En 2017, el Tribunal Contencioso-Administrativo Federal declaró posible, en casos de extremo sufrimiento, autorizar el acceso a un producto letal (pentobarbital) para pacientes en etapa terminal de una enfermedad incurable y en 2020, el Tribunal Constitucional reconoció la constitucionalidad del derecho a la muerte autodeterminada.

Desde 2017, 244 personas han presentado una solicitud: todas han sido rechazadas por el Instituto Federal del Medicamento que considera que tendría que intervenir un cambio en la ley de Estupefacientes ya que solo autoriza el suministro de este producto con fines terapéuticos.

La demanda de dos pacientes llega ahora ante el Tribunal Contencioso-Administrativo Federal, después de ser rechazada por las instancias inferiores. La audiencia pública se celebró el 26 de octubre y se conocerá el veredicto el 7 de noviembre.

Exclusión de los miembros de AfD de una asociación de ayuda a morir

La asociación Der Verein Sterbehilfe (Asociación para la Ayuda a Morir) tiene previsto modificar sus estatutos para prohibir la adhesión a los miembros de la ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania). La razón, según el fundador de la asociación Roger Kush, es que “las actividades de la asociación son posibles en un Estado Constitucional que funcione, con un poder judicial constitucional fuerte”, pero la AfD quiere “acabar con esto”.

Las sentencias judiciales pronunciadas en dos casos -el caso Mortier y el caso Tine Nys- obligarán a revisar la ley de eutanasia belga. En el caso Mortier, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en octubre 2022 que la ley no contravenía las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el derecho a la vida), pero reprochó una apariencia de no independencia de la Comisión Federal de Control y Evaluación en los casos en que un miembro de la Comisión haya participado en la eutanasia examinada. La Comisión ha propuesto al legislador eliminar el anonimato de los expedientes.

En 2020, los tres médicos que intervinieron en la eutanasia de Tine Nyss -una mujer de 38 años con trastornos siquiátricos- fueron juzgados por lo penal a consecuencia de la denuncia del padre de la paciente que denunció irregularidades administrativas. Fueron absueltos, pero la familia presentó luego una denuncia por lo civil contra el médico que había realizado concretamente la eutanasia. Antes de pronunciarse, el tribunal planteó una cuestión previa al Constitucional que declaró, en octubre pasado, que prever la misma sanción para faltas administrativas en la aplicación de la ley y para el no respeto de los requisitos para acceder a la prestación, considerando en los dos casos que se trataba de homicidio por envenenamiento no estaba razonablemente justificado. El tribunal acaba de absolver al médico.

La sentencia, en este último caso, en el cual tres médicos fueron juzgados por primera vez en Bélgica por lo penal en un caso de eutanasia, es de gran importancia ya que el caso tuvo importantes repercusiones en la opinión pública y en el ámbito profesional sanitario, llevando a muchos médicos a replantearse su participación en procesos de eutanasia.

A pesar de que una encuesta reciente haya mostrado que un 72% de la ciudadanía apoya la regulación de la eutanasia, 16 de los 17 miembros del Comité Danés de Ética se han pronunciado en contra en sus recomendaciones presentadas a la Comisión de Salud del Congreso. Es la cuarta vez en treinta años que se pronuncia en este sentido.  “Me preocupa que, si introducimos la eutanasia activa, relajaremos nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia los más débiles, y no podremos garantizar los cuidados paliativos”, declaró el presidente del Comité.

El tratamiento de las solicitudes de eutanasia en caso de trastorno siquiátrico es complejo y tanto siquiatras como médicos generalistas prefieren a menudo derivar los solicitantes al Centro de Expertos de la Eutanasia, donde los plazos de espera sobrepasan actualmente los dos años. El siquiatra Menno Oosterhoff recibió un aluvión de llamadas de socorro y peticiones de ayuda de pacientes siquiátricos que no podían más después de años de tratamientos fallidos, después de su participación en un programa de radio sobre el tema. Consciente de la necesidad de avanzar, acaba de crear la Fundación Kea: «No es sólo una fundación para médicos, sino que también se centra en la información y el contacto con compañeros de sufrimiento. La fundación acaba de abrir sus puertas y todavía no tiene un sitio web, pero la intención, en última instancia, es movilizar a más médicos y mediar en las solicitudes de eutanasia».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza examinar una demanda contra el Estado Neerlandés

En 2008, Albert Heringa ayudó a su madre Moek , de 99 años , que tenía un intenso deseo de morir. No podía acabar con su vida sola, y su médico de cabecera no quiso cooperar. Heringa la ayudó en los preparativos y estuvo presente en su suicidio. Así lo reveló en el documental ‘El último deseo de Moek’ unos años después.

El Ministerio Público decidió procesarlo. El tribunal de Arnhem no lo consideró punible porque actuó en estado de necesidad. El Ministerio Público recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que devolvió el caso al tribunal de Den Bosch . En abril de 2019, este tribunal impuso a Heringa una pena de prisión condicional de 6 meses, que fue confirmada por el Tribunal Supremo.  Heringa decidió presentar una demanda contra el Estado neerlandés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del derecho a la privacidad y el derecho a la privacidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de comunicar que no admite la demanda. La asociación NVVE, que la apoyó, expresa su decepción y critica la actual situación en los Países Bajos donde el suicidio no es punible, pero la ayuda al suicidio sí lo es.

CLW propone una investigación científica

La Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) propone realizar en un futuro una investigación consistente en monitorear durante diez años a unas 10.000 personas, mayores de 55 años, a las que se entregaría un producto letal. Estas personas, cuya participación en el experimento sería voluntaria, pasarían un proceso de selección destinado a descartar todo “deseo agudo de morir”. Tendrían que cumplimentar un cuestionario cada 6 meses. El producto se guardaría en una caja fuerte con cerradura biométrica. El presidente de CLW es consciente de que esta investigación solo se podrá realizar cuando no sea ilegal suministrar un producto letal, lo que supone un cambio legal. Sin embargo, la mera formulación de la propuesta ha despertado muchas inquietudes y el partido Unión Cristiana pide la prohibición de CLW.

“Una ley en coma” titula un periódico. Ya han pasado los 90 días previstos por la ley para la publicación del reglamento de aplicación de la ley de eutanasia. El gobierno declara que “se están evaluando metodología y soluciones jurídicas”. La ley sólo entrara en vigor 30 días después de la publicación del reglamento. Mientras, para frenar la aplicación de la ley, el PSD (Partido Social Demócrata – derecha) está recabando firmas entre los diputados para presentar una demanda de revisión constitucional urgente de una veintena de puntos de la ley.

Las nuevas directrices hechas públicas por la fiscalía, válidas en Inglaterra y Gales, enumeran los factores a considerar al determinar si es apropiado presentar cargos en caso de “asesinato por compasión” (mercy killing). Estas directrices, que cubren también los pactos suicidas, descartan el procesamiento si la persona fallecida tomó la decisión de morir de forma voluntaria, clara e informada, y si la persona que prestó su ayuda lo hizo motivada únicamente por la compasión. Otro factor que considerar es si la ayuda prestada “puede caracterizarse como reticente, ante una importante presión emocional debida al deseo de la víctima de poner fin a su vida”. La asociación Dignity in Dying recalcó el carácter positivo de unas directrices que establecen una diferencia clara entre “homicidio doloso y asistencia compasiva para morir”.

El Gran Consejo de Ginebra suprimió a principio de septiembre la disposición que obligaba hospitales y residencias a aceptar la asistencia al suicidio en sus instalaciones. EXIT lanzó una petición para la realización de un referéndum para revertir esta medida. Ha recogido más de 14.000 firmas, casi el triple de lo exigido. “Este resultado abre la posibilidad de que la ciudadanía de Ginebra se pronuncie sobe esta medida que aseguraba el acceso a una muerte digna”, declaró el presidente de la asociación.

En 2022, se realizaron 13.241 prestaciones de ayuda para morir, lo que representa el 4,1% del total de fallecimientos, un aumento del 31,2% con respecto a 2021. El cáncer (63,0%) es la afección médica subyacente más citada. En el 3,5% los casos (463 personas), la ‘muerte natural no era razonablemente previsible’. La mayoría de los beneficiarios (77,6%) recibieron cuidados paliativos y servicios de apoyo a la discapacidad.  El 87,5% de los que no recibieron cuidados paliativos tuvieron acceso a estos servicios y los rechazaron. El 36,8 % de las personas habían requerido servicios de apoyo para discapacidad, y el 89,5% recibieron el apoyo solicitado.

Como en años anteriores, las causas de sufrimiento más citadas fueron la pérdida de capacidad para realizar actividades significativas (86,3%), seguida de la pérdida de capacidad para realizar actividades de la vida diaria (81,9%) y el control inadecuado del dolor (59,2%).

El número total de profesionales que participan en procesos de ayuda médica a morir continúa creciendo (1.837, un 19,1 % más que en 2021); la mayoría (95%) son médicos de atención primaria.

Una vez más una comisión de la cámara de representantes de Massachussetts examina un proyecto de Ley de Opciones para el Final de la Vida que permitiría el acceso al suicidio asistido a pacientes adultos en etapa terminal de una enfermedad, con un pronóstico de menos de seis meses. Se presentó un texto similar en 2012 que fue rechazado con un 51% de votos en contra.

La viceministra de Salud Pública presentó el 2 de octubre en una reunión del Consejo de ministros el proyecto de Ley de Salud Pública que debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre. El texto aborda el derecho de los pacientes a una muerte digna, tales como el rechazo al encarnizamiento terapéutico o la atención y los cuidados paliativos. Desde la presentación del anteproyecto de texto hace un año, el Ministerio de Salud Pública anunció la posibilidad de que en el proyecto definitivo se incorporara la legalización de la eutanasia para pacientes “con enfermedades agónicas o terminales con un sufrimiento intratable”.

