La prensa alemana se ha hecho eco de un caso judicialmente difícil: un preso con dos condenas de prisión a perpetuidad y que ya ha pasado 35 años en la cárcel solicita poder tener acceso a un producto letal, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a la autodeterminación. Alega el sufrimiento intolerable provocado por su falta de perspectivas vitales ya que no puede tener acceso a ninguna medida de rehabilitación. Su solicitud, denegada por todas las instancias intermedias, llegó al Tribunal Constitucional que invalidó las diferentes sentencias pronunciadas por defectos en la argumentación y devuelve el caso al tribunal de primera instancia del cual depende la cárcel.

A consecuencia de una denuncia por “eutanasia ilegal”, la fiscalía de Flandes Oriental investiga a un médico del hospital de Gante. Se le acusa de “envenenamiento”, el mismo delito por el cual fueron juzgados en 2020 –y posteriormente absueltos– tres médicos, también en Gante, por la eutanasia de Tine Nyss, una mujer joven con problemas psiquiátricos. En este último caso, la familia recurrió la absolución del médico principal por motivación deficiente y el juicio está actualmente pendiente de la respuesta del Tribunal Constitucional a dos preguntas prejudiciales. Este juicio por un caso de eutanasia ha sido el primero que se celebra en Bélgica desde la aprobación de la ley en 2002 y desgraciadamente sus consecuencias se notan en el “aumento de la reticencia de los médicos respecto de la eutanasia”, según Wim Distelmann, presidente flamenco de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia.

Macron estima que “sería mal método abordar la cuestión del final de la vida al final de la legislatura”. En visita a Roma donde se entrevistó con el Papa, declaró “reflexionar sobre el tema” y no oponerse a la idea de una “convención ciudadana” en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales, programadas para el próximo mes de abril. Reconoce que es un tema muy presente en la sociedad y en su opinión “tendría sentido pedir a los ciudadanos que nos iluminen” (sic).

En el mes de julio pasado la cámara baja del parlamento mandó a la Comisión de Justicia para su revisión un proyecto de Ley de Muerte Digna que hubiese permitido a pacientes adultos con enfermedades terminales acceder al suicidio asistido. Dicha comisión reprochó la imprecisión del texto presentado y preconizó la creación de un Comité parlamentario integrado por miembros de las dos cámaras. Este comité funcionará durante nueve meses a partir de enero 2022 y tendrá que emitir recomendaciones en cuanto a una posible regulación de la muerte asistida. El diputado impulsor del proyecto de ley postergado estima que en Irlanda, como en todos los países, “la ciudadanía va muy por delante del parlamento” sobre esta cuestión.

Un paciente tetrapléjico, inmovilizado desde hace diez años, acaba de ver reconocido por las autoridades sanitarias de su región su derecho a acceder a un suicidio asistido. Renunció a viajar a Suiza y llevó una intensa batalla legal, apoyado por la Asociación Luca Coscioni. Las autoridades sanitarias regionales primero denegaron la autorización, decisión que fue recurrida en los tribunales. Tuvieron finalmente que reconocer que el paciente cumple con los requisitos definidos en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 en el caso DJ Fabo/Cappato: paciente adulto y competente, con patología crónica e irreversible que causa un sufrimiento intolerable. Queda ahora por determinar de qué manera se llevará a cabo el procedimiento. Este caso, siendo el primero, sienta un importante precedente.

Marcelo Rebelo de Sousa ha devuelto a la cámara la ley de eutanasia modificada, conforme a las indicaciones del Tribunal Constitucional, con la introducción de una serie de definiciones destinadas a definir claramente los conceptos y requisitos. En su escrito a los diputados, les reprocha el hecho de “aprovechar la oportunidad para agregar nuevas normas que plantean perplejidades inesperadas”: ampliar el requisito de terminalidad introduciendo el de enfermedad grave y/o incurable, lo que conllevaría una radicalización de la propuesta legislativa para la cual, según él, la sociedad portuguesa no está preparada.El Bloco de Esquerda acusa al presidente de vetar la ley por razones puramente ideológicas, interpretación apoyada en una carta abierta publicada por un grupo de juristas eminentes.

