Políticos, profesionales sanitarios, juristas y expertos en bioética debaten sobre la eutanasia en el Congreso

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  • La Cámara Baja acoge una jornada sobre la muerte asistida organizado por DMD y los grupos catalanes que impulsaron una moción en el Parlament pidiendo la despenalización de la eutanasia en todo el Estado

Un grupo de políticos, profesionales sanitarios, juristas, expertos en bioética y representantes de la sociedad civil han debatido este jueves en la sala ‘Ernest Lluch’ del Congreso de los Diputados sobre el derecho a la libre disposición de la propia vida y la muerte asistida. La jornada, organizada por DMD Catalunya con ayuda de los grupos políticos catalanes (ERC, PSC, PDeCAT y ECP) que han impulsado una moción para pedir la despenalización de la eutanasia en todo el Estado. Esta iniciativa, aprobada en julio de 2017, llega al Pleno del Congreso el próximo 8 de mayo. De aprobarse su toma en consideración, arrancaría por primera vez el debate parlamentario en una comisión sobre la muerte asistida en España.

La jornada la ha moderado la periodista Milagros Pérez Oliva. La presentación, por su parte, la ha llevado Isabel Alonso, presidenta de DMD Catalunya. El debate se ha separado en dos mesas, una de profesionales sanitarios y expertos en bioética y otra de juristas. Además, en la primera fila estaban representantes de ERC, C’s, PSOE y UP-ECP-EM, que también han intervenido y participado. Aunque el acto se ha impulsado por la moción del 8 de mayo, ha coincidido con la presentación de una ley de eutanasia por parte del PSOE, y este nuevo texto ha marcado una parte del debate.

El primer ponente de la jornada ha sido Marc Antoni Broggi, médico y presidente del Comité de Bioética de Catalunya. Ha defendido “el derecho una la vida apropiada en sus dos significados; en el sentido de una vida correcta y también como no expropiable”. También se ha posicionado a favor de despenalizar la eutanasia con claridad para “evitar confusiones y temores entre profesionales sanitarios, familias y ciudadanos”. Además, se ha mostrado en contra de establecer una comisión de control previo en una regulación de la eutanasia. “Es peligrosa porque retrasa la ayuda y además genera confusión entre los profesionales sanitarios”.

Después ha hablado Montserrat Busquets, doctora en sociología, enfermera y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Barcelona. Ha defendido que ya es el momento de “poder adecuar los tratamientos a la voluntad de las personas”. “Hoy en día la normativa solo nos permite aliviar un tipo de sufrimiento, pero otra manera de hacerlo sería ayudando a morir a las personas que no deseen pasar por ese periodo de paliación hasta que llegue el final de su vida”, ha afirmado. Además, ha recordado que los cuidados solo lo son cuando la persona que los recibe los acepta. “Si no, lo que se establece es una relación de poder”.

El último ponente de la primera mesa ha sido Fernando Marín, médico y presidente de DMD Madrid. En la primera parte de su intervención ha recordado la figura de Luis Montes, que falleció hace dos semanas. Después ha insistido en que no solo hace falta despenalizar la eutanasia, sino en cambiar la cultura de la muerte y romper el tabú que la rodea para hablar de ella con normalidad . “La idea de la sacralidad de la vida, de que nuestra vida está en manos de Dios, ha calado en nuestra cultura”, ha afirmado. “Y para muchos, no solo para fanáticos religiosos, decidir morir es un pecado y está mal”. Sin embargo, ha defendido, el deseo de disponer de la propia vida es algo normal. “No es verdad que sea cosa de locos”, ha insistido.

Marín también ha hecho hincapié en la gran brecha de representatividad política que existe en torno a la despenalización de la eutanasia en España. “¿Cómo puede ser que hace un año el 74% de los diputados condenara una propuesta de despenalización de la eutanasia cuando el 84% de la población quiere que se haga?”, se ha cuestionado. “¿Cómo es posible que la mayoría de países desarrollados siga optando por la clandestinidad? La eutanasia existe desde siempre, y el suicidio no digamos, pero preferimos mantenerlos en la clandestinidad”. También ha denunciado la discriminación de derechos entre ciudadanos a causa de las diferencias entre las regulaciones de países democráticos. “Solo los que conocen a alguien, o tienen recursos culturales, económicos y lingüísticos suficientes pueden acudir a Suiza a morir. El resto no pueden”, ha aseverado.

