Por: Isabel Alonso y Xavier Gol. Publicado originalmente en la revista de DMD nº 79

Esta vez es el cierre prematuro de la XII legislatura lo que da al traste con las expectativas despertadas en 2018 por la admisión a trámite de dos propuestas para despenalizar la eutanasia. Pero han sido muchas las ocasiones previas en que el Congreso ha desatendido propuestas para legalizar la muerte asistida.

Durante la pasada legislatura hemos estado más cerca que nunca de lograr la despenalización de la eutanasia. De nuevo se ha frustrado la posibilidad. El resultado de las elecciones nos llevará, como siempre, a reflexionar sobre las estrategias políticas para conseguir cuanto antes nuestro objetivo. Para ello, puede ser útil repasar la historia de los anteriores intentos parlamentarios de despenalización, que planteamos aquí de manera esquemática. Podremos ver así que algunos partidos políticos nos han acompañado siempre en el camino del reconocimiento de la libertad al final de la vida. Otros se han ido sumando sobre la marcha.

En 1994, la eutanasia llegó al Congreso de la mano de Pilar Rahola, entonces diputada de ERC. Presentó dos propuestas. La primera, el 9 de marzo, en forma de interpelación urgente al Ministro de Justicia, Belloch, «sobre medidas que tiene previsto llevar a cabo el gobierno para llenar el vacío existente en el tema de la eutanasia activa». Para esta interpelación contó con el apoyo del diputado del grupo IU/IC, Diego López Garrido.

La segunda propuesta que hizo Pilar Rahola lleva fecha de 26 de abril. En este caso, la diputada propuso la creación de una ponencia que estudiara «dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia» y fueron el diputado de Coalición Canaria Lorenzo Olarte y la diputada de IU/IC Ángeles Maestro quienes le dieron apoyo. Está clarísimo que estas dos propuestas llegaron desde la sociedad al Congreso acompañadas por la voz de Ramón Sampedro.

La reforma timorata del Código Penal

En 1995 se aprobó el nuevo Código Penal. Incorporaba a su artículo 143 un punto 4 que recogía casi textualmente la redacción propuesta por DMD, a través del senador independiente por el PSOE Cesáreo Rodríguez Aguilera, para despenalizar la eutanasia. Frustrando esta posibilidad, se utilizó la redacción para atenuar las penas “en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.

En 1998, el 17 de febrero, cuando hacía un mes y cinco días de la muerte de Ramón Sampedro, se propone la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Pablo Castellano (IU), con el apoyo de Francisco Alcaraz del Grupo mixto (Nueva Izquierda-IC).

Tres años más tarde, en 2001, el 20 de marzo, se presenta en el Congreso la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por María Luísa Castro (IU) y Joan Saura (Grupo Mixto-IC), con la intervención a favor de José Antonio Labordeta (ChA). El 11 de diciembre, Javier Barrero (PSOE), con el apoyo de Joan Saura (ICV), presentará en la Comisión de Justicia la “propuesta de creación de una subcomisión de estudio sobre el derecho a la eutanasia”.

La minoría de izquierda no ceja

En 2002, el 17 de diciembre, se discute la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por María Luisa Castro (IU), Joan Puigcercós (ERC) i Joan Saura (ICV), excepcionalmente esta vez con el apoyo del PSOE (Javier Barrero). No será admitida a trámite al tener el PP mayoría absoluta.

En 2004, el 15 de junio, se vuelve a intentar la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada en esta ocasión por Rosa María Bonàs (ERC), con el apoyo de Olaia Fernández (BNG) y Carme García Suárez (ICV). Tampoco en esta ocasión será admitida a trámite. Dos meses y medio más tarde, se estrenaba Mar adentro. Veinte días después del estreno, Carmen García Suárez (ICV) presentaba una “interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Elena Salgado, sobre las iniciativas del gobierno en la regulación de la eutanasia”.

Testimonios en los medios

De 2005 a 2007, una serie de casos relacionados con la muerte digna llegan con fuerza a los medios de comunicación: la persecución judicial de Luis Montes; la petición de eutanasia de Inmaculada Echevarría y su lucha judicial, con la ayuda de DMD, para ser sedada y desconectada del respirador; y las muertes clandestinas de Jorge León en Valladolid y de Madeleine Z en Alicante, esta última en enero de 2007

En 2007, el 7 de febrero, la diputada de ICV Carmen García Suárez presenta una “interpelación a la ministra Salgado sobre la regulación de la eutanasia”. Un mes y unos días más tarde es sedada Inmaculada Echevarría tras su traslado a un hospital público. El 16 de octubre, en el Congreso se debate la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Carmen García Suárez (ICV) y apoyada por Francisco Rodríguez (BNG) y Rosa María Bonàs (ER). De nuevo, no es admitida a trámite.

Primera condena por eutanasia

En 2009, el 3 y el 10 de marzo, se debate en la Comisión de Justicia del Congreso la “toma en consideración de la ley sobre disponibilidad de la propia vida”, presentada por Gaspar Llamazares en nombre de ERC y IU-ICV con el apoyo de Olaia Fernández del BNG. Ese mismo mes de marzo, el médico Marcos Hourmann es condenado por la Audiencia de Tarragona por causar la muerte de una enferma terminal de 82 años.

En 2010, el 24 de febrero, Joan Tardà, en nombre de ERC y IU-ICV, presenta una interpelación urgente al Ministro de Justicia Caamaño. Ese mismo año, en diciembre, se publica un extenso reportaje de Juan José Millás en El País sobre Carlos Santos, que eligió morir y lo tuvo que hacer clandestinamente.

En 2012, el 27 de marzo, se debate y rechaza en el Congreso la “toma en consideración de la proposición de Ley sobre la disponibilidad de la propia vida”, presentada por Ricardo Sixto, en nombre de IU, ICV-EUiA y ChA. Apoyan Joan Baldoví (Compromís), Olaia Fernández (BNG), Joan Tardà (ERC) e Irene Lozano (UpyD).

En ninguna de las anteriores votaciones (excepto en 2002) se superó el 8% de votos a favor.

Cinco años más tarde, en 2017, se inicia un cambio de tendencia. El 21 de marzo, Marta Sibina, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, en nombre de Unidos Podemos/En Comú Podem/En Marea presentan en el pleno su Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia. Por primera vez recibe un apoyo importante de votos (25%) pero, con la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, es rechazada su admisión a trámite.

Se cierra el bucle; se mantiene la esperanza

Por fin, el 8 de mayo de 2018, tras veinticuatro años de debates, es admitida a trámite por primera vez una propuesta de despenalización. Es la Proposición de Ley de despenalización de la eutanasia enviada por el Parlament de Cataluña y defendida en el pleno por las diputadas catalanas Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) y Marta Ribas (En Comú Podem). Un mes y medio más tarde, el 26 de junio, se admite también a trámite la propuesta de Ley de Eutanasia del PSOE, presentada por Adriana Lastra, con el apoyo esta vez de todos los grupos excepto el PP.

Lamentablemente, la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso ha bloqueado la tramitación de ambas proposiciones, aplazando su debate semana tras semana hasta el fin de la legislatura.

Tantas derrotas y frustraciones no han detenido el avance del apoyo mayoritario de la opinión pública y el formidable impulso dado por la decisión de Mª José Carrasco y Ángel Hernández llevará sin duda a la aprobación de esta ley tan urgente y necesaria.

Por: José María Mena. Exfiscal en cap de Catalunya

En la revista de DMD nº79

La noticia del suicidio de María José Carrasco, auxiliada por Ángel Hernández, su marido, nos conmovió, por su ejemplo de coherencia, transparencia, amor y humanidad. Cuando, una vez más, se acababa de aplazar sine die la inaplazable ley de eutanasia, por los obstáculos parlamentarios planteados por los grupos más conservadores, el caso de María José resuena en la conciencia de todos como un aldabonazo.