La asociación médica neerlandesa KNMG acaba de publicar un importante documento titulado “Decisiones relativas al Final de la Vida”, que sustituye a los documentos publicados en los años anteriores. Merece especial atención un capítulo dedicado a la eutanasia en casos de demencia avanzada, una traducción práctica de la sentencia del Tribunal Supremo que, en abril de 2020, absolvió a una geriatra que había practicado la eutanasia a una paciente con demencia avanzada respetando sus voluntades anticipadas, expresadas en una fase preliminar de la enfermedad. Este nuevo documento de KNMG representa un importante cambio: en su posicionamiento de 2012, la asociación aconsejaba no realizar la eutanasia en casos considerados complejos. En el documento actual reconoce que “los médicos a veces deciden no realizar la eutanasia en situaciones complejas sobre la base de sus valores personales, aunque la ley lo permita. Sin embargo, juzga importante apoyar a los médicos que estén dispuestos a considerar la eutanasia en estas situaciones”, y ofrece orientaciones.

Como consecuencia de la opinión mayoritariamente favorable expresada por un jurado ciudadano, el parlamento de la isla ha dado un apoyo mayoritario –36 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones– a la legalización condicionada de la muerte asistida en una sesión histórica el 25 de noviembre pasado. El Consejo de ministros deberá redactar un proyecto de ley que se someterá a votación en el parlamento a finales de 2022. Según las propuestas acordadas, sólo podrían acceder a la muerte asistida –eutanasia o suicidio asistido– pacientes mayores de 18 años, con una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida no superior a seis meses o con una condición grave e incurable con sufrimiento imposible de aliviar. La isla de Jersey, como dependencia de la Corona, puede legislar sobre este tema independientemente de Westminster, abriendo así la vía a la regulación de la muerte asistida en el Reino Unido.

Philip Nitschke, presidente de Exit International, es conocido por sus críticas a las regulaciones de la eutanasia que someten la libre voluntad del paciente a una decisión médica. Con el fin de evitar esta intermediación médica, ha diseñado una cápsula-ataúd llamada SARCO, que se puede imprimir en 3D y permite una muerte pacífica sin necesidad de emplear ningún medicamento letal. El paciente se instala en la cápsula y, después de responder a una serie de preguntas de seguridad, puede desbloquear un mecanismo que libera nitrógeno; perderá el conocimiento en unos treinta segundos y el fallecimiento se producirá sin dolor, por falta de oxígeno. Se están desarrollando negociaciones con organizaciones suizas para intentar implementar este nuevo sistema en el país en 2022.

Hasta la fecha, la Comisión Europea no se ha pronunciado nunca sobre los cuidados al final de la vida, considerando estas cuestiones de relevancia exclusivamente nacional. Una eurodiputada neerlandesa del grupo Renew Europe, junto con Marco Cappato, como presidente de la plataforma ciudadana europea Eumans, dirigen una carta a la Comisión para “pedirle que actúe para garantizar la dignidad y el derecho a la autodeterminación de todos los ciudadanos europeos, independientemente de sus creencias y opciones personales”. Formulan en la carta una serie de líneas de trabajo para luchar contra el tabú que rodea el final de la vida, pidiendo recopilar datos, financiar proyectos, regular la portabilidad del testamento vital, por ejemplo. Se puede acceder al texto de la carta en la página web de Eumans, una plataforma ciudadana europea de fomento de políticas sociales y democráticamente sostenibles.

Un diputado de la Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en el Congreso, y un senador del mismo partido está a punto de presentar un proyecto similar en el Senado. Los dos proyectos, con leves diferencias, pretenden “que las personas que sufren una enfermedad terminal o un sufrimiento incontrolable por la enfermedad que padecen puedan decidir sobre el final de su vida.”En la conferencia de prensa para presentar el proyecto, estuvo presente Daniel Ostropolsky, jurista, que padece ELA y ha manifestado públicamente su deseo de poder elegir cuándo acabar su vida.

El Tribunal Constitucional de Colombia reconoció en 1997 el derecho constitucional a la eutanasia, directamente derivado del reconocimiento de los derechos a la dignidad y la libertad individuales en el texto constitucional, e instó al Congreso a legislar. A pesar de esta sentencia, desde 1997 el Congreso ha tumbado los tres proyectos de ley presentados, el último el 17 de noviembre pasado. Presionado por el alto tribunal, el Ministerio de Sanidad ha ido publicando resoluciones para permitir el acceso a la eutanasia. Sin embargo, sigue siendo difícil acceder a esta prestación. Hemos conocido el caso de Marta Sepúlveda cuya eutanasia se canceló la víspera del día programado y ahora se conoce el caso de un paciente con EPOC y hemiparesia que inició un proceso judicial hace dos años y cuya solicitud acaba de ser rechazada, después de un fallo favorable posteriormente impugnado, obligándole a reiniciar todo el proceso desde cero. El Tribunal Constitucional tiene ahora que examinar una demanda pidiendo la despenalización del suicidio asistido que no está incluido en la sentencia del 1997 y sigue penalizado en Colombia.

El parlamento del estado australiano de Nueva Gales del Sur acaba de aprobar una ley de muerte voluntaria asistida. Después de tres días de intensos debates en el cual tanto el primer ministro del estado como el líder laborista en la oposición se pronunciaron en contra del proyecto de ley, pero dieron libertad de voto a los diputados de sus grupos respectivos, el texto recogió 53 votos favorables contra 36 votos negativos. Como en los demás estados, el procedimiento para acceder a la prestación, limitado a pacientes adultos y con enfermedad con pronóstico limitado, es excesivamente garantista y burocratizado. Quedan ahora por debatir unas 160 enmiendas presentadas tanto por partidarios como opositores a la ley.Todos los estados australianos han aprobado ya leyes de muerte voluntaria asistida. Sólo quedan el Territorio del Norte y el distrito de la capital, que luchan por levantar la prohibición a legislar sobre la cuestión impuesta por el parlamento federal a finales del siglo pasado.

La televisión francesa ha estrenado hace unos días un documental muy conmovedor sobre los meses finales de la escritora Anne Bert, enferma de ELA, durante los cuales protagonizó una intensa campaña mediática a favor de la eutanasia y publicó un libro “El último verano”, en el cual cuenta su experiencia y las razones que la han llevado a elegir la eutanasia. La película se titula “J’ai décidé de mourir” (He decidido morir) y sigue sus pasos a lo largo de la primavera y el verano que precedieron su muerte por eutanasia en Bélgica en octubre 2017.

En diciembre de 2020 una sentencia del Tribunal Constitucional declaró contrario a los derechos fundamentales la prohibición de la ayuda al suicidio formulada en el art.78 del código penal y dio un año al gobierno para legislar. El sábado 23 de octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley de suicidio asistido. Podrían acceder al suicidio asistido las personas mayores de edad con enfermedad grave, incurable, en fase terminal o con enfermedades “permanentes y debilitantes”. Dos médicos, uno de los cuales tiene que estar especializado en cuidados paliativos, tienen que evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones libremente. Se fija un plazo de 12 semanas para acceder al producto letal -que se puede reducir a 2 en caso de fallecimiento previsible a corto plazo. Después del examen por un comité técnico de expertos, el proyecto de ley se presentará en el parlamento donde se votará antes de finales de año para entrar en vigor el 1 de enero 2022.

