- El viernes 12 de enero se cumplen dos décadas desde que el marino y escritor se quitó la vida tras años de lucha en defensa de su derecho a la eutanasia.
- Aunque la mayoría de la sociedad apoya la despenalización de esta práctica, las personas como Ramón Sampedro todavía tienen que recurrir a un suicidio clandestino o a exiliarse para morir.
- DMD llama a la sociedad a movilizarse por el derecho a una muerte digna y a los representantes políticos a despenalizar la eutanasia
El 12 de enero de 1998, Ramón Sampedro bebió de un vaso con cianuro potásico que le habían acercado a la boca y se quitó la vida. Puso así fin a un sufrimiento de décadas y a una lucha en todos los frentes por el derecho a recibir ayuda para morir en libertad. Se lo habían negado los tribunales y también los legisladores. Los que lo querían tuvieron que arriesgarse a una larga pena de prisión por ayudarle a cumplir su voluntad. Veinte años más tarde, aunque cuatro de cada cinco personas en España apoya la despenalización de la eutanasia, la situación sigue sin cambios.
“Han pasado 20 años de la muerte de Ramón Sampedro y no ha cambiado nada”, explica Fernando Marín, presidente de DMD Madrid. “Los que quieren disponer de su propia vida aún tienen que recurrir al exilio o a la clandestinidad”. El artículo 143.4 del Código Penal, en vigor desde 1995, aún castiga con penas de prisión a los que ayudan a morir a otro, aunque la petición de morir sea lúcida, reflexionada y realizada reiteradamente por una persona con una dolencia irreversible que le provoca sufrimientos insoportables.
Ramón Sampedro tuvo que vivir treinta años, como él mismo afirmaba, pegado a su propio cadáver. Se quedó tetrapléjico en 1968, con 25 años, y luchó sin tregua por la libertad de decidir su propia muerte. En 1996 publicó ‘Cartas desde el infierno’, el relato de su vida desde el accidente. “El 23 de agosto de 1968 me fracturé el cuello al zambullirme en una playa y tocar con la cabeza en la arena del fondo. Desde ese día soy una cabeza viva y un cuerpo muerto. Se podría decir que soy el espíritu parlante de un muerto”, explicaba en el prólogo.
En una carta final, redactada poco antes de su autoliberación y aún esperando una respuesta del Tribunal Constitucional a una petición con la que pretendía proteger a las personas que lo ayudasen a morir, defendió la vida como un derecho y no como una obligación. “A mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré renunciado voluntariamente a la propiedad más legítima y privada que poseo; es decir, mi cuerpo. También me habré liberado de una humillante esclavitud, la tetraplejia”, afirmó.
Apenas nada ha cambiado desde la muerte de Ramón Sampedro, salvo que el apoyo a la eutanasia cada vez más amplio en España. Según la encuesta más reciente (Metroscopia, 2017), un 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida. Pese a esto, el pasado marzo el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración la propuesta de Ley de Eutanasia que presentó el grupo parlamentario Unidos Podemos. Ni siquiera, por tanto, aceptaron discutirla. Mientras, cientos de personas cada año tienen que recurrir a un suicidio violento, a conseguir fármacos en el mercado negro para disponer de su vida en paz, o a exiliarse a Suiza para poder morir.
“No podemos seguir así”, apunta Marín. “Los casos de Bélgica y Países Bajos han demostrado que se puede regular la eutanasia con garantías”. Estos países, que además cuentan con los mejores sistemas de cuidados paliativos de la UE (solo por detrás de Reino Unido), permiten a personas aquejadas de una dolencia incurable que les provoca un sufrimiento insoportable que pidan ayuda para morir a sus médicos. Esta práctica supone el 2% y el 4% de las muertes en estos países, respectivamente. Si se trasladasen estas magnitudes a España, donde fallecen algo más de 400.000 personas al año, supondrían entre 8.000 y 16.000.
DMD reclama a la sociedad que se movilice por el derecho a una muerte digna, y a los representantes de los ciudadanos a que actúen de una vez y despenalicen la muerte asistida.
