Lee la revista nº 86 de DMD, de febrero de 2022.
La asociación Derecho a Morir Dignamente participa, el 26 de enero, en el preestreno de ‘Todo ha ido bien’, la nueva película de François Ozon. La cinta francesa, que se proyectará en los cines Golem a partir del 28 de enero, aborda la cuestión de la libre disposición de la propia vida, de la que DMD es la organización de referencia en España.
Tras la proyección de ‘Todo ha ido bien’ se celebrará un coloquio con el director, François Ozon, la actriz protagonista, Sophie Marceau, el médico y vicepresidente de DMD, Fernando Marín, y las personas que asistan al preestreno. El coloquio lo dirige Elio Castro, periodista de cine y miembro de la Plataforma del Voluntariado.
El jueves 27 de enero se hará el preestreno en Bilbao y Pamplona, en los cines Golem Alhóndiga y Golem Baiona, respectivamente. DMD-DHE Euskadi y DMD Navarra/Nafarroa participarán en los coloquios posteriores a la proyección.
La película aborda el deseo de morir de André, un hombre curioso y apasionado por la vida, tras sobrevivir con secuelas un accidente cerebrovascular, y su relación con su hija Emmanuèle, novelista.
(Traducción y adaptación de un boletín difundido por la World Federation of Right to Die Societies, de la que DMD forma parte)
DMD Asturias hemos estado presentes un año más colaborando con La Muestra de cine social y de derechos humanos MUSOC, que este año ha cumplido 10 años.
En esta ocasión hemos contado con el corto La Dignitat (2020), de David González, en palabras de su director, este corto surge “a raíz de la noticia de la muerte de José Antonio Arrabal, un hombre de Alcobendas enfermo de ELA, que se suicidó en abril de 2017. En los instantes previos, grabó un vídeo en el que reivindica el derecho a la muerte digna y clama contra la legislación que impide que pueda recibir asistencia médica en el proceso. La serenidad y entereza del discurso, justo antes de quitarse la vida, provocaron en nosotros una admiración inmediata hacia su figura y por extensión hacia toda la gente que se enfrenta cada día a situaciones similares. Personas que sufren enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas que comportan mucho dolor (físico o psicológico) y que no pueden decidir libremente cuando quieren acabar con su vida”. Su muerte se produjo en clandestinidad y sus familiares no pudieron acompañarles para no verse comprometidos judicialmente. La ley de eutanasia que entró en vigor el 25 de junio hubiera evitado esta situación y la de tantas otras personas en similar situación, nuestro reconocimiento por su poderosa contribución a que hoy la ley sea una realidad.
En esta ocasión la proyección se realizó en el café Macondo de Gijón, en una sesión titulada MUSOC en Corto: Ampliando Derechos, Compartimos espacio con las asociaciones Mar de niebla y Acción en red, los cortos proyectados fueron Sorda (2021) de Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad, Distancias (2020) de Susan Béjar y El rey de las flores (2021) de Alberto Velasco.
Noelia Ordieres, de la directiva de DMD Asturias fue la encargada de coordinar la actividad en representación de nuestra organización así como de presentar el corto y conducir el coloquio posterior.
“¿Puede un hospicio financiado con fondos públicos justificar negar a sus pacientes un tratamiento médico legal por el que votó el 65% de la población? (…) En la actualidad, los hospicios, los hogares de ancianos y los hospitales son libres de decidir sus propias reglas en lo que respecta a la muerte asistida. La Ley de elección al final de la vida no dice nada al respecto.”
El ejemplo de Australia permite augurar que la respuesta a la pregunta inicial será positiva. La Ley de Elección al Final de la Vida entró en vigor el 7 de noviembre pasado y la mayoría de las organizaciones que ofrecen cuidados al final de la vida -hospices en inglés- se han declarado objetores. El autor del artículo denuncia la hipocresía de instituciones que se “publicitan con orgullo de un enfoque de ‘persona integral’, dando igual importancia a las necesidades físicas, espirituales, culturales, emocionales y sociales de las personas…” pero sólo aplican estos preceptos cuando coinciden con su ideología.
