En su último boletín, la asociación DIGNITAS analiza las consecuencias de la condena a tres años de cárcel de dos médicos por ayudar a morir a pacientes con trastornos mentales (depresión crónica en un caso y esquizofrenia paranoide en otro). Los fiscales, en contra del criterio de los médicos, consideraron que las personas solicitantes de ayuda a morir no tenían capacidad para tomar decisiones debido a su enfermedad. Estas condenas han creado una gran inseguridad entre los médicos. Además de sospechar que era el efecto buscado por la fiscalía, DIGNITAS plantea el problema de la negación demasiado frecuente —aunque científicamente injustificada— de la capacidad a tomar decisiones en caso de trastorno psiquiátrico.

El ‘Proyecto de Ley Relativo al Acompañamiento de los Enfermos y el Final de la Vida’ presentado por el gobierno, así como las 1.800 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, han sido debatidos en una comisión especial compuesta por 71 diputados. El debate alrededor del texto resultante se desarrollará en sesión plenaria de la Asamblea hasta el 11 de junio, fecha en la cual los diputados votarán su admisión a trámite.

El principal cambio aportado al texto original por la comisión consiste en la sustitución, para poder acceder a la ayuda a morir, del requisito de “pronóstico fatal a corto o medio plazo” por el de padecer “una afección en fase avanzada o terminal”. La exministra de Sanidad y presidenta de la comisión, la actual ministra del ramo y la portavoz de los insumisos en la comisión han criticado este cambio porque, en su opinión, “desequilibra” el texto al abrir la prestación a pacientes cuyo fallecimiento no es previsible.

Es la pregunta que muchos se formulan después de la victoria de la extrema derecha en las últimas elecciones. La aprobación de una serie de leyes progresistas está ya en cuestión. El «viento conservador» que sopla en el país supone una amenaza para una serie de leyes médico-éticas promovidas en la anterior legislatura por el partido liberal D66. Una ley trans, la disponibilidad de la píldora abortiva, o la Ley de Vida Cumplida que debería hacer posible el final voluntario de la vida para las personas mayores de 75 años, tendrán difícil salida en esta legislatura.

El principal acusado en el juicio contra siete militantes de la Cooperativa de la Última Voluntad (CLW) ha fallecido. Sus familiares indicaron que tenía problemas cardíacos y que las tensiones generadas por el juicio tuvieron un gran impacto sobre su salud. Tenía 80 años. Estaba acusado de haber suministrado un producto letal y participar en una organización criminal cuyo objetivo era facilitar asistencia al suicidio. Fue el único de los acusados que reconoció haber suministrado el producto letal, alegando «motivos idealistas». La fiscalía pedía una pena de dos años y medio años de cárcel, de los cuales un año era condicional. La fiscalía exigió una autopsia para comprobar que el acusado no se había suicidado.

El psiquiatra Boudewijn Chabot dedica una columna de opinión en el periódico Trouw al suicidio acompañado por una familiar, que normalmente no se castiga en los Países Bajos, y se pregunta cuál es la diferencia con la actuación de los activistas de CLW. Informa también de que está realizando un documental sobre la muerte voluntaria acompañada.

El Colegio de Médicos KNMG ha publicado, como cada año, una infografía en la cual combina los datos del Centro de Expertos en Eutanasia y de los Comités Regionales de Revisión de la Eutanasia, que sintetiza en un solo documento visual los números de casos, las condiciones médicas de los solicitantes de la eutanasia, el tipo de médico que realiza la prestación o el lugar de la terminación de la vida.

Continúa el debate parlamentario sobre un proyecto de ley de muerte asistida en la Isla de Man del Reino Unido. Los últimos puntos debatidos concernían el tiempo de residencia en la Isla para acceder a la prestación, que pasó de 1 a 5 años para evitar el llamado “turismo de la muerte”, y el requisito de pronóstico fatal de 6 meses que se prolongó a 12 meses. Quedan puntos importantes a debatir como son la modalidad de la prestación -suicidio asistido o eutanasia- y el papel de los médicos en todo el proceso. La isla podría ser el primer territorio del Reino Unido en aprobar una ley de muerte asistida, lo que podría ocurrir en un plazo de alrededor de 18 meses.

El parlamento de la isla de Jersey (Reino Unido) ha aprobado la necesidad de elaborar una ley de muerte asistida tal como lo recomendó una asamblea ciudadana celebrada en 2021. A partir de ahora el gobierno de la isla, ubicada cerca de la costa norte de Francia, deberá redactar un proyecto de ley que se podría presentar a la Asamblea para su tramitación a finales de 2025 y podría ser vigente a mediados de 2027. Los legisladores votaron aproximadamente dos a uno a favor de permitir la muerte asistida para pacientes adultos con una enfermedad terminal con una esperanza de vida de seis meses, o 12 en caso de enfermedad neurodegenerativa. Rechazaron permitir la muerte asistida a personas con una condición física incurable pero no terminal que curse con un sufrimiento insoportable.

En un provocativo programa de una hora de duración titulado ‘Better off dead?’ (¿Mejor muerta?), Liz Carr, actriz muy conocida por su actuación en la serie televisiva ‘Silent Witness’ (‘Testigo silencioso’) que se emite con éxito desde 1996, defiende su rotunda oposición a la regulación de la muerte asistida debido a los peligros que supondría para las personas con discapacidad. Liz Carr está en silla de rueda por una rara enfermedad genética que se le diagnosticó a los siete años. En el programa, se reúne con activistas a favor y en contra de la regulación de la muerte asistida, y finalmente viaja hasta Canadá. Para apoyar su campaña, afirma que allí personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales o personas que necesitaban apoyo social recibieron la ayuda médica para morir en vez de los apoyos que necesitaban. “Eso es aterrador”, concluye.

En 2023, la mayoría conservadora del Gran Consejo ginebrino decidió derogar el artículo de la Ley de Sanidad Pública que obligaba a las residencias públicas y privadas a aceptar el suicidio asistido, argumentando que ya no tenía ninguna razón de existir «puesto que la Comisión de Salud había demostrado que no había problemas en estos establecimientos”. Asociaciones como EXIT se opusieron a esta modificación legal y lanzaron una petición exigiendo la organización de un referéndum al respecto. Recogieron 14.700 firmas. En consecuencia, el 9 de junio la ciudadanía tendrá que pronunciarse sobre una enmienda que, en realidad, la mayoría de los políticos y de la población desaprueba.

Ana Estrada consiguió, después de una larga lucha, el amparo del Tribunal Constitucional y pudo morir con asistencia médica como lo deseaba, y ahora María Benito, enferma de ELA, consiguió que se respetase su derecho a la suspensión de las medidas de soporte vital. “No queremos hablar de la muerte. Somos una región y una sociedad donde las privaciones arbitrarias de la vida son cosas de todos los días. Parece que naturalizