Ayudar a morir a una persona que considera que su vida carece de sentido no es un asesinato con premeditación como afirma la fiscalía sudafricana, ni un homicidio como lo definen tantos códigos penales, empezando por el español. Suspender los tratamientos de un paciente en estado vegetativo desde hace más de 10 años siguiendo protocolos legales no es un asesinato como gritan sin pudor los padres de Vincent Lambert, integristas notorios, en Francia.

No. Ayudar a morir no es un asesinato si la persona ayudada, con plena libertad, lo solicita o lo ha solicitado claramente porque considera que su vida ya no es vida, porque tiene una enfermedad irreversible y sufrimientos insoportables. Es un acto de solidaridad humana y de respeto. Siempre. Y tendremos que luchar con determinación contra las fuerzas reaccionarias que nos quieren retrotraer a épocas de siniestra memoria. A tiempos en los que nuestro derecho a decidir por nosotros mismos estaba pisoteado en todos los ámbitos, a golpe de conceptos de raíz religiosa como el de “sacralidad de la vida”. Mi vida es mía y yo decido. Y quien me apoya y me ayuda en mi decisión no es un asesino. Llevamos los dos la misma lucha, por un ensanchamiento de las libertades.

«¡Ayudar a morir no es asesinar!«

“Sé que muchas personas se sentirán decepcionadas porque haya aceptado un acuerdo de culpabilidad en vez de ir a juicio. Si lo hubiese hecho, podría haber sido declarado inocente y, por lo tanto, dar lugar a un cambio de ley.(…) Pero me enfrentaba a 3 cadenas perpetuas: era demasiado arriesgado. Tengo 3 hijos pequeños que necesitan a un padre y no a un mártir”.

Sean Davison no es un peligroso asesino en serie: es un activista pro-derechos humanos que vive actualmente en Sudáfrica. Ya fue condenado hace años en su Nueva Zelanda natal a cinco meses de arresto domiciliario por ayudar a morir a su madre, en fase terminal de cáncer. En Sudáfrica, ayudó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la identificación de cadáveres muy deteriorados de víctimas de la represión durante la época del apartheid, y fundó el laboratorio de ADN forense de la Universidad de West Cape, donde trabaja. Este laboratorio ayuda gratuitamente a la policía en la identificación de culpables de violaciones grupales. Es también fundador y presidente de la asociación que lucha por la legalización de la eutanasia en Sudáfrica, Dignity SA, y presidente de la World Federation of Right to Die Societies.

¿Su crimen? Haber respondido positivamente a las peticiones de ayuda para morir de tres enfermos muy graves, con condiciones de vida muy deterioradas e irreversibles: uno, casi completamente paralizado con daños cerebrales graves; otro, aquejado de una ELA muy avanzada; el último, tetrapléjico después de un accidente de coche ¡Tres actos de solidaridad y de respeto que la fiscalía calificó de “asesinatos con premeditación”! Sean Davison aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue finalmente sentenciado a 3 años de arresto domiciliario. ¿Qué justicia es ésta que sólo maneja el amedrentamiento y el mercadeo?

«Una eutanasia habiese sido menos sádico»

Vincent Lambert: 10 años en estado vegetativo y con alimentación artificial; 34 decisiones judiciales. El caso llegó hasta el  Consejo de Estado y la Comisión Europea de Derechos Humanos que declararon la suspensión de tratamiento ajustada a derecho.

Sin embargo, en mayo, el Tribunal de Apelaciones de París obligó a restablecer la alimentación y la hidratación, suspendidas unas horas antes, y esperar el dictámen del Comité para la Defensa de los Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU –dictamen solicitado por los padres del paciente, integristas católicos apoyados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y financiados por la Fundación Jerôme Lejeune, también de ideología integrista–.

El Estado y el hospital presentaron recurso ante el Tribunal Supremo que se reunió en sesión plenaria (19 magistrados) el 24 de junio para examinar si el fallo de la Corte de Apelación de París del 20 de mayo que había invocado “la violación manifiesta de una libertad individual  –el derecho a la vida– por el Estado” se ajustaba a derecho. El fiscal del caso en el Tribunal Supremo pidió la revocación del fallo sin posibilidad de recurso, avisando de que “un fallo diferente pondría en cuestión todo nuestro ordenamiento jurídico(…), así como la Ley Leonetti o la ley sobre la interrupción del embarazo”.

El 28 de junio, el Tribunal Supremo dió a conocer su decisión: considera que el Tribunal de Apelación de París no era competente para pronunciarse sobre este caso y revoca –sin posibilidad de apelación– la sentencia anterior. El 2 de julio se suspendieron los tratamientos y empezó la sedación terminal, que puede durar muchos días. «Infelizmente no es una eutanasia. Sería más rápido y sería un poco menos sádico y otorgaría un poco más de derechos a los pacientes» , ha declarado el sobrino del paciente. «Esta espera es dolorosísima para todos«, recalcó una hermana de Vincent Lambert.

Investigaciones fiscales y juicio en Holanda

Según el Ministro de Sanidad holandés, “la ley de eutanasia es un tema constante de debate”… pero parece que la situación va más allá del simple debate.

Un médico será juzgado en agosto por la eutanasia en 2016 de una paciente demenciada que había otorgado sus Directrices Anticipadas cuando aún estaba lúcida; por otra parte, tres casos de eutanasias correspondientes a los años 2017 y 2018 están actualmente investigados por la fiscalía: dos involucran a pacientes enfermas de Alzheimer y un tercero de depresión subyacente en el caso de una paciente operada por problemas abdominales y enferma de cáncer.

En todos estos casos aparecen la depresión o la enfermedad de Alzheimer: situaciones siempre difíciles y complejas, que efectivamente suscitan debate tanto en la sociedad como entre los profesionales. Pero no nos olvidemos tampoco del contexto de estas persecuciones judiciales: desde las últimas elecciones, un partido confesional nada favorable a la eutanasia –la Unión Cristiana– forma parte de la coalición de gobierno, y la fiscalía ha endurecido sus criterios para abrir investigaciones, dando a entender que la situación “había ido demasiado lejos”. La validez de las razones psiquiátricas para acceder a la eutanasia está en el centro de los debates, y la NVVE, la asociación hermana de DMD en Países Bajos, teme la utilización de estos casos, que son muy minoritarios, para amedrentar a los médicos.

Según los datos suministrados por los Comités de Revisión de la Eutanasia, en 2018 hubo 6127 casos de eutanasia, de los cuales el 1% fueron por razones psiquiátricas y un 2,4% por demencia. “Las razones psiquiátricas son tan válidas como las físicas y de lo contrario, las personas se suicidan, como lo hizo Noa Pothoven”, afirman en la Clínica del Final de La Vida, recordando el caso –tratado recientemente de manera amarillista por la mayoría de la prensa internacional– de esta joven traumatizada por abusos sexuales que no pudo conseguir la eutanasia y se dejó morir de inanición.

Se pone en marcha la “ley más garantista del mundo”

Entró en vigor el 19 de junio pasado el Voluntary Assisted Dying Act (Ley de Muerte Asistida Voluntaria) del Estado de Victoria en Australia –“la ley más garantista del mundo” según el primer ministros Daniel Andrews–, después de año y medio de intensos preparativos. “Anticipamos que, en los primeros 12 meses, según la experiencia en el extranjero, alrededor de una docena de personas accederán a la muerte asistida voluntaria, y creemos que se acabará estabilizando en 100 o 150 casos por año”, lo que representaría aproximadamente un 0,9% del total de los fallecimientos. Esta ley incluye nada menos que 68 salvaguardias lo que hace que muchos observadores críticos describen ya como “una carrera de obstáculos” el acceso a la prestación.

Desde su aprobación, 175 médicos han seguido el programa de capacitación para poder responder a las solicitudes de los pacientes, y una única farmacia hospitalaria podrá suministrar el cóctel letal. Ya surgen ciertas dificultades: la ministra de sanidad del Estado de Victoria ha recomendado a los médicos y a las familias abordar sólo de viva voz el tema de la muerte voluntaria asistida, nunca por escrito porque… ¡podrían ser condenados a multas de hasta 210.000 dólares australianos según una ley federal de protección contra el suicidio actualmente vigente!

Se resquebrajan las oposiciones numantinas

A finales de junio, la Asociación Médica Británica (BMA, 160.000 miembros) y el Real Colegio de Médicos Generalistas (RCGP – 53.000 miembros) han anunciado que van a consultar a sus miembros para determinar si deben renunciar a su tradicional oposición a la muerte médicamente asistida y adoptar una posición neutral tal como ya hizo el Real Colegio de Médicos (RCP) en marzo pasado. 

“Está cada vez más claro que existe un amplio espectro de puntos de vista en la profesión médica en relación con las opciones del paciente al final de la vida y las organizaciones médicas deben reflejar este estado de cosas. Tanto los políticos como los pacientes quieren saber qué opinan los médicos sobre la muerte asistida y necesitamos escucharlos. Nuestros pacientes han reclamado esta opción durante décadas y deberíamos alegrarnos de que los médicos estén preparados para participar en el debate”, afirmó el Dr. Jacky Davis, presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud para la Muerte Asistida.

«AMORTANASIA» o el arte como herramienta de transformación social

El artista visual chileno Francisco Tapia Salina, conocido como Papas Fritas, concibe su trabajo, tanto a nivel estético como ético, como actos de desobediencia civil destinados a transformar la realidad. Presenta actualmente en un centro cultural del área metropolitana de la capital chilena su último proyecto titulado “Amortanasia”, que “marca una ruptura y subvierte el orden imperante actuando en el límite del marco legal vigente, en un momento en que, paralelamente, se discute por primera vez en Chile un proyecto de Ley de Eutanasia en el Congreso”.

La instalación presenta físicamente la “escultura funcional Iristhanatos” que permite, pestañeando, activar una perfusión de producto letal, así como los planos y la programación del aparato, de licencia libre; testimonios de enfermos terminales que encontraron, en el marco de este proyecto, la ayuda para morir que la legalidad chilena les niega; y también una petición para reclamar la despenalización de la ayuda a morir, implicando así al visitante en la lucha planteada.

La Comisión de Salud del Congreso chileno está avanzando en el estudio de un proyecto de ley, presentado en 2014, que permitiría el acceso a la eutanasia a pacientes terminales con sufrimiento físico, o síquico causado por una enfermedad física. Con el proyecto “Amortanasia”, el artista desea “llamar la atención para que la sociedad reflexione, (…) crear un movimiento social” y conseguir que el debate no se quede encerrado detrás de las puertas del Congreso.

«Un debate que se tiene que dar» 

Diagnosticado de ELA en 2018, Fernando Sureda, antiguo gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y personaje público muy conocido, decidió exponerse y llevar a los medios su lucha a favor de la eutanasia. Su caso está teniendo mucho impacto en Uruguay. “No quiero depender de una máquina para vivir, ni ver sufrir a mi familia. (…) Quiero tener una muerte digna consensuada con mi familia, con los médicos”…

Uruguay aprobó en 2008 una Ley de Derechos del Paciente que sitúa a este último en el centro de las decisiones sobre su salud, y en 2009 una Ley de Voluntades Anticipadas. Es el país con mejores cuidados paliativos de Latinoamérica. Pero además, lo más llamativo es que integró en su Código Penal –aprobado en los años 30 del siglo pasado– la atenuación de las penas en caso de ayuda al suicidio a enfermos incurables y con muchos sufrimientos que la solicitan. Falta en este arsenal legislativo muy avanzado el último derecho, que reclama alto y fuerte ahora Fernando Sureda: el derecho a decidir cuándo y cómo morir.

La sociedad uruguaya parece apoyar esta opción, pero la Asociación Médica Uruguaya, miembro de la AMM-Asociación Médica Mundial, se declara en contra de la eutanasia, aunque los médicos en realidad estén divididos. Y como en todos lados, el problema es político: Uruguay está ahora en período pre-electoral, y los políticos se resisten a abordar un tema considerado controvertido. Sin embargo, el debate social está lanzado. Se ha creado un grupo que reúne a legisladores, intelectuales y médicos y prepara un proyecto de ley: “Ahora o después de las elecciones, se tendrá que debatir”, dicen.