Lee la revista nº 79 de DMD, de junio de 2019.
Nº 8 NO HAY ABUSOS NI PENDIENTE RESBALADIZA
Los hechos son tozudos. Por mucho que se empeñen los detractores de la ayuda médica a morir, por muchas mentiras que se inventen y por muchos bulos que lancen, las cifras demuestran que no hay abusos en los países que la han regulado. La eutanasia y/o el suicidio asistido, allá donde son legales, representan entre el 2 y el 4% de los fallecimientos: una ínfima minoría de pacientes que deciden poner un punto final a sus vidas no tanto para escapar del sufrimiento –que también– sino sobre todo para no seguir con una vida –la suya– que, para esa persona, ha perdido todo sentido. No son abusos lo que encontramos, sino a menudo dificultades de todo tipo para acceder a la ayuda a morir, y un menosprecio absoluto hacia la libertad y la dignidad de la persona. Ahí es donde sí existen abusos: abusos frutos de la intolerancia de los que se oponen a la libertad de la persona hasta el final, y que llevan al extremo su desprecio de los valores democráticos, queriendo imponer a todos su propia moral.
New Jersey se ha convertido en el octavo estado de EE.UU. en permitir que los residentes con enfermedades terminales pongan fin a sus vidas con ayuda médica. El 12 de abril, el gobernador demócrata –y católico– firmó el proyecto de ley aprobado a finales de marzo por el Parlamento por 41 votos a favor y 33 en contra en la Asamblea; 21 a favor y 16 en contra en el Senado. La ley entrará en vigor el 1 de agosto próximo.
«Después de un período de reflexión y oración profundas y cuidadosas, he llegado a la conclusión de que, si bien mi fe me puede llevar a una decisión particular para mí mismo, como funcionario público no puedo negar esta alternativa a aquellos que pueden llegar a una conclusión diferente. (…) La firma de esta legislación es la decisión que mejor respeta la libertad y la humanidad de todos los residentes de Nueva Jersey», declaró el gobernador.
New Jersey legalizes assited suicide as Gov. Phil Murphy signs contentious bill into law
NJ legaliza el suicidio asistido: el gobernador Phil Murphy aprueba una ley polémica
La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia ha publicado en febrero pasado un comunicado con las cifras de eutanasias realizadas en el año 2018. Se registraron 2.357 eutanasias (+1,8% en comparación con 2017). Representan el 2% de los fallecimientos totales. En 2018 no se registró ninguna eutanasia de paciente menor de edad, y las eutanasias por enfermedades mentales constituyen menos del 2,4% del total. En la mayoría de los casos (85,4%), los médicos estimaban el fallecimiento del paciente previsible en un plazo muy corto.
La comisión recalca que el número de eutanasias en el domicilio del paciente aumenta – ya son el 46,8% de los casos, – mientras que va disminuyendo el número de eutanasias en hospitales (36,1%). Menos del 1% de las eutanasias correspondían a pacientes inconscientes con testamento vital. En todos los casos se han respetado las condiciones fijadas por la ley.
En su conclusión, la Comisión califica la situación de “estable”.
2.357 euthanasies déclarées en 2018
2.357 eutanasias declaradas en 2018
Los Comités de Revisión de la Eutanasia informan de que se han realizado 6.100 eutanasias en 2018: 7% menos que el año anterior. Es la primera vez, desde la aprobación de la ley, que las cifras caen. Según la Clínica del Final de la Vida –institución que se encarga de los casos más difíciles que no encuentran respuesta de parte de sus médicos de cabecera– «los médicos se están volviendo más cautelosos» en gran parte por las cinco investigaciones abiertas por la fiscalía en el último año y medio. En varias entrevistas en los medios, el director de la Clínica del Final de la Vida expone que la caída del número de eutanasias es conyuntural, pero recalca sin embargo el trauma que supone la apertura de una investigación para el médico y para los familiares del paciente, y el efecto disuasorio de estas actuaciones, que no se habían dado hasta la fecha. Recordemos que ya dos de estas investigaciones han sido archivadas.
Dat de vraag naar euthanasie daalt is onwaarschijnlijk
Es poco probable que caigan las demandas de eutanasias
La Comisión sobre los Cuidados al Final de la Vida acaba de publicar un informe en el cual analiza la aplicación de la ley que autorizó la AMM, desde su entrada en vigor en diciembre 2015 hasta marzo 2018: 2.462 solicitudes registradas; 1.632 AMM llevadas a término; 830 no atendidas a pesar de ser potencialmente admisibles. Esta última cifra sería la parte visible de un preocupante iceberg. Se señalan varias causas: complicaciones burocráticas; escasez de médicos dispuestos a proveer este servicio (sólo el 1,7% del total, es decir 350 de 23.000); resistencia de las unidades de paliativos y de los establecimientos sanitarios confesionales; etc. “Se temían abusos y es el acceso que plantea problemas”, apunta un comentarista.
Aide médicale à mourir: le tiers des demandes n’ont pas été administrées
Ayuda médica para morir: un tercio de las solicitudes no han sido admitidas
En 2015 el Bundestag (Parlamento alemán) aprobó la prohibición de la ayuda al suicidio “profesionalizada” –artículo 217 del código penal– que a partir de este momento se castigaría con hasta 3 años de cárcel. Sin embargo, dos años más tarde, el alto Tribunal Contencioso-Administrativo de Leipzig consideró que “en casos excepcionales, el Estado no puede impedir a un paciente el acceso a medicamentos letales que le permitirían suicidarse de manera digna y sin dolor”. El gobierno federal suspendió en 2018 la aplicación de esta última decisión. Asociaciones alemanas y suizas de ayuda al suicidio, así como médicos y pacientes estiman que la actual legislación viola el “derecho a la libertad” plasmado en el artículo 2.1 de la constitución, y han interpuesto 11 demandas ante el Tribunal Constitucional. El alto Tribunal se ha reunido los días 16 y 17 de abril para escuchar las partes. Dictará sentencia antes de finales de año.
JVerbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe – darum geht es in dem Verfahren
Tema de las audiencias: la prohibición de la eutanasia «comercial»
L’Allemagne rouvre le débat sur la fin de vie
Alemania reabre el debate sobre el final de la vida
El Parlamento del estado australiano de Victoria aprobó el año pasado una ley de ayuda médica a morir que entrará en vigor el próximo mes de junio. Las administraciones y los establecimientos sanitarios se preparan para la implementación de esta ley… y los grupos opuestos a la eutanasia están también calentando motores, haciendo “escraches” a la entrada de un gran hospital de Melbourne con un afamado servicio de oncología. Este hospital ha publicado en su página web informaciones sobre la nueva ley y su implementación. Los participantes en estas vergonzosas acciones increparon tanto al personal sanitario como a los pacientes, distribuyendo folletos y gritando contra lo que califican como “asesinatos patrocinados por el Estado”.
Cancer patients at Peter Mac harassed by anti-euthanasia protesters
Pacientes de cáncer en el Peter Mac, acosados por manifestantes antieutanasia
El RCP – prestigiosa institución académica fundada en 1518 – lanzó a principios de año una encuesta entre sus 35.000 miembros, y acaba de cambiar su tradicional oposición a la muerte asistida por una posición neutral. 7.000 médicos de hospitales del Reino Unido respondieron a la encuesta: un 43.4% declaró que el RCP debería oponerse a cualquier cambio en la ley, y el 31.6% se pronunció a favor de que apoyara una regulación de la muerte asistida. La regla establecida previamente a la consulta por el RCP era que en caso de que ninguna opción alcanzase el 60% de los votos, la institución se declararía neutral. «Como colegio, tenemos que representar a todos, y hemos adoptado una posición neutral porque la encuesta muestra que así representamos mejor a nuestros miembros», declaró el presidente del RCP, el profesor Andrew Goddard.