Y por si no fuera bastante la inoportuna humillación complementaria de poner grilletes a un hombre incapaz de agredir a los policías ni a nadie, y que entregándose voluntariamente evidenciaba la inexistencia de riesgo de fuga, a continuación una juez de Madrid agravó la humillación decidiendo, en primera instancia, que el acto humanitario de Ángel podía constituir un delito de violencia de género.

La decisión se basaba en el texto literal del artículo 87 ter. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por la Ley Orgánica 1/2004, que creó los juzgados de violencia contra  la mujer. La competencia de estos juzgados, según la LO 1/2004 abarcaba, entre otros, a los delitos comprendidos en el título del Código Penal relativo al homicidio. Este título tiene por epígrafe “Del homicidio y sus formas”, y en él están comprendidos el asesinato, el homicidio, el homicidio imprudente y el auxilio e inducción al suicidio. Por eso, literalmente, y leyendo únicamente ese artículo 87 ter. la decisión de la juez de Madrid sería la correcta. Ella, además, pretendía tener el soporte del Tribunal Supremo, y en concreto el de la sentencia de 20 de diciembre de 2018.

Esta sentencia trata de una agresión recíproca entre cónyuges que según la Audiencia de Zaragoza no tenía carácter de violencia de género, porque el marido no había abofeteado a la mujer para humillarla o dominarla sino en respuesta por el previo puñetazo que ella le había propinado. El pleno del TS, presidido por Marchena y compuesto por catorce magistrados, decidió que hay violencia doméstica siempre que se manifieste una situación objetiva de discriminación o desigualdad, aunque el agresor no la haya buscado o aprovechado intencionadamente. En consecuencia, rectificó a la Audiencia de Zaragoza y condenó al marido por agresión de género y a ella por agresión normal (tres meses para él, y dos meses para ella). Cuatro magistrados del TS discreparon, estando de acuerdo con la opinión de la Audiencia de Zaragoza. Es evidente que no hay unanimidad entre los juristas sobre lo que es violencia de género. Esta falta de unanimidad fue la que motivó la decisión de la juez de Madrid de inhibirse en favor del juzgado de violencia de género.

Sin embargo, la Ley Orgánica de protección integral contra violencia sobre la mujer (LO 1/2004), en su artículo 1 dice que tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Cuando esta Ley Orgánica crea los juzgados de violencia contra la mujer, los crea para cumplir el objeto previsto en su artículo 1, y con este margen debe ser leído el artículo 87 ter. de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es sintomático que la misma sentencia del Tribunal Supremo que sentenció de manera tan asombrosa y discutible las bofetadas de Zaragoza procuró encontrar una salida razonable que muy bien hubiera podido ser atendida por la juez de Madrid para evitar la humillación inmerecida infligida a Ángel Hernández. Dice el Supremo (fundamento jurídico segundo, punto 15) que “sólo si consta o hay evidencias de que el episodio concreto o reiterado de violencia es totalmente ajeno a esa concepción (de predominio del varón) y que la agresión o lesión obedece a unas coordenadas radicalmente diferentes no hay base” para calificar los hechos como violencia de género. Así pues, los delitos comprendidos en el título del homicidio del Código Penal, cometidos por el varón cónyuge o con similar relación, no son siempre y necesariamente delitos de violencia de género.

Por ejemplo, el delito de homicidio imprudente está en ese título del Código Penal, pero a nadie se le ocurriría que es violencia de género la muerte de la esposa que viajaba como copiloto junto a su marido, conductor condenado por homicidio imprudente. Del mismo modo, y con mucha más razón, es evidente que el auxilio al suicidio obedece a coordenadas de altruismo y humanitarismo radicalmente diferentes del predominio del varón. Por eso el acto de Ángel Hernández no puede ser, de ninguna manera, violencia de género. Ni siquiera debería ser delito si una civilizada ley de eutanasia estuviera ya en vigor.