También ha criticado la paradoja de que las personas cuya vida depende de un tratamiento ya puedan disponer de su vida en España, pero el resto no. “Inmaculada Echevarría pudo pedir que le retirasen el respirador para poder morir, pero Ramón Sampedro tuvo que beber cianuro porque no estaba conectado a nada”, ha explicado. Por último, ha criticado los intentos de imponer garantías excesivas a una ley de eutanasia que la vuelvan inútil. “Nadie va a querer morir porque haya una ley, ni los médicos van a querer asesinar. ¿A santo de qué hay que poner tantas medidas de vigilancia?”, ha asegurado.

La segunda mesa ha comenzado con la intervención de Carmen Tomas-Valiente, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UIB. Durante su presentación ha destacado la incongruencia de establecer garantías excesivas en una ley de eutanasia que no exigimos para otros procedimientos médicos. “Nadie cuestiona el potencial riesgo de que una persona cuya vida depende de un tratamiento pueda ser presionada para solicitar su retirada. ¿Por qué, sin embargo, tenemos tanto miedo a los abusos y las presiones en el contexto de la ayuda activa para morir?”, ha asegurado. “Solo hay que mirar a los países que hace años que lo hacen, que son países cercanos, de la Unión Europea. Nada hace sospechar que se estén produciendo abusos o tergiversaciones. Cualquier regulación de la eutanasia tiene que partir de una confianza en la profesión médica”.

Tomás-Valiente se ha posicionado a favor del control a posteriori de los casos de eutanasia y ha pedido concreción sobre qué se va a despenalizar. “Ha llegado la hora de tomarse los derechos en serio. Si nos tomamos la autonomía personal con seriedad no tiene sentido seguir como estamos”, ha asegurado.

La última intervención de la segunda mesa ha sido para Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, que ha centrado su intervención en el texto de la ley de eutanasia que presenta hoy el PSOE. Ha denunciado que el texto incurre en graves contradicciones y adolece de “una actitud timorata, paternalista e incompatible con el principio básico de libertad de los ciudadanos”. Aunque ha calificado la norma de un “paso positivo”, también ha afirmado que “esa acumulación de exigencia de pruebas respecto a la voluntad de quien pretende ejercer su derecho de libertad al final de la vida a mi me resulta contradictoria”.

“No estamos hablando solo de un derecho a no sufrir una muerte con dolor, que por supuesto que sí, pero exigimos mucho más”, ha afirmado De Lucas. “La persona tiene derecho a vivir según su concepción de dignidad. Libre hasta el final”. Bajo este planteamiento, ha defendido, debe haber muy buenas razones para restringir este derecho. “Todo lo demás no es autonomía, es paternalismo”, ha sentenciado.

Tras las ponencias, Gregorio Cámara y Jesus Mari Fernández, del PSOE, han defendido el texto legal que presenta su grupo como un trabajo que se ajusta estrictamente al marco legal en vigor y capaz de atraer el máximo de consenso. Por su parte, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de C’s, ha argumentado a favor de la ley de muerte digna de su partido y ha afirmado que su grupo “se abstuvo, se abtiene y se abstendrá” sobre la despenalización de la eutanasia.

También ha intervenido Marta Sibina, diputada de En Comú Podem y una de las encargadas de defender, en marzo de 2017, la proposición de ley de eutanasia que llevó su grupo al Congreso y nunca fue tomada en consideración. “¿Qué ha pasado desde marzo hasta ahora para que ahora sí vean el momento adecuado de presentar una ley?”, ha cuestionado a los portavoces socialistas.

