El presidente Macron tiene entre sus manos el anteproyecto de Ley sobre el Final de la Vida. Había prometido que «antes del final del verano» se presentaría un proyecto de ley que legalizaría la “asistencia activa a la muerte”. 

Pero el ministro de Relaciones con el Parlamento, Franck Riester, dio finalmente a conocer a finales de septiembre un nuevo calendario: el proyecto de ley estará «en el Consejo de Ministros “antes de que finalice el año y luego irá al Parlamento el año próximo”, donde será examinado por un “comité especial”. Mientras tanto, el ejecutivo examinará el plan decenal de cuidados paliativos, tema mucho menos conflictivo.

El retraso en el calendario se debe al “vértigo ético” atribuido por algunos comentaristas al presidente. Circulan de forma persistente rumores que indican que Macron se inclinaría por una ley de suicidio asistido similar a las leyes existentes en EE.UU, lo que le permitiría soslayar la oposición frontal a la eutanasia proclamada por numerosas asociaciones médicas.

Una mujer enferma de esclerosis múltiple desde 2010 solicitó en noviembre de 2022 que la ayudasen a morir, al amparo de la sentencia 242/2019 del Tribunal Constitucional. El 4 de julio de 2023, la justicia ordenó al sistema de salud evaluar a la paciente, en agosto la comisión médica multidisciplinaria elaboró su informe y el 26 de septiembre llegó el dictamen positivo de la Comisión de Ética del sistema de salud. Es el quinto caso de respuesta positiva a una solicitud de suicidio asistido en el país.

Recurso a la vía judicial para ampliar las condiciones de acceso al suicidio asistido 

Marco Cappato, con sus acciones de desobediencia civil, busca ampliar las posibilidades de acceso a la ayuda al suicidio en Italia. La fiscalía de Milán requiere su absolución del delito de ayuda a suicidio por el acompañamiento a Suiza para morir de dos enfermos que no dependían de medidas de soporte vital. La fiscalía alega que exigir la presencia de estas medidas para acceder al suicidio asistido tiene carácter discriminatorio y niega a los pacientes la libertad de rechazar tratamientos. En caso de que el tribunal no acepte esta interpretación, la fiscalía pide que se consulte al Tribunal Constitucional.

En 2022 se llevaron a cabo 34 eutanasias en Luxemburgo, lo que representa el 0,85% del total de los fallecimientos (4000), unas cifras muy alejadas de las de Bélgica o Países Bajos. La culpa reside en parte en la falta de información: “Algunos pacientes ni siquiera saben que está autorizada”, señala Jean-Claude Schmit, presidente de un comité encargado de evaluar la aplicación de las tres leyes relativas al final de la vida aprobadas en 2009, la ley de derechos del paciente, la ley de eutanasia y la ley de cuidados paliativos.

Las recomendaciones de la comisión señalan dos direcciones de trabajo fundamentales: en primer lugar, una campaña de información dirigida al público, con una semana de sensibilización y un folleto online que detalla con precisión todas las opciones posibles, y en segundo lugar una correcta formación y medidas de apoyo, tanto para el personal sanitario como para los cuidadores.

Los neerlandeses que desean acceder a la eutanasia recurren generalmente a su médico de cabecera, y si éste no atiende la demanda, recurren al Centro de Expertos de la Eutanasia creado de manera militante en 2012 por la NVVE (Asociación Neerlandesa por una Muerte Humana). El principal problema son las listas de espera en el Centro de Expertos. Un grupo de médicos independientes dispuestos a asesorar o a realizar eutanasias se ha agrupado en la Euthanasia Care Patnership, para ofrecer sus servicios retribuidos a los médicos que no desean involucrarse en esta prestación.

La NVVE patrocina un trabajo de investigación

Conjuntamente con otros grupos, la NVVE patrocina un trabajo de investigación sobre las decisiones al final de la vida en los Países Bajos. Se trata de contrastar las conclusiones de la tesis doctoral de 2007 del psiquiatra Boudewijn Chabot relativas a la autoeutanasia con la situación actual. Chabot fue el primero en argumentar que la autoeutanasia con drogas letales, o en personas muy mayores dejando de comer y beber conscientemente, tiene más en común con la eutanasia realizada por un médico que con el suicidio en soledad. Ya que se trata de una decisión meditada y no de un acto impulsivo. En 2007 según Chabot, unas 4500 personas recurrían a la autoeutanasia, dos tercios dejaban de comer y beber, así como un tercio recurría a drogas letales.

