluntaria asistida no lo completaron, y aproximadamente una de cada cinco consideradas elegibles murió antes de recibir el producto letal. “Las tasas de no finalización sugieren que el proceso de solicitud de muerte voluntaria asistida puede ser demasiado complejo y que muchos solicitantes comienzan el proceso demasiado tarde”, dice el informe. En promedio, los solicitantes tardaron entre dos semanas y un mes en avanzar en el proceso de solicitud y aprobación. El informe concluye que las disposiciones destinadas a servir de salvaguarda están funcionando como barreras.

La ley de eutanasia de Nueva Zelanda entró en vigor el 7 de noviembre 2021 y solo permite el acceso a la prestación a los enfermos en etapa terminal. Se acaba de publicar el informe correspondiente al período entre el 1 de abril 2023 al 31 de marzo 2024. En ese tiempo se han recibido 834 nuevas solicitudes y realizado 344 eutanasias. La duración media del proceso fue de 16 días. En el 69% de los casos, la enfermedad que motivó la solicitud era el cáncer.

La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en febrero de 2024 y en junio el Ministerio de Salud publicó el reglamento de aplicación que precisa los requisitos y procedimientos. La prensa informa ahora de la primera solicitud presentada oficialmente presentada por un hombre que padece esclerosis lateral amiotrófica. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, acatando la sentencia de la Corte, ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitiría el acceso a la eutanasia a niños y adolescentes.

El Tribunal Supremo rechazó conceder la petición de una pareja de ancianos de permitir la eutanasia para su hijo de 30 años, que lleva 11 años en coma en su casa tras caerse del cuarto piso de un edificio. El paciente no depende de ninguna medida de soporte vital con excepción de la alimentación artificial. El tribunal considera que se trataría de una «eutanasia activa», que está prohibida en la India.

Apenas elegidos todos los miembros de la mesa del nuevo parlamento, el diputado Olivier Falorni anunció el viernes 19 de julio que había presentado el primer proyecto de ley de la 17ª legislatura de la Asamblea Nacional: el proyecto relativo al “apoyo a los enfermos y al final de la vida”. “Este texto pretende continuar el camino brutalmente interrumpido por la disolución. Por lo tanto, retoma íntegramente el texto votado por la comisión, así como todas las enmiendas adoptadas durante la sesión anterior”, escribe el diputado en la red social X.

El Festival de Aviñón, dedicado a las artes escénicas, es el de más solera en Francia. Fundado en 1947, se celebra todos los años en julio y atrae a muchísimos grupos teatrales que presentan sus producciones, y a miles de espectadores de todo el país. Este año, una obra titulada Exit logró un gran éxito. Se inspira en un documental del mismo título, multipremiado cuando salió en 2006. Basado en la experiencia de la asociación suiza Exit, la obra presenta el punto de vista de las personas que solicitan la ayuda a morir y también la de los acompañantes voluntarios de la asociación. De forma casi unánime, la crítica ha saludado una obra que “celebra la vida, la vida que elegimos y la libertad que conlleva”.

Tras un mes de espera, y a pesar de las presiones ejercidas por la abogacía del Estado en contra de los militantes de la Asociación Luca Coscioni investigados por acompañar pacientes a Suiza, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ampliando la posibilidad de acceso a la ayuda voluntaria a morir. El alto tribunal no aceptó la petición de la asociación de eliminar el criterio de dependencia de un tratamiento de soporte vital para acceder a la ayuda para morir, pero sí amplió el concepto de tratamiento de soporte vital para incluir los cuidados necesarios, en muchos casos proporcionados por familiares y personal no médico (por ejemplo, la evacuación manual o la aspiración de mucosidades de los conductos bronquiales).

Según las conclusiones del gobierno, la ley de terminación de la vida a petición propia (WTL en sus siglas neerlandesas) es una ley excelente: ofrece seguridad jurídica a los médicos y todas las garantías deseables. En consecuencia, no habría llegado todavía el momento de dar pasos adelante. Sin embargo, la asociación por la eutanasia NVVE estima que existe todavía mucho margen de mejora, citando las dificultades encontradas por solicitantes cuando su médico no practica la eutanasia o en los casos particularmente complejos de enfermedad mental.

La asociación recuerda que “diversas encuestas de opinión muestran que la mayoría de la población cree que debería haber ayuda disponible cuando las personas sienten que sus vidas están completas. Hay mucho debate social al respecto, en parte como resultado del proyecto de ley D66 que debería permitir que las personas de más de 75 años reciban ayuda si ya no quieren vivir”.

Se ha celebrado el juicio contra varios militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW). En Países Bajos, la participación en una organización criminal conlleva una pena máxima de prisión de seis años y la pena máxima por ayuda al suicidio es de tres años, y en este caso la Fiscalía, en su acusación, calificaba a CLW de ‘organización criminal’. Sin embargo las condenas pronunciadas son muy inferiores a las solicitadas: cuatro miembros fueron absueltos de participación en una organización criminal, y los otros dos fueron condenados a penas de prisión suspendidas por participación en una organización criminal y por facilitar medios para suicidarse.  La fiscalía declaró que no recurrirá la sentencia.

