Un médico de Essen ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por retirar el ventilador e inyectar cloruro de potasio a un paciente holandés enfermo de Covid y en coma inducido. El paciente había sido mandado a Alemania en un momento de la pandemia en que la sanidad holandesa estaba sobrecargada. La fiscalía sospecha que el médico actuó de la misma manera en otros dos casos, pero sólo ha podido mantener la acusación en este caso, fundamentándola en la denuncia de una enfermera. En un primer momento el acusado reconoció los hechos, aduciendo haber actuado por compasión tanto hacia el enfermo como hacia su familia, pero luego negó todo. La esposa del paciente se personó en el juicio.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, a finales de este año debería entrar en vigor una regulación de la ayuda al suicidio en Austria. La eutanasia seguirá estando prohibida. Según el proyecto de ley presentado por el Gobierno, un paciente adulto con “enfermedad incurable y fatal” o “enfermedad grave y permanente” que afecte a sus condiciones de vida, una vez reconocido el diagnóstico por dos médicos (uno de ellos especialista en cuidados paliativos) y debidamente informado, podrá establecer ante notario un documento solicitando la ayuda a morir. Este documento tendrá validez de un año. Se prevé un plazo de 12 semanas entre el otorgamiento del documento y la posibilidad de solicitar pentobarbital en la farmacia. Curiosamente, este producto no se considera medicamento ya que no está aprobado para uso humano. En el período de revisión del proyecto de ley, la Sociedad Austriaca de Cuidados Paliativos ha creado mucha incertidumbre, expresando sus prevenciones contra el pentobarbital, apoyándose en informaciones sobre ejecuciones en EEUU con las que poner en duda que este producto permita alcanzar una muerte rápida y apacible.

A pesar del bloqueo político del debate sobre la eutanasia, las cuestiones relacionadas con el final de la vida están cada vez más presentes en los medios y en el debate público. El Centro Nacional de los Cuidados Paliativos y del Final de la Vida (CNSPFV) ha publicado un informe dedicado a los “Pacientes con ELA: ¿Qué necesidades? ¿Qué expectativas?” que reconoce, unos años después de la aprobación de la Ley Clayes-Leonetti, que daba más peso a las Directrices Anticipadas y permitía el acceso condicionado a una “sedación profunda y continuada hasta el fallecimiento”, que “varias señales parecen indicar que la aplicación de los nuevos derechos no es nada fácil y no corresponde a los deseos expresados por algunos enfermos”.Debido al fracaso de la ley, la prensa se hace eco del número creciente de pacientes que viven en zonas fronterizas con Suiza y buscan allí la ayuda para morir que Francia les niega: unos 200 al año según la ADMD.

Mientras la Fiscalía investiga a miembros de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), NOS publica una pequeña entrevista en la cual esta última explica que tiene 27.500 socios, con una edad media de 69 años, y que “no se trata de personas con deseos de morir».

«La gran mayoría quiere tener un remedio tranquilizador en casa, de modo que puedan disponer de su propio final de vida en el futuro cuando estén preparados (por ejemplo, si se acerca la demencia)»

Reclama la apertura de un debate para buscar soluciones que satisfagan este anhelo a la autodeterminación al mismo tiempo que se garantice la protección de las personas más vulnerables.

Por otra parte, el periódico TROUW sigue abriendo sus columnas al debate sobre la muerte voluntaria. Wim Van Dijk, sicólogo miembro de la CLW que ha declarado públicamente haber ayudado a morir a por lo menos cien pacientes, defiende la desobediencia civil para conquistar nuevos derechos, recalcando que un 63% de los neerlandeses desean poder gestionar ellos mismos el final de su vida.

Bert Keizer, filósofo y médico en el Centro de Expertos de la Eutanasia (Expertise Centrum Euthanasie) se muestra muy escéptico sobre la posibilidad de regular la muerte voluntaria, y en particular hacia el proyecto de ley en este sentido preparado por el partido liberal D66.

El Tribunal Constitucional criticó la falta de concreción en la formulación de los requisitos para poder acceder a la eutanasia en el primer texto de ley aprobado por la Asamblea de la República. Con la legislatura a punto de terminar, una nueva versión del texto, con una parte importante de definiciones, ha sido aprobada el 5 de noviembre, con 138 a favor, 84 en contra y 5 abstenciones. Se espera ahora la posición que adoptará el presidente de la República: aprobarlo, vetarlo o mandarlo al Tribunal Constitucional de nuevo, con el peligro de que una nueva devolución por el tribunal a una Asamblea de la República disuelta provoque el archivo del texto.