La jornada ha concluido con una llamada a la despenalización de la eutanasia y a la generosidad de los partidos políticos para que las leyes reconozcan este derecho que reclama la mayoría de la ciudadanía.

Fallece Luis Montes, presidente de DMD y figura clave en la lucha por la despenalización de la eutanasia

Prensa DMDNotas de prensa

  • La asociación Derecho a Morir Dignamente lamenta comunicar la muerte de su presidente Luis Montes Mieza, mientras viajaba a Molina de Segura (Murcia) para dar una charla sobre la eutanasia

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente lamenta comunicar la muerte de su presidente, Luis Montes Mieza, el mediodía del 19 de abril mientras viajaba a Molina de Segura (Murcia) a impartir una charla sobre la despenalización de la muerte asistida. Montes coordinó el trabajo de la asociación durante casi una década y luchó incansablemente por los derechos humanos, la sanidad pública, la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida.

Su dedicación y trabajo por la libertad y los derechos de toda la ciudadanía han sido un ejemplo para todos. La asociación continuará su labor y defenderá estos valores.

El ‘no matarás’ no rige para la eutanasia

Prensa DMDArtículos Revista

El Estado nada tiene que decir si el ciudadano, libremente, quiere morir y es ayudado a ello. En nuestra cultura jurídica vigente se ha establecido la eutanasia como una figura de homicidio cuando la vida es el existir humano, no es meramente el respirar o el bombeo del corazón. Cuando se trata de la eutanasia, el médico no destruye vidas, como ocurre en el homicidio, sino que libera de una situación indigna que vive una persona y lo hace a petición de esta.

Lee el artículo completo de Fernando Pedrós publicado en la revista de DMD nº 75.

El ‘no matarás’ no rige para la eutanasia. REVISTA-DMD-N75 copia

 

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“Han pasado 20 años de la muerte de Ramón Sampedro y no ha cambiado nada”

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  • El viernes 12 de enero se cumplen dos décadas desde que el marino y escritor se quitó la vida tras años de lucha en defensa de su derecho a la eutanasia.
  • Aunque la mayoría de la sociedad apoya la despenalización de esta práctica, las personas como Ramón Sampedro todavía tienen que recurrir a un suicidio clandestino o a exiliarse para morir.
  • DMD llama a la sociedad a movilizarse por el derecho a una muerte digna y a los representantes políticos a despenalizar la eutanasia

El 12 de enero de 1998, Ramón Sampedro bebió de un vaso con cianuro potásico que le habían acercado a la boca y se quitó la vida. Puso así fin a un sufrimiento de décadas y a una lucha en todos los frentes por el derecho a recibir ayuda para morir en libertad. Se lo habían negado los tribunales y también los legisladores. Los que lo querían tuvieron que arriesgarse a una larga pena de prisión por ayudarle a cumplir su voluntad. Veinte años más tarde, aunque cuatro de cada cinco personas en España apoya la despenalización de la eutanasia, la situación sigue sin cambios.

“Han pasado 20 años de la muerte de Ramón Sampedro y no ha cambiado nada”, explica Fernando Marín, presidente de DMD Madrid. “Los que quieren disponer de su propia vida aún tienen que recurrir al exilio o a la clandestinidad”. El artículo 143.4 del Código Penal, en vigor desde 1995, aún castiga con penas de prisión a los que ayudan a morir a otro, aunque la petición de morir sea lúcida, reflexionada y realizada reiteradamente por una persona con una dolencia irreversible que le provoca sufrimientos insoportables.

Ramón Sampedro tuvo que vivir treinta años, como él mismo afirmaba, pegado a su propio cadáver. Se quedó tetrapléjico en 1968, con 25 años, y luchó sin tregua por la libertad de decidir su propia muerte. En 1996 publicó ‘Cartas desde el infierno’, el relato de su vida desde el accidente. “El 23 de agosto de 1968 me fracturé el cuello al zambullirme en una playa y tocar con la cabeza en la arena del fondo. Desde ese día soy una cabeza viva y un cuerpo muerto. Se podría decir que soy el espíritu parlante de un muerto”, explicaba en el prólogo.