Tres años después del diagnóstico de ELA, Paola Roldán no se puede mover, vive gracias a un respirador y se encuentra en estado de total dependencia. Ha hecho público su deseo de morir en un libro (‘Ti si what ti si’ disponible en Amazon), participado en varios podcasts y mantiene una cuenta de Instagram donde cuenta su día a día con la enfermedad. Ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional. Busca abrir la puerta para que la eutanasia se regule en Ecuador, un país profundamente conservador y religioso.

Los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD han presentado en el parlamento federal una iniciativa que busca regular la eutanasia en la Ley General de Salud para paciente mayor de edad, consciente y capaz, con una enfermedad terminal, una condición médica irreversible o en estado de agonía. Para acceder a la eutanasia, el paciente deberá superar una evaluación médica y otra psicológica exhaustiva, y finalmente un médico o comité técnico verificarán que cumple con todos los requisitos antes de dar luz verde a la realización de la prestación.

Desde hace un año el proyecto de ley de eutanasia aprobado por la cámara baja está empantanado en la Comisión de Salud del Senado. A principios de octubre se reanudó el examen del texto. Se espera una votación antes de fin de año.

Un paciente tetraplégico planea presentar una demanda ante el tribunal constitucional para reivindicar su derecho a recibir ayuda para morir. Al hacer público su caso, ha reabierto el debate sobre la eutanasia en el país. En 2022, un diputado del Partido Democrático de Corea (en la oposición) propuso legalizar el suicidio asistido. El proyecto de ley presentado permitiría que un paciente en etapa terminal de una enfermedad y con un dolor insoportable pueda acceder al suicidio asistido, después de una evaluación de su situación por al menos tres médicos. El proyecto de ley permanece estancado en el parlamento.

La película recoge la historia de Iravati (83 años) y Narayan (93 años) que, en 2018, pidieron al presidente de la India poder acceder a la eutanasia activa o el “suicidio asistido”. Rodada durante un período de tres años, la película es una mirada íntima a la vida de la pareja, sus “mundos interiores y luchas interiores”, según explica la directora Sumira Roy. “Trata fundamentalmente de la invisibilidad de las personas mayores en la sociedad, de la sensación de obsolescencia que trae el envejecimiento”. 

La película que explora la decisión de morir a través del testimonio de pacientes, médicos e intervenciones de expertos como Stephanie Green, presidente de CAMAP, la asociación de proveedores a Ayuda Médica a Morir (AMM) de Canadá o Jocelyn Downie, catedrática de derecho y gran defensora de la eutanasia.   “A través de las historias personales de algunas personas que han elegido la (AMM), la película ilustra la autonomía, el empoderamiento y la paz que la muerte asistida puede proporcionar a los pacientes y a sus seres queridos».

El documental “Dulce Muerte”, que se estrenó a finales de octubre en el Festival de Cine de Morelia (FICM), se aproxima a la figura del doctor Philip Nitschke. Sigue su trayectoria desde que pierde su licencia como médico. Otra protagonista de la película es Kathy, una mujer miembro de Exit International, asociación fundada por Nitschke, que decide viajar a Tijuana, en la frontera norte de México, para conseguir en el mercado negro lo necesario para acabar con su vida cuando lo decida.

Sallie Thorne, profesora emérita de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia Británica, y copartícipe en esta investigación, ha dedicado varios textos a este tema.

La asistencia médica para morir (AMM) es ahora legal en muchas jurisdicciones y cuenta con un fuerte apoyo público, así como cierta oposición fuerte, principalmente por motivos morales. A medida que más jurisdicciones consideran la legalización de la AMM, los legisladores plantean preguntas importantes sobre las motivaciones de las personas para solicitar la AMM. Se preguntan también si un mejor acceso a los cuidados paliativos evitaría las solicitudes de AMM; si las personas que experimentan vulnerabilidad estructural se verían inducidas a solicitar la AMM debido a la pobreza, la negligencia o la incapacidad de acceder a servicios de apoyo, incluidos los cuidados paliativos. El estudio examina estas cuestiones utilizando la evidencia disponible de jurisdicciones en las que la AMM lleva tiempo legalizada.

El Estado de Oregón reguló el suicidio asistido hace 25 años. Desde entonces cada año se publican informes oficiales que detallan el número de personas que han utilizado esta opción, así como datos sociodemográficos y datos relativos al proceso mismo. El objetivo de este estudio es examinar la evolución del proceso en el tiempo.

El actual número de la revista «Humanes Leben – Humanes Sterben» ( de la Sociedad Alemana para la Muerte Humana (DGHS), trata principalmente sobre la situación actual de la eutanasia en el país.