En el segundo aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida y despenalizó la ayuda al suicidio, tres de las asociaciones que proporcionan actualmente esta asistencia en Alemania –Dignitas Deutschland, DGHS y Der Verein Sterbehilfe– han organizado una rueda de prensa conjunta en Berlín donde escenificaron su frontal oposición a uno de los proyectos de ley presentado en el Bundestag. Este proyecto legislativo pretende limitar y hasta prohibir sus actuaciones, volviendo casi a la misma situación que antes de la sentencia del Constitucional.

Presentaron un documento en diez puntos para defender su posición. Entre las tres asociaciones ayudaron a 256 pacientes a morir en 2021. En una larga entrevista los directivos de las tres asociaciones describen detalladamente la situación actual del suicidio asistido en Alemania y los debates jurídicos sobre el tema, e insisten en que «la experiencia práctica en el campo de la asistencia profesional al suicidio ha demostrado que no son necesarias nuevas normas penales».

Además del proyecto de ley anteriormente mencionado, una diputada del Partido Verde ha presentado un proyecto sustancialmente diferente que propone la creación de dos vías de acceso al suicidio asistido según la motivación del solicitante: enfermedad u otro motivo.

«En el primer caso, la profesión médica tiene un papel crucial al evaluar la solicitud», dice el documento, «mientras que en el último caso se establecen condiciones más severas y no se asigna a la profesión médica un papel central». Los requisitos exigidos en caso de que la solicitud no se apoye en una enfermedad “incluyen documentación escrita de que el deseo de morir se basa en el libre albedrío y es permanente. Además, aquellos que deseen morir tendrían que acudir dos veces, en un intervalo de al menos dos meses y como máximo un año, a un centro de asesoramiento autorizado e independiente».

Para “resolver el debate sobre el final de la vida”, Emmanuel Macron propone, en caso de ser reelegido a la presidencia de la República, la organización de una “convención ciudadana”. Asegura que las conclusiones de esta convención se someterían a referéndum. Las asociaciones de muerte digna protestan, recordando que ya se ha realizado este tipo de consulta en el pasado y que no se respetaron las conclusiones. Así, por ejemplo, en 2013, una conferencia ciudadana organizada por el Comité Nacional de Ética se había pronunciado “a favor del suicidio asistido y de una excepción de eutanasia”.

Otros candidatos –Jean-Luc Mélenchon (LFI – Francia Insumisa), Anne Hidalgo (Partido Socialista) y Yannick Jadot (EELV – Verdes)– se han comprometido sinceramente a modificar la ley actual que prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido.

“Estoy a favor, primero porque vivo en Suiza donde es posible, y también porque me parece la cosa más lógica y natural del mundo. A partir de cierta edad, de cierto momento, uno tiene el derecho de largarse en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y este tipo de cosas…”

El Parlamento italiano ha aprobado holgadamente -253 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención- un proyecto de ley de eutanasia presentado por el Partido Demócrata y el partido Cinco Estrellas. La ley pasa ahora al Senado.

Después de aplaudir el hecho de que “el Parlamento por fin da señales de querer intentar asumir sus responsabilidades”, la asociación Luca Coscioni critica “la odiosa discriminación” introducida en una ley que sólo permite el acceso a la ayuda a morir a los pacientes que dependen de un medio de soporte vital, excluyendo por ejemplo “los enfermos terminales de cáncer y algunas enfermedades neurodegenerativas”, y llama a la movilización para conseguir una ampliación de los requisitos durante los debates en la cámara alta.

En este interesante artículo publicado en la web del colegio de médicos holandeses (KNMG) con ocasión de los 20 años de la aprobación de la ley de eutanasia, dos médicos de generaciones diferentes confrontan su experiencia y evalúan tanto los avances conseguidos como los problemas existentes en la aplicación de la ley desde la perspectiva de los profesionales.

El primero, Flip Sutorius, de 70 años y miembro de la junta directiva del Centro de Expertos de la Eutanasia, formó parte del grupo pionero de médicos que, a pesar de la prohibición y en una angustiosa soledad, empezaron a practicar abiertamente eutanasias en los años 70 del siglo pasado, al amparo de un debate social dinámico favorable al derecho a decidir al final de la vida; la segunda, Marloes Tack, de 40 años, valora el camino recorrido. Los dos hacen hincapié en la importancia de la formación, del asesoramiento y del acompañamiento profesional para eliminar el miedo que persiste en muchos médicos hacia una práctica a la cual están poco preparados.

