“¡Me acaban de llamar del hospital para decirme que finalmente tendremos un médico consultor!”. La emoción sobrepasa a Sandra Díaz justo un día después de haber caído en la desesperación cuando del mismo centro, el Juan Ramón Jiménez de Huelva, le comunicaron que a su hermano José, de 33 años y que había iniciado el proceso para solicitar la eutanasia por tercera vez, no le iban a poder designar un médico consultor -el que supervisa los pasos- porque todos eran objetores. En 24 horas lo único que ha cambiado es que su caso fue publicado en este diario.
“Es una alegría, pero a la vez una pena que esto lo hayamos podido conseguir por la presión mediática y no porque la ley se haya cumplido, como tendría que ser”, reflexiona Sandra. Desde que su hermano iniciara los trámites para conseguir una muerte digna, el 26 de junio de 2022, nada de lo que dicta la norma se ha cumplido con regularidad. En esa primera ocasión, consiguió dar con un facultativo que quiso ejercer como médico responsable a más de 54 kilómetros de su casa ―todos los de su centro de salud eran objetores―, pero que emitió todos los informes desfavorables tras comentarle a su madre que lo que querían hacer era como la película de Mar adentro y que eso era un asesinato. Recurrieron en los tribunales, pero perdieron. Volvieron a intentarlo de nuevo el 18 de diciembre de 2023 tras dar con una nueva médica responsable. Entonces un problema burocrático —no se había acreditado la nacionalidad de José― les obligó a empezar de cero. En la tercera ocasión, iniciada el 28 de ese mismo mes, se incumplieron todos los plazos, hasta el punto de no saber nada de la asignación del médico consultor, que fue solicitada el 12 de enero, hasta la semana pasada, más de un mes después.
Fue entonces, la semana pasada, cuando Sandra fue a informarse al hospital, le comunicaron que no disponían del especialista que debía asumir esa función, un neurólogo, hasta dentro de un año. Poco importó que ella alegara que podía ejercer de médico responsable cualquier otro profesional. Este lunes, le volvieron a reiterar lo mismo, y el martes, ante su insistencia, le indicaron no solo que no disponían de neurólogos, sino que todos los facultativos que podrían asumir esa tarea eran objetores de conciencia.
No debieron preguntar a la médico rehabilitadora de José, que conoce el dolor que padece cada vez que tiene que mover una de sus extremidades, prácticamente atrofiadas. Ella esta mañana se ofreció a la dirección del centro. Al conocer la noticia, José, que anoche estuvo presa de la ansiedad al creer que su derecho a poner fin a su padecimiento crónico e intolerable iba a verse bloqueado de nuevo, ha vuelto a empuñar el brazo. Es lo poco que aún puede hacer y es el mismo gesto que realizó cuando, a finales del año pasado, supo que por fin otra facultativa iba a ser su médico responsable.
José tiene problemas neurológicos provocados por un accidente doméstico grave. Ha perdido la vista, ya no puede tragar la comida y hay que limpiarle la boca constantemente porque se ahoga con su propia saliva. Tiene los miembros agarrotados y depende de los parches de fentanilo para soportar el dolor, que no se lo alivian. Los informes médicos, además, constatan que su situación es irreversible. Su sufrimiento es cada vez más intolerable y el hecho de que sea completamente consciente de su degradación física lo hace insoportable.
“La eutanasia es un derecho y las instituciones tienen la obligación de garantizarlo. El mecanismo que se estableció en la ley es el registro de objetores, que ha sido un fracaso porque muchos médicos objetores no se han inscrito y muchos lo han hecho por razones de conveniencia”, indica David Rodríguez Arias, profesor de Bioética de la Universidad de Granada. “Y garantizar ese derecho no es fácil, porque requiere de profesionales con garantías”, abunda.
La Consejería de Salud también ha estado al tanto de este caso y a propuesta de la Comisión de Garantía y Evaluación ha informado este miércoles de que va a poner en marcha un “equipo móvil”, grupos referentes provinciales que sirvan como apoyo y ayuda a la valoración de los posibles casos y que, de forma paralela, identificarán a profesionales cualificados consultores para que se trasladen en cada provincia donde sean necesarios. “Lo que funciona muy bien en otras comunidades son los referentes, médicos y enfermeros con afán de ayudar, explicar y acompañar, con eso sería suficiente”, señala Eva Camps, portavoz de la ONG Derecho a Morir Dignamente. “Esto está bien, pero lo que realmente deberían hacer es formar a sus profesionales”, apunta.
Fuente: El País
