Alemania es un Estado constitucional laico. Sin embargo los dos últimos ministros de sanidad alemanes, políticos de la democracia cristiana (CDU), han supeditado sus decisiones a los dogmas cristianos. Durante el mandato del primero, Hermann Gröhe, devoto cristiano protestante, se introdujo en el código penal la prohibición del suicidio asistido, impidiendo así que asociaciones como Dignitas Deutschland pudiesen funcionar en territorio alemán. El Tribunal Constitucional abrogó finalmente este artículo en sentencia de febrero 2019. El segundo nunca aplicó la sentencia pronunciada en 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, que autorizaba la entrega por el Instituto Federal del Medicamento de un producto letal a pacientes terminales con grandes sufrimientos.

Los socialdemócratas (SPD) han ganado las recientes elecciones, la CDU ha perdido, lo que permite esperar que una ética laica sustituya los dogmas religiosos en las toma de decisiones políticas en la próxima legislatura.

Frente al inmovilismo tanto del Gobierno francés como del Parlamento, Dignitas ha decidido intentar la vía jurídica, como lo hizo anteriormente con éxito en Alemania y Austria, para hacer avanzar el debate sobre la ayuda a morir: la asociación suiza ha presentado un recurso ante al Consejo de Estado francés con pregunta prioritaria de constitucionalidad (QPC), con el fin de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Solicita la exclusión de Pentobarbital de la lista de sustancias peligrosas prohibidas a la prescripción médica.

La QPC, sometida al Consejo de Estado antes de su eventual presentación ante el Consejo Constitucional, solicita la derogación de los artículos del Código de Salud Pública que prohíben en todas circunstancias la ayuda a morir y castigan con pena de cárcel la ayuda al suicidio. La meta es, como en Alemania y Austria, conseguir un fallo del Tribunal Constitucional que inste al parlamento a regular la ayuda médica a morir.

La campaña de firmas impulsada por la Asociación Luca Coscioni para solicitar un referéndum para despenalizar la ayuda a morir está teniendo un éxito extraordinario. Se ha alcanzado el millón de firmas, el doble de lo necesario, varias semanas antes de la fecha límite para la entrega en el Tribunal Supremo, el 8 de octubre.

«Después de años de batallas legales e inmovilismo político, el referéndum es el único instrumento que tenemos a disposición para conquistar el derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestra vida y nuestro cuerpo», declara Filomena Gallo, secretaria de la asociación.

Jos Van Wijk, presidente de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha sido detenido, acusado por la fiscalía de liderar una “organización criminal” cuya finalidad es planificar o cometer el delito de “ayuda al suicidio”. Fue liberado al cabo de 24 horas, pero sigue la investigación.

Esta detención sigue a la que tuvo lugar en julio pasado, de un hombre de 28 años miembro de CLW, acusado por el Ministerio Público de vender un producto letal y haber ayudado en varios suicidios.CLW cuenta con 27.500 miembros y milita por un final de vida libremente elegido para las personas que sienten que su vida está cumplida o para quienes no cumplen los requisitos definidos en la ley de eutanasia. Anunció en 2017 que disponía de un producto letal que bautizó “Medio X” –un conservante alimentario de venta legal– que permitía acceder a una muerte rápida e indolora. La fiscalía amenazó con intervenir en caso de distribución del producto entre los miembros y no ha cesado desde entonces de vigilar muy de cerca las actividades de CLW.

La eutanasia está despenalizada en los Países Bajos bajo unas condiciones estrictas, definidas en una ley de 2002, pero la ayuda al suicidio sigue siendo un delito castigado con penas de cárcel.

Dadas las dificultades para constituir un gobierno de coalición, el partido liberal D66 parece abrirse a negociar incluso con la democracia cristiana y con el partido cristiano protestante Unión Cristiana en nombre del “interés nacional” y a pesar de la total divergencia en temas “médico-éticos”, lo que podría poner en peligro el debate sobre el proyecto de Ley de Vida Cumplida elaborado por los liberales.