Un médico australiano comparte su experiencia con la ayuda médica a morir en The Independent, para apoyar el proyecto de ley de muerte asistida, a debate en la Cámara de los Lores del parlamento británico:

«No soy un asesino. Lo que hago no es asesinar. El cáncer o el padecimiento médico subyacente ya lo ha hecho, ha provocado la muerte social del paciente y ha puesto fin a la calidad de vida que consideraba mínima para querer continuar. (…) Están atrapados en un purgatorio entre la vida y la muerte, y están desesperados por llegar al final. Lo que yo hago les proporciona ese resultado. Estas personas eligen tomar una decisión y controlar cómo sucede, y no estoy de acuerdo con que eso sea algo incorrecto.»

El proyecto de ley de muerte asistida que encuentra un apoyo mayoritario entre la ciudadanía británica, se volverá a debatir en la Cámara de los Lores, y si finalmente se aprueba, pasará a la Cámara de los Comunes, donde el apoyo no está garantizado.

Una encuesta reciente realizada por el Colegio de Médicos de Quebec demuestra que la AMM goza de un amplio respaldo entre la profesión médica (81%) y la ciudadanía (85%). Sobre las modificaciones de la ley: un 64% de los médicos y un 78% de los ciudadanos apoya el consentimiento anticipado a la AMM en caso de enfermedad grave e incurable; un 84% de los médicos y un 75% de los ciudadanos estiman que en caso de pérdida de capacidad por parte del paciente, el entorno no debe poder oponerse a la AMM. Sin embargo, sólo el 42% de los médicos y el 61% de los ciudadanos apoyarían el acceso a la AMM sobre la base de une enfermedad mental.

Los inicios de la aplicación de leyes de eutanasia, tal como lo estamos viendo en España, pueden ser a veces complicados. Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida en el estado australiano de Victoria, un informe revela una serie de obstáculos que dificultan el acceso a la prestación. Casi 500 personas han utilizado la ley desde que se introdujo, pero su aplicación se ve obstaculizada por la falta de médicos especialistas, los retrasos en la obtención de los medicamentos para la eutanasia y un choque con la ley federal que impide el uso de la telemedicina en una región muy amplia donde la presencia médica es desigual. Sobre este último problema, la fiscalía general ha declarado su oposición a todo cambio en la ley federal. La pandemia ha contribuido también a complicar las cosas.

Nueva Gales del Sur es el único estado australiano que no ha regulado la muerte voluntaria asistida. Una treintena de asociaciones y grupos de la sociedad civil se han unido en la NSW VAD ALLIANCE (Alianza de Nueva Gales del Sur por la Muerte Voluntaria Asistida) para apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en el parlamento del estado y que un 72% de la población mayor de cincuenta años apoya, según una encuesta reciente. En caso de que se retrase demasiado el debate, el grupo está decidido a introducir el tema en la campaña para elecciones locales parciales que deberían celebrarse próximamente.

Australia está organizada en 5 estados (Victoria, Australia Occidental, Tasmania, Nueva Gales del Sur y Queensland) y 2 territorios (Territorio del Norte y Territorio de la Capital). Estos últimos fueron despojados de la facultad de legislar sobre la eutanasia por una ley federal en 1997 y están luchando desde entonces –por ahora sin éxito– para conseguir la derogación de esta ley:

«Los residentes de los territorios están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Si a los ciudadanos de los estados se les permite el acceso a la muerte voluntaria asistida, también se debería permitir a los ciudadanos de los territorios», defienden los fiscales de los dos territorios frente a la fiscal federal que sigue defendiendo la ley federal existente.

La ley de Elección al Final de la Vida aprobada en referéndum entró en vigor el 8 de noviembre, permitiendo el acceso a la muerte asistida. Solo personas adultas, con enfermedades terminales a las que les queden menos de seis meses de vida podrán pedirla, siempre y cuando experimenten un nivel insoportable de sufrimiento que no pueda ser aliviado. Dos médicos deben determinar que el paciente cumple los requisitos y está debidamente informado. Unos 6.000 trabajadores sanitarios han completado el módulo de entrenamiento y 129 doctores y enfermeros han accedido al entrenamiento para aplicar la eutanasia. Sin embargo, algunas peculiaridades de la ley generan inquietudes: por ejemplo, los médicos tienen prohibido iniciar un diálogo sobre la muerte asistida con sus pacientes, lo que podría ser un serio obstáculo en caso de que las administraciones no cumplan con la tarea de informar debidamente a la ciudadanía sobre su nuevo derecho.