El parlamento portugués aprobó en mayo pasado la Ley de Eutanasia con amplia mayoría. Los partidos que apoyaron la ley -Bloque de Izquierda, PAN e Iniciativa Liberal- reclaman al gobierno socialista la publicación de los reglamentos para la aplicación de la ley. Del lado contrario, el PSD anuncia que presentará pronto un recurso contra la Ley de Eutanasia ante el Tribunal Constitucional.

El Gran Consejo de Ginebra ha derogado la ley de apoyo a las personas al final de la vida en los servicios médicos de urgencia, hospitales y clínicas del cantón. Sin embargo según la asociación EXIT la ley aprobada en 2018 había aclarado el marco jurídico para todas las partes interesadas en el asunto. 

“Nuestro temor es revivir la situación que prevalecía antes de 2018, cuando ciertos servicios de emergencias no veían con buenos ojos a los compañeros de EXIT en sus instalaciones. Si se deroga esta ley, estamos seguros de que algunas residencias, especialmente las privadas, rechazarán nuestra presencia en sus establecimientos”, asegura Jean-Jacques Bise, copresidente de EXIT. Organización que llama a realizar un referéndum para revertir la decisión del Gran Consejo.

El proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia fue aprobado en la Comisión Primera del Senado por 11 votos a favor y 4 en contra. Ahora el debate pasará a la plenaria de esta cámara. Entre las cuestiones más debatidas por la comisión figura la edad mínima para acceder a la prestación que se ha fijado finalmente a los 14 años.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha emitido un llamado urgente a sus senadores para que inicien la discusión sobre el proyecto de legalización de la eutanasia. A pesar de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2022, este proyecto aún se encuentra pendiente en la Comisión de Salud Pública del Senado, sin mostrar avances significativos. El diputado colorado Ope Pasquet, uno de los principales impulsores de esta iniciativa de ley que obtuvo luz verde hace varios meses, hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Twitter. Esta medida busca reactivar el debate sobre la eutanasia en el Senado y llevar el proyecto de ley hacia su aprobación final.

El Gobierno de Canadá ha publicado el plan de estudios relativo a la práctica de la Ayuda Médica a Morir (AMM) desarrollado por la Asociación Canadiense de Evaluadores y Proveedores de AMM (CAMAP). Se trata del primer programa de formación acreditado a nivel nacional disponible para médicos y enfermeras especializadas. El cual permitirá lograr una atención segura y homogénea en todo el territorio nacional, así como se impartirá a través de una combinación de sesiones de aprendizaje en línea y sesiones presenciales para profesionales de la salud interesados, independientemente de su nivel de experiencia.

Es un paso más en el trabajo del gobierno para adaptar el sistema de atención médica a la expiración de la exclusión del acceso a la AMM de las personas que padecen únicamente una enfermedad mental.

Se ha publicado el informe correspondiente a los seis primeros meses de aplicación de la Ley de Muerte Voluntaria. Él mismo aporta los siguientes resultados: 591 personas solicitaron poner fin legalmente a sus vidas; 417 llegaron al término del proceso y recibieron la receta de producto letal – 245 lo utilizaron-.

Los requisitos para acceder al suicidio asistido son padecer enfermedad, dolencia o condición médica progresiva y avanzada que cause un sufrimiento intolerable, además de un pronóstico de 12 meses. Esta ley es un poco menos restrictiva que las de otros estados australianos. Por ejemplo en Victoria, el pronóstico es de sólo seis meses, y además el personal médico tiene prohibido plantear la muerte asistida a un paciente, situación que no existe en Queensland.

Un anciano se suicida con el producto letal recetado a su esposa

La mujer llevó a término la tramitación de su solicitud de muerte voluntaria según la ley del Estado de Queensland, y se le permitió volver a su casa para morir pero falleció en el hospital repentinamente. Su esposo utilizó el producto para suicidarse.

Según la ley los pacientes deben devolver el medicamento letal que les ha sido entregado en el marco de la muerte voluntaria al cabo de 14 días si no los utilizan. La ministra de Salud del estado ha declarado que se iba a revisar este punto de la ley.

Julie Macfadden, enfermera de cuidados paliativos en California -estado con ley de suicidio asistido vigente-, creó en 2021 una cuenta de Tiktok para luchar contra el tabú de la muerte. A través de este medio responde a cualquier pregunta y explicando en qué consiste la ayuda a morir. Varios de sus vídeos se han vuelto virales con millones de visitas.