La televisión belga ha difundido un documental titulado “Les mots de la fin” (Palabras Finales), rodado en la ‘consulta final de vida’ del Dr. François Damas en el Hospital La Citadelle de Liejas. Existen consultas de este tipo en varios hospitales del país y su función consiste en desempeñar el papel de segundo médico o ‘médico consultor’ exigido por la Ley de Eutanasia. La cámara filma varios momentos del diálogo que se establece entre médico y pacientes. Se pueden acceder a algunos extractos a través del trailer difundido en los informativos televisados.

En Marsella, un hombre de 71 años mató a su esposa, que padecía una ELA muy avanzada, y se suicidó en la habitación del hospital donde la mujer estaba internada después de que le fuese realizada una ‘intervención quirúrgica importante’. Una carta indicaba que este final trágico había sido pactado entre los dos. Se trata de la enésima tragedia provocada por una ley -la ley Clayes-Leonetti- que sólo permite en casos muy limitados la ‘sedación profunda y continua hasta la muerte’. En abril pasado un pequeño grupo de diputados de la derecha bloquearon el debate parlamentario sobre un proyecto de ley de ayuda médica a morir. Por otro lado, el gobierno no quiere abrir un debate que considera socialmente y políticamente “divisivo”. Sin embargo, el tema estará muy presente en la campaña para las elecciones presidenciales de abril 2022.

Primera detención en julio de un miembro de CLW por comercializar un polvo –un aditivo alimentario de venta legal, pero de efectos letales si se utiliza en ciertas dosis– llamado eufemísticamente ‘Middel X’. En septiembre, detención durante 2 días de Jos Van Wijk, presidente de CLW, que denuncia que la policía intervino su teléfono y colocó micrófonos en reuniones de la junta directiva de la cooperativa. En octubre detuvieron a otros dos activistas, sospechosos de suministrar este mismo polvo. Finalmente un sicólogo, también miembro de CLW, declara a la prensa haber suministrado el producto ‘Middle X’ y un antiemético –que sólo puede ser dispensado por un médico– a más de cien personas, en una acción de desobediencia civil destinada a provocar el debate y un cambio legislativo en un país donde la eutanasia está despenalizada en condiciones muy estrictas y sólo si la realiza un médico, mientras el suicidio asistido sigue siendo castigado penalmente.Lo cierto es que el tema de la autodeterminación está en el centro del debate social: en un artículo reciente, los presidentes de las juntas directivas de la asociación NVVE y de CLW afirman que “la pregunta ya no es si la autodeterminación es una buena idea, sino cómo podemos organizar esa autodeterminación”. La NVVE apoya públicamente la apertura de un debate sobre la regulación del suicidio asistido e insiste en que dos tercios de los holandeses adultos apoyan la autodeterminación al final de la vida.

Una polémica pública enfrenta a Philip Nitschke con el siquiatra Bodewijn Chabot, que advierte de los efectos y peligros de la utilización del ‘agente Middle X’, apoyándose en un informe realizado por un toxicólogo. La prensa y las redes sociales se han hecho abundantemente eco de las advertencias en contra de este producto, analizado por Nitschke en su Peacefull Pill Handbook.

Los partidos que impulsaron la Ley de Eutanasia llegaron a un texto consensuado que responde a las objeciones formuladas por el Tribunal Constitucional a la primera versión del texto. Frente al riesgo de disolución del parlamento, se ha fijado el debate sobre el nuevo texto el 5 de noviembre.

La asociación Dignity in Dying publica un informe titulado “Último recurso: la verdad oculta sobre cómo los enfermos terminales se quitan la vida en el Reino Unido”. Con una ley que castiga penalmente la ayuda al suicidio, unos cincuenta británicos al año pueden costearse un suicidio asistido en Suiza. Los demás recurren al suicidio con los medios que tienen a mano: entre 300 y 650 se suicidan, y entre 3000 y 6500 lo intentan, con consecuencias a veces trágicas.Por otra parte, una encuesta de Yougov muestra que 7 de cada 10 británicos establecen una diferencia entre el suicidio asistido y el suicidio a secas y apoyan el suicidio asistido para pacientes terminales.