La asociación Compassion & Choices y un profesor de medicina de familia de Oregón han presentado una demanda alegando que el requisito de residencia para acceder al suicidio asistido viola la Constitución de los Estados Unidos. Esta demanda, de tener éxito, tendría repercusiones en todos los demás estados del país que han aprobado leyes permitiendo el suicidio asistido sobre el modelo de Oregón. Washington, DC. Washington, California, Colorado, Hawai, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y Vermont permiten la ayuda para morir solo para los residentes en el estado.

Victoria es el primer estado australiano en promulgar una legislación sobre muerte asistida voluntaria. La Ley de Muerte Asistida Voluntaria de 2017 incluye muchas salvaguardas para garantizar que solo los pacientes elegibles reciban asistencia para morir. Los médicos que han participado en procesos de muerte asistida voluntaria tienen opiniones encontradas sobre el funcionamiento del sistema y sus salvaguardias. Las restricciones para iniciar conversaciones con los pacientes y la prohibición de recurrir a teleconsultas son motivo de preocupación ya que obstaculizan el acceso a la prestación. Existen también problemas prácticos relacionados con la burocratización excesiva del proceso y un acceso a los documentos a través de un software juzgado demasiado complicado. El estudio concluye con la necesidad de mejorar el acceso para los pacientes.

En diciembre de 2020 una sentencia del Tribunal Constitucional declaró contrario a los derechos fundamentales la prohibición de la ayuda al suicidio formulada en el art.78 del código penal y dio un año al gobierno para legislar. El sábado 23 de octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley de suicidio asistido. Podrían acceder al suicidio asistido las personas mayores de edad con enfermedad grave, incurable, en fase terminal o con enfermedades “permanentes y debilitantes”. Dos médicos, uno de los cuales tiene que estar especializado en cuidados paliativos, tienen que evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones libremente. Se fija un plazo de 12 semanas para acceder al producto letal -que se puede reducir a 2 en caso de fallecimiento previsible a corto plazo. Después del examen por un comité técnico de expertos, el proyecto de ley se presentará en el parlamento donde se votará antes de finales de año para entrar en vigor el 1 de enero 2022.

La televisión belga ha difundido un documental titulado “Les mots de la fin” (Palabras Finales), rodado en la ‘consulta final de vida’ del Dr. François Damas en el Hospital La Citadelle de Liejas. Existen consultas de este tipo en varios hospitales del país y su función consiste en desempeñar el papel de segundo médico o ‘médico consultor’ exigido por la Ley de Eutanasia. La cámara filma varios momentos del diálogo que se establece entre médico y pacientes. Se pueden acceder a algunos extractos a través del trailer difundido en los informativos televisados.

En Marsella, un hombre de 71 años mató a su esposa, que padecía una ELA muy avanzada, y se suicidó en la habitación del hospital donde la mujer estaba internada después de que le fuese realizada una ‘intervención quirúrgica importante’. Una carta indicaba que este final trágico había sido pactado entre los dos. Se trata de la enésima tragedia provocada por una ley -la ley Clayes-Leonetti- que sólo permite en casos muy limitados la ‘sedación profunda y continua hasta la muerte’. En abril pasado un pequeño grupo de diputados de la derecha bloquearon el debate parlamentario sobre un proyecto de ley de ayuda médica a morir. Por otro lado, el gobierno no quiere abrir un debate que considera socialmente y políticamente “divisivo”. Sin embargo, el tema estará muy presente en la campaña para las elecciones presidenciales de abril 2022.

Primera detención en julio de un miembro de CLW por comercializar un polvo –un aditivo alimentario de venta legal, pero de efectos letales si se utiliza en ciertas dosis– llamado eufemísticamente ‘Middel X’. En septiembre, detención durante 2 días de Jos Van Wijk, presidente de CLW, que denuncia que la policía intervino su teléfono y colocó micrófonos en reuniones de la junta directiva de la cooperativa. En octubre detuvieron a otros dos activistas, sospechosos de suministrar este mismo polvo. Finalmente un sicólogo, también miembro de CLW, declara a la prensa haber suministrado el producto ‘Middle X’ y un antiemético –que sólo puede ser dispensado por un médico– a más de cien personas, en una acción de desobediencia civil destinada a provocar el debate y un cambio legislativo en un país donde la eutanasia está despenalizada en condiciones muy estrictas y sólo si la realiza un médico, mientras el suicidio asistido sigue siendo castigado penalmente.Lo cierto es que el tema de la autodeterminación está en el centro del debate social: en un artículo reciente, los presidentes de las juntas directivas de la asociación NVVE y de CLW afirman que “la pregunta ya no es si la autodeterminación es una buena idea, sino cómo podemos organizar esa autodeterminación”. La NVVE apoya públicamente la apertura de un debate sobre la regulación del suicidio asistido e insiste en que dos tercios de los holandeses adultos apoyan la autodeterminación al final de la vida.

