“A muchas personas mayores les resulta difícil hablar con su médico de cabecera sobre sus deseos al final de la vida. Para iniciar la discusión, las instrucciones anticipadas deben convertirse en una parte permanente del historial médico del paciente»

Ocho de cada diez mayores de 55 años lo afirman en una encuesta encargada por la Asociación Holandesa para un Fin de la Vida Voluntaria (NVVE) a la agencia Newcom. La NVVE insiste en que los médicos de los Países Bajos deben adopten esta idea.

Después de la sentencia del Tribunal Supremo en abril, Países Bajos avanza en aclarar los criterios para la práctica de la eutanasia en caso de demencia grave.

La Fiscalía acaba de archivar el caso de un médico del Centro de Expertos de la Eutanasia, que practicó una eutanasia «sin los cuidados debidos» a una mujer de 67 años con demencia grave, que vivía en una residencia y había pedido ayuda para morir en su testamento vital. Según el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes para una acusación penal contra el médico.

El problema radicaba en la no conformidad del médico asesor (médico Scen, médicos asesores para la eutanasia formados por el Colegio de Médicos KNMG) con la decisión de practicar la eutanasia en este caso. Este último consideró que la mujer «¡no manifestaba suficiente sufrimiento!»

El médico que aceptó la solicitud de la mujer decidió entonces consultar a 6 otros médicos del Centro de Expertos de la Eutanasia, que confirmaron todos su conformidad con que la ayuda a morir era procedente.

«Los médicos ahora tendrán más seguridad con la eutanasia a pacientes con demencia», dice Jacob Kohnstamm, presidente de las cinco RTE. «No tendrán tanto miedo a la justicia. O al comité de revisión».

Los nuevos criterios se basan en la sentencia de absolución pronunciada por el Tribunal Supremo en el caso de Marinou Arends, la primera médica desde la aprobación de la ley de eutanasia (en 2002) en ser procesada por eutanasia después de una evaluación negativa de los comités de revisión.

La NVVE, por su parte, ha aplaudido la publicación de esta revisión de los criterios.

Algunos diputados británicos están trabajando en la que podría convertirse en una ley de muerte asistida. Parece que sería una norma solo para pacientes terminales (pronóstico 6 meses) “con muchas salvaguardas”, y que podría presentarse y aprobarse en un plazo de 2 años.

El primer ministro británico, Boris Johnson, y muchos diputados estarían a favor, y el apoyo ciudadano es creciente.

Paul Lamb, un británico tetrapléjico que lucha por su derecho a recibir ayuda para morir, ha perdido el recurso que presentó solicitándolo. Tras la negativa del Tribunal de Apelación a considerar su caso, Lamb ha hecho pública una carta abierta dirigida al ministro de Justicia, Robert Buckland.

El Tribunal de Apelación ha asegurado en su sentencia que es el Parlamento quien debe pronunciarse sobre la ayuda médica a morir.

«Estoy devastado por esta decisión y la posición de impotencia en la que me ha dejado».
«Sin la opción de una muerte digna, ahora, si mi dolor se vuelve insoportable no tengo otra opción que la que temía desde el principio: morir de hambre lentamente. No puedo entender, en una sociedad civilizada como la nuestra, por qué debería verme obligado a sufrir cuando millones de personas en todo el mundo ya tienen la opción que solicito».

Lamb, que no está en fase terminal, recibe el apoyo de la asociación Humanist UK para hacer públicas sus reivindicaciones.

Como consecuencia de la sentencia pronunciada por un tribunal de Québec en septiembre 2019, el Gobierno tiene que enmendar la ley de ayuda médica a morir (C14) para eliminar el requisito de terminalidad. Tiene, en teoría, hasta el 18 de diciembre.

La modificación de la ley (proyecto C7, actualmente en debate en el Parlamento) excluye explícitamente las enfermedades mentales como requisito válido para acceder a la ayuda médica a morir. Algunos psiquiatras opinan que esta restricción estigmatiza a las personas con trastorno mental, minimiza su sufrimiento y refuerza el mito de que podrían curarse si se esforzaran más.

Creen que esta exclusión viola la Sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades, que garantiza la igualdad de trato ante la ley, independientemente de la discapacidad física o mental

Algunos senadores también se han pronunciado en este sentido: piensan que la modificación propuesta por el gobierno para la ley de muerte asistida podría ser anticonstitucional.

Este artículo da a entender que sería una estrategia: buscar una sentencia del constitucional para vencer resistencias políticas a través de la vía judicial:

«El gobierno está decidido a proceder con cautela en la muerte asistida y está bastante contento de que los tribunales le empujen a cada paso del camino. El problema con ese enfoque es que obliga a las personas vulnerables que sufren insoportablemente enfermedades graves a gastar tiempo, dinero y energía luchando por sus derechos en los tribunales», declara un senador

La ministra de Inclusión de Personas con Discapacidad, Carla Qualtrough, dice que los profesionales de la salud no deberían poder abordar el tema de la muerte asistida hasta que un paciente lo pregunte, y quiere enmendar la ley para dejarlo claro.

Tras haber superado un confinamiento, durante el cual sufrió un importante deterioro, y ante la expectativa de otras restricciones futuras, Nancy Russell, de 90 años, pidió que la ayudasen a morir. Falleció acompañada por familiares y amigos, como ella quería.

La organización de Philip Nitschke apoya el modelo suizo, donde no hay una ley: la ayuda al suicidio no está penalizada si esta se lleva a cabo sin motivos egoistas.

En el documento remitido al Parlamento de Queensland, Nitschke cita un artículo sobre la eutanasia en Países Bajos publicado en The Guardian con el testimonio de un paciente holandés.

La asociación Le Choix (que ha renovado su página web: https://choisirmafindevie.org/) lanza una nueva petición en la cual reclama la organización de un referéndum de iniciativa ciudadana sobre el derecho a decidir al final de la vida.

La situación sigue sin mejorar en Francia. Un hombre ha demandado al servicio de oncología que atendió a su esposa, enferma terminal de cáncer. Ella había solicitado una “sedación profunda y continua hasta el fallecimiento” –tal como las permite la ley Clayes-Leonetti– lo que no realizó el hospital. La sedación no fue profunda, la paciente agonizante se despertó…¡un horror!

Los 3 médicos implicados fueron absueltos en el juicio por lo penal celebrado en Gante en enero pasado. La familia ha recurrido la sentencia y reclama daños y perjuicios al médico de familia que realizó la eutanasia. El nuevo juicio se celebrará en enero.

Muy interesante artículo por un miembro de la Fundación Giordano Bruno, fundación humanista que trabaja conjuntamente con la DGHS (la DMD alemana) y defiende la ayuda médica a morir.

El artículo refuta la acusación lanzada por las iglesias que afirman que las asociaciones de muerte digna realizan negocios con la ayuda a morir.

Le opone la realidad del negocio generado por el «sobretratamiento» al final de la vida:

«Desde una perspectiva puramente económica, los hospitales y los centros asistenciales están interesados en procesos de muerte lo más largos posible, con cuidados médicos intensivos: El interés de la medicina tecnológica consiste en utilizar todos los medios disponibles siempre que estén pagados».

El autor analiza la evolución del modelo sanitario alemán desde finales del siglo pasado, su creciente privatización y sometimiento a imperativos de orden económico.

«Según estimaciones, las compañías farmacéuticas generan alrededor de una cuarta parte de sus ventas totales con medicamentos que se administran a pacientes en la última fase de sus vidas; en Alemania siete mil millones de euros. Los fabricantes de alimentación por sonda también logran elevadas ventas, que en 2005 fueron de casi 500 millones de euros. De las alrededor de 200.000 personas que son alimentadas artificialmente a través de un tubo PEG, casi el 70% estaba en una residencia».

Pacientes y organizaciones luchan por conseguir permiso para usar psilocibina, una sustancia de efectos alucinógenos que se encuentra en algunos hongos (o una copia sintética) como estrategia para aliviar el sufrimiento psicológico, los miedos o las angustias de los pacientes terminales

En EE.UU., varios Estados limitan el derecho de las mujeres embarazadas a solicitar la suspensión o la retirada del tratamiento de soporte vital en un testamento vital.

En algunos Estados, el tratamiento de soporte de órganos puede no ser retirado incluso después de que se haya determinado que una mujer embarazada ha muerto si los médicos creen que el feto tiene opciones de salir adelante.

Una demanda federal cuestiona la constitucionalidad de estas restricciones.