Doctors’ body now ‘neutral’ on changing law on assisted dying
El cuerpo médico declara su neutralidad sobre los cambios legislativos referentes a la muerte asistida
La derecha cristiana americana, cuya influencia se ha disparado en EE.UU. bajo la administración Trump, se está implantando en Europa según investigaciones llevadas a cabo por la asociación inglesa Dignity in Dying y la plataforma OpenDemocracy. Maneja grandes cantidades de dinero. Originariamente anti-abortista y anti-LGTB, está orientando también sus acciones contra la eutanasia. Por ejemplo la asociación ADF-International (Alliance Defending Freedom) “está vinculada con un pequeño número de activistas británicos que actúan detrás de supuestos movimientos ‘populares’ contra la muerte asistida”.
Esta asociación ha abierto oficina en Londres y también en Bruselas para realizar tareas de lobbying en el Parlamento Europeo. Está detrás de la denuncia presentada por cuatro médicos contra la decisión del Royal College of Physicians de adoptar una posición neutral sobre la muerte asistida, y también detrás del “caso Mortier”, una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por un caso de eutanasia en Bélgica.
Exposing the anti-choice networks trying to deny doctors a voice (PDF)
Desvelando las redes antieutanasia que intentan negar la libertad de opinión de los médicos (PDF)
Revealed: US anti-LGBT ‘hate group’ dramatically increases UK spending
Investigación: aumento drástico de las acciones de un grupo anti-LGBT norteamericano en el Reino Unido
Tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que instruye la causa por la muerte asistida de María José Carrasco, en favor de un juzgado de violencia de género, DMD declara que:
Tras la publicación de la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco, con ayuda de su marido Ángel Hernández, DMD declara:
Ya hace dos años que se aprobó la ley de muerte digna de Madrid, que regula el registro del testamento vital en la comunidad. Pero no se está cumpliendo. Por eso hemos lanzado una campaña de reclamaciones sobre el testamento vital en Madrid.
A pesar de que así lo establece la norma, en enero de 2019 observamos que:
(Si quieres leer más datos que justifican esta campaña de denuncias pincha aquí)
A nuestras preguntas sobre estos incumplimientos, desde la Comunidad de Madrid nos han dicho que, puesto que no existen reclamaciones, entienden que la sociedad madrileña está satisfecha con su funcionamiento.
Por eso, desde DMD Madrid te proponemos que reclames tus derechos y te sumes a nuestra campaña de reclamaciones sobre el testamento vital en Madrid. ¡Hazles llegar tu descontento para presionar a la Comunidad de Madrid a que cumpla la ley! Cuantos más lo hagamos, más repercusión tendremos.
Elige qué reclamación quieres poner. Recuerda que puedes presentar las que quieras. Te proponemos tres modelos. Descarga el documento, rellénalo con tus datos y envíalo (más abajo detallamos dónde y cómo enviarlo).
Aquí puedes leer la reclamación que DMD Madrid presentará sobre otros aspectos de la ley
Si la participación es alta, presentaremos los datos a los medios de comunicación y también una denuncia ante la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo.
Haz tu reclamación antes del 28 de Febrero
¡Más somos,
Más conseguimos!
Agradecemos su difusión ¡Pásalo!
La Asociación Derecho a Morir Dignamente y la Confederación Española de Alzheimer reclaman una mayor claridad sobre la propuesta socialista y los pacientes de ELA la están analizando
Ángel Villascusa / eldiario.es
La Confederación Española de Alzhéimer y la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) piden al PSOE una mayor claridad sobre la Ley de Eutanasia propuesta por los socialistas y que está a la espera de ser tramitada en el Congreso. De momento, y aunque la aritmética da si Ciudadanos vota a favor como anunció, está bloqueada por el PP y el partido naranja en la mesa de la cámara. La propuesta establece que podrá practicarse a aquellos pacientes con una «enfermedad grave e incurable y que provoque sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio y con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva». Para Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente federal, «hablar de contexto de fragilidad es una metedura de pata. Restringe tanto el marco que se corre el riesgo de que solo se vaya a practicar a pacientes que estén en fases muy avanzadas de una enfermedad».