En su reciente asamblea, la Asociación Médica Británica (BMA), después de un debate muy reñido, abandona la oposición a la legalización de la muerte asistida que venía manteniendo desde 2006 y se declara neutral.

La asociación consta de 150.000 miembros. El 49% de los representantes se pronunciaron a favor de este cambio, un 48% se opuso y un 3% se abstuvo. Una encuesta realizada en 2020 mostró que la mitad de los miembros apoyaban que un médico pudiese recetar, bajo ciertas condiciones, una medicación letal a un paciente que solicitase ayuda para morir.

La asociación pide la regulación del derecho a la objeción de conciencia en caso de que se apruebe una ley. Esta decisión interviene unas pocas semanas antes de que se proceda a la segunda lectura de un proyecto de ley de muerte asistida en la Cámara de los Lores.

Hasta el 22 de diciembre próximo, los escoceses podrán participar en un proceso de consulta pública sobre el ‘Proyecto de Ley de Muerte Asistida para Adultos con Enfermedad Terminal’ presentado por un diputado del partido Liberal Demócrata. Los resultados de esta consulta previa permitirán enriquecer el debate en el Parlamento que empezará en el mes de enero 2022. Es la tercera vez que se presenta un proyecto de ley de muerte asistida en Escocia.

Recientemente se presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 107 del Código Penal colombiano, que castiga con cárcel a quien induzca o ayude a una persona para que se suicide.Con esta demanda se busca que este procedimiento esté constitucionalmente protegido y se excluya la sanción penal, siempre y cuando haya un consentimiento libre, inequívoco e informado de que el individuo está diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, que la persona experimente intensos dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con una vida digna, y que exista auxilio o asistencia de un médico, quien no será castigado por prestar esta ayuda.

Queensland es el quinto estado australiano que ha aprobado una ley de muerte voluntaria asistida que entrará en vigor en enero de 2023. En sus grandes líneas esta ley calca la que fue aprobada en el estado de Victoria en 2017, con algunas diferencias. Los médicos pueden ofrecer la muerte asistida como opción al final de la vida, cosa que prohíbe la ley victoriana, y el paciente debe tener un pronóstico de un año y no de 6 meses como en Victoria.

Por otra parte, después de un encendido debate, esta ley delimita la objeción de conciencia institucional: las instituciones podrán optar por no proporcionar la muerte asistida en sus instalaciones, pero no deben obstaculizar el acceso de la persona a la misma, si esta es su elección. Deben facilitar el acceso a la información y permitir la intervención en la institución misma de personal sanitario dispuesto a dar curso a la solicitud del paciente.

por Ben White, Lindy Willmott, Eliana Close y Jocelyn Downie.

El problema de la objeción de conciencia institucional se ha planteado con mucha fuerza en la mayoría de los países que han regulado la eutanasia o el suicidio asistido, fundamentalmente por la parte importante de instituciones sanitarias gestionadas por grupos confesionales. Recientemente, el debate sobre este tema ha sido muy duro en el Estado de Queensland, el quinto estado australiano en aprobar una ley de ayuda médica a morir. Victoria es el primer estado australiano en aprobar una ley de muerte voluntaria asistida en 2017, y como afirma el artículo “La objeción institucional está ocurriendo en Victoria y es probable que ocurra en otros estados australianos”.

Los autores afirman que la regulación de la objeción de conciencia institucional es necesaria y proponen tres modelos:

“el primero es el ‘absolutismo de la conciencia’, que otorga a las instituciones la capacidad ilimitada de oponerse a la muerte asistida voluntaria. El segundo es un modelo de ‘compromiso o adaptación razonable’, que tiene como objetivo adaptarse tanto a la objeción institucional como al deseo de una persona de acceder a la muerte asistida voluntaria. Se pueden lograr diferentes equilibrios; proponemos un modelo que prioriza los intereses del paciente. El tercer modelo es la ‘no tolerancia’, que se opondría totalmente a permitir que una institución pueda objetar».

