El primer ministro francés, Michel Barnier, parece favorable a reanudar los debates sobre la legalización de la ayuda a morir, a partir del texto registrado por el diputado centrista Olivier Falorni el pasado mes de julio que recoge las enmiendas adoptadas en el debate parlamentario truncado de la anterior legislatura.

Mientras tanto, en ausencia de una ley, siguen ocurriendo auténticos dramas. Bernard Pallot, de 78 años, fue juzgado por asesinato con premeditación y absuelto por el jurado, contradiciendo a la fiscalía que pedía ocho años de cárcel (sin cumplimiento debido a la edad del acusado). Pallot había ayudado a morir por estrangulación a su mujer postrada en la cama desde hace tiempo; padecía múltiples patologías y un sufrimiento intolerable y suplicaba morir. El tribunal ponderó la gravedad del acto con la situación desesperada en la cual se encontraba la mujer y la solidez de su solicitud de morir que varios testimonios apoyaban. «Este proceso demuestra la insuficiencia de la ley que nos pone a nosotros, a los individuos, en situaciones difíciles”, declaró Pallot al salir del tribunal. La fiscalía ha recurrido.

La cámara baja del parlamento irlandés ha aprobado, con 76 votos a favor y 53 en contra, un informe favorable a una regulación de la muerte asistida elaborado por una comisión encargada de estudiar la cuestión. Esta votación indica que una mayoría de los parlamentarios están a favor de avanzar hacia una ley de muerte asistida.

El partido NSC (Nuevo Contrato Social, escisión de la Democracia Cristiana y miembro de la coalición gubernamental) ha presentado una iniciativa para incluir en la agenda parlamentaria el aumento, a su juicio inquietante, del acceso de los pacientes jóvenes a la eutanasia, en particular por sufrimiento psicológico. En 2022, el Centro de Expertos de la Eutanasia (CEE) recibió 206 solicitudes de menores de 30 años, y en 2023, 322. En 2022 se realizaron 11 eutanasias de menores de 30 años, y 22 en 2023. El partido pide a los medios un tratamiento similar al tema del suicidio para evitar un posible ‘efecto contagio’ y también una mayor investigación sobre el tema para encontrar alternativas a la eutanasia en estos casos, lo que inquieta al partido liberal D66 que teme un primer paso hacia una limitación de la ley. El revuelo mediático sobre estos temas es enorme, en particular desde que un grupo de 14 psiquiatras escribieron a la fiscalía para solicitar una investigación estos casos. El Colegio Médico KNMG condena esta iniciativa, llama a tratar la cuestión con seriedad y respeto y dentro del ámbito profesional. Por otra parte, la Asociación Neerlandesa de Psiquiatría (NVvP) ha anunciado que reexaminará sus directrices relativas a la eutanasia en caso de trastorno mental. Sus conclusiones se esperan para finales de 2025.

Wim Van Dijk había sido juzgado por proporcionar nitrito a más de 200 personas. Reconocido culpable, se le impuso una pena de seis meses de cárcel sin cumplimiento y 40 horas de trabajos comunitarios, una pena muy inferior a lo que pedía la fiscalía. No existían pruebas de que algunas personas hubiesen fallecido por ingerir el producto suministrado por Van Dijk, que además no se lucró ni pertenecía a ninguna ‘organización criminal’. El tribunal también tuvo en cuenta la edad avanzada del acusado. Van Dijk critica las limitaciones de la ley de eutanasia en vigor y se apoya en las encuestas que establecen que una mayoría de la ciudadanía desea poder decidir libremente de su muerte.

La Cooperativa de la Última Voluntad declara que cambiará las informaciones sobre la muerte voluntaria con nitrito en su página web como consecuencia de una serie de podcasts realizados por la plataforma de investigación periodística Argos, que documentan que algunas personas mueren con este producto en circunstancias bastante difíciles. Sobre la calidad de la muerte por ingestión de nitrito, cambiarán el calificativo de ‘muerte humana’ por ‘muerte normal’. «Queremos ser completamente transparentes sobre todos los efectos secundarios que puedan surgir”, declara el director de la organización. La cooperativa sostiene que el fármaco provoca «una muerte normal«. «La gente tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es la muerte«, añade. «Hay muchas formas de muerte. Desafortunadamente, también hay muertes naturales en las que la persona experimenta ansiedad o ya no sabe lo que está haciendo».

Una encuesta encargada por la NVVE revela que el 71% de los neerlandeses opina que debería estar vigente una ley que permita la muerte asistida por «vida cumplida», y el 40% de los encuestados dice conocer a una persona mayor que, sin padecer una enfermedad grave, desearía encontrar ayuda para morir. La encuesta revela además que el 77% de los votantes de los partidos que integran la actual coalición de derecha (muy escorada a la derecha) estaría a favor de una ley de vida cumplida. En palabras de la presidenta de NVVE: «Se confirma una vez más que la gente quiere poder decidir por sí misma sobre su propia vida y no quiere sufrir innecesariamente. La ley de eutanasia ofrece la posibilidad de morir con dignidad si su sufrimiento es médicamente demostrable como insoportable y sin esperanza. Eso es muy bueno. Pero hay un grupo de personas con serios deseos de morir a quienes esta ley no les sirve de nada. ¿Cómo es posible que no se tomen en serio las opiniones de tantos votantes? ¿Por qué abandonamos dejamos a esa gente? ¿Por qué tienen que recurrir a un circuito ilegal con todos los aspectos turbios que eso conlleva?».

La aplicación de la ley de eutanasia aprobada hace año y medio por el parlamento de Portugal está bloqueada por la ausencia de reglamento. Dos solicitudes de revisión del texto han sido presentadas ante Tribunal Constitucional por el gobernante PSD y por la Defensora del Pueblo. El gobierno de Luís Montenegro ha declarado que no moverá ficha hasta conocer el veredicto del alto tribunal que no ha ni siquiera iniciado el procedimiento de revisión. Por otra parte, se están recogiendo firmas para un manifiesto para la derogación de la Ley de Eutanasia.

Una diputada laborista ha registrado un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales el pasado 16 de octubre en el parlamento de Westminster. El proyecto de ley se someterá a una segunda lectura, que implicará la votación de los diputados, el 29 de noviembre. Si se aprueba, el proyecto de ley será analizado por un comité parlamentario, donde los diputados podrán presentar enmiendas. Posteriormente será sometido a votación en la Cámara de los Lores, antes de volver a la Cámara de los Comunes. La actual composición del parlamento permite pensar que este proyecto de ley tiene muchas posibilidades para salir adelante. Según el texto presentado los adultos con enfermedades terminales y un pronóstico limitado tendrán acceso a la prestación siempre que sean competentes. Deberán ser evaluados por dos médicos independientes.

La utilización de la nueva cápsula Sarco para un suicidio asistido ha despertado el debate sobre la necesidad o no de una ley que regule la muerte asistida en Suiza. Varios políticos han reclamado un nuevo marco legal, pero los directivos de las dos grandes asociaciones Exit (francófona y germanófona) se han posicionado muy claramente a favor de mantener la actual situación. En cuanto a las consecuencias inmediatas después del uso de Sarco, el copresidente de la asociación Last Resort ,que estuvo presente cuando se utilizó la cápsula por primera vez, sigue en la cárcel, y los medios de comunicación se hacen eco (sin pruebas ni confirmaciones oficiales del rumor) de señales compatibles con estrangulamiento en la persona que utilizó el dispositivo para morir.

Una enfermera que acompañó a siete italianos para un suicidio asistido en Suiza ha sido condenada por haber actuado con una ‘motivación egoísta’ ya que cobró por sus acompañamientos.

Desde el miércoles 30 de octubre, Quebec es la primera provincia de Canadá que permite a las personas presentar solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir (AMM) en cumplimiento de una ley aprobada por el parlamento provincial el año pasado. Las personas que deseen realizar la solicitud anticipada deben cumplir varios criterios: entre ellos, tienen que haber recibido ya el diagnóstico, lo que significa que no pueden realizar la solicitud en caso de que algún día sufran una enfermedad determinada. Además, en el momento de la solicitud la persona deberá poder describir con precisión los síntomas que podría experimentar en el futuro y que le harían querer recibir la AMM en caso de que ya no pudiera dar su consentimiento.

A nivel jurídico, en la actualidad el Código Penal de Canadá (de ámbito federal) prohíbe a los profesionales de la salud administrar la AMM a partir de un testamento vital. El gobierno de Quebec y varias asociaciones profesionales han estado presionando sin éxito al gobierno federal para que modifique el Código Penal desde el año pasado. En consecuencia, el gobierno provincial ha pedido a la fiscalía de la provincia no presentar cargos contra los médicos que cumplan con la ley provincial. El gobierno federal llama a la prudencia, pero se ha comprometido a no impugnar la ley quebequés. Recordemos que Quebec es la provincia pionera en Canadá en regular la eutanasia y también donde se realizan más prestaciones. En su reciente informe, la Comisión sobre los Cuidados al Final de la Vida indica que 5.717 quebequeses han fallecido con AMM en 2023-2024, lo que representa el 7,3% de los fallecimientos totales. 

Un juez de Columbia Británica ha suspendido durante 30 días la eutanasia de una persona a petición de su pareja de hecho. Los médicos tratantes de la mujer, residente en Alberta, le negaron la eutanasia aduciendo que la acatisia que padecía era tratable. La mujer se dirigió entonces a una médica de Vancouver muy conocida por su activismo a favor de la ayuda médica a morir, Ellen Wiebe, que aprobó la eutanasia. La pareja de la mujer acudió con éxito a los tribunales para detener el procedimiento. En su fallo, Simon Coval, juez de la Corte Suprema de Colombia Británica, dijo que la mujer parecía tener un problema de salud mental sin ninguna dolencia física. Explica que paró la eutanasia porque el caso era “claramente una situación de daño extremo e irreparable”. Reconoció que la orden judicial “es una intrusión grave” en la autonomía personal y médica de la mujer. “Solo puedo imaginar el dolor que ha estado sintiendo y reconozco que esta orden judicial probablemente lo empeore”, escribió. En su sentencia pone en cuestión el respeto de los requisitos de la ley por Elen Wiebe, dado que la situación médica de la mujer “no solo puede remediarse, sino que puede remediarse con relativa rapidez”, avalando así el informe de los médicos albertenses. De un tiempo a esta parte, la doctora Ellen Wiebe es víctima de una campaña bastante agresiva en los medios más retrógrados.

