• Siete comunidades autónomas, con los votos a favor de las diputadas y diputados autonómicos del PSOE, han apoyado mociones para despenalizar la muerte asistida. Pero a la hora de la verdad, el grupo parlamentario socialista ha decidido impedir la toma en consideración de la ley de eutanasia.
• Un 91% de votantes del PSOE apoyan legalizar la eutanasia, una medida que estaba en su programa electoral de 2004 y que han apoyado multitud de dirigentes socialistas desde entonces.
• Desde el PSOE han afirmado a menudo que están de acuerdo con discutir sobre la despenalización de la eutanasia si hay consenso entre las fuerzas parlamentarias. Su abstención impide un respaldo suficiente a que se produzca un debate que ya se ha postergado demasiado tiempo.

   

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente denuncia que el PSOE ha traicionado su palabra, sus principios y a sus votantes oponiéndose a discutir la ley de eutanasia en el Congreso. Con su negativa a tomar en consideración el proyecto de Ley Orgánica sobre la Eutanasia, presentado por Unidos Podemos, el grupo socialista impide que se celebre un debate en el que habían asegurado que participarían, que recoge medidas que han llevado en sus programas electorales y que la inmensa mayoría de sus electores apoya.

Según una encuesta de Metroscopia de febrero de 2017, un 84% de la ciudadanía está de acuerdo con que se legalice la eutanasia. El apoyo es mayoritario y trasversal entre personas de todas las ideologías y creencias. Un 56% de católicos practicantes está a favor (frente a un 40% en contra), así como un 66% entre votantes del PP. En el caso de votantes del PSOE el apoyo se dispara hasta el 91% con solo un 8% en contra. Además, siete comunidades autónomas han aprobado (con el voto a favor de las diputadas y diputados autonómicos socialistas) mociones que reclaman al parlamento la despenalización de la muerte asistida. Y, pese a todo, el grupo socialista ha decidido no dar la oportunidad al Parlamento de discutir esta norma y regular este derecho.

Pese a maquillarlo de abstención, el PSOE ha votado en contra de dar una respuesta legal a miles de personas que, aquejados de una enfermedad terminal o un sufrimiento insoportable, no quieren seguir viviendo una vida que consideran que carece de sentido. “El PSOE ha antepuesto su pelea partidista a permitir que la eutanasia salga de la clandestinidad”, afirma Fernando Marín, presidente de DMD Madrid.

La ‘ley de muerte digna’ que ha registrado el grupo socialista en el Congreso no es incompatible con la propuesta de Unidos Podemos. Y, aunque insistan, los cuidados paliativos no son un antídoto frente a la eutanasia. En Bélgica y Países Bajos la muerte asistida es legal y recurren a ella miles de personas cada año aunque cuentan con los mejores sistemas de cuidados paliativos de la Unión Europea después de Reino Unido. Nadie decide morir por un dolor tratable o un sufrimiento evitable. Las personas que piden una muerte asistida lo hacen porque consideran que su vida, presente y futura, ha dejado de tener sentido.

Con el PSOE alineándose con los grupos que se oponen a reconocer nuevos derechos civiles, este martes el Congreso ha hurtado otra vez a la ciudadanía la oportunidad de un debate fundamental y postergado durante demasiado tiempo.

La ideología de una minoría seguirá imponiéndose a todos a través del Código Penal.

• El martes 21 de marzo se presenta la proposición de Ley Orgánica sobre la Eutanasia al Pleno del Congreso, que debe decidir si la toma en consideración y no impide un debate que ya se ha postergado demasiado tiempo

Con motivo de la toma en consideración de la propuesta de ley orgánica sobre la eutanasia, que se presentará en el Pleno del Congreso de los Diputados el 21 de marzo, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente pide a todos los partidos políticos que voten a favor de celebrar este debate que lleva décadas postergándose.

Las últimas encuestas dejan claro el apoyo masivo de la ciudadanía a una ley que regule la muerte asistida. Del 53% a favor en 1988 se ha pasado a un 84% en 2017, según una encuesta de Metroscopia publicada hace unos pocos días. Ya no sirve el argumento de que la sociedad no está madura para tener este debate, o de que no existe una demanda social al respecto. Votantes de todos los partidos y ciudadanos de todas las creencias están mayoritariamente a favor de la eutanasia. Los grupos políticos deberían, cuando menos, permitir que su regularización se discuta en sede parlamentaria.

Además, para miles de personas no hay una ley más importante que esta. Solo regulando la eutanasia se puede dar respuesta a los que padecen una enfermedad terminal o un sufrimiento insoportable y ahora están obligados a vivir en contra de su voluntad.