Con la definición que hace la ley, explica Marín, «quedarían dentro casos como el de Ramón Sampedro, pero no está muy claro si se incluiría a personas con otras patologías hasta que no sean totalmente dependientes, ni tampoco qué grado de dependencia se va a exigir» en caso de que finalmente sea aprobada.
La propuesta socialista, que va en línea con la de países como Holanda o Bélgica y que convertiría a España en uno de los países más avanzados en la materia, tampoco determina con exactitud qué ocurre si un paciente con una enfermedad degenerativa quisiera solicitar la muerte antes de que los síntomas de la enfermedad apareciesen. «¿Qué pasa con los enfermos de Alzhéimer en fases previas? ¿Tendrían que esperar a ser dependientes?», se pregunta la presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer, Cheles Cantabrana.
Las dudas se plantean sobre otras patologías degenerativas como el ELA. «La ley hace una definición muy física de la enfermedad. Igual hay personas que prefieren morir cuando no pueden tomar un autobús o pasear con sus hijos y no quieren esperar hasta estar postrados en una cama», sentencia Marín. La Asociación Española de ELA va a debatir la próxima semana su posición respecto a la futura norma.
Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, defiende la propuesta socialista. «Que se hable de sufrimientos constantes e insoportables y de fragilidad no significa que se tenga que llegar a un dolor intolerable». Según Fernández, el término «sufrimiento» es lo suficientemente general como para que si una persona sabe que sus condiciones de vida van a empeorar se le pueda practicar la eutanasia.
Fernández cree que en los casos en los que la enfermedad no se ha manifestado todavía la eutanasia también podría practicarse. «Va a haber un comité que valorará las solicitudes, y un diálogo entre el médico y el paciente. Siempre y cuando esté en el contexto de la ley, prevalecerá la voluntad de la persona afectada», explica.
Pero desde la asociación DMD ve una falta de concreción peligrosa que podría ser utilizada para evitar la aplicación de la ley. Coinciden desde Podemos, quienes ya presentaron una norma de eutanasia en 2017 y que finalmente fue rechazada. «Nuestra propuesta era más concreta. Creemos que en una norma de estas características tiene que quedar todo muy claro para que no dependa de futuras interpretaciones interesadas», explica Amparo Botejara, portavoz de Sanidad de Unidos Podemos en el Congreso. La formación morada ha presentado un total de 24 enmiendas a la propuesta socialista.
«Nosotros creemos que la ley de eutanasia planteada es positiva, pero se queda corta», explica la presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer. Según ella, la propuesta deja en el aire la situación de los tutores de los enfermos. «Pedimos más garantías. En el marco de este proyecto de ley no estamos representados». Sus dudas vienen sobre el papel que tendrán los responsables de los enfermos. «Incluso con documentos de últimas voluntades firmados por el paciente, son los tutores los que tienen que hacer la petición y no sabemos si podrán hacerlo sin consecuencias. Nos sentimos discriminados», dice Cantabrana.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados asegura que si existe un documento de instrucciones previas no habrá problemas para ningún tutor o responsable. «Lo que hay tener en cuenta es que tampoco se puede aclarar cada recoveco de la ley. No se hace en ninguna de las normas de otros países».
Si no hay documento de instrucciones previas y la persona no es consciente de la situación, no podrá aplicarse la eutanasia. «Eso estaría más en la línea de los homicidios compasivos y está fuera de la propuesta”, explica Fernández. Un problema derivado de estos testamentos vitales, es que en muchas ocasiones se han redactado sobre plantillas que se centran en cuidados paliativos y no de la eutanasia. «Eso significa que muchas personas van a tener un documento que no incluye la eutanasia», explica el vicepresidente de DMD. Por eso, asegura, es necesario que se amplíen los documentos de últimas voluntades. El portavoz del PSOE asegura que esos puntos se añadirán en los documentos, aunque indica que ya hay comunidades en las que se incluyen.
La norma sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados a pesar del compromiso de Ciudadanos de aprobarla. El partido de Albert Rivera votó favorablemente a su tramitación a cambio de que el PSOE les ayudase a pasar su Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, como finalmente sucedió el pasado diciembre. «Ellos siempre han manifestado que estaban en contra y luego votaron a favor. Así que no sabemos lo que harán al final», concluye Fernández. Ciudadanos no ha respondido a las preguntas de eldiario.es.
Este artículo se publicó originalmente en eldiario.es. Lo reproducimos aquí en base a su licencia CC BY-SA
Luis Montes no era un optimista ingenuo, pero tenía una esperanza (fundada) en que las últimas elecciones generales (el actual Parlamento) iban a suponer por fin el reconocimiento del derecho a morir con dignidad, por el que tanto había luchado
Por: Manuel Atienza y Carmen Juanatey
Artículo publicado originalmente en la revista 78 de DMD
En el momento en el que escribimos este artículo, los periódicos publican informaciones con titulares como este: “El Congreso abre paso a la ley de eutanasia. La Cámara rechaza la enmienda popular a la totalidad por 210 votos frente a 134”; lo que hace pensar que, en fechas más o menos próximas, tendremos, efectivamente, una ley que autorice a que en determinadas circunstancias (no entremos en los detalles) se pueda ayudar a morir a alguien que desea terminar con su vida.
La opinión pública parece también (cada vez más) favorable a la despenalización de las conductas eutanásicas (pasivas o activas; y excluyendo obviamente lo que a veces se llama “eutanasia involuntaria”). E incluso la Iglesia católica parece haber aceptado –como un hecho irremediable– que eso, la despenalización de la eutanasia, va a tener lugar en nuestro país más pronto que tarde.
Hace algunos meses, el arzobispo de Toledo, en una de sus cartas semanales, y al tiempo que condenaba moralmente la eutanasia, entre otras cosas por considerar que la política que la fomenta “es una política capitalista…la sostengan políticos de centro, de izquierda o de derecha”, reconocía (se estaba refiriendo obviamente al proyecto de ley que ahora se está discutiendo en las Cortes) que la batalla cultural y política en contra de la eutanasia “está perdida, al menos, a corto y a medio plazo”.
Pues bien, dado que las cosas son (o van a ser pronto) así, nos parece que quizás sea este un momento adecuado para tomarse en serio los argumentos que tanta gente y durante tanto tiempo han considerado que existen para oponerse a la eutanasia. Los autores de este artículo han defendido en varias ocasiones (por separado) la despenalización de la eutanasia pero, naturalmente, son conscientes de que la plasmación legislativa de una determinada tesis no puede ser el criterio de su corrección (en esto tiene razón el arzobispo de Toledo).
Tomarse en serio los argumentos de la otra parte implica, por lo demás, no centrarse en las razones más débiles o en las que no pasan de ser simples falacias; por ejemplo, no creemos que merezca la pena prestar mayor atención a lo sucedido a propósito de la enmienda a la totalidad del PP: simplemente porque los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia (es obvio que cabe estar –como es nuestro caso– a favor de una cosa y de la otra), y porque la defensa de la eutanasia no supone que se esté en contra de la vida (como ocurre cuando alguien –suponemos que cualquiera– justifica que se pueda dar muerte a otro en situaciones de legítima defensa o de estado de necesidad).
A donde nos lleva el tomar en serio a los otros (a los que piensan de otra forma) es, por el contrario, a buscar los mejores argumentos que pudieran existir en contra de la legalización de la eutanasia, para ver si pueden considerarse o no como correctos: en todo o en parte.
Desde luego, la discusión sobre la eutanasia en los últimos tiempos ha dado lugar a una copiosísima bibliografía en la que se podría encontrar una gran variedad de posturas y de argumentos (a favor y en contra). Pero creemos que pocos discutirán (al menos, desde el mundo del Derecho) que los enemigos de la eutanasia son también defensores de lo que suele denominarse “Derecho natural”, y que el iusnaturalista más influyente (y más conspicuo) de las últimas décadas ha sido John Finnis; de manera que no puede parecer arbitrario que lo tomemos a él como el mejor representante de la postura anti-eutanasia.