Una polémica pública enfrenta a Philip Nitschke con el siquiatra Bodewijn Chabot, que advierte de los efectos y peligros de la utilización del ‘agente Middle X’, apoyándose en un informe realizado por un toxicólogo. La prensa y las redes sociales se han hecho abundantemente eco de las advertencias en contra de este producto, analizado por Nitschke en su Peacefull Pill Handbook.

Los partidos que impulsaron la Ley de Eutanasia llegaron a un texto consensuado que responde a las objeciones formuladas por el Tribunal Constitucional a la primera versión del texto. Frente al riesgo de disolución del parlamento, se ha fijado el debate sobre el nuevo texto el 5 de noviembre.

La asociación Dignity in Dying publica un informe titulado “Último recurso: la verdad oculta sobre cómo los enfermos terminales se quitan la vida en el Reino Unido”. Con una ley que castiga penalmente la ayuda al suicidio, unos cincuenta británicos al año pueden costearse un suicidio asistido en Suiza. Los demás recurren al suicidio con los medios que tienen a mano: entre 300 y 650 se suicidan, y entre 3000 y 6500 lo intentan, con consecuencias a veces trágicas.Por otra parte, una encuesta de Yougov muestra que 7 de cada 10 británicos establecen una diferencia entre el suicidio asistido y el suicidio a secas y apoyan el suicidio asistido para pacientes terminales.

La Cámara de los Lores ha examinado en segunda lectura un proyecto de ley de suicidio asistido el 22 de octubre. Propone legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales adultos y mentalmente competentes, con un pronóstico de menos de seis meses. El texto pasará ahora a una comisión del parlamento que lo examinará. Según la prensa, la falta de apoyo al proyecto de ley por parte del actual gobierno podría comprometer su tramitación. Sin embargo, una encuesta muestra que una mayoría de diputados, en particular los más jóvenes, apoyan esta iniciativa legislativa, acercándose así al sentir de una mayoría de sus votantes. La asociación Dignity in Dying ha lanzado una campaña para presionar al Gobierno.

Erika Preisig, médico y presidenta de la organización Life Circle, una de las asociaciones suiza de ayuda a morir que acoge a pacientes extranjeros, milita también por la regulación del suicidio asistido en otros países en nombre del “derecho de cada ser humano a decidir cuándo, dónde y cómo quiere morir”. Se opone, sin embargo, a la eutanasia, defiende el sistema suizo y critica la regulación neerlandesa: “no quiero matar a nadie. Tienen que ser los pacientes que activan el medicamento por vía intravenosa, de manera totalmente segura y sin sufrimiento”.

Los medios de comunicación internacionales dieron cuenta del caso de Marta Sepúlveda, paciente con esclerosis múltiple, que vio suspendida su eutanasia la víspera de la fecha prevista. Finalmente, un juez de Medellín ha reconocido su derecho y se ha programado de nuevo la eutanasia de esta paciente.Otro paciente vive la misma situación que Marta Sepúlveda: Víctor Escobar, enfermo de EPOC y con hemiparesia izquierda, vio suspendida su eutanasia, programada para el 29 de octubre, a pesar de tener el apoyo de una sentencia judicial reconociendo su derecho a la prestación.

Nueva Gales del Sur es el único estado australiano en no haber aprobado una ley de muerte voluntaria asistida. Un proyecto de ley similar al texto en vigor en el estado de Victoria desde 2019 ha sido registrado en el parlamento y se preveía su aprobación antes de fin de año. El nuevo primer ministro, católico practicante, y el líder del partido laborista han expresado su oposición. En una maniobra para retrasar la probable aprobación de la ley, un diputado de la Cámara Alta perteneciente al Partido de los Cazadores, Pescadores y Granjeros ha maniobrado de tal manera que, en caso de ser aprobado en la Cámara Baja, el proyecto de ley tendrá que ser examinado por una comisión, retrasando así su aprobación.