NEW JERSEY: Demanda judicial para eliminar el requisito de residencia

La asociación Compassion & Choices ha presentado una demanda judicial para eliminar el requisito de residencia que la ley del estado de New Jersey exige para que los pacientes con enfermedades terminales accedan al suicidio asistido. La demanda fue presentada en nombre de pacientes con cáncer terminal residentes en los estados de Delaware y Pensilvania, y dos médicos de New Jersey dispuestos a responder positivamente a su solicitud. Los estados de Oregón y Vermont ya han eliminado el requisito de residencia para acceder al suicidio asistido.

En su último boletín la asociación ADMD-B señala la publicación por el Colegio Belga de Médicos de la Guía deontológica para la eutanasia en caso de enfermedad siquiátrica. Jacqueline Herremans, presidenta de ADMD-B firma el siguiente comentario:

“Los casos de eutanasia de pacientes con trastornos psiquiátricos siguen siendo raros en Bélgica. En 2022, la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia registró 26 casos (de un total de 2966 declaraciones).

Algunos puntos destacados de las directrices éticas formuladas por el Colegio de Médicos: intervención inmediata de dos psiquiatras, consulta con los profesionales sanitarios que tratan al paciente, probar tratamientos basados de eficacia probada, siempre que no causen efectos secundarios que no superen los beneficios esperados, y que se pueda lograr un resultado positivo en un plazo razonable. Si el camino de la eutanasia es más difícil y largo que para los pacientes que padecen enfermedades somáticas, no es imposible. Se han hecho llamamientos para eliminar de la ley la posibilidad de acceder a la eutanasia para los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Estos opositores se equivocan porque el sufrimiento mental puede estar causado tanto por enfermedades somáticas como psiquiátricas.

Mientras tanto, la correcta aplicación de la ley ha permitido a estos pacientes con problemas siquiátricos morir serenamente y en paz, muy a menudo rodeados de sus seres queridos, lejos de los horribles suicidios que siguen atormentando las noches de familiares y profesionales sanitarios.”

El artículo firmado por Jocelyn Downie (jurista) y Udo Schuklenk (filósofo), se centra en dos puntos que han adquirido gran importancia en los últimos debates alrededor de la Ayuda Médica a Morir (AMM) en Canadá en los últimos tiempos, y ambiciona ser de utilidad para intervenir en los debates que se generarán en los países que han regulado la AMM: “El primero es un argumento sobre los ‘determinantes sociales de la salud’ con respecto a las personas con discapacidad y a las personas con un trastorno mental como única condición médica subyacente. ¿Los problemas con los determinantes sociales de la salud que podrían afectar la toma de decisiones justifican negar el acceso a la muerte asistida a esas personas?

El segundo es el argumento de «pendiente resbaladiza«. ¿Los cambios en la legislación sobre muerte asistida de un país conducen necesariamente a una pendiente resbaladiza?

Exploramos estas dos preguntas a través de la experiencia de Canadá, tanto para informar las discusiones en curso en Canadá como porque otros países enfrentarán las mismas preguntas si contemplan cambiar su ley de muerte asistida.”

“En junio de 2016, Canadá legalizó la ayuda médica para morir (AMM). Desde el principio, algunas instituciones de atención médica (incluidos hospitales religiosos y no religiosos, hospicios y centros residenciales de atención para personas mayores) se han negado a permitir la AMM en sus instalaciones, lo que ha resultado en traslados de pacientes para evaluaciones y realización de la AMM. Las informaciones publicadas en los medios de comunicación destacan las consecuencias negativas de estas “objeciones institucionales”. Esta investigación se propone examinar la naturaleza y el impacto de la objeción de conciencia institucional.“, Eliana Close, Ruthie Jeanneret, Jocelyn Downie, Lindy Willmott y Ben P White.

El testimonio se publica en un periódico irlandés porque una comisión parlamentaria de este país está estudiando actualmente la posibilidad de regular alguna forma de ayuda a morir.

Firmado por Nancy Preston, Sheila Payne y Suzanne Ost el artículo plantea que a pesar «del creciente apoyo legal y médico a la muerte asistida, muchos profesionales de la salud no quieren participar directamente. ¿Podría un enfoque desmedicalizado ayudar a superar esta situación?”. Proponen un modelo de tipo suizo.