Finnis, un relevante filósofo católico que fue miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, escribió en diversas ocasiones sobre (contra) la eutanasia, pero aquí vamos a referirnos únicamente a un trabajo suyo de 1998 dedicado, fundamentalmente, a oponerse a las tesis favorables a la legalización de la eutanasia de Ronald Dworkin: el paladín –o uno de los paladines– de lo que suele entenderse por “liberalismo político”, que en la jerga estadounidense viene a equivaler a lo que nosotros llamaríamos “socialismo” o “socialdemocracia”.
La defensa que llevó a cabo Dworkin de la eutanasia (también en una serie de trabajos, algunos de ellos muy conocidos) no se basó en oponer el valor de la autonomía al de la vida y la dignidad, sino que lo que él hizo fue armonizarlos de la siguiente forma. Según Dworkin, la vida tiene un carácter que puede calificarse de “sagrado”, pero lo que da ese valor a la vida no son simplemente lo que llama los “intereses de experiencia”: lo que tiene valor porque lo encontramos placentero o excitante; sino, sobre todo, los “intereses críticos”: aquello que, si se satisface, hace que nuestras vidas sean genuinamente mejores.
Los intereses críticos pueden ser de índole muy distinta, pero contienen un ingrediente de idealidad y cierta exigencia de reflexión sobre la vida como un todo. Y, precisamente por ello, la única forma de respetar la santidad de la vida es transferir al individuo la decisión de cómo desea morir: “Hacer que alguien muera en una forma que otros aprueban, pero que él cree que es una contradicción horrorosa con su propia vida, constituye una devastadora y odiosa forma de tiranía” (p. 284).
En el artículo al que antes nos referíamos, Finnis ataca la posición de quienes sostienen que la eutanasia se basa en el derecho a la autonomía personal, pero no porque él piense que los valores de la vida y de la dignidad están por encima del de la autonomía, sino porque, cabría decir, la manera que él propone de articular (y, en parte, de entender) esos tres valores o principios es distinta a la de Dworkin.
Y esa distinta forma de abordar el problema, por cierto, no deriva (al menos, no explícitamente) de algún postulado de tipo religioso; o sea, Finnis no recurre para nada al argumento, que podríamos calificar de teológico, de que la vida es un don de Dios y, por lo tanto, el ser humano no tiene derecho a disponer de ella. Sus argumentos en contra de la legalización de la eutanasia apelan más bien a la experiencia y a las consecuencias. Nosotros creemos que se podrían reducir a los dos siguientes.
El primero hace referencia a las consecuencias que tendría (o que tiene: él habla teniendo muy en cuenta la experiencia de la legalización en Holanda) reconocer ese supuesto “derecho a morir”. Finnis entiende que tanto la eutanasia propiamente dicha como el suicidio asistido suponen dar muerte (o ayudar a dar muerte) a un individuo de manera intencional, lo cual implica ir en contra de una de las pocas exigencias absolutas que impone la razonabilidad práctica.
Define para ello de manera precisa (estricta) lo que debe entenderse por “intencionalidad”, de manera que, por ejemplo, no iría contra esa exigencia (el mandato absoluto de no realizar un acto que en sí mismo y de suyo daña un bien básico, como es la vida ) el médico que administra una cierta substancia al paciente para aliviar sus dolores, sabiendo que eso acortará su vida, siempre y cuando la muerte sea un efecto colateral o indirecto (sabe que ocurrirá, pero no lo ha hecho con esa intención).
Como es conocido, se trata de la tradicional “doctrina del doble efecto”, que ha sido criticada con cierta frecuencia apelando a que la distinción es meramente subjetiva y, por tanto, imposible de ser manejada sin incurrir en arbitrariedad, ya que su utilización favorece una forma de cinismo moral, de doble moral, etcétera. Pero a Finnis la distinción le parece esencial, cabría decir, por razones consecuencialistas.