‘El gobierno ha ordenado aplicar la eutanasia a pacientes con lesiones atribuibles a las vacunas contra la Covid para reducir los gastos del sistema sanitario’ o ‘Canadá propone la eutanasia a pacientes con trastorno psiquiátrico y a pacientes pobres y sin hogar’ son algunos de los titulares de las informaciones falsas que se difunden sobre la eutanasia en Canadá. La imaginación de los antieutanasia no tiene límites y estas fake news invaden los medios de comunicación menos escrupulosos. La doctora Ellen Wiebe es víctima también de una intensa campaña de difamación que la presenta como una asesina. Además, Amnistía Internacional y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil mezclan el tema de la eutanasia con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la reivindicación de mejores coberturas sociales.

El poeta, filosofo y compositor brasileño Antonio Cícero, enfermo de alzheimer, viajó a Suiza para acabar con su vida mediante un suicidio asistido. En una carta de despedida, difundida por su familia, Cícero contó que «su vida se había vuelto insoportable» y que ya no podía escribir ni leer, que era lo que más le gustaba en el mundo. «Como soy ateo desde que era adolescente, soy consciente de que soy yo quien decide si mi vida vale la pena o no”, concluía. El caso ha reabierto el debate sobre la eutanasia en la sociedad brasileña.

Una vez más en Colombia, en ausencia de una ley de eutanasia, son los tribunales quienes defienden el derecho a acceder a la prestación y sientan jurisprudencia. En una sentencia que ampara a una paciente que había visto su solicitud de eutanasia rechazada por la entidad de salud de la que dependía, el Tribunal Supremo advierte que no puede aceptarse el argumento según el cual la solicitud de eutanasia está limitada a que no existan alternativas terapéuticas para una enfermedad terminal que causa un dolor. La decisión entre eutanasia y otra medida radica en la conciencia de cada ser humano y no en la posibilidad médica de continuar los tratamientos, incluso en contra de quien lo experimenta y como parte de su dignidad puede decidir la adecuación de dichos esfuerzos.

La asociación ÖGHL (Asociación por una muerte humana) y cuatro personas, entre ellas dos enfermos graves y un médico, han recurrido la ‘Ley de Directrices de Muerte’ y el artículo del Código Penal relativo a la “asistencia al suicidio”. Solicitan la derogación de varias disposiciones de la ley: en particular la exigencia de que uno de los dos médicos que examinan e informan al paciente deba tener calificaciones en medicina paliativa y el hecho de que la aprobación de la solicitud de producto letal solo tenga un año de validez. Según los demandantes, los procedimientos establecidos en la ley, lentos y costosos, hacen prácticamente imposible que las personas que sufren mueran rápidamente, acompañadas y de forma autónoma con la ayuda de terceros.

Las eutanasias por sufrimiento psíquico aumentan en Bélgica. Recientemente el caso de Aron Wade, 54 años, un actor de televisión conocido en Bélgica, que luchó la mayor parte de su vida contra la ansiedad y la depresión y accedió a la eutanasia por padecer un sufrimiento psicológico insoportable ha sido profusamente comentado en los medios de comunicación. “Estadísticamente, podría haber esperado vivir otros 25 o 30 años. Prefiero que la gente mantenga la imagen de mí como un hombre de pie, en lugar de verme consumirme y sufrir más«, declaró en una entrevista en agosto pasado. Según Wim Distelman, presidente de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia y profesor de Cuidados Paliativos en la Universidad Libre de Bruselas, “llega un momento en el que lo intentas todo y el paciente sigue diciendo que sufre psicológicamente de forma insoportable todos los días. ¿Este paciente debería seguir vivo otros 20 años? No. Entonces debemos aceptar poner fin a su vida a petición de esta persona».

François Damas es el médico que aparecía en la película documental Últimas palabras. El titular de esta entrevista, en la que expone su experiencia en su Consulta sobre el Final de la Vida en un gran hospital de Lieja, no podía ser más contundente: «Es un privilegio extremadamente gratificante poder acompañar finales de vida. Los médicos que se niegan a hacerlo son simplemente unos gilipollas».

El diputado del MoDem (centro derecha), Olivier Falorni, muy comprometido desde hace años con la muerte asistida, ha presentado de nuevo un proyecto de ley que retoma el trabajo realizado antes de la disolución de la Asamblea en junio. 166 diputados han firmado este proyecto de ley, procedentes de nueve grupos diferentes, desde la presidenta de la Asamblea (macronista), hasta la ex primera ministra Élisabeth Borne, pasando por los presidentes y diputados de los grupos Insumisos, socialista y ecologista. El primer ministro, Michel Barnier, en su declaración de política general en el parlamento se quedó a medio camino: abordó el tema al final de su discurso, y solo se comprometió a «reanudar el diálogo con el Senado, los profesionales sanitarios y las asociaciones» en 2025. Esta falta de concreción ha creado mucho malestar. La orientación francamente derechista de su gobierno alimenta las dudas en cuanto a las posibilidades de reanudar el debate en el parlamento. Coincidiendo con este asunto, la prensa se hace eco de un caso terrible: se juzga ante un gran jurado en Lyon a una chica que provocó la muerte de su abuelo enfermo pegando fuego a su cama, y la defensa sostiene que se trata de un caso de eutanasia.

Ha fallecido Daniel Karsai, el abogado especializado en derechos humanos y enfermo de ELA, que luchó por la legalización de la muerte asistida en Hungría. Defendió su caso en los tribunales nacionales y en los tribunales europeos que fallaron en su contra. Su familia parece decidida a seguir luchando a favor de un cambio legislativo. Según una encuesta de la agencia Median, dos tercios de la población húngara apoya actualmente la eutanasia a pesar de la oposición del gobierno y de la Iglesia y de una tradición de conservadurismo social en el país.

Mariska sufrió durante dos años de tinnitus, un pitido insoportable, después de un accidente de carretera. Su vida se convirtió en un infierno. Ningún tratamiento funcionó. Su médico alegó que no había probado todos los tratamientos y le negó el acceso a la eutanasia. Ella no podía más y se suicidó, sola y clandestinamente. El marido de Mariska ha hecho público el caso: apoya la campaña de NVVE que denuncia las insuficiencias de la ley de eutanasia porque demasiados casos quedan fuera. La NVVE considera que, además de la ley de eutanasia, debería introducirse otra ley, para las personas que, aunque no padezcan ninguna enfermedad grave, sienten un ‘fuerte deseo de morir’. Reclaman «una ley en la que las personas que no padecen ninguna enfermedad puedan obtener ayuda o acceso a recursos para poder dirigir su propia muerte. Creemos que a estas personas también se les debe ayudar a morir con dignidad».

Cercano a la Cooperativa del Final de la Vida y firme defensor de la autodeterminación al final de la vida, un antiguo comisario de policía plantea un pulso a la fiscalía neerlandesa: ha puesto a punto un método de adquisición y distribución del nitrito que no representaría un delito penal. Deseoso de actuar a plena luz del día, pidió cita al fiscal general para exponer su idea y comprobar si daría pie a persecución penal. El fiscal se negó a recibirle y nuestro comisario ha puesto en marcha su plan de distribución del producto letal.

Por otra parte, ha empezado el juicio contra el sicólogo de 80 años Wim Van Dijk, activista de la muerte voluntaria, que ayudó a morir a su mujer afectada de demencia y luego vendió cientos de ‘kits’ compuestos por un antiemético y nitrito. El nitrito no es un producto prohibido, y la policía no ha conseguido relacionar ninguna muerte con las ventas de los kits de suicidio. Van Dijk está juzgado por infracción a la ley del medicamento por haber vendido a gran escala el antiemético. La fiscalía pide un año de cárcel, con seis meses condicionales. Las encuestas muestran que dos tercios de la ciudadanía neerlandesa está a favor de la muerte voluntaria y apoya una cambio legislativo en este sentido.

Hace un año un grupo de 56 diputados del ahora gobernante PSD presentó una solicitud de revisión constitucional de la Ley de Eutanasia. Unos meses después la Defensora del Pueblo presentó una solicitud similar. Por ahora se desconoce cuándo dictará sentencia el alto tribunal. Estas revisiones constitucionales no exigen la suspensión cautelar de una ley aprobada por el Parlamento. Sin embargo, pasan los meses sin que la ley entre en vigor. Unas 250 personalidades han firmado un manifiesto exigiendo la reglamentación y puesta en marcha de la ley y el Bloco ha forzado una comparecencia del ministro de Sanidad sobre la cuestión. En respuesta a estas iniciativas, está circulando una petición “para la derogación de la ley de eutanasia en Portugal”. En cuanto al gobierno, después de varias declaraciones contradictorias, finalmente ha anunciado que esperará la decisión de los jueces del Constitucional.

El apoyo mayoritario de la población de Reino Unido a una ley de muerte asistida ha puesto en evidencia por todas las encuestas recientes acaba de ser confirmado por las deliberaciones de un jurado ciudadano: el 70% de los participantes apoyó un cambio legislativo para las personas adultas y competentes en fase terminal de una enfermedad. En la Cámara de los Lores, Lord Falconer registró un texto de ley hace unos meses que se debatirá probablemente en segunda lectura a mediados de noviembre. Según The Guardian es probable que la Cámara de los Lores lo apruebe, algo que desbrozaría el terreno para que un diputado de la Cámara de los Comunes lo retome después. Si ocurriera así, el primer ministro, Keir Starmer, se ha comprometido a crear las condiciones para un debate serio que podría llevar a la aprobación de una ley en 15 meses.