En una carta final, redactada poco antes de su autoliberación y aún esperando una respuesta del Tribunal Constitucional a una petición con la que pretendía proteger a las personas que lo ayudasen a morir, defendió la vida como un derecho y no como una obligación. “A mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré renunciado voluntariamente a la propiedad más legítima y privada que poseo; es decir, mi cuerpo. También me habré liberado de una humillante esclavitud, la tetraplejia”, afirmó.

Apenas nada ha cambiado desde la muerte de Ramón Sampedro, salvo que el apoyo a la eutanasia cada vez más amplio en España. Según la encuesta más reciente (Metroscopia, 2017), un 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida. Pese a esto, el pasado marzo el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración la propuesta de Ley de Eutanasia que presentó el grupo parlamentario Unidos Podemos. Ni siquiera, por tanto, aceptaron discutirla. Mientras, cientos de personas cada año tienen que recurrir a un suicidio violento, a conseguir fármacos en el mercado negro para disponer de su vida en paz, o a exiliarse a Suiza para poder morir.

“No podemos seguir así”, apunta Marín. “Los casos de Bélgica y Países Bajos han demostrado que se puede regular la eutanasia con garantías”. Estos países, que además cuentan con los mejores sistemas de cuidados paliativos de la UE (solo por detrás de Reino Unido), permiten a personas aquejadas de una dolencia incurable que les provoca un sufrimiento insoportable que pidan ayuda para morir a sus médicos. Esta práctica supone el 2% y el 4% de las muertes en estos países, respectivamente. Si se trasladasen estas magnitudes a España, donde fallecen algo más de 400.000 personas al año, supondrían entre 8.000 y 16.000.

DMD reclama a la sociedad que se movilice por el derecho a una muerte digna, y a los representantes de los ciudadanos a que actúen de una vez y despenalicen la muerte asistida.

DMD convoca una manifestación en Zaragoza a favor de la eutanasia

Prensa DMDAragón, Notas de prensa

  • La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-Aragón) se manifestará el 2 de noviembre, día de la muerte digna, en la Plaza de España de Zaragoza para reivindicar el derecho a una muerte asistida

El próximo 2 de noviembre, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-Aragón) ha convocado en la plaza de España de Zaragoza, a las 19.00, una concentración para reclamar al Congreso de los Diputados la legalización y regulación de la eutanasia y el suicidio asistido.

El acto se celebra después de que tanto las Cortes de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza hayan aprobado, en sendos plenarios, declaraciones formales en el mismo sentido: solicitando al gobierno de España y al Congreso de los Diputados las modificaciones legislativas precisas para facilitar el derecho inalienable de las personas a recibir ayuda para poner fin a su vida cuando esta sólo les provoca sufrimiento y degradación.

La eutanasia y el suicidio asistido son legales en varios países europeos (Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza), en diversos estados de EE. UU. (Oregon, Washington, Montana, Vermont y California), en Canadá, Colombia y está cerca de aprobarse en Victoria (Australia). De manera paulatina, el derecho a morir dignamente transciende los protocolos médicos para las sedaciones terminales y se encamina hacia la regulación de la muerte asistida cuando esta está debidamente motivada. En España, sin embargo, el final de la vida de muchas personas sigue siendo terrible y doloroso. No se ha puesto fin a los casos de encarnizamiento terapéutico y las leyes que pretenden acabar con esta situación (como la actualmente vigente en nuestra Comunidad) no acaban de funcionar porque ni se desarrollan ni se divulgan entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía.

DMD-Aragón llama a los zaragozanos a concentrarse el 2 de noviembre, pronunciarse en este sentido y a conocer los recursos que pone en sus manos la Ley de Autonomía del Paciente y nuestra propia Ley de muerte digna: derecho a ser informados, a suscribir un documento de últimas voluntades o testamento vital, a reclamar la analgesia y la sedación paliativa que eliminen el dolor y el sufrimiento.