Desde AFDMD pedimos que los grupos parlamentarios antepongan el interés general y su voluntad de atender las demandas ciudadanas a su competencia partidista, legítima, pero que no debería entorpecer alcanzar un bien común. Deseamos que la proposición de ley orgánica sobre la eutanasia tenga el recorrido parlamentario que merece, y este desemboque en una norma fruto de la colaboración de todos los partidos que apuestan por consolidar y ampliar los derechos civiles y las libertades.

Dos objetivos fundamentales de la AFDMD son fomentar el debate social sobre la muerte digna y reivindicar una modificación del Código Penal para que la muerte asistida por un médico deje de ser un delito. Para impulsar la reflexión y la discusión hemos publicado la página web http://libreshastaelfinal.org con los principales mitos, los datos relevantes y muchos argumentos para apoyar una ley de eutanasia.

• De aprobarse, regularía un derecho fundamental que demanda casi el 80% de la ciudadanía
• El borrador propone una ley garantista, acorde al sentir mayoritario de la población

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebra el proyecto de ley orgánica sobre la Eutanasia que el grupo parlamentario Unidos Podemos (UP) y Confluencias ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa es la primera oportunidad real de regular en el Estado español un derecho sobre el que existe una amplia demanda social en todos los países desarrollados y un primer paso para el reconocimiento de la libertad de toda persona a decidir cuándo y cómo finalizar su vida, con todas las garantías.

“Mientras la eutanasia sea un delito los ciudadanos seguirán encontrando obstáculos para decidir cómo desean ser cuidados al final de su vida”, asegura Fernando Marín, presidente de DMD Madrid. Como consecuencia de su ambigüedad, el art. 143.4 del Código Penal no sólo tiene el efecto de prohibir la eutanasia. También provoca una inseguridad en los profesionales que perjudica la asistencia en el proceso de morir y se usa a menudo como un subterfugio para no respetar decisiones amparadas por la ley de autonomía y las leyes autonómicas de muerte digna.

La regulación de la eutanasia en determinados supuestos no sólo beneficiará a las personas que deseen decidir hasta cuándo están dispuestas a soportar sufrimientos que para ellas son intolerables, sino a todas las que se encuentren en el trayecto final de su vida o quieran expresar su voluntad anticipada con un testamento vital, sin la amenaza del Código Penal, que en la actualidad dificulta la deliberación y la toma de decisiones.

La ley sobre la eutanasia que han presentado UP y las Confluencias regula la disponibilidad de la propia vida de mayores de edad en casos de enfermedad terminal o sufrimiento intolerable. Es una ley de muerte médicamente asistida que debe garantizar el ejercicio de ese derecho, con las salvaguardas necesarias para que se cumplan los requisitos que establece.

“La eutanasia y el suicidio asistido existen en todos los países”, explica Fernando Marín. La iniciativa está alineada con un deseo mayoritario en España, donde según las encuestas más recientes –como la de Ipsos MORI para ‘The Economist’ en junio de 2015– un 78% de los ciudadanos apoyan que se despenalice la eutanasia.

Para la asociación DMD, esta iniciativa permitirá, por un lado, “sacar las prácticas eutanásicas del armario” y, por otro, contribuir a una nueva cultura de la muerte en la que cada individuo, apropiándose de la misma, sea su protagonista, afrontándola para tomar sus decisiones en libertad y con responsabilidad. Una cultura que contempla la muerte voluntaria como una opción que no debería marginarse a la clandestinidad, ni tiene por qué estar medicalizada en todos los casos.

Tal y como viene haciendo desde 1984, DMD seguirá promoviendo el debate social sobre la eutanasia, basado en hechos y en datos objetivos, tratando de desmontar falacias como el peligro de su regulación (pendiente resbaladiza) y el inexistente conflicto con los cuidados paliativos (cuya universalización depende de las CCAA y no de esta ley). Invitamos a los partidos políticos a sumarse a este debate, es una oportunidad única que la ciudadanía no entendería que se desaprovechara.

• El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, y el presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes, discutirán sobre la propuesta normativa

La asociación Derecho a Morir Dignamente Madrid convoca a una charla coloquio sobre la ley madrileña de Muerte Digna en la que participarán el portavoz de sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, y el presidente de DMD, Luis Montes. Durante el acto, convocado para las 19.30 horas del lunes 16 de enero en la sede de la asociación vecinal ‘Valle Inclán’ del barrio de Prosperidad, que organiza el encuentro, ambos debatirán sobre esta norma, su alcance, los avances que supone y también sus limitaciones.

La ley madrileña de Muerte Digna es una propuesta lanzada por la agrupación parlamentaria socialista de Madrid y que busca garantizar los derechos sanitarios de los pacientes en los últimos momentos de su vida. Entre sus puntos clave está facilitar el acceso a las sedaciones paliativas en situaciones de sufrimiento entre pacientes con una enfermedad irreversible y terminal. Si se aprueba, la Comunidad de Madrid se sumará a otras siete comunidades autónomas que ya han legislado sobre estos asuntos.