• El viernes 12 de enero se cumplen dos décadas desde que el marino y escritor se quitó la vida tras años de lucha en defensa de su derecho a la eutanasia.
• Aunque la mayoría de la sociedad apoya la despenalización de esta práctica, las personas como Ramón Sampedro todavía tienen que recurrir a un suicidio clandestino o a exiliarse para morir.
• DMD llama a la sociedad a movilizarse por el derecho a una muerte digna y a los representantes políticos a despenalizar la eutanasia

El 12 de enero de 1998, Ramón Sampedro bebió de un vaso con cianuro potásico que le habían acercado a la boca y se quitó la vida. Puso así fin a un sufrimiento de décadas y a una lucha en todos los frentes por el derecho a recibir ayuda para morir en libertad. Se lo habían negado los tribunales y también los legisladores. Los que lo querían tuvieron que arriesgarse a una larga pena de prisión por ayudarle a cumplir su voluntad. Veinte años más tarde, aunque cuatro de cada cinco personas en España apoya la despenalización de la eutanasia, la situación sigue sin cambios.

“Han pasado 20 años de la muerte de Ramón Sampedro y no ha cambiado nada”, explica Fernando Marín, presidente de DMD Madrid. “Los que quieren disponer de su propia vida aún tienen que recurrir al exilio o a la clandestinidad”. El artículo 143.4 del Código Penal, en vigor desde 1995, aún castiga con penas de prisión a los que ayudan a morir a otro, aunque la petición de morir sea lúcida, reflexionada y realizada reiteradamente por una persona con una dolencia irreversible que le provoca sufrimientos insoportables.

Ramón Sampedro tuvo que vivir treinta años, como él mismo afirmaba, pegado a su propio cadáver. Se quedó tetrapléjico en 1968, con 25 años, y luchó sin tregua por la libertad de decidir su propia muerte. En 1996 publicó ‘Cartas desde el infierno’, el relato de su vida desde el accidente. “El 23 de agosto de 1968 me fracturé el cuello al zambullirme en una playa y tocar con la cabeza en la arena del fondo. Desde ese día soy una cabeza viva y un cuerpo muerto. Se podría decir que soy el espíritu parlante de un muerto”, explicaba en el prólogo.

En una carta final, redactada poco antes de su autoliberación y aún esperando una respuesta del Tribunal Constitucional a una petición con la que pretendía proteger a las personas que lo ayudasen a morir, defendió la vida como un derecho y no como una obligación. “A mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré renunciado voluntariamente a la propiedad más legítima y privada que poseo; es decir, mi cuerpo. También me habré liberado de una humillante esclavitud, la tetraplejia”, afirmó.

Apenas nada ha cambiado desde la muerte de Ramón Sampedro, salvo que el apoyo a la eutanasia cada vez más amplio en España. Según la encuesta más reciente (Metroscopia, 2017), un 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida. Pese a esto, el pasado marzo el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración la propuesta de Ley de Eutanasia que presentó el grupo parlamentario Unidos Podemos. Ni siquiera, por tanto, aceptaron discutirla. Mientras, cientos de personas cada año tienen que recurrir a un suicidio violento, a conseguir fármacos en el mercado negro para disponer de su vida en paz, o a exiliarse a Suiza para poder morir.

“No podemos seguir así”, apunta Marín. “Los casos de Bélgica y Países Bajos han demostrado que se puede regular la eutanasia con garantías”. Estos países, que además cuentan con los mejores sistemas de cuidados paliativos de la UE (solo por detrás de Reino Unido), permiten a personas aquejadas de una dolencia incurable que les provoca un sufrimiento insoportable que pidan ayuda para morir a sus médicos. Esta práctica supone el 2% y el 4% de las muertes en estos países, respectivamente. Si se trasladasen estas magnitudes a España, donde fallecen algo más de 400.000 personas al año, supondrían entre 8.000 y 16.000.

DMD reclama a la sociedad que se movilice por el derecho a una muerte digna, y a los representantes de los ciudadanos a que actúen de una vez y despenalicen la muerte asistida.

Tras negarse a la toma en consideración de una ley orgánica de eutanasia en marzo, el grupo socialista ha votado en contra de una enmienda que incorporaba la regulación de la eutanasia en la ley de muerte digna de C’s. A cambio, prometen presentar su propia norma, aunque no han dado plazo

Ante la negativa del PSOE a apoyar la propuesta de UP-ECP-EM de incorporar la eutanasia a la ley de muerte digna de C’s, y tras anunciar este jueves que presentarán su propia proposición de ley orgánica para regular la muerte asistida, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) manifiesta:

• Después de haber rechazado en marzo de 2017 la toma en consideración de una ley orgánica sobre la eutanasia –y por tanto su discusión en sede parlamentaria–, que el PSOE impida de nuevo que los diputados debatan la regulación de eutanasia es incomprensible para la ciudadanía.
• Celebramos que el PSOE aprobara en su último Congreso la “inmediata regulación” de la eutanasia, y su anuncio este jueves de que presentarán una ley con este propósito. Pero no sería la primera vez que los socialistas se manifiestan a favor de legislar este derecho pero después no actúan en consecuencia o, como sucedió en marzo, impiden que pueda hacerse. La sociedad necesita que pase de las palabras a los hechos. Hace falta una ley.
• El equilibrio de fuerzas actual en el Congreso de los Diputados es suficiente para aprobar una ley orgánica sobre la eutanasia. La AFDMD hace un llamamiento a la responsabilidad de los representantes políticos para que, en un tema tan sensible como la eutanasia, la legítima lucha partidista se supedite a los intereses de la ciudadanía.
• Emplazamos al PSOE a presentar de forma inmediata su propuesta de ley de eutanasia a todos los partidos de la Cámara con el fin de constituir un grupo de trabajo que elabore un proyecto de ley que cuente con el máximo consenso. A estas alturas de la legislatura y dados los plazos que exigen los trámites legislativos, demorar la presentación de la ley más allá de 2017 aumenta el riesgo de que un bloqueo ponga en peligro su aprobación.