La policía suiza ha abierto una investigación tras la utilización por primera vez del dispositivo Sarco por la asociación Last Resort para ayudar a morir a una estadounidense de 64 años afectada de una grave deficiencia inmunológica. El suicidio tuvo lugar en un bosque, cerca de la frontera alemana. Fue detenido el copresidente de la asociación Florian Willet, que acompañó al suicidio de la paciente. Las fiscalías de varios cantones suizos habían avisado a lo largo del verano de que abrirían investigaciones en caso de utilizar Sarco en sus territorios. Según Philip Nitschke, el inventor de Sarco, el dispositivo ha funcionado perfectamente, proporcionando una muerte tranquila, sin utilizar drogas letales controladas:. Sarco es una cápsula sellada en la cual la persona apoya en un botón que libera nitrógeno que provoca muy rápidamente una muerte sin dolor. Al no usar ningún medicamento, desaparece la necesaria intervención de un médico y no está sometido a la Ley del Medicamento. Según la ministra de sanidad suiza, Sarco no cumple con la ley por dos motivos: infringe una ley federal sobre la seguridad de los productos, que no deben poner en peligro a las personas, y el uso de nitrógeno contravendría la ley sobre productos químicos. El tema ha encontrado un amplio eco en los medios de comunicación, y muchas intervenciones de ‘expertos’ muestran la dificultad a elaborar una opinión racional, más allá de impresiones imprecisas y de un simple rechazo.

Una reciente encuesta muestra que un 60% de las personas interrogadas está a favor de la eutanasia ‘en casos especiales’, un 29% ‘en todos los casos’ y un 11% que nunca se debería permitir. Comparando con resultados de años anteriores, está disminuyendo la proporción de los que se oponen tajantemente a la eutanasia. El presidente Gabriel Boric ha anunciado que pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos.

El Tribunal Constitucional legalizó la eutanasia en Colombia en 1998, pero no se pudo acceder realmente a la prestación hasta 2015, después de varias amonestaciones del alto tribunal al gobierno. Desde entonces, según Lucas Correa, abogado y presidente de DescLAB, un organismo que defiende la muerte digna, las mentalidades han cambiado y dos casos recientes lo demuestran. En el caso de Javier Acosta, un hombre joven de clase popular de Bogotá e hincha del club de fútbol Millonarios, se rompe el estereotipo según el cual la eutanasia es para personas mayores de clase acomodada; y en el caso de Tatiana Andia, una socióloga de unos 40 años con cáncer metastásico, valora la lucha contra el ‘encarnizamiento terapéutico’ demasiado a menudo practicado en el país, y la determinación a tomar decisiones lúcidas y libres relativas al final de su vida.

Los enfermos que esperan poder acceder a la eutanasia al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó la ayuda médica a morir en respuesta al recurso planteado por Paola Roldán lo tienen muy difícil. La prensa ecuatoriana ha dado a conocer el caso de un enfermo de ELA que murió antes de haber podido presentar toda la documentación y efectuar todos los exámenes médicos que se le exigían. La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley ya criticado por la excesiva burocratización del proceso.

Especialistas y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) preparan una propuesta de iniciativa legislativa para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en la Ciudad de México (CDMX), la cual será enviada al Congreso de la capital del país por la Asociación Libertad para Morir A.C.

Una propuesta de ley que busca regular la eutanasia y el suicidio asistido en Panamá fue presentada a principio de septiembre por un ciudadano ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El texto establece los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a la prestación, así como las responsabilidades y derechos de los profesionales de la salud y los pacientes. El documento se está analizando en la Dirección de Asuntos Plenarios, instancia que deberá calificar la propuesta. De allí, deberá pasar a la Asesoría Técnica Legal de Comisiones, que es la que determinará si la iniciativa es viable o no. En caso de ser viable, el texto será devuelto a Participación Ciudadana, que lo convertirá en anteproyecto para luego remitirlo a la Comisión de Salud y ser finalmente debatido en plenaria de la Asamblea.

La Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Eutanasia en octubre de 2022, pero desde entonces la tramitación del texto se estancó en el Senado. La legislatura se acabó el 15 de septiembre sin que se abriese el debate sobre el texto en la cámara alta: la propuesta tenía el respaldo del Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya, pero dividía al oficialismo, a pesar de que el texto había sido presentado por un diputado del Partido Colorado que deplora el obstruccionismo fomentado por muchos de sus compañeros de partido. La decepción es infinita entre los activistas que impulsaron el debate social sobre la eutanasia.

Dying With Dignity Canada (DWDC), dos pacientes y un bufete de abogados han presentado un recurso judicial para garantizar la igualdad de las personas cuya afección subyacente es una enfermedad mental en la aplicación de la ley de muerte asistida. Argumentan que la continua exclusión refuerza el estigma y los prejuicios históricos contra las personas con enfermedades mentales y viola el artículo 15 de la Carta de los Derechos al discriminarles por el tipo de enfermedad que padecen. Recordamos que el gobierno prorrogó anteriormente la exclusión de las personas con enfermedad mental del acceso a la ayuda médica a morir hasta 2027. Por otra parte, asociaciones de personas con discapacidad y personas individuales han presentado ante el Tribunal Superior de Ontario un recurso contra la llamada ‘segunda vía’ de acceso a la ayuda médica a morir que permite el acceso a la prestación a las personas cuya muerte no es ‘razonablemente previsible’. Aducen que ‘actualmente existe una tendencia alarmante a que las personas con discapacidad soliciten asistencia médica para morir debido al aislamiento social, la pobreza o la falta de apoyo básico’.

