Después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de febrero 2020, la práctica del suicidio asistido en Alemania no se desarrolla en una zona gris como afirman algunos. Ludwig Minelli, fundador de Dignitas, asociación que ha vuelto a operar en el país, afirma que la situación es en gran medida similar actualmente a la de Suiza, donde desde hace casi 40 años existe un marco regulatorio sin ley especial que constituye la base para la práctica del suicidio asistido. En su opinión, sólo sería necesaria una ley especial si el suicidio asistido se integrase en el sistema de salud pública, como es el caso en los Países Bajos y otros países.
En el mes de julio pasado el parlamento alemán rechazó dos proyectos de ley relativos al suicidio asistidos que de ser aprobados hubiesen seguramente motivado recursos ante el TC por su carácter muy restrictivo del derecho a la autonomía al final de la vida reconocido por el alto tribunal.
El Tribunal Administrativo Superior de Münster ha dictaminado que los médicos no pueden entregar libremente ningún narcótico letal a un paciente que solicita ayuda al suicidio, en respuesta a la demanda planteada por el jefe del equipo médico de la Asociación de Ayuda a Morir de Hamburgo. El tribunal también dictaminó que un médico no tiene derecho a importar de Suiza un producto no disponible en las farmacias alemanas como el Pentobarbital.
La ley de muerte asistida entró en vigor en Austria a principio de 2022, pero los obstáculos encontrados por las personas que desean ejercer su derecho a la autodeterminación reconocido por el Tribunal Constitucional son muy grandes. Esta situación motivó que la ÖGHL (Sociedad Austriaca para un Final de Vida Humano), con el apoyo de DIGNITAS, presente una demanda ante este tribunal el pasado mes de junio para remediar esta situación.
El gobierno debe presentar a finales de septiembre un proyecto de ley relativo a la ayuda a morir que se había propuesto “co-construir” con todas las partes interesadas. Sin embargo se encuentra entre posiciones irreconciliables: quince asociaciones de profesionales sanitarios encabezadas por la SFAP (Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos) se oponen radicalmente al reconocimiento de la ayuda a morir como un acto sanitario y a su inscripción en el Código de Salud Pública; por otro lado las asociaciones de muerte digna han expresado alto y claro su oposición a una ley tipo Oregón (acceso a un producto letal para pacientes con un pronóstico inferior a seis meses).
En un intento de desdramatizar el debate, el gobierno ha decidido descartar los términos “eutanasia” y “suicidio asistido”, y propone hablar de “muerte elegida pasiva” y “muerte elegida activa” respectivamente.
En una tribuna publicada en Le Nouvel Observateur, el filósofo François Galichet, miembro de la asociación Ultime Liberté opina que la concesión del acceso a la muerte asistida no debería ser de la incumbencia de los médicos: “Sería lógico que fuera un juez, y no un médico, el que tomara la decisión de ayudar a morir. Su tarea sería únicamente verificar la voluntad firme e ilustrada, así como el discernimiento del solicitante. Como seguramente no tendría tiempo para realizar él mismo estos controles, que requieren varias entrevistas espaciadas y en profundidad, este apoyo podría ser proporcionado, como en Suiza, por miembros voluntarios de asociaciones autorizadas por el Estado. El juez decidiría sobre la base de su informe. Uno de los criterios para una decisión positiva podría ser la pertenencia anterior a una asociación cuyo objetivo sea defender la libertad de disponer de la propia vida.”
Absuelto en primera instancia en 2021, Emilio Coveri, presidente de la asociación Exit-Italia ha sido condenado a 3 años y 4 meses de prisión y a 5 años de inhabilitación para cargos públicos por incitación al suicidio por el tribunal de apelación de Catania por acompañar a una mujer de 47 años a Suiza para un suicidio asistido en 2019. La fiscalía estimó que la enfermedad padecida por la paciente no era irreversible -síndrome de Eagle- que no había tenido acceso a los tratamientos adecuados y que padecía depresión. Emilio Coveri aduce que la paciente era miembro de la asociación y que solo se le suministró información. Cabe presentar recurso contra esta condena ante el Tribunal de Casación.
La comisión disciplinaria de Amsterdam ha pronunciado una amonestación contra una psiquiatra perteneciente al Centro de Expertos de la Eutanasia por “no haber actuado con la diligencia debida” en dos casos de eutanasia al no respetar todos los pasos especificados en la ley: en uno de los casos no tomó en cuenta la opinión contraria del médico consultor y, en el otro, prescindió del médico consultor. En caso de enfermedad mental, el procedimiento exige que se consulte un segundo psiquiatra especialista del trastorno presentado por el paciente.
Es importante recordar que la falta de psiquiatras dispuestos a participar en procesos de eutanasia es un gran problema en los Países Bajos y que los medios de comunicación no dejan de hacerse eco de los plazos –cada vez más largos– a los cuales se enfrentan los pacientes que, debido a esta escasez de profesionales, no tienen otra solución que dirigirse al Centro de Expertos de la Eutanasia.
Con ocasión del 50 aniversario de su creación, la NVVE (Asociación Neerlandesa por un Final de Vida Voluntario) recuerda, en un largo artículo publicado en su revista ‘Relevant’, las etapas recorridas hasta hoy en su lucha por el respeto de la libre determinación de las personas al final de la vida.
En julio, Alex S. fue condenado a 3 años y medio de cárcel por suministrar una droga letal por internet. Ahora, la Fiscalía habría reunido suficientes pruebas para acusar a un hombre de 76 años de un delito similar: al menos 500 personas habrían comprado una droga letal en el espacio de internet de la persona investigada y 7 habrían muerto después de su ingesta. El caso salió a la luz tras una denuncia de suicidio asistido en Zelanda y una muerte sospechosa en Breda en 2021. El hombre, miembro de CLW (Cooperativa de la Última Voluntad) afirma que actuó por motivos «idealistas» y que su objetivo no era comercial. Vendía el producto en dosis de 2 gramos por 150 € y lo entregaba con una caja con cierre de seguridad con código. Los compradores lo recibían por correo certificado 60 días después de la compra, para evitar decisiones apresuradas.
Según la Constitución, «una décima parte de los diputados de la Asamblea de la República», es decir 23 parlamentarios, pueden solicitar la revisión constitucional de una ley en vigor.
El PSD (Partido Social Demócrata, derecha) ha anunciado que presentará en septiembre un recurso de inconstitucionalidad parcial contra la ley de eutanasia aprobada en mayo. La Constitución no impone ningún plazo al alto tribunal para pronunciarse en este caso. La ley de eutanasia está actualmente a la espera de la publicación del Reglamento de aplicación por el Gobierno.
En julio 2022 se celebró un debate en la Cámara de los Comunes sobre la conveniencia de regular de alguna forma la muerte asistida, como consecuencia de la entrega de una petición firmada por 155.000 personas reclamando un cambio legislativo.
A continuación, la Comisión de Atención Social y Sanidad abrió un proceso de estudio y consultas en el marco del cual DMD, a petición de la asociación MDMD (My Death My Decisión) mandó un informe sobre la situación en España después de la entrada en vigor de la LORE. La Comisión entregará un informe antes de fin de año con sus recomendaciones relativas a un posible cambio legislativo.
Existe una presión creciente en el Reino Unido a favor de la regulación de la muerte asistida. El proceso parlamentario está más avanzado en Escocia, donde un proyecto de ley está ya en proceso de tramitación en el parlamento, y en la Isla de Man donde se registró otro texto legislativo en junio pasado.
Kenneth Law está procesado en Canadá desde el mes de mayo pasado por haber vendido por internet unas 1.200 dosis de un producto letal a personas residentes en 40 países. Está relacionado hasta la fecha con el suicidio de 4 ciudadanos británicos y de un adolescente de Estados Unidos.
La agencia británica de control del crimen, la NCA, anunció el 25 de agosto que estaba investigando la muerte de 88 personas que habían comprado sustancias letales en sitios web canadienses. La agencia habría recibido información sobre estas transacciones en abril. En total, los investigadores identificaron a 232 compradores durante un período de dos años. «Actualmente no existe ningún vínculo confirmado entre las [sustancias] compradas en los sitios y la causa de la muerte» de estas personas, precisó sin embargo la NCA.
Un artículo del periódico francés Le Figaro señala que se han abierto investigaciones policiales sobre los envíos realizados por Kenneth Law en Estados Unidos, Italia, ueva Zelanda y Australia también.
Los médicos y pacientes quebequenses temen una vez más verse atrapados entre dos legislaciones de ayuda médica a morir: la aprobada por el gobierno federal y la aprobada por el gobierno de Quebec. Los dos gobiernos han optado por avanzar de manera diferente: el gobierno federal ha regulado el acceso a la ayuda a morir para enfermos mentales, aunque la entrada en vigor se ha aplazado por segunda vez debido a las críticas; mientras, el gobierno quebequense no ha aprobado la posibilidad de acceso a la eutanasia para enfermos mentales, pero sí la posibilidad de solicitar la prestación a través de directrices anticipadas, supuesto no permitido por la ley federal, pero ha aplazado dos años la entrada en vigor de la medida a la espera de una posible modificación del código penal que exige actualmente que el paciente sea consciente en el momento de la eutanasia. La modificación del código penal es competencia federal, lo que deja por ahora la apertura quebequense en el aire.
Quebec está en camino de terminar el año con una tasa de eutanasias del 7% sobre el total de fallecimientos, señala Michel Bureau, director de la Comisión sobre los Cuidados al Final de la Vida, en una comparecencia que ha despertado mucha inquietud entre los profesionales sanitarios. “Eso es más que en cualquier otro lugar del mundo: 4,5 veces más que Suiza, tres veces más que Bélgica, más que los Países Bajos. Y es dos veces más que Ontario”. «Ya no se trata de algo excepcional”, añade. Los quebequenses han dejado de apreciar la AMM como un procedimiento excepcional para personas con enfermedades incurables y cuyo sufrimiento es insoportable y «cada vez vemos más que los casos que reciben ayuda médica para morir se acercan a los límites de la ley. (…) Ya no se trata sólo de un cáncer terminal, hay todo tipo de enfermedades, y eso es muy bueno, pero requiere mucho rigor por parte de los médicos para garantizar que se mantengan dentro de los límites de la ley».
Estas declaraciones han provocado mucha preocupación entre los profesionales. En respuesta, el presidente del Colegio de Médicos de Quebec publicó una carta abierta para recalcar que se realizaba una revisión exhaustiva de los casos y no se había encontrado ningún caso de AMM fuera de la ley más allá de meros errores administrativos. Deploró que cada vez más médicos llamaban al Colegio para expresar su preocupación y temor a represalias. La DMDQ por su parte critica que las declaraciones de Michel Bureau llevan a que cada vez más médicos prefieran no atender las solicitudes de ayuda a morir de sus pacientes.
La diputada del bloque peronista Mara Brawer ha presentado en el parlamento un proyecto de ley de muerte médicamente asistida bastante similar a la LORE en cuanto a requisitos y procedimientos, pero con plazos más cortos (20 días en total). Se trata del quinto proyecto de muerte asistida actualmente registrado en el parlamento argentino.
El año pasado, una encuesta de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida reveló que, en los últimos tres años, el 45 % de los profesionales sanitarios había recibido solicitudes de información sobre eutanasia por parte de pacientes. Otro dato destacable es que el 80 % de los profesionales de la salud apoyaba la legalización de la eutanasia; la mitad de ellos afirmó que no tendría problemas en implicarse en procesos de eutanasia para ayudar a los pacientes.
Entre 2021 y 2022, Martha Sepúlveda fue el rostro visible de las innumerables barreras a las que se enfrentan las personas que, en Colombia, buscan voluntariamente ayuda para morir. El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, acaba de declarar en un duro texto que esos obstáculos deben terminarse. Analizando la situación, el tribunal recalca que existe una “omisión legislativa absoluta”, que significa que el Congreso no ha hecho nada para regular la eutanasia. Critica además la persistencia de una “escasa regulación expedida por el Ministerio de Salud y Protección social”, pues esa entidad no ha emitido nuevas resoluciones que aborden la muerte digna en los términos en los que el tribunal la ha desarrollado, y la falta de reglamentación del procedimiento médico de la eutanasia “se traduce en barreras de acceso a esta garantía, así como dificulta el trabajo de los profesionales de la salud”.
Por tanto, el tribunal constitucional, por octava vez en 26 años, le pide al Congreso que, “en desarrollo de su potestad de configuración normativa, avance en la protección de una muerte digna, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el libre ejercicio de la autodeterminación de las personas”.
Hasta el momento, se han presentado 14 iniciativas legislativas sobre la eutanasia, pero ninguna prosperó. El 25 de agosto se presentó una nueva proposición de ley. “El propósito de esta Ley es desarrollar el derecho fundamental a morir dignamente, cumplir con los llamados de la Corte Constitucional y eliminar las barreras de acceso al procedimiento. Se elimina la obligación de establecer una conexión directa entre el sufrimiento de la persona, su enfermedad y la posibilidad de morir dignamente. El elemento fundamental de este proyecto es proteger el derecho individual a decidir y juzgar”, señaló el congresista coautor del texto.
Los costes asociados a los procedimientos de muerte voluntaria asistida están creando “barreras sustanciales” para los pacientes que buscan acceder a la eutanasia, según denuncian médicos del estado de Queensland que reclaman una reforma urgente del seguro Medicare. Los médicos facturan la prestación a los pacientes de forma privada lo que la puede convertir en económicamente prohibitiva para algunos.
Un estudio publicado en Cancer Medicine examina el impacto del suicidio asistido y del suicidio convencional en los pacientes de cáncer en Suiza durante 20 años. Concluye que no se puede confirmar la suposición de que, con la opción cada vez más asequible de la asistencia al suicidio para los pacientes con cáncer, la tasa de suicidios convencionales disminuya. Habría razones de peso que indicarían que las situaciones y circunstancias del suicidio convencional asociado al cáncer son diferentes de las que imperan en la asistencia al suicidio.
Artículo publicado en la prensa española sobre esta investigación: https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20230817/drama-desmonta-mito-eutanasia-no-reduce-suicidios-pacientes-cancer/787171591_0.html
Natasha Walter es una escritora feminista británica y activista pro derechos humanos. Acaba de publicar un libro titulado Before the Light Fades: A Memoir of Grief and Resistance (Antes de que se apague la luz: Memorias de dolor y resistencia) en el cual reflexiona sobre la vida de su madre, marcada por el activismo político, y sobre su muerte voluntaria. La autora analiza su resistencia a enfrentar el suicidio racional de la madre y su incapacidad a escucharla.
The Guardian publica un muy interesante extracto