En una columna de opinión, la directora de la asociación NVVE recalca que “el juez habló de ‘aficionados bien intencionados’ que a veces habían perdido de vista los límites: ‘personas para quienes el ideal de autonomía a la hora de determinar su propia muerte ha sido primordial”, y emite el deseo de que cese la lucha de retaguardia de la fiscalía contra la libertad de decidir al final de la vida. Espera que “gobierno y políticos finalmente actúen en serio sobre un deseo claramente evidente en la sociedad: poder decidir por uno mismo cuándo, dónde y cómo morir.”

Lord Falconer ha presentado en la Cámara Alta del Parlamento de Westminster un nuevo proyecto de ley de muerte asistida, diez años después de que fuese rechazado un proyecto similar en la Cámara de los Comunes. «Presenté el proyecto de ley hace diez años y fue aprobado por la Cámara de los Lores. Luego pasó a la Cámara de los Comunes y fue derrotado con bastante contundencia», declaró Lord Falconer. «Han pasado diez años desde entonces, tenemos un primer ministro que lo apoya y ahora hay 477 nuevos diputados en comparación con los 650 diputados que estaban presentes en 2015. Creo firmemente que ha llegado el momento de realizar esta reforma, que es muy importante.”

El anuncio de la posible primera utilización en el mes de julio del dispositivo Sarco por la recién creada asociación Last Resort —asociación creada por Exit International a tal fin— ha suscitado muchísimas reacciones. El dispositivo consiste en una cápsula en la cual se introduce la persona que desea morir; el fallecimiento ocurre muy rápido y de manera indolora, por asfixia por nitrógeno. El cantón del Valais, donde se iba a utilizar el aparato ha prohibido su utilización. Juristas opinan que se trata de un dispositivo médico ya que “modifica un estado fisiológico o patológico” y por ende necesitaría una autorización de Swissmedic, la autoridad de vigilancia sanitaria, al contrario de lo que sostiene Exit International. Por su parte las asociaciones Exit-ADMD (francófona) y Exit Deutsche Scheweize han criticado públicamente la posible utilización de Sarco.

El 4 de junio de 2024 se presentó en la Cámara de Diputados de la República Argentina el proyecto de ley titulado “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”. Se trata de un texto mucho más permisivo que los presentados anteriormente. Permitiría la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en caso de “sufrir de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento físico o psíquico grave, crónico e imposibilitante, que afecta significativamente la calidad de vida del paciente, diagnosticada por el médico responsable”. No se requiere que la persona se encuentre en la fase final de una enfermedad terminal o esté experimentando sufrimiento extremo al momento de efectuar la solicitud, a excepción de los pacientes menores de edad. Permitiría también la asistencia al suicidio.

Un senador demócrata cristiano presentó en el Senado un proyecto de reforma constitucional que busca legalizar en Chile la eutanasia. Apoyándose en los planteamientos del teólogo Hans Küng, plantea que se reconozca el derecho “de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley, a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”. La iniciativa busca modificar la Constitución Política de la República mediante la incorporación de un nuevo artículo: “Toda persona tiene derecho a una muerte digna. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida. (…) Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”.

El Senado de Uruguay desestimó la posibilidad de tratar como grave y urgente el proyecto de ley que busca regular la eutanasia tras no alcanzar los votos necesarios para hacerlo. El proyecto de ley se registró en la Cámara de Representantes en 2022, y en octubre del año pasado fue aprobado con 57 votos a favor y 39 en contra. Pasó inmediatamente al Senado donde quedó bloqueado hasta hoy en la Comisión de Salud.

Los “ángeles de la guardia” de Delta Hospice Society —uno de los pocos hospicios totalmente pro vida de Canadá— son “visitantes amigables con la misión de garantizar que los pacientes reciban la atención médica y los cuidados paliativos adecuados y evitar que se les presione para que recurran a la eutanasia”, según la directora de la institución. Están actualmente buscando “clientes” (¡!). Estos ‘ángeles´ permanecerían al lado de la ‘persona vulnerable’ que haya solicitado su apoyo, desempeñando el papel de ‘defensor personal’ en nombre de la “santidad de la vida”.

En este artículo un psiquiatra norteamericano reflexiona sobre las falacias que sustentan el argumento del riesgo de ‘pendiente resbaladiza’, tantas veces esgrimido contra la regulación de la ayuda médica a morir:

https://www.psychiatrictimes.com/view/medical-aid-in-dying-and-the-slippery-slope-argument

Daniel González, mexicano acusado en los tribunales de Illinois de distribuir Nembutal a través de internet podría ser sentenciado, en un juicio ante gran jurado, con 60 años de cárcel. La operación policial que culminó con su arresto en 2021 empezó en 2015 y fue llevada a cabo por el HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional).

A principio de julio un diputado del Partido Democrático (PDK) en la oposición presentó un proyecto de ley titulado ‘Ley de Muerte Asistida con Dignidad’. «La esencia de la Ley de Muerte Asistida es permitir que los pacientes terminales elijan cuándo poner fin a sus vidas», declaró el diputado. «Los vivos son mortales y la muerte llega a todos. Haremos todo lo posible para que el proyecto de ley sobre la muerte asistida con dignidad se apruebe en la 22.ª Asamblea Nacional«, es decir en el actual período legislativo que arrancó en abril de este año.