Kenneth Law, de 58 años, es sospechoso de enviar cientos de paquetes que contenían sustancias letales a personas con tendencias suicidas. Está siendo procesado por 14 ‘asesinatos con premeditación’ -casos en los cuales la policía ha podido establecer el vínculo entre envío del producto y fallecimiento- y se enfrenta a la cadena perpetua. Fue detenido en mayo de 2023 cuando llevaba casi tres años vendiendo nitrito en varios sitios web. La policía canadiense estima que envió más de 1.200 paquetes a unos cuarenta países. Según su abogado la acusación no se sostiene porque vendió una sustancia que no estaba prohibida y se podía adquirir libremente hasta hace poco en Amazon.

«La cuestión de las solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir es objeto de un amplio consenso en Quebec«, afirmó el ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, en un comunicado. El gobierno de la provincia, después de solicitar sin éxito durante meses al gobierno federal la autorización de aplicar la ley aprobada por su parlamento provincial que permitiría solicitar la ayuda médica a morir a través de directrices anticipadas, está decidido a aplicarla a partir de finales de octubre. El director de Procesos Penales y Criminales de la provincia se ha comprometido a instruir a los fiscales para que no abran investigaciones penales en caso de aplicación de la ley provincial, aunque la ley federal no autorice la solicitud de la prestación a través de Directrices anticipadas. Los profesionales sanitarios sin embargo están preocupados por la indefensión que pueda suponer la existencia de dos legislaciones diferentes, una a nivel provincial y otra a nivel federal.

En noviembre se celebran elecciones en Virginia Occidental, y los votantes deberán pronunciarse también sobre una enmienda encaminada a prohibir la ayuda médica a morir en la constitución del Estado. La enmienda dice textualmente: “Ninguna persona, médico o proveedor de atención médica en el estado de Virginia Occidental participará en la práctica del suicidio médicamente asistido, la eutanasia o la muerte por piedad de una persona,” y el texto concluye “nada de lo dispuesto en esta sección impide al Estado aplicar la pena capital”.

Una jueza federal se ha negado a eliminar el requisito de residencia en la ley de suicidio asistido por un médico de Nueva Jersey. La demanda había sido presentada por dos mujeres con enfermedad terminal, residentes en Delaware y Pensilvania respectivamente, apoyadas por la asociación Compassion and Choice.

El gobernador demócrata del Estado de Delaware ha vetado la ley de suicidio asistido aprobada por las dos cámaras. En su carta de veto expuso que siempre se ha opuesto a la legislación, aunque reconoció las “opiniones reflexivas” expresadas tanto por los partidarios como por los opositores. También señaló que la legislación fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado por un solo voto, una indicación, según él, de que el tema es divisivo y controvertido.

Una encuesta realizada este año mostró que el 70% de la población del Estado aprobaba la ayuda médica para morir. Sin embargo, el parlamento del Estado, de mayoría demócrata, acaba de rechazar por un solo voto un proyecto de ley de suicidio asistido. Se trataba de un proyecto muy garantista que exigía que el paciente, con un pronóstico de 6 meses o menos, tuviera que pasar por múltiples solicitudes y períodos de espera antes de obtener los medicamentos letales.

La plataforma se llama Infopunkt.Sterbehilfe y ofrece información completa sobre la autodeterminación al final de la vida. “Para nosotros es especialmente importante presentar los derechos básicos al final de la vida de forma clara y comprensible para que todos los ciudadanos estén informados sobre sus opciones», declaran sus promotores.

En un comunicado publicado a principios de agosto, la asociación Verein Sterbehilfe (Asociación de Ayuda para Morir) pide a sus miembros y simpatizantes en los landers del este del país (Brandeburgo, Sajonia y Turingia) que no votasen en ningún caso por candidatos de la ultraderechista AfD (Alternativa por Alemania) en las próximas elecciones locales. La asociación anunció también que en el futuro no prestará asistencia para el suicidio en estos estados federados si existiera un gobierno «con ministros de extrema derecha o un gobierno minoritario que dependa de la extrema derecha«. La asociación ya había incluido en sus estatutos en 2023 que no aceptaría como miembros a personas comprometidas con la AfD.

Dos militantes de Ultime Liberté han sido detenidos por “intento de suicidio asistido” a un nonagenario e imputados por “ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico”, pero también “por haber provocado el suicidio de la víctima proporcionándole diferentes productos que no habían surtido efecto debido a la regurgitación por parte de la víctima”, explicó el fiscal. Son también sospechosos de haber “hecho propaganda y publicidad a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medio para suicidarse”. La asociación Ultime Liberté también es objeto de los dos últimos delitos, ya que el fiscal considera que la organización «practica un activismo ofensivo promoviendo los medios para suicidarse”.

Una mujer de 71 años, hospitalizada en cuidados paliativos en un centro de Lyon, falleció después de que un tercero le inyectara voluntariamente el contenido de una jeringa de morfina. Una de las hijas de la septuagenaria admitió haber suministrado el producto para poner fin al sufrimiento de su madre con el consentimiento de sus hermanos. Los tres hijos de la mujer fueron detenidos y la fiscalía ha abierto una investigación por “homicidio contra un ascendiente”.