La Fiscalía holandesa parece volver a la carga en su empeño para imponer una aplicación más rígida de la ley de eutanasia. A consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2019, que absolvió a una médico acusada de asesinato por haber fundamentado la eutanasia de una anciana con Alzheimer avanzado en la interpretación de su testamento vital, las Comisiones de Control de la Eutanasia publicaron nuevas directrices que, según la Fiscalía, dejan demasiada autonomía de decisión a los médicos. El periódico Trouw revela la existencia de correos de la Fiscalía al Ministro de Justicia reclamando una investigación independiente sobre las decisiones de las Comisiones de Control, dando lugar a una reacción airada de la Asociación Holandesa para el Final Voluntario de la Vida (NVVE).

El debate sobre la muerte voluntaria ha vuelto a la actualidad en Holanda este verano a raíz de la detención en Eindhoven de un joven –miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW)– acusado de vender un producto letal por internet, y por la denuncia presentada contra CLW por la familia de una chica joven que se suicidó con un producto letal. Recordemos que el suicidio asistido sin presencia médica está penado en los Países Bajos con 3 años de cárcel y multa.La NVVE recalca:

“Estos hechos confirman lo que ya sabíamos desde hace tiempo: que hay un grupo considerable de personas con deseo de morir (bien meditado o no) y que no pueden o no quieren acudir a un médico”

La asociación reclama una respuesta de parte de los políticos, “en lugar de dejar la cuestión en manos del mercado.” Sin embargo, se trata de un tema políticamente difícil, que constituye uno de los motivos de bloqueo en las negociaciones para la constitución de un nuevo Gobierno de coalición. El partido liberal progresista D66 – segundo partido más votado con el 15% de los votos, después del Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Mark Rutte que consiguió el 21,9% de los sufragios– incluyó en su programa para las últimas elecciones de marzo su proyecto de ley de Vida Cumplida. El partido democristiano CDA se opone categóricamente a este proyecto de ley.

Exit International publica en su página web las declaraciones de un médico holandés jubilado que critica la ley de eutanasia aprobada en 2002 en los Países Bajos y se pronuncia a favor del suicidio asistido tal como se practica en Suiza, donde el papel del médico se reduce a la prescripción en vez de ejercer como filtro:

“la posición central de los médicos al final de la vida es innecesaria y debe dar paso al suicidio asistido, sin un papel médico activo”. Analiza que “el método de administración intravenosa de la eutanasia y la preferencia asociada por la eutanasia sobre el suicidio asistido constituyen un error histórico que ha provocado que la terminación activa de la vida haya sido innecesariamente medicalizada”.

La entrada del blog de Philip Nitschke de principios de agosto presenta un resumen detallado de los debates alrededor de la muerte voluntaria en los Países Bajos: desde finales del siglo pasado con las declaraciones del antiguo presidente del Tribunal Supremo Hub Drion que pensaba que el acceso a una píldora letal para una persona anciana era un derecho fundamental independientemente de su estado de salud, hasta los debates actuales sobre el proyecto de ley de “vida cumplida” y las actividades de información y asesoramiento de la cooperativa CLW creada en 2017.

Un enfermo tetrapléjico ha presentado una demanda en los tribunales contra las autoridades sanitarias de su región que no responden desde hace un año a su solicitud de evaluación para acogerse a la ayuda a morir tal como la autorizó el Tribunal Constitucional de 2019. Apoya también la campaña de firmas a favor de un referéndum para eliminar del código penal la figura del “asesinato consentido” (art.579) lanzada por la asociación Luca Coscioni y que ya ha recogido 850.000 firmas. Con esta campaña se espera vencer el inmovilismo de los políticos y avanzar hacia una ley de eutanasia.

En una entrevista, Mario Riccio, médico que ayudó a morir a Piergiogio Welby en 2006 y que lucha con la Asociación Luca Coscioni por un cambio legislativo, expresa sus temores a que se llegue, debido a la falta de voluntad política y a la “cobardía de los médicos”, a una “ley estafa” que daría cobertura a un número muy restringido de casos.

Los partidos políticos que consensuaron un proyecto de ley de eutanasia –PS, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal–, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional por la inconcreción de los requisitos de acceso a la prestación, han elaborado durante el verano un nuevo texto que incorpora, siguiendo el modelo español de la LORE, un glosario de términos y definiciones. Se debería debatir en el Parlamento antes de fin de año, pero no está todavía en la agenda debido a las elecciones locales el 26 de septiembre y el posterior debate de presupuesto.

La cámara baja del Oireachtas (Parlamento irlandés) aprobó el año pasado la toma en consideración de un proyecto de ley de muerte digna que permitiría el acceso al suicidio asistido a pacientes con un pronóstico de 6 meses o menos de vida. El texto pasó entonces a la Comisión de Justicia del Parlamento que, después de varios meses dedicados a la audición de expertos, médicos, juristas y asociaciones de la sociedad civil, acaba de pronunciarse: reprocha al proyecto lo que considera su inconsistencia, el incluir varios puntos de dudosa constitucionalidad y sus múltiples incoherencias. Preconiza un examen más a fondo de la cuestión por una comisión parlamentaria especial, lo que consigue retrasar el cambio legislativo.

El Partido Popular Austriaco (ÖVP) proyecta presentar una ley que prohíba la “comercialización de la eutanasia” y la publicidad de las asociaciones pro-eutanasia, ley que iría en contra de la sentencia pronunciada en diciembre 2020 por el Tribunal Constitucional que afirmaba el derecho a la autodeterminación al final de la vida e instaba al parlamento a legislar en el plazo de un año. “Los tiempos en los que las minorías católicas podían imponer leyes deberían terminar”, declara el portavoz de la Sociedad Austriaca por un Final de Vida Humano (ÖGHL). Este proyecto de ley es además contrario al sentir de una gran mayoría de ciudadanos austriacos que, como lo muestra una encuesta reciente, apoya la autodeterminación al final de la vida.

Más del 58% de la ciudadanía austriaca apoya que se amplíe el acceso a la muerte asistida, según una encuesta elaborada por Gallup.

El Tribunal Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la eutanasia en una sentencia de 1997, instando al parlamento a regular este nuevo derecho. Sin embargo, todos los intentos de regulación realizados hasta hoy han sido rechazados por la Asamblea; el último en el pasado mes de abril. Las barreras al ejercicio del derecho a la ayuda médica a morir se han ido eliminando a golpe de sentencias judiciales. La última sentencia, fechada el 23 de julio pasado, amplía el acceso a la ayuda médica a morir eliminando el requisito de terminalidad. El paciente debe “padecer un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.

La Ley de Opciones al Final de la Vida (End of Life Option Act), aprobada en California en 2016, permite el acceso a una receta de producto letal a los pacientes adultos con un pronóstico de vida limitado de seis meses o menos. Las disposiciones de la ley fueron diseñadas para dar garantías de que no pudiese producirse “abusos”, pero estas salvaguardias se convirtieron obviamente en obstáculos para los pacientes que en muchos casos no pudieron acceder a la receta que tanto anhelaban.La Asamblea Estatal acaba de aprobar, por 26 votos a favor y 8 en contra, una nueva legislación que reduce el período de espera de 15 días entre las dos solicitudes a solo 48 horas, y alarga el plazo de validez de la ley a 2031, en vez de 2025 como previsto inicialmente. Para su aprobación definitiva falta la firma del Gobernador.