“En el Centro de Expertos para la Eutanasia, estamos viendo un enorme aumento de casos que, en mi opinión, el médico tratante podría haber resuelto perfectamente por sí mismo. Lo que ayudaría es compartir experiencias prácticas. Si los grupos SCEN (Grupos de Apoyo y Consulta sobre Eutanasia, creados por KNMG) informaran aún más a sus médicos en su área, creo que les quitaría mucho miedo”.Flip Sutorius

Los derechos civiles avanzan en Colombia a golpe de sentencias de su Corte Constitucional. Acaba de despenalizar el aborto hasta la semana 24 y pide al Parlamento legislar. Pasó lo mismo en 1997 con la eutanasia: el tribunal reconoció el derecho a la eutanasia para pacientes terminales con dolores insoportables. Sin embargo, todas las tentativas de regulación fracasaron.

En 2021 otra sentencia anuló el requisito de estado terminal, lo que permitió que Marta Sepúlveda, enferma de ELA, pudiese acceder a la eutanasia, a pesar de enormes dificultades debidas justamente a la inexistencia de una regulación clara. Ahora, el Tribunal Constitucional acepta considerar la solicitud de tutela que presentó la enferma en su momento. El objetivo es que la Corte Constitucional vuelva a revisar las barreras que estaría poniendo el sistema de salud para realizar este procedimiento a las personas que no tienen una enfermedad terminal, vulnerando el derecho a una muerte digna.

Para acceder al suicidio asistido en Oregón ya no será necesario ser residente en el estado, gracias a una impugnación por inconstitucionalidad presentada por la asociación Compassion & Choices en el Tribunal de Distrito de Portland. Las autoridades sanitarias y la Junta Médica de Oregón acordaron dejar de hacer cumplir el requisito de residencia y solicitar al Parlamento del Estado que lo elimine de la ley. La asociación declaró que se apoyaría en este acuerdo para presionar a los otros ocho estados y Washington, DC, con leyes de suicidio asistido, para que eliminen también este requisito.

Por otra parte, acaba de publicarse el informe anual de evaluación de la aplicación de la Ley de Muerte del Estado. En 2021, fallecieron 238 personas después de tomar la medicación letal. El perfil demográfico es muy similar al de años anteriores. La mayoría blancos, mayores de 65 años con cáncer en fase terminal. Las tres causas más comunes para la elección de la muerte asistida siguen siendo: la pérdida de autonomía (93%); la pérdida de capacidades para participar en actividades satisfactorias (92%) y la pérdida de dignidad (68%).

Sinopsis:

Una consulta médica especializada “Final de la Vida” en un hospital público en Bélgica. Un médico recibe a varios paciente, hombres y mujer, a menudo acompañados por un familiar o un allegado. La mayoría están gravemente enfermos, y lo saben. Han venido para hablar del final de su vida: quieren poder elegir cómo y cuándo morir. Los diálogos son directos, francos e intensos, pero también llenos de dulzura. Este documental permite ver estos encuentros, filmados con discreción y respeto y muestra también a los profesionales sanitarios, con sus intercambios de opinión y sus preguntas.

¿Qué son las “Consultas Final de Vida”

Existen en varios hospitales públicos belgas y se dirigen a todas las personas –enfermas o no- que desean abordar las temáticas relativas al final de la/su vida: conseguir informaciones sobre los cuidados al final de la vida o la eutanasia, ayuda para hacer un testamento vital, etc., todos temas difíciles de abordar en una consulta tradicional por falta de tiempo, reticencias del paciente relativas a sus médicos tratantes u oposición de estos últimos. Una parte de estas personas consulta por voluntad propia, otras mandadas por su médico.

Más información sobre estas consultas en el boletín n.152 de la ADMD-BE

En una conferencia reciente, la profesora e investigadora Jocelyn Downie señaló los problemas planteados por la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, como obstáculo principal en la aplicación de la ley de ayuda médica a morir (AMM) en Canadá.

“Tenemos pacientes frente a médicos que se oponen, médicos dispuestos frente a médicos que se oponen, pacientes frente a instituciones que se oponen y médicos dispuestos frente a instituciones que se oponen”, señaló. “Tenemos un sistema del que realmente podemos estar muy orgullosos. Dicho esto, creo que los traslados forzosos son una plaga para este sistema”, agregó, porque “violan los derechos de las personas” y son “indefendibles”.

Downie destacó que los médicos “tienen la obligación profesional y la obligación legal, de informar a los pacientes sobre todas las opciones disponibles”, y denunció que únicamente en la provincia de Ontario se exige a los médicos derivar “de manera efectiva” a los pacientes hacia un médico o una institución dispuestos a proporcionarles la AMM. En cuanto a la objeción de conciencia institucional, enfatizó que los pacientes “tienen derecho a permanecer y recibir la AMM donde estén, incluso si la institución es objetora”.

Actualmente en Estados Unidos, una de cada cinco personas -el 22% de la población- vive en una jurisdicción donde la ayuda médica para morir está autorizada, ya sea por ley o por decisión judicial. Esta lista incluye diez estados-Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawai, New Jersey, Maine y New Mexico- además del distrito de Columbia. El documento publicado por la asociación Compassion & Choices es en realidad una recopilación de los datos publicados en estas juridicciones. La conclusión más evidente es que muy pocas personas han podido morir al amparo de estas leyes, ya que en décadas de experiencia -la primera ley entró en vigor en Oregón en 1998-, en todos los estados citados, sólo 5.171 personas han optado por utilizar la ayuda médica para morir. El documento se limita a dar cifras, sin sacar ningún tipo de conclusión más allá de la evidente “seguridad” de las leyes aprobadas, seguridad que descansa en el carácter muy restrictivo de todas estas leyes.

Concretamente en Colorado, donde la ley se aprobó en 2017, una investigación reciente revela que si una gran mayoría de los 300 médicos encuestados estaban dispuestos a derivar a los pacientes que formulaban una solicitud de ayuda a morir, sólo el 28% estaban dispuestos a acompañar todo el proceso, desde la evaluación del paciente hasta la entrega de la receta del medicamento letal. Los factores más frecuentemente esgrimidos por los médicos para inhibirse son la falta de conocimientos y la importante inversión emocional y de tiempo que supone el proceso de evaluación de los pacientes.

El informe recientemente publicado por la Comisión Lancet sobre el Valor de la Muerte titulado “Devolver la muerte a la vida” recoge 4 años de reflexión sobre ‘la importancia de la muerte y el morir dentro de la vida y el vivir’. El punto de arranque de esta reflexión es la constatación de que muchas sociedades y sistemas de salud han desarrollado una relación poco saludable con la muerte y el morir, y que los profesionales sanitarios se han convertido en custodios de la muerte. Para dar una visión más amplia, la Comisión ha reunido un grupo de personas de horizontes muy diversos; tanto a nivel profesional como geográfico: científicos sociales, un filósofo, líderes religiosos, un escritor, periodistas y profesionales de la salud, originarios de países muy diferentes, tanto de altos como de bajos ingresos.

Enfocada a imaginar cómo cambiar la vivencia del morir, la reflexión de la Comisión desembocó en el reconocimiento de la existencia de “un sistema de muerte”, influenciado por múltiples factores -culturales, sociales, comunitarios, políticos, económicos, tecnológicos, filosóficos y clínicos-. cuyo conocimiento es necesario para poder imaginar vías de cambio. Después de analizar la situación actual y recalcar la necesidad de repensar completamente el sentido de nuestros sistemas de salud para determinar si su cometido consiste en tratar de vencer a la muerte -lo que a menudo parece ser el fin que se le atribuye- o si deberían tratar de reducir el sufrimiento y mantener nuestra dignidad humana, la Comisión ha imaginado varios escenarios futuros posibles, uno de los cuales es que la muerte asistida se convierta en un modo de muerte infinitamente más común que ahora. Por otro lado, el informe expone la experiencia de humanización de la muerte llevada a cabo en el estado de Kerala en la India (recordemos que Kerala es el único estado con gobierno comunista en un país donde domina un rígido nacionalismo hindú).