¿Ha ido demasiado lejos la aplicación de la ley de eutanasia en los Países Bajos? Es lo que sostiene un grupo de 14 psiquiatras en una carta dirigida a la Fiscalía en la que solicitan una “investigación exploratoria” para determinar si se está traspasando los límites de la legalidad. El motivo de la carta es la eutanasia realizada en 2023 a una joven de 17 años por problema de salud mental y avalada posteriormente por la Comisión Regional de Revisión. La madre de la chica ha concedido entrevistas en los medios de comunicación para explicar que respetaba y apoyaba la decisión de su hija dado el sufrimiento «desesperado» que padecía. La carta ha provocado la reacción airada de profesionales. Por otra parte, la abogada de la NVVE señala que es un sinsentido pedir a la Fiscalía que investigue una eutanasia avalada por la Comisión de Revisión.

Un hombre de 79 años, miembro de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW), está acusado de «incitación al suicidio» por haber facilitado el producto letal y acompañado en el suicidio fallido de una mujer de 91 años. La mujer vomitó el preparado y el hijo, en un principio favorable a la decisión de su madre, llamó a la policía.

“¿Por qué dejamos sin solución a las personas que no son elegibles para la eutanasia o el suicidio asistido según la legislación actual? ¿Por qué tienen que recurrir a un circuito ilegal con todos los aspectos turbios que eso conlleva? ¿Por qué no aceptamos que no todo el mundo quiere morir de muerte natural?”. Son las preguntas formuladas por la directora de la NVVE (Asociación por la Muerte Voluntaria) en una columna de opinión en la que llama a los políticos a enfrentar el problema. Además recuerda, para apoyar su reivindicación, que el juez del caso contra los militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad, al pronunciar una sentencia benigna no recurrida por la Fiscalía, habló de “personas para quienes el ideal de autonomía a la hora de determinar su propia muerte ha sido primordial». Señala también el apoyo mayoritario de la ciudadanía, según las encuestas, a avanzar más allá de la Ley de Eutanasia, hacia una Ley de Vida Cumplida.

Ante una solicitud del Partido Socialista relativa al avance del proceso de reglamentación de la ley de muerte asistida, aprobada hace más de un año, el jefe de gabinete del ministro de Sanidad contestó que se encontraba “actualmente en fase de preparación”. La noticia inquietó a los diputados del CDS-Partido Popular quienes a su vez se dirigieron al gobierno preguntando si esta respuesta era un “error de comunicación” del ministro y si se mantenía el compromiso de esperar el veredicto del Tribunal Constitucional, ante el que se han presentado dos solicitudes de inspección de la ley de eutanasia. Los jueces no tienen ningún plazo obligatorio para pronunciarse y el gobierno se había comprometido a esperar el veredicto antes de elaborar el reglamento. Cuestionado por periodistas, el ministro de la Presidencia negó que el gobierno esté trabajando sobre el reglamento de la ley.

La asociación My Death, My Decision analiza en su página web lo que ha cambiado tanto a nivel político como socialmente en Reino Unido desde 2015, cuando fue derrotada en el parlamento una ley de suicidio asistido. El apoyo social a un cambio legislativo ahora es muy grande, y la composición del parlamento también favorable. El laborista Lord Falconer ya presentó un proyecto de ley en la Cámara de los Lores antes del verano. Parece probable que se presente un texto en los Comunes de aquí a finales de año.

Sean Davison fue fundador y presidente de Dignity SA (la asociación sudafricana por la muerte digna) y presidente de la World Federation of Right to Die Societies. Condenado hace años en su Nueva Zelanda natal por haber ayudado a su madre a morir, más tarde fue condenado a tres años de reclusión domiciliaria en Sudáfrica por haber ayudado a morir a tres personas. Al cumplir esta última condena se instaló en Inglaterra y dirigía el programa de Exit International dedicado al asesoramiento y acompañamiento a Suiza de personas que solicitaban un suicidio asistido. El motivo de la actual detención es haber acompañado a una persona a la asociación Pegaso de Basilea. Sean Davison había cancelado su colaboración con Exit International en abril pasado y estaba a punto de asumir la dirección de Pegaso cuando le detuvieron.

Durante todo el mes de agosto la prensa suiza se hizo eco de una intensa polémica alrededor del primer uso, a través de la recién creada asociación The Last Resort (TLR), del dispositivo Sarco creado por Philip Nitschke, director de la organización Exit International. La persona seleccionada para el primer uso del aparato falleció finalmente con la ayuda de la asociación Pegasos, después de denunciar públicamente la supuesta mala gestión de su caso por TLR, que publicó a su vez un artículo desmintiendo las acusaciones en su página web. Según declaró Fiona Stewart, miembro de la junta directiva de TLR, con Sarco el usuario pierde el conocimiento tras unas pocas inhalaciones y la muerte se produce en cuestión de minutos por hipoxia, es decir, insuficiencia de oxígeno. El coste de la operación es de 18 francos suizos (18,60 euros) y corresponde al precio del nitrógeno inyectado. En el proceso solo interviene un médico para certificar la capacidad de decisión de la persona que desea morir.

El diario económico Hospodárské Noviny dedica un editorial a la petición de abrir un debate sobre la eutanasia formulada por el presidente de la República Petr Pavel, pocos días después de la muerte del actor Karel Heřmánek, que se quitó la vida. «Creo que toda persona libre debería tener derecho a decidir cómo quiere terminar con su vida si se encuentra en una situación desesperada», declaró en Facebook, antes de agregar que debería tener lugar un debate social sobre este tema. El diario agrega que el 73% de los checos se muestran favorables a legislar sobre la cuestión, aunque los políticos prefieran en general no abordarla.

La Academia Pontificia para la Vida acaba de publicar un ‘Pequeño léxico del final de la vida’ en el cual sigue expresando su oposición rotunda a la eutanasia, declarando que “la libertad implica siempre la exigencia de ser responsable de la vida: de mí mismo y del otro, indisolublemente. Una perspectiva que ciertamente no coincide con una concepción individualista, que tiende a reducirla a la soledad de la autodeterminación”. Por otra parte, en un ínfimo avance, reconoce la necesidad de encontrar “un punto de mediación aceptable entre posiciones diferentes” en relación con el suicidio asistido (rechazado) y la posibilidad de suspender la alimentación y la hidratación de pacientes en fase terminal (en algunos casos).

El estado canadiense de Quebec sigue siendo pionero en los avances en derechos al final de la vida. Su parlamento aprobó con amplia mayoría una ley que permite el acceso a la ayuda médica a morir a través de un testamento vital. El problema es que esta ley entra en conflicto con el código penal federal, lo que crea una gran inseguridad jurídica para los profesionales. El gobierno quebequense ha exigido a Ottawa que incorpore una exención en el código penal que establezca que Quebec tendrá la posibilidad legal de desviarse de él en materia de muerte médicamente asistida. Frente a la oposición del gobierno federal, Quebec ha decidido aplicar su ley y confiar en que sus fiscales no inicien procedimientos contra los médicos que realicen ayuda a morir apoyándose en las directivas anticipadas del paciente. “Una vía totalmente posible, según los expertos constitucionales, pero que no entraña un riesgo nulo, ya que la ayuda médica a morir está ahora regulada en el código penal.”

Una reciente encuesta realizada por Gallup muestra que el 71% de los estadounidenses piensan que los médicos deberían tener “autorizado por ley poner fin a la vida del paciente por algún medio indoloro si el paciente y su familia lo solicitan”. Y el 66% piensa que los médicos deberían “estar autorizados por ley a ayudar al paciente a suicidarse” en el caso de pacientes terminales que viven con dolor intenso y lo solicitan. El suicidio asistido por un médico recibe un apoyo ligeramente menor, probablemente porque el “suicidio” conlleva un estigma social y religioso (solo un 22% de los estadounidenses considera el suicidio como moralmente aceptable). Los demócratas (79%) son más propensos que los republicanos (61%) o los independientes (72%) a estar a favor de legalizar la eutanasia.

La asociación Go Gentle Australia acaba de publicar su Informe Anual sobre el estado de la muerte asistida voluntaria que recopila y analiza los datos relativos a la muerte voluntaria asistida en los estados australianos donde está regulada y en Nueva Zelanda. El informe recalca la existencia de numerosas barreras para acceder a la prestación, como la ‘cláusula mordaza’ que impide que los médicos hablen de la muerte asistida si el paciente no inicia la conversación, o la prohibición de abordar el tema a través de cualquier medio de comunicación. En cuanto a los datos, hasta la mitad de todas las personas que comenzaron el proceso de solicitud y evaluación de muerte voluntaria asistida no lo completaron, y aproximadamente una de cada cinco consideradas elegibles murió antes de recibir el producto letal. “Las tasas de no finalización sugieren que el proceso de solicitud de muerte voluntaria asistida puede ser demasiado complejo y que muchos solicitantes comienzan el proceso demasiado tarde”, dice el informe. En promedio, los solicitantes tardaron entre dos semanas y un mes en avanzar en el proceso de solicitud y aprobación. El informe concluye que las disposiciones destinadas a servir de salvaguarda están funcionando como barreras.

La ley de eutanasia de Nueva Zelanda entró en vigor el 7 de noviembre 2021 y solo permite el acceso a la prestación a los enfermos en etapa terminal. Se acaba de publicar el informe correspondiente al período entre el 1 de abril 2023 al 31 de marzo 2024. En ese tiempo se han recibido 834 nuevas solicitudes y realizado 344 eutanasias. La duración media del proceso fue de 16 días. En el 69% de los casos, la enfermedad que motivó la solicitud era el cáncer.

La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en febrero de 2024 y en junio el Ministerio de Salud publicó el reglamento de aplicación que precisa los requisitos y procedimientos. La prensa informa ahora de la primera solicitud presentada oficialmente presentada por un hombre que padece esclerosis lateral amiotrófica. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, acatando la sentencia de la Corte, ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitiría el acceso a la eutanasia a niños y adolescentes.

El Tribunal Supremo rechazó conceder la petición de una pareja de ancianos de permitir la eutanasia para su hijo de 30 años, que lleva 11 años en coma en su casa tras caerse del cuarto piso de un edificio. El paciente no depende de ninguna medida de soporte vital con excepción de la alimentación artificial. El tribunal considera que se trataría de una «eutanasia activa», que está prohibida en la India.