La Cámara de los Lores ha examinado en segunda lectura un proyecto de ley de suicidio asistido el 22 de octubre. Propone legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales adultos y mentalmente competentes, con un pronóstico de menos de seis meses. El texto pasará ahora a una comisión del parlamento que lo examinará. Según la prensa, la falta de apoyo al proyecto de ley por parte del actual gobierno podría comprometer su tramitación. Sin embargo, una encuesta muestra que una mayoría de diputados, en particular los más jóvenes, apoyan esta iniciativa legislativa, acercándose así al sentir de una mayoría de sus votantes. La asociación Dignity in Dying ha lanzado una campaña para presionar al Gobierno.

Erika Preisig, médico y presidenta de la organización Life Circle, una de las asociaciones suiza de ayuda a morir que acoge a pacientes extranjeros, milita también por la regulación del suicidio asistido en otros países en nombre del “derecho de cada ser humano a decidir cuándo, dónde y cómo quiere morir”. Se opone, sin embargo, a la eutanasia, defiende el sistema suizo y critica la regulación neerlandesa: “no quiero matar a nadie. Tienen que ser los pacientes que activan el medicamento por vía intravenosa, de manera totalmente segura y sin sufrimiento”.

Los medios de comunicación internacionales dieron cuenta del caso de Marta Sepúlveda, paciente con esclerosis múltiple, que vio suspendida su eutanasia la víspera de la fecha prevista. Finalmente, un juez de Medellín ha reconocido su derecho y se ha programado de nuevo la eutanasia de esta paciente.Otro paciente vive la misma situación que Marta Sepúlveda: Víctor Escobar, enfermo de EPOC y con hemiparesia izquierda, vio suspendida su eutanasia, programada para el 29 de octubre, a pesar de tener el apoyo de una sentencia judicial reconociendo su derecho a la prestación.

Nueva Gales del Sur es el único estado australiano en no haber aprobado una ley de muerte voluntaria asistida. Un proyecto de ley similar al texto en vigor en el estado de Victoria desde 2019 ha sido registrado en el parlamento y se preveía su aprobación antes de fin de año. El nuevo primer ministro, católico practicante, y el líder del partido laborista han expresado su oposición. En una maniobra para retrasar la probable aprobación de la ley, un diputado de la Cámara Alta perteneciente al Partido de los Cazadores, Pescadores y Granjeros ha maniobrado de tal manera que, en caso de ser aprobado en la Cámara Baja, el proyecto de ley tendrá que ser examinado por una comisión, retrasando así su aprobación.

La asociación Compassion & Choices ha presentado una demanda federal en nombre de un médico de Oregón en la que alega que el requisito de residencia de la ley estatal que ofrece a los adultos con enfermedades terminales la opción de recibir ayuda médica para morir para poner fin a un sufrimiento insoportable, viola la garantía de igualdad de trato de la Constitución estadounidense. La demanda pide al tribunal que prohíba a los funcionarios de Oregón aplicar esta disposición inconstitucional. «No tengo que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles cuidados paliativos. No hay ninguna razón racional para que tenga que pedir a los pacientes terminales una prueba de residencia para proporcionarles ayuda médica para morir”, alega el demandante.

La ‘Ley de Elección al Final de la Vida’ aprobada por referéndum, entrará en vigor el día 7 de noviembre. El ministro de sanidad ha comunicado que los servicios necesarios estarán disponibles para garantizar su funcionamiento. Un grupo de médicos de la Universidad de Otago considera que para que la ley se aplique de forma segura y exitosa los profesionales deben recibir la formación necesaria y se deben realizar evaluaciones para mejorar el sistema.