Para 2050, se estima que una de cada cuatro personas en Europa tendrá 65 años o más, en comparación con solo una de cada 11 en la actualidad. Con este cambio demográfico, la prevalencia de enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, como la demencia, subirá drásticamente, con un aumento proyectado de 50 millones a 151 millones de casos de demencia en todo el mundo para 2050. Todavía sin cura a la vista, la demencia es la enfermedad más temida entre los mayores de 65 años. Los debates sobre la legalización de la muerte asistida en pacientes con demencia son frecuentes y la propuesta recibe un apoyo público significativo.
En muchos países donde la práctica no es legal, la legalización de la muerte asistida para pacientes con demencia recibe un apoyo público significativo, aunque el tema suele estar muy polarizado. Comprender las opiniones del público es esencial.
Esta investigación se centra en las opiniones de las personas mayores, pero también menores de cincuenta años ya que son los adultos más jóvenes los que enfrentan un futuro de mayor longevidad con las cargas de salud que esto conlleva. Los resultados se dividen en cuatro temas: ‘Percepciones de la enfermedad’, ‘Un caso de empoderamiento’, ‘La inmoralidad de matar’ y ‘Complejidades logísticas’.
El artículo ofrece una muy interesante bibliografía sobre la cuestión de la eutanasia en caso de demencia.
Este libro, titulado “La mort appréciée” (La muerte valiosa), presenta los puntos de vista de las personas que recurren a dicha asistencia, así como los de otras personas que participan en el proceso, como son familiares, acompañantes de las asociaciones de suicidio asistido, médicos, psiquiatras, personal de enfermería, farmacéuticos, policías, forenses, fiscales y directores de funerarias.
El libro ofrece una comprensión lo más completa posible del sistema suizo de suicidio asistido en un relato detallado de todo el proceso y documenta de forma inédita -basándose en observaciones directas- la ejecución real de un suicidio asistido y todo su procedimiento médico-legal. Relata una serie de casos, algunos de ellos seguidos durante dos años, en un intento de comprender cómo surgió en la persona la idea de querer morir de esa forma, hasta su puesta en práctica. El libro ofrece una comprensión lo más completa posible del sistema suizo de suicidio asistido.
Mientras la Fiscalía investiga a miembros de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), NOS publica una pequeña entrevista en la cual esta última explica que tiene 27.500 socios, con una edad media de 69 años, y que “no se trata de personas con deseos de morir».
«La gran mayoría quiere tener un remedio tranquilizador en casa, de modo que puedan disponer de su propio final de vida en el futuro cuando estén preparados (por ejemplo, si se acerca la demencia)»
Reclama la apertura de un debate para buscar soluciones que satisfagan este anhelo a la autodeterminación al mismo tiempo que se garantice la protección de las personas más vulnerables.
Un médico australiano comparte su experiencia con la ayuda médica a morir en The Independent, para apoyar el proyecto de ley de muerte asistida, a debate en la Cámara de los Lores del parlamento británico:
«No soy un asesino. Lo que hago no es asesinar. El cáncer o el padecimiento médico subyacente ya lo ha hecho, ha provocado la muerte social del paciente y ha puesto fin a la calidad de vida que consideraba mínima para querer continuar. (…) Están atrapados en un purgatorio entre la vida y la muerte, y están desesperados por llegar al final. Lo que yo hago les proporciona ese resultado. Estas personas eligen tomar una decisión y controlar cómo sucede, y no estoy de acuerdo con que eso sea algo incorrecto.»
El proyecto de ley de muerte asistida que encuentra un apoyo mayoritario entre la ciudadanía británica, se volverá a debatir en la Cámara de los Lores, y si finalmente se aprueba, pasará a la Cámara de los Comunes, donde el apoyo no está garantizado.
Australia está organizada en 5 estados (Victoria, Australia Occidental, Tasmania, Nueva Gales del Sur y Queensland) y 2 territorios (Territorio del Norte y Territorio de la Capital). Estos últimos fueron despojados de la facultad de legislar sobre la eutanasia por una ley federal en 1997 y están luchando desde entonces –por ahora sin éxito– para conseguir la derogación de esta ley:
«Los residentes de los territorios están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Si a los ciudadanos de los estados se les permite el acceso a la muerte voluntaria asistida, también se debería permitir a los ciudadanos de los territorios», defienden los fiscales de los dos territorios frente a la fiscal federal que sigue defendiendo la ley federal existente.