Si se produjera ese cambio en la legislación, cambiaría también la moral de los médicos y del personal sanitario, y todo ello tendría efectos muy perniciosos en los pacientes; o sea, al borrarse la línea que separa la acción de matar intencionalmente a alguien y la de actuar con la intención de curar, tratar, aliviar o paliar los sufrimientos de alguien (aunque ello acelere la muerte), los pacientes tendrían menos razones para confiar en los médicos (por ejemplo, a la hora de informarles sobre sus sufrimientos, ante el riesgo de que aquellos lo interpretasen como una petición de que se les de muerte); y algo parecido ocurriría con los familiares: “mucha gente encontraría que los más próximos y los más queridos son cada vez menos próximos y menos queridos” (p. 1134).
Aun suponiendo –nos dice Finnis– que se tiene un derecho a decidir cuándo morir, lo que no cabe duda es de que existe también, y de manera más obvia, un derecho a decidir no morir (que a uno no lo maten). Y Finnis considera que la legalización de la eutanasia no permite “tomar en serio” este segundo derecho; el poder que en esa situación adquirirían los médicos y los familiares (la presión que eso supone para los pacientes) llevaría a muchos (los que en otra situación habrían ejercido el derecho a que no se les mate) a una situación que –usando las palabras de Dworkin– verdaderamente debería ser calificada como “una devastadora y odiosa forma de tiranía”.
Si la eutanasia se legalizara, en suma, “el derecho a que no te maten quedaría catastróficamente anulado para mucha más gente en relación con los pocos cuyo supuesto derecho a morir se encuentra comprometido por la regulación actual” (p. 1138). Y quienes se verían más en riesgo serían los pobres, los ancianos, los miembros de grupos minoritarios o los que no tienen acceso a cuidados médicos.
El segundo argumento (vinculado al anterior) se refiere a la manera de entender la vida y la dignidad por parte de quienes defienden la legalización de la eutanasia; en particular, por Dworkin. Según Finnis, Dworkin parecería concebir la vida –y la moralidad– en términos próximos a los de Nietzsche; o sea, la propia vida es vista como “una narración de la que se es el autor, de manera que cuando se deja de estar al mando de la trama de la vida que a uno le queda –denunciada como vida meramente biológica– ella carece de valor si no es que es ‘indecente’ y despreciable” (p. 1140). Esa concepción le parece a Finnis radicalmente equivocada.
Más allá de ese punto (cuando se pierde el control sobre la propia vida), pero también antes (en nuestros primeros años de existencia) “hay vida que es real, humana y personal, pero sin una historia de la que estar orgulloso o avergonzado” (p. 1141). La mayoría de la gente que pide la eutanasia en los hospitales “cambia de opinión y llega a valorar sus últimos meses o semanas de enfermedad, por mala que sea su situación” (p. 1142). Muchos de los que están en situación terminal no quieren saber nada de esa ética del autocontrol y de las realizaciones y encuentran “una más profunda, más humilde pero también más humana comprensión del valor de simplemente existir con lo que queda de lo que a uno se le dio” (1143).
Y en cuanto a la dignidad, Finnis piensa que los partidarios de la eutanasia (Dworkin incluido) incurren en una terrible confusión al pensar que quienes están en una situación de extrema incapacidad (por ejemplo, en estado vegetativo irreversible) no serían ya personas, habrían perdido su dignidad humana.
En opinión de Finnis, y siguiendo toda la tradición de respetar la radical igualdad humana, debemos juzgar y actuar sobre la base de que “las personas mantienen su radical dignidad hasta la muerte –a través de todo el camino” (p. 1143). Y de ahí su última afirmación de que “Una sociedad justa no puede mantenerse, y la gente no puede ser tratada con la misma consideración y respeto a la que tiene derecho, si no nos agarramos con fuerza a la verdad –o, si se quiere, al axioma– de que ninguno de nosotros tiene derecho a actuar sobre la base de que la vida de otro carece de valor” (1145).
Desde luego, no es cosa de entrar aquí a discutir con detalle los argumentos de Finnis, pero nos parece que hay, fundamentalmente, dos consideraciones que hacer a propósito de lo anterior.