Alemania es un Estado constitucional laico. Sin embargo los dos últimos ministros de sanidad alemanes, políticos de la democracia cristiana (CDU), han supeditado sus decisiones a los dogmas cristianos. Durante el mandato del primero, Hermann Gröhe, devoto cristiano protestante, se introdujo en el código penal la prohibición del suicidio asistido, impidiendo así que asociaciones como Dignitas Deutschland pudiesen funcionar en territorio alemán. El Tribunal Constitucional abrogó finalmente este artículo en sentencia de febrero 2019. El segundo nunca aplicó la sentencia pronunciada en 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, que autorizaba la entrega por el Instituto Federal del Medicamento de un producto letal a pacientes terminales con grandes sufrimientos.

Los socialdemócratas (SPD) han ganado las recientes elecciones, la CDU ha perdido, lo que permite esperar que una ética laica sustituya los dogmas religiosos en las toma de decisiones políticas en la próxima legislatura.

Frente al inmovilismo tanto del Gobierno francés como del Parlamento, Dignitas ha decidido intentar la vía jurídica, como lo hizo anteriormente con éxito en Alemania y Austria, para hacer avanzar el debate sobre la ayuda a morir: la asociación suiza ha presentado un recurso ante al Consejo de Estado francés con pregunta prioritaria de constitucionalidad (QPC), con el fin de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Solicita la exclusión de Pentobarbital de la lista de sustancias peligrosas prohibidas a la prescripción médica.

La QPC, sometida al Consejo de Estado antes de su eventual presentación ante el Consejo Constitucional, solicita la derogación de los artículos del Código de Salud Pública que prohíben en todas circunstancias la ayuda a morir y castigan con pena de cárcel la ayuda al suicidio. La meta es, como en Alemania y Austria, conseguir un fallo del Tribunal Constitucional que inste al parlamento a regular la ayuda médica a morir.

La campaña de firmas impulsada por la Asociación Luca Coscioni para solicitar un referéndum para despenalizar la ayuda a morir está teniendo un éxito extraordinario. Se ha alcanzado el millón de firmas, el doble de lo necesario, varias semanas antes de la fecha límite para la entrega en el Tribunal Supremo, el 8 de octubre.

«Después de años de batallas legales e inmovilismo político, el referéndum es el único instrumento que tenemos a disposición para conquistar el derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestra vida y nuestro cuerpo», declara Filomena Gallo, secretaria de la asociación.

Jos Van Wijk, presidente de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha sido detenido, acusado por la fiscalía de liderar una “organización criminal” cuya finalidad es planificar o cometer el delito de “ayuda al suicidio”. Fue liberado al cabo de 24 horas, pero sigue la investigación.

Esta detención sigue a la que tuvo lugar en julio pasado, de un hombre de 28 años miembro de CLW, acusado por el Ministerio Público de vender un producto letal y haber ayudado en varios suicidios.CLW cuenta con 27.500 miembros y milita por un final de vida libremente elegido para las personas que sienten que su vida está cumplida o para quienes no cumplen los requisitos definidos en la ley de eutanasia. Anunció en 2017 que disponía de un producto letal que bautizó “Medio X” –un conservante alimentario de venta legal– que permitía acceder a una muerte rápida e indolora. La fiscalía amenazó con intervenir en caso de distribución del producto entre los miembros y no ha cesado desde entonces de vigilar muy de cerca las actividades de CLW.

La eutanasia está despenalizada en los Países Bajos bajo unas condiciones estrictas, definidas en una ley de 2002, pero la ayuda al suicidio sigue siendo un delito castigado con penas de cárcel.

Dadas las dificultades para constituir un gobierno de coalición, el partido liberal D66 parece abrirse a negociar incluso con la democracia cristiana y con el partido cristiano protestante Unión Cristiana en nombre del “interés nacional” y a pesar de la total divergencia en temas “médico-éticos”, lo que podría poner en peligro el debate sobre el proyecto de Ley de Vida Cumplida elaborado por los liberales.

