- La Cámara Baja acoge una jornada sobre la muerte asistida organizado por DMD y los grupos catalanes que impulsaron una moción en el Parlament pidiendo la despenalización de la eutanasia en todo el Estado
Un grupo de políticos, profesionales sanitarios, juristas, expertos en bioética y representantes de la sociedad civil han debatido este jueves en la sala ‘Ernest Lluch’ del Congreso de los Diputados sobre el derecho a la libre disposición de la propia vida y la muerte asistida. La jornada, organizada por DMD Catalunya con ayuda de los grupos políticos catalanes (ERC, PSC, PDeCAT y ECP) que han impulsado una moción para pedir la despenalización de la eutanasia en todo el Estado. Esta iniciativa, aprobada en julio de 2017, llega al Pleno del Congreso el próximo 8 de mayo. De aprobarse su toma en consideración, arrancaría por primera vez el debate parlamentario en una comisión sobre la muerte asistida en España.
La jornada la ha moderado la periodista Milagros Pérez Oliva. La presentación, por su parte, la ha llevado Isabel Alonso, presidenta de DMD Catalunya. El debate se ha separado en dos mesas, una de profesionales sanitarios y expertos en bioética y otra de juristas. Además, en la primera fila estaban representantes de ERC, C’s, PSOE y UP-ECP-EM, que también han intervenido y participado. Aunque el acto se ha impulsado por la moción del 8 de mayo, ha coincidido con la presentación de una ley de eutanasia por parte del PSOE, y este nuevo texto ha marcado una parte del debate.
El primer ponente de la jornada ha sido Marc Antoni Broggi, médico y presidente del Comité de Bioética de Catalunya. Ha defendido “el derecho una la vida apropiada en sus dos significados; en el sentido de una vida correcta y también como no expropiable”. También se ha posicionado a favor de despenalizar la eutanasia con claridad para “evitar confusiones y temores entre profesionales sanitarios, familias y ciudadanos”. Además, se ha mostrado en contra de establecer una comisión de control previo en una regulación de la eutanasia. “Es peligrosa porque retrasa la ayuda y además genera confusión entre los profesionales sanitarios”.
Después ha hablado Montserrat Busquets, doctora en sociología, enfermera y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Barcelona. Ha defendido que ya es el momento de “poder adecuar los tratamientos a la voluntad de las personas”. “Hoy en día la normativa solo nos permite aliviar un tipo de sufrimiento, pero otra manera de hacerlo sería ayudando a morir a las personas que no deseen pasar por ese periodo de paliación hasta que llegue el final de su vida”, ha afirmado. Además, ha recordado que los cuidados solo lo son cuando la persona que los recibe los acepta. “Si no, lo que se establece es una relación de poder”.
El último ponente de la primera mesa ha sido Fernando Marín, médico y presidente de DMD Madrid. En la primera parte de su intervención ha recordado la figura de Luis Montes, que falleció hace dos semanas. Después ha insistido en que no solo hace falta despenalizar la eutanasia, sino en cambiar la cultura de la muerte y romper el tabú que la rodea para hablar de ella con normalidad . “La idea de la sacralidad de la vida, de que nuestra vida está en manos de Dios, ha calado en nuestra cultura”, ha afirmado. “Y para muchos, no solo para fanáticos religiosos, decidir morir es un pecado y está mal”. Sin embargo, ha defendido, el deseo de disponer de la propia vida es algo normal. “No es verdad que sea cosa de locos”, ha insistido.
Marín también ha hecho hincapié en la gran brecha de representatividad política que existe en torno a la despenalización de la eutanasia en España. “¿Cómo puede ser que hace un año el 74% de los diputados condenara una propuesta de despenalización de la eutanasia cuando el 84% de la población quiere que se haga?”, se ha cuestionado. “¿Cómo es posible que la mayoría de países desarrollados siga optando por la clandestinidad? La eutanasia existe desde siempre, y el suicidio no digamos, pero preferimos mantenerlos en la clandestinidad”. También ha denunciado la discriminación de derechos entre ciudadanos a causa de las diferencias entre las regulaciones de países democráticos. “Solo los que conocen a alguien, o tienen recursos culturales, económicos y lingüísticos suficientes pueden acudir a Suiza a morir. El resto no pueden”, ha aseverado.
También ha criticado la paradoja de que las personas cuya vida depende de un tratamiento ya puedan disponer de su vida en España, pero el resto no. “Inmaculada Echevarría pudo pedir que le retirasen el respirador para poder morir, pero Ramón Sampedro tuvo que beber cianuro porque no estaba conectado a nada”, ha explicado. Por último, ha criticado los intentos de imponer garantías excesivas a una ley de eutanasia que la vuelvan inútil. “Nadie va a querer morir porque haya una ley, ni los médicos van a querer asesinar. ¿A santo de qué hay que poner tantas medidas de vigilancia?”, ha asegurado.
La segunda mesa ha comenzado con la intervención de Carmen Tomas-Valiente, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UIB. Durante su presentación ha destacado la incongruencia de establecer garantías excesivas en una ley de eutanasia que no exigimos para otros procedimientos médicos. “Nadie cuestiona el potencial riesgo de que una persona cuya vida depende de un tratamiento pueda ser presionada para solicitar su retirada. ¿Por qué, sin embargo, tenemos tanto miedo a los abusos y las presiones en el contexto de la ayuda activa para morir?”, ha asegurado. “Solo hay que mirar a los países que hace años que lo hacen, que son países cercanos, de la Unión Europea. Nada hace sospechar que se estén produciendo abusos o tergiversaciones. Cualquier regulación de la eutanasia tiene que partir de una confianza en la profesión médica”.
Tomás-Valiente se ha posicionado a favor del control a posteriori de los casos de eutanasia y ha pedido concreción sobre qué se va a despenalizar. “Ha llegado la hora de tomarse los derechos en serio. Si nos tomamos la autonomía personal con seriedad no tiene sentido seguir como estamos”, ha asegurado.
La última intervención de la segunda mesa ha sido para Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, que ha centrado su intervención en el texto de la ley de eutanasia que presenta hoy el PSOE. Ha denunciado que el texto incurre en graves contradicciones y adolece de “una actitud timorata, paternalista e incompatible con el principio básico de libertad de los ciudadanos”. Aunque ha calificado la norma de un “paso positivo”, también ha afirmado que “esa acumulación de exigencia de pruebas respecto a la voluntad de quien pretende ejercer su derecho de libertad al final de la vida a mi me resulta contradictoria”.
“No estamos hablando solo de un derecho a no sufrir una muerte con dolor, que por supuesto que sí, pero exigimos mucho más”, ha afirmado De Lucas. “La persona tiene derecho a vivir según su concepción de dignidad. Libre hasta el final”. Bajo este planteamiento, ha defendido, debe haber muy buenas razones para restringir este derecho. “Todo lo demás no es autonomía, es paternalismo”, ha sentenciado.
Tras las ponencias, Gregorio Cámara y Jesus Mari Fernández, del PSOE, han defendido el texto legal que presenta su grupo como un trabajo que se ajusta estrictamente al marco legal en vigor y capaz de atraer el máximo de consenso. Por su parte, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de C’s, ha argumentado a favor de la ley de muerte digna de su partido y ha afirmado que su grupo “se abstuvo, se abtiene y se abstendrá” sobre la despenalización de la eutanasia.
También ha intervenido Marta Sibina, diputada de En Comú Podem y una de las encargadas de defender, en marzo de 2017, la proposición de ley de eutanasia que llevó su grupo al Congreso y nunca fue tomada en consideración. “¿Qué ha pasado desde marzo hasta ahora para que ahora sí vean el momento adecuado de presentar una ley?”, ha cuestionado a los portavoces socialistas.
La jornada ha concluido con una llamada a la despenalización de la eutanasia y a la generosidad de los partidos políticos para que las leyes reconozcan este derecho que reclama la mayoría de la ciudadanía.