Cinco años después de su aprobación, Canadá evalúa y revisa su ley de eutanasia. La Ley C7, que entró en vigor en marzo y eliminó el requisito de terminalidad, excluye durante 2 años a los canadienses que padecen una enfermedad mental, aunque cumplan con todos los demás requisitos. Con la perspectiva de permitir a estos enfermos el acceso a la muerte asistida, se acaba de crear una comisión de expertos, a iniciativa de los ministerios de Sanidad y de Justicia, encargado de elaborar, en el plazo de un año, recomendaciones sobre los protocolos, guías y salvaguardas relevantes para estos casos complejos. Los resultados de las elecciones federales, convocadas para el día 20 de septiembre, pueden condicionar la evolución de las políticas sobre muerte asistida. De momento, las comisiones, que se formaron en abril para la revisión parlamentaria de la legislación de muerte asistida, se disolvieron con la convocatoria electoral.

Quebec tiene su propia Ley de Opciones al Final de la Vida y se encuentra en el mismo proceso de evaluación y revisión que la ley federal de eutanasia. La Comisión Especial para la Evolución de la Ley, organismo nombrado para asesorar al gobierno en estos temas, después de realizar una amplia ronda de audiciones, prepara un informe que se publicará a mediados de noviembre. Dos temas están a examen: el de la validez de directrices anticipadas en el caso de personas con pérdida cognitiva, y el del posible acceso a la eutanasia para los menores de edad. Este último supuesto ha adquirido más visibilidad con el caso mediatizado de un niño de cuatro años que padece una enfermedad genética rara.

La cuestión de si los problemas planteados por los determinantes sociales de la salud pueden afectar la toma de decisiones y justifican denegar la elegibilidad para la muerte asistida ha pasado a primer plano recientemente en los debates para enmendar la ley de muerte asistida de Canadá.Determinar si los cambios en la legislación sobre muerte asistida de un país conducen a pendientes resbaladizas también ha pasado a primer plano, como sucede cada vez que una jurisdicción cambia sus leyes.El artículo explora estas dos preguntas a través de la lente de la experiencia de Canadá, tanto para informar sobre las discusiones en curso de Canadá como porque otros países enfrentarán las mismas preguntas si contemplan cambiar su ley de muerte asistida.

Este estudio examina las diferencias entre, por un lado, los defensores de las opciones para el final de la vida y, por otro, las personas con afecciones de salud irremediables que ya tomaron la decisión de acelerar su muerte, en cuanto a lo que cada grupo considera importante para el deseo de acelerar la muerte. Los factores psicosociales son más importantes que los físicos para ambos grupos, pero aquellos que reflexionan sobre lo que podría influir en ellos para acelerar su muerte en el futuro piensan que el dolor y la sensación de malestar serán factores mucho más importantes de lo que resultaron ser para aquellos que ya decidieron hacerlo. Estos últimos citaron la falta de tratamientos médicos viables y el tener que vivir en una residencia de ancianos como factores más importantes.El artículo defiende que la mayoría de las personas que solicitan ayuda para morir no cumplen con los criterios que definen la depresión. E incluso cuando los pacientes tienen un trastorno mental diagnosticable, eso no los incapacita legal o psicológicamente para tomar una decisión racional y competente sobre si quieren acelerar su muerte ante condiciones de salud irremediables. Cita investigaciones que validan estas posiciones.Concluye finalmente que en este momento no existe la “pendiente resbaladiza” pero sí una tendencia a querer una mayor autonomía y autocontrol al final de la vida.

Con la creciente legalización de la ayuda médica a morir en todo el mundo, la cuestión de si los pacientes psiquiátricos con enfermedades mentales refractarias deberían tener acceso a este servicio de salud es un tema de debate ético. Con la consideración actual de la autonomía y el derecho a morir, un diagnóstico psiquiátrico nunca debería impedir automáticamente que un paciente tome decisiones sobre su tratamiento e incluso solicite la ayuda médica a morir.