La asociación Compassion & Choices ha presentado una demanda federal en nombre de un médico de Oregón en la que alega que el requisito de residencia de la ley estatal que ofrece a los adultos con enfermedades terminales la opción de recibir ayuda médica para morir para poner fin a un sufrimiento insoportable, viola la garantía de igualdad de trato de la Constitución estadounidense. La demanda pide al tribunal que prohíba a los funcionarios de Oregón aplicar esta disposición inconstitucional. «No tengo que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles cuidados paliativos. No hay ninguna razón racional para que tenga que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles ayuda médica para morir”, alega el demandante.

La ‘Ley de Elección al Final de la Vida’ aprobada por referéndum, entrará en vigor el día 7 de noviembre. El ministro de sanidad ha comunicado que los servicios necesarios estarán disponibles para garantizar su funcionamiento. Un grupo de médicos de la Universidad de Otago considera que para que la ley se aplique de forma segura y exitosa los profesionales deben recibir la formación necesaria y se deben realizar evaluaciones para mejorar el sistema.

Alemania es un Estado constitucional laico. Sin embargo los dos últimos ministros de sanidad alemanes, políticos de la democracia cristiana (CDU), han supeditado sus decisiones a los dogmas cristianos. Durante el mandato del primero, Hermann Gröhe, devoto cristiano protestante, se introdujo en el código penal la prohibición del suicidio asistido, impidiendo así que asociaciones como Dignitas Deutschland pudiesen funcionar en territorio alemán. El Tribunal Constitucional abrogó finalmente este artículo en sentencia de febrero 2019. El segundo nunca aplicó la sentencia pronunciada en 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, que autorizaba la entrega por el Instituto Federal del Medicamento de un producto letal a pacientes terminales con grandes sufrimientos.

Los socialdemócratas (SPD) han ganado las recientes elecciones, la CDU ha perdido, lo que permite esperar que una ética laica sustituya los dogmas religiosos en las toma de decisiones políticas en la próxima legislatura.

Frente al inmovilismo tanto del Gobierno francés como del Parlamento, Dignitas ha decidido intentar la vía jurídica, como lo hizo anteriormente con éxito en Alemania y Austria, para hacer avanzar el debate sobre la ayuda a morir: la asociación suiza ha presentado un recurso ante al Consejo de Estado francés con pregunta prioritaria de constitucionalidad (QPC), con el fin de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Solicita la exclusión de Pentobarbital de la lista de sustancias peligrosas prohibidas a la prescripción médica.

La QPC, sometida al Consejo de Estado antes de su eventual presentación ante el Consejo Constitucional, solicita la derogación de los artículos del Código de Salud Pública que prohíben en todas circunstancias la ayuda a morir y castigan con pena de cárcel la ayuda al suicidio. La meta es, como en Alemania y Austria, conseguir un fallo del Tribunal Constitucional que inste al parlamento a regular la ayuda médica a morir.

La campaña de firmas impulsada por la Asociación Luca Coscioni para solicitar un referéndum para despenalizar la ayuda a morir está teniendo un éxito extraordinario. Se ha alcanzado el millón de firmas, el doble de lo necesario, varias semanas antes de la fecha límite para la entrega en el Tribunal Supremo, el 8 de octubre.

«Después de años de batallas legales e inmovilismo político, el referéndum es el único instrumento que tenemos a disposición para conquistar el derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestra vida y nuestro cuerpo», declara Filomena Gallo, secretaria de la asociación.

Jos Van Wijk, presidente de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha sido detenido, acusado por la fiscalía de liderar una “organización criminal” cuya finalidad es planificar o cometer el delito de “ayuda al suicidio”. Fue liberado al cabo de 24 horas, pero sigue la investigación.

Esta detención sigue a la que tuvo lugar en julio pasado, de un hombre de 28 años miembro de CLW, acusado por el Ministerio Público de vender un producto letal y haber ayudado en varios suicidios.CLW cuenta con 27.500 miembros y milita por un final de vida libremente elegido para las personas que sienten que su vida está cumplida o para quienes no cumplen los requisitos definidos en la ley de eutanasia. Anunció en 2017 que disponía de un producto letal que bautizó “Medio X” –un conservante alimentario de venta legal– que permitía acceder a una muerte rápida e indolora. La fiscalía amenazó con intervenir en caso de distribución del producto entre los miembros y no ha cesado desde entonces de vigilar muy de cerca las actividades de CLW.