En su reciente asamblea, la Asociación Médica Británica (BMA), después de un debate muy reñido, abandona la oposición a la legalización de la muerte asistida que venía manteniendo desde 2006 y se declara neutral.

La asociación consta de 150.000 miembros. El 49% de los representantes se pronunciaron a favor de este cambio, un 48% se opuso y un 3% se abstuvo. Una encuesta realizada en 2020 mostró que la mitad de los miembros apoyaban que un médico pudiese recetar, bajo ciertas condiciones, una medicación letal a un paciente que solicitase ayuda para morir.

La asociación pide la regulación del derecho a la objeción de conciencia en caso de que se apruebe una ley. Esta decisión interviene unas pocas semanas antes de que se proceda a la segunda lectura de un proyecto de ley de muerte asistida en la Cámara de los Lores.

Hasta el 22 de diciembre próximo, los escoceses podrán participar en un proceso de consulta pública sobre el ‘Proyecto de Ley de Muerte Asistida para Adultos con Enfermedad Terminal’ presentado por un diputado del partido Liberal Demócrata. Los resultados de esta consulta previa permitirán enriquecer el debate en el Parlamento que empezará en el mes de enero 2022. Es la tercera vez que se presenta un proyecto de ley de muerte asistida en Escocia.

Recientemente se presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 107 del Código Penal colombiano, que castiga con cárcel a quien induzca o ayude a una persona para que se suicide.Con esta demanda se busca que este procedimiento esté constitucionalmente protegido y se excluya la sanción penal, siempre y cuando haya un consentimiento libre, inequívoco e informado de que el individuo está diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, que la persona experimente intensos dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con una vida digna, y que exista auxilio o asistencia de un médico, quien no será castigado por prestar esta ayuda.

Queensland es el quinto estado australiano que ha aprobado una ley de muerte voluntaria asistida que entrará en vigor en enero de 2023. En sus grandes líneas esta ley calca la que fue aprobada en el estado de Victoria en 2017, con algunas diferencias. Los médicos pueden ofrecer la muerte asistida como opción al final de la vida, cosa que prohíbe la ley victoriana, y el paciente debe tener un pronóstico de un año y no de 6 meses como en Victoria.

Por otra parte, después de un encendido debate, esta ley delimita la objeción de conciencia institucional: las instituciones podrán optar por no proporcionar la muerte asistida en sus instalaciones, pero no deben obstaculizar el acceso de la persona a la misma, si esta es su elección. Deben facilitar el acceso a la información y permitir la intervención en la institución misma de personal sanitario dispuesto a dar curso a la solicitud del paciente.

por Ben White, Lindy Willmott, Eliana Close y Jocelyn Downie.

El problema de la objeción de conciencia institucional se ha planteado con mucha fuerza en la mayoría de los países que han regulado la eutanasia o el suicidio asistido, fundamentalmente por la parte importante de instituciones sanitarias gestionadas por grupos confesionales. Recientemente, el debate sobre este tema ha sido muy duro en el Estado de Queensland, el quinto estado australiano en aprobar una ley de ayuda médica a morir. Victoria es el primer estado australiano en aprobar una ley de muerte voluntaria asistida en 2017, y como afirma el artículo “La objeción institucional está ocurriendo en Victoria y es probable que ocurra en otros estados australianos”.

Los autores afirman que la regulación de la objeción de conciencia institucional es necesaria y proponen tres modelos:

“el primero es el ‘absolutismo de la conciencia’, que otorga a las instituciones la capacidad ilimitada de oponerse a la muerte asistida voluntaria. El segundo es un modelo de ‘compromiso o adaptación razonable’, que tiene como objetivo adaptarse tanto a la objeción institucional como al deseo de una persona de acceder a la muerte asistida voluntaria. Se pueden lograr diferentes equilibrios; proponemos un modelo que prioriza los intereses del paciente. El tercer modelo es la ‘no tolerancia’, que se opondría totalmente a permitir que una institución pueda objetar».