La primera es que a Finnis se le puede dar la razón en cuanto a la existencia de ciertos riesgos que pueden derivarse de la legalización de la eutanasia. Pero lo que se sigue de ello es que, en efecto, la regulación (la despenalización) debe hacerse con todas las cautelas para que nadie se sienta “coaccionado” a tomar una decisión que realmente no desearía tomar y, por supuesto, para impedir que se dé muerte a (o se acorte la vida de) alguien en contra de su voluntad. Algo que, como es manifiesto, ningún defensor de la despenalización de la eutanasia pone en duda.
Lo que ocurre es que Finnis parece afirmar algo más, a saber, que la despenalización de la eutanasia conduciría necesariamente a esa situación de abuso. Y esta sí que nos parece una afirmación gratuita y que, desde luego, la experiencia existente en los lugares en los que se ha producido ese cambio legislativo no avala en absoluto.
Y la segunda se refiere a lo que cabría considerar como la parte principialista (y principal) de su argumentación, o sea, la que descansa en los dos siguientes principios: 1) Nunca está justificado dar muerte intencionalmente (en el sentido que hemos visto de “intencional”) a otro. 2) La dignidad humana se posee intacta hasta el momento de la muerte (cualquiera que sea la situación de incapacidad en la que se esté) y, por eso, nadie puede actuar sobre la base de que la vida de otro carece de valor.
Pues bien –y para decirlo de manera expeditiva-, el primero de esos principios no puede verse, en nuestra opinión, como un principio absoluto, sino que tiene una excepción constituida precisamente por los supuestos de eutanasia justificada: una situación de graves padecimientos y el consentimiento (explícito o –en el caso más complejo de eutanasia no voluntaria– presunto) del paciente.
No hay, nos parece, ninguna razón que, dadas esas circunstancias, justifique poner a la vida por encima de la autonomía, como no sea una razón de tipo religioso. Y en cuanto al segundo principio, creemos que es importante hacer esta aclaración: uno no puede actuar sobre la base de que la vida de otro carece de valor, según nuestra propia concepción de la vida; pero lo que sí cabe es actuar sobre la base de que la vida de otro carece de valor, según la concepción que este último tiene de la vida (y dadas determinadas circunstancias de carácter objetivo).
En esto último es en lo que consiste la idea de Dworkin del carácter sagrado de la vida: es sagrado porque nadie, sino uno mismo tiene ahí jurisdicción. Y, de nuevo, pensar de otra manera nos parece que sólo puede hacerse desde la fe, esto es, si el carácter sagrado de la vida se entiende en términos religiosos: es sagrada porque nos ha sido dada por Dios.
Para terminar. Hemos dicho antes que la crítica de Finnis a la despenalización de la eutanasia no apelaba explícitamente a ningún argumento de tipo religioso, pero hemos llegado a la conclusión de que su argumentación presupone, implícitamente, premisas religiosas. Con ello no queremos sugerir, sin embargo, que quienes tienen creencias religiosas estén de alguna manera abocados a mantener una posición contraria a la eutanasia. No tiene por qué ser así, y un ejemplo interesante de ello lo ofrece la famosa Utopía de Santo Tomás Moro. Esta importante figura del catolicismo (designado por el fundador del Opus Dei intercesor de las relaciones de la Obra con las autoridades civiles) escribió:
“A los que padecen algún mal incurable les consuelan haciéndoles compañía y conversando con ellos y proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar en lo posible su mal. Si éste no sólo es incurable, sino que aflige al enfermo con incesantes sufrimientos, los sacerdotes y magistrados exhortan al paciente a que, puesto que ya no puede realizar ninguna cosa de provecho en la vida y es una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobreviva a su propia muerte, no debe alimentar por más tiempo la peste y la infección. Dado que la vida es un tormento para él, que no rechace morir […]. Con la muerte no pondrá fin a nada bueno sino sólo a su propio tormento. Y como es ese el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, proceder así será obra piadosa y santa. Los que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño sin que se den cuenta de ello. Este fin no se impone a nadie, y no dejan de prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan hacerlo, mas honran a los que así abandonan la vida”
Unas palabras que seguramente suscribiría en lo esencial (aunque sin asumir desde luego el rol de sacerdote-magistrado) un utopista de nuestros días: Luis Montes.