• El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, y el presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes, discutirán sobre la propuesta normativa

La asociación Derecho a Morir Dignamente Madrid convoca a una charla coloquio sobre la ley madrileña de Muerte Digna en la que participarán el portavoz de sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, y el presidente de DMD, Luis Montes. Durante el acto, convocado para las 19.30 horas del lunes 16 de enero en la sede de la asociación vecinal ‘Valle Inclán’ del barrio de Prosperidad, que organiza el encuentro, ambos debatirán sobre esta norma, su alcance, los avances que supone y también sus limitaciones.

La ley madrileña de Muerte Digna es una propuesta lanzada por la agrupación parlamentaria socialista de Madrid y que busca garantizar los derechos sanitarios de los pacientes en los últimos momentos de su vida. Entre sus puntos clave está facilitar el acceso a las sedaciones paliativas en situaciones de sufrimiento entre pacientes con una enfermedad irreversible y terminal. Si se aprueba, la Comunidad de Madrid se sumará a otras siete comunidades autónomas que ya han legislado sobre estos asuntos.

Ante la negativa del Hospital de Santiago de aceptar la muerte digna de la enferma terminal de 12 años, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) destaca que sus padres han pedido rechazar su tratamiento con alimentación-hidratación artificial, solicitando que se le alivie el sufrimiento con una sedación paliativa y que el Comité de Bioética del Hospital ha dado el visto bueno.

DMD quiere además manifestar:

1. La Ley Básica de Autonomía del Paciente (LAP) de 2002 establece como un principio básico que “el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento” (art. 2). Asimismo, “cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos” (art.9.3). En el caso de Galicia, estos derechos han sido reforzado por una ley autonómica de Muerte Digna (art. 3), aprobada recientemente.
2. Lamentablemente, el conflicto entre una familia que desea ejercer sus derechos y un equipo asistencial que ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello habitual. Esta situación provoca un sufrimiento añadido a una situación por naturaleza dramática. Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de los profesionales.
3. Las leyes autonómicas de muerte digna (Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia y próximamente en Euskadi) han demostrado que son una herramienta insuficiente para que se respeten los derechos y se mejore la calidad de muerte de los ciudadanos. El Código Penal, que castiga la cooperación al suicidio y la eutanasia, ejerce una presión social que distorsiona la toma de decisiones al final de la vida. Algunos profesionales lo utilizan como un subterfugio para imponer la sacralidad de la vida, ignorando la voluntad del paciente. Y los ciudadanos se ven en la necesidad de justificar decisiones actualmente reguladas en la legislación.
4. Frente al inmovilismo de los grupos de poder fundamentalistas de la sacralidad de la vida, acostumbrados a imponer sus valores, hoy en día la sociedad española es plural y se manifiesta mayoritariamente a favor de regular la eutanasia. Por ello, es necesario que unas nuevas mayorías en el próximo Parlamento Español se decidan a abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Esto beneficiaría no sólo a aquellas personas que deseen disponer de su vida con todas las garantías, sino a todos los ciudadanos, que verían como una realidad los cambios en la relación médico-paciente que estableció en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente.