La fiscalía de Berlín acusa de homicidio a un médico por haber ayudado a morir a una mujer que solicitó su ayuda, después de años de tratamientos fallidos por una depresión severa. El médico, de 72 años y colaborador habitual de la DGHS (Sociedad Alemana por una Muerte Humana) aunque desvincule a la asociación de este caso, explica que la paciente experimentaba un sufrimiento extremo y que la probabilidad de un suicidio violenta era muy alta. En su opinión no existían ya perspectivas de mejoría, y no solicitó una evaluación psiquiátrica independiente debido a la situación de precariedad económica de la paciente. Después de la investigación policial del caso, la fiscalía considera el deseo de morir expresado por la paciente como un síntoma de su enfermedad, negando así su capacidad para decidir libremente. «No se puede simplemente negar a los enfermos mentales la capacidad de tomar decisiones: eso es discriminación contra los enfermos mentales,” declara el médico.
Una petición dirigida al parlamento danés, a favor de la regulación de la eutanasia, acaba de sobrepasar el umbral de 50.000 firmas. El apoyo a un cambio legislativo no cesa de crecer en el país. Ya en 2013, una encuesta mostró que un 70% de la población apoyaba una regulación de la eutanasia, mientras una mayoría de parlamentarios se declaraban en contra.
Macron ha encargado a la ministra delegada a las profesiones sanitarias, Agnes Firmin le Bodo, pilotar la elaboración de un proyecto de ley de ‘ayuda activa a morir’ que se presentará a finales del verano de este año. En sus primeras declaraciones, la ministra indicó que el proyecto de ley constaría de tres bloques -ayuda activa a morir, cuidados paliativos y derechos de los pacientes-, y parece favorable a un doble control, precio y posterior a la realización de la prestación de ayuda a morir.
Paralelamente, a finales de abril, un grupo de 31 personas residentes en Francia ha presentado una serie de demandas contra Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta acción legal coordinada por Dignitas, posible después de que el Consejo de Estado francés rechazase dos demandas presentadas en 2021 y 2022 agotando así las vías judiciales nacionales, tiene como objetivo garantizar que se respete la libertad de elección al final de la vida y allanar el camino para la muerte asistida en Francia.
“Es hora de actuar, de pensar cómo queremos morir, y de obtener el derecho a ser ayudados y acompañados a morir cuando llegue el momento, respetando la voluntad de cada uno. No tengamos miedo de los riesgos y abusos que se nos prometen. Somos la generación que conquistó el derecho a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo. En su momento, nos amenazaron con los mismos riesgos y abusos que señalan ahora. No los hubo. Ni los habrá esta vez. Confiemos los unos en los otros. La sociedad sólo puede crecer dando a sus miembros la libertad de pensar y afrontar mejor su muerte».
Así se expresa el CnaV -Comité Nacional autoproclamado de la Vejez- en el comunicado de prensa publicado al final de la jornada de reflexión dedicada al final de la vida que reunió un centenar de miembros venidos de toda Francia en un teatro parisino. El Comité se creó en 2021 y consta actualmente de unos ochocientos miembros, un 80% mujeres, con una edad media de 83 años. Se define con el hashtag #RienPourLesVieuxSansLesVieux (NadaPorLosViejosSinLosViejos).
El Tribunal de Brabante Oriental acaba de condenar a una pena suspendida de tres meses de cárcel a un hombre de 45 años sin antecedentes penales que ayudó a morir a su compañera, la cual había expresado reiteradamente el deseo de morir debido a su estado de gran dependencia. El tribunal encuentra reprochable que la pareja no recurriese al asesoramiento de un médico en el marco de la ley de eutanasia vigente, frente a lo cual el abogado del acusado alega que el médico de la mujer no hizo caso de las solicitudes de eutanasia expresadas por ésta de forma reiterada.
La Asociación Holandesa para el Final Voluntario de la Vida (NVVE) afirma que este caso demuestra que «ya es hora de acabar con la criminalización de la ayuda al suicidio», que conlleva una pena máxima de tres años según el código penal neerlandés. “Este caso muestra una vez más que los familiares que asumen responder a una solicitud de ayuda a morir corren un alto riesgo de enjuiciamiento. (…) “La consecuencia de esta política de desánimo, también para los seres queridos que solo quieren estar presentes u ofrecer apoyo, es que las personas se ven obligadas a morir de forma inhumana y en soledad. Si el suicidio asistido es un acto de compasión y amor, no debe ser castigado”, ha declarado la directora de la asociación.
En los Países Bajos, se estima que cada psiquiatra recibe una solicitud de eutanasia de al menos un paciente al año, pero muchos de ellos encuentran difícil involucrarse en este proceso y los pacientes son derivados al Centro de Expertos de la Eutanasia donde la lista de espera para casos psiquiátricos supera actualmente los dos años. Consciente de la dimensión del problema, el ministerio de Sanidad ha desbloqueado una subvención de 300.000 € para montar una red nacional en la cual profesionales de la salud mental, investigadores científicos y expertos podrán compartir conocimientos y formarse para atender estas solicitudes cada vez más numerosas.
El 25 de mayo se publicó en el Diario da Republica (equivalente al BOE) el texto de la ley de suicidio médicamente asistido aprobada con amplia mayoría por el parlamento el 31 de marzo. La ley fue refrendada por el presidente de la República el 16 de mayo y por el jefe de gobierno el 18 de mayo. El gobierno tiene ahora un plazo de 90 días para publicar los decretos de aplicación, y la ley entrará oficialmente en vigor 30 días después.
Podrán acceder a la prestación las personas mayores de edad, con nacionalidad portuguesa o residencia legal en el país, competentes, debidamente informadas, que la soliciten de manera voluntaria y reiterada. La persona debe encontrarse en una fase avanzada de una enfermedad grave e incurable o padecer una lesión de extrema gravedad que la coloque en una situación de dependencia para la realización de las actividades elementales de la vida diaria; en los dos casos la persona tiene que experimentar ‘un sufrimiento de gran intensidad’ que le resulte insoportable.
Dos médicos deben confirmar que la persona cumple los requisitos y, en caso de duda en cuanto a la competencia del paciente, se debe consultar además con un psiquiatra. Un especialista en psicología clínica acompaña todo el proceso, a menos que el paciente lo rechace expresamente. Como en la LORE, la ley portuguesa define plazos para cada etapa del proceso. Especifica que debe pasar un mínimo de 2 meses entre la primera solicitud y la realización de la prestación, que será por autoadministración del producto letal; en caso de incapacidad del paciente para la autoadministración, se realizará una eutanasia. La ley prevé que una comisión nacional de garantía y evaluación realice un control previo y un control posterior de cada caso.
El Colegio de Médicos acaba de anunciar su negativa a nombrar representante en dicho organismo.
Apoyándose en la brutal campaña internacional que acusa a Canadá de intentar solucionar los problemas sociales con la aplicación de la ley de muerte médicamente asistida, la asociación brítanica Disabled People Against Cuts (Personas con Discapacidad contra los Recortes) manda una advertencia a la comisión de la Cámara de los Comunes encargada de estudiar un posible cambio legislativo que permitiese alguna forma de ayuda a morir en Gran Bretaña. Alega que más de una década de recortes a la atención social ha despojado a las personas con discapacidad de su independencia y las dejaría en un “riesgo significativo” si el Parlamento decide legalizar el suicidio asistido.
Cecilia Heyder, activista de los Derechos Humanos, conocida por su lucha a favor de la legalización de la eutanasia en Chile, falleció el 22 de mayo debido a un cáncer de mamas. “Pido a los senadores que dejen de lado por un momento los prejuicios moralistas y las creencias religiosas, se apiaden y aprueben el proyecto de ley humanitaria por un buen morir mediante eutanasia,” escribió en una carta abierta en julio de 2021.
El proyecto de muerte digna y cuidados paliativos, que permitiría el acceso a la ayuda médica a morir para pacientes en fase terminal de su enfermedad, lleva dos años a la espera de su tramitación en el Senado, después de ser aprobado en abril de 2021 por la Cámara de Diputados.
Cediendo a las presiones, el gobierno canadiense ha aplazado a 2024 el acceso a la ayuda médica a morir (AMM) para personas con trastornos mentales.
“Me preocupa el mensaje que esto envía sobre el estado de las personas con trastornos mentales en nuestra sociedad. En esencia, que no se puede confiar en que tomen sus propias decisiones y requieren que el Estado ejerza control sobre sus vidas, una idea de la que nos hemos estado alejando en la atención psiquiátrica durante las últimas décadas. Quebec ha ido aún más lejos, presentando un proyecto de ley con una exclusión permanente de la AMM para las personas con trastornos mentales. En lugar de tratar de encontrar un enfoque para manejar la complejidad relacionada con estas solicitudes de AMM, nuestra solución como sociedad es quitar derechos a las personas”.
Así se expresa en un artículo reciente Mona Gupta, una eminente psiquiatra canadiense que presidió el panel de expertos nombrado por el gobierno federal para estudiar en qué condiciones las personas con trastorno mental podrían acceder a la AMM. Añade:
“No podemos decir, por un lado, cuán importante es desestigmatizar los trastornos mentales y, por otro lado, aprobar leyes que señalen a las personas con esos trastornos, retratándolas como incapaces de tomar sus propias decisiones”.
Un total de 27 presos han solicitado ayuda médica para morir en Canadá desde la aprobación de la ley en 2016 y 9 han podido acceder a la prestación. Los datos indican que solo un tercio de las solicitudes reciben una respuesta favorable, una tasa muy inferior a la de la población general. El Departamento de Prisiones suministra muy poca información sobre estos casos, y una investigadora de la Universidad de Calgary expresa su preocupación por esta falta de transparencia, recalcando los problemas éticos presentados por la situación de privación de libertad de los solicitantes.
La policía de Canadá acusa a un hombre de haber utilizado varios sitios web para realizar unos 1200 envíos de una sustancia legal, pero letal en ciertas dosis, a personas residentes en una docena de países. Le relaciona en particular con el suicidio de cuatro ciudadanos británicos de entre 20 y 30 años y de un adolescente de los Estados Unidos.
Según el código penal de Canadá, cualquier persona que “aconseje o instigue” a una persona a suicidarse puede enfrentar hasta 14 años de prisión.
La iniciativa de una empresa funeraria privada de Quebec suscita opiniones encontradas en los medios canadienses: además de los servicios habituales ofrecidos por este tipo de empresas, alquila por 700 dólares un salón especialmente acondicionado para realizar ayudas médicas a morir. ¿Oportunismo o respuesta a una necesidad? Algunos recalcan la falta evidente de espacios en hospitales, centros de cuidados paliativos o residencias para defender esta solución, otro celebran la disponibilidad de un nuevo espacio.
A principio de mayo, el gobernador Phil Scott firmó la modificación de la Ley 39, la ley de Elección del paciente al final de la vida, que elimina el requisito de residencia en el estado. Esto significa que brindar asistencia médica para morir a cualquier persona en Vermont, independientemente de su estado de residencia, ahora es legal.
La Ley de Elecciones al Final de la Vida de Nueva Zelanda fue aprobada por referéndum en 2020 con un 65,1% de votos a favor y entró en vigor el 7 de noviembre 2021. Pueden acceder a la ayuda médica a morir los neozelandeses o residentes legales en el país mayores de 18 años en la etapa terminal (pronóstico inferior a 6 meses) de una enfermedad grave e incurable que provoque una disminución irreversible de sus capacidades y ocasione un sufrimiento físico o psíquico intolerable. El ministerio de Sanidad acaba de publicar el primer informe, con los datos relativos al período que va del 7 de noviembre 2021 al 6 de noviembre 2022.
En este primer año de aplicación, se recibieron 661 solicitudes; 399 obtuvieron un informe favorable tanto del médico responsable, como del médico consultor, y 257 accedieron a la prestación lo que representa aproximadamente el 0,66% de la totalidad de los fallecimientos. En 67,9% de los casos la enfermedad padecida era cáncer.
“Mi enfoque es una desestigmatización radical de las tendencias suicidas. Lemas como ‘ Speak Up, Reach Out ‘ o ‘ Let’s Talk ‘ (habla/hablemos) instan a las personas suicidas a compartir su angustia. Pero los servicios de prevención del suicidio envían un mensaje paradójico ya que, quienes abren su corazón, a menudo experimentan daños, tratos forzados y violaciones de derechos en nombre del cuidado y de la obligación de salvar a las personas vulnerables de sí mismas, todo porque el suicidio nunca es una opción.” (…).
“Con mi enfoque, el suicidio se convierte en una opción, una que debe pensarse cuidadosamente dentro de un proceso acompañado durante el cual se considerarán seriamente varias opciones para ayudar a la persona a tomar una decisión informada. Al eliminar la violencia que experimentan las personas cuando comparten sus ideas y planes suicidas, y al apoyar el suicidio asistido de la persona si determinan que esta es, de hecho, la mejor opción para ellos, las personas suicidas finalmente se sentirían seguras para hablar, llegar a pedir ayuda y hablar sobre su angustia. Para mí, la prioridad es la persona, no la vida en sí.”
¿Tienen plena autonomía para solicitar la ayuda médica para morir (AMM) las personas sometidas a situaciones de graves carencias socioeconómicas?
Los casos de personas con síndrome de hipersensibilidad química o de una veterana del ejército con discapacidad que no han podido acceder a una vivienda adecuada y han solicitado la ayuda médica para morir alimentan la polémica en los medios de comunicación.
Una encuesta realizada por la empresa Research Co está alimentando la polémica: además de actualizar los datos relativos a la aceptación de la práctica de la AMM en Canadá –un 73% de los encuestados está a favor–, preguntaron si las personas deberían poder acceder a la AMM por motivos no recogidos por la legislación actual: un 28% estaría de acuerdo en incluir la falta de vivienda y un 27% la pobreza como razones válidas. Estos resultados han suscitado reacciones escandalizadas en los medios.
Por otra parte, dos textos importantes, publicados por el BMJ, abordan con seriedad la cuestión de la autonomía de decisión de las personas en situación de graves carencias socioeconomicas:
- Una especialista en bioética, Kayla Wiebe, y una filósofa, Amy Mullin, canadienses responden de manera afirmativa a la pregunta inicial, en un artículo publicado en el blog del BMJ:
“Cuando las condiciones sociales se combinan con problemas de salud crónicos para llevar a personas que buscaron otras alternativas, sin alivio, a solicitar AMM, el enfoque menos dañino es evaluar sus solicitudes como hacemos con cualquier otra. Esto significa garantizar que la elección sea informada y que la persona que la solicita sea competente para formularla. La injusticia de esas condiciones sociales debería conducir a reformas sociales en lugar de a una restricción de las opciones de los individuos que sufren”.
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Jocelyn Downie, conocida jurista, y Udo Schuklenk, filósofo, firman un extenso artículo publicado también por el BMJ, titulado “Determinantes sociales de la salud y pendiente resbaladiza en los debates sobre la muerte asistida: lecciones de Canadá”.
En una primera parte argumentan a favor de la no discriminación de estas personas: “Estas personas son ciudadanos de pleno derecho y en consecuencia tienen los mismos derechos que todos los demás ciudadanos, especialmente aquellos que implican tomar decisiones de suma importancia para su integridad corporal y dignidad como seres humanos. El respeto a su libertad individual que se expresa de manera reflexiva, libre y clara también contribuye a la afirmación del valor inherente a sus vidas”.
En una segunda parte refutan las acusaciones de ‘pendiente resbaladiza’ referidos a la ampliación de los requisitos de acceso a la prestación en Canadá, demostrando que la ley modificada se acerca a los valores expuestos en la sentencia del Tribunal Supremo -Sentencia Carter- que impulsó la despenalización de la AMM, seriamente limitada en un principio por los legisladores
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Jacqueline Jencquel fue vicepresidente de la ADMD francesa y una activa militante a favor de la disponibilidad de la propia vida, de la ‘IVV-Interrupción Voluntaria de la Vejez’ como decía. Anunció públicamente en 2018 que planeaba su muerte y se suicidó en su casa de París en 2022.
Su hijo, cineasta, acaba de presentar en el festival Hot Docs 2023 de Toronto la película “Jackie the wolf”, una combinación de videos familiares y diálogos sinceros entre madre e hijo.