La eutanasia está despenalizada en los Países Bajos bajo unas condiciones estrictas, definidas en una ley de 2002, pero la ayuda al suicidio sigue siendo un delito castigado con penas de cárcel.

Dadas las dificultades para constituir un gobierno de coalición, el partido liberal D66 parece abrirse a negociar incluso con la democracia cristiana y con el partido cristiano protestante Unión Cristiana en nombre del “interés nacional” y a pesar de la total divergencia en temas “médico-éticos”, lo que podría poner en peligro el debate sobre el proyecto de Ley de Vida Cumplida elaborado por los liberales.

En su reciente asamblea, la Asociación Médica Británica (BMA), después de un debate muy reñido, abandona la oposición a la legalización de la muerte asistida que venía manteniendo desde 2006 y se declara neutral.

La asociación consta de 150.000 miembros. El 49% de los representantes se pronunciaron a favor de este cambio, un 48% se opuso y un 3% se abstuvo. Una encuesta realizada en 2020 mostró que la mitad de los miembros apoyaban que un médico pudiese recetar, bajo ciertas condiciones, una medicación letal a un paciente que solicitase ayuda para morir.

La asociación pide la regulación del derecho a la objeción de conciencia en caso de que se apruebe una ley. Esta decisión interviene unas pocas semanas antes de que se proceda a la segunda lectura de un proyecto de ley de muerte asistida en la Cámara de los Lores.

Hasta el 22 de diciembre próximo, los escoceses podrán participar en un proceso de consulta pública sobre el ‘Proyecto de Ley de Muerte Asistida para Adultos con Enfermedad Terminal’ presentado por un diputado del partido Liberal Demócrata. Los resultados de esta consulta previa permitirán enriquecer el debate en el Parlamento que empezará en el mes de enero 2022. Es la tercera vez que se presenta un proyecto de ley de muerte asistida en Escocia.

Recientemente se presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 107 del Código Penal colombiano, que castiga con cárcel a quien induzca o ayude a una persona para que se suicide.Con esta demanda se busca que este procedimiento esté constitucionalmente protegido y se excluya la sanción penal, siempre y cuando haya un consentimiento libre, inequívoco e informado de que el individuo está diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, que la persona experimente intensos dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con una vida digna, y que exista auxilio o asistencia de un médico, quien no será castigado por prestar esta ayuda.

Queensland es el quinto estado australiano que ha aprobado una ley de muerte voluntaria asistida que entrará en vigor en enero de 2023. En sus grandes líneas esta ley calca la que fue aprobada en el estado de Victoria en 2017, con algunas diferencias. Los médicos pueden ofrecer la muerte asistida como opción al final de la vida, cosa que prohíbe la ley victoriana, y el paciente debe tener un pronóstico de un año y no de 6 meses como en Victoria.

Por otra parte, después de un encendido debate, esta ley delimita la objeción de conciencia institucional: las instituciones podrán optar por no proporcionar la muerte asistida en sus instalaciones, pero no deben obstaculizar el acceso de la persona a la misma, si esta es su elección. Deben facilitar el acceso a la información y permitir la intervención en la institución misma de personal sanitario dispuesto a dar curso a la solicitud del paciente.

por Ben White, Lindy Willmott, Eliana Close y Jocelyn Downie.

El problema de la objeción de conciencia institucional se ha planteado con mucha fuerza en la mayoría de los países que han regulado la eutanasia o el suicidio asistido, fundamentalmente por la parte importante de instituciones sanitarias gestionadas por grupos confesionales. Recientemente, el debate sobre este tema ha sido muy duro en el Estado de Queensland, el quinto estado australiano en aprobar una ley de ayuda médica a morir. Victoria es el primer estado australiano en aprobar una ley de muerte voluntaria asistida en 2017, y como afirma el artículo “La objeción institucional está ocurriendo en Victoria y es probable que ocurra en otros estados australianos”.

Los autores afirman que la regulación de la objeción de conciencia institucional es necesaria y proponen tres modelos:

“el primero es el ‘absolutismo de la conciencia’, que otorga a las instituciones la capacidad ilimitada de oponerse a la muerte asistida voluntaria. El segundo es un modelo de ‘compromiso o adaptación razonable’, que tiene como objetivo adaptarse tanto a la objeción institucional como al deseo de una persona de acceder a la muerte asistida voluntaria. Se pueden lograr diferentes equilibrios; proponemos un modelo que prioriza los intereses del paciente. El tercer modelo es la ‘no tolerancia’, que se opondría totalmente a permitir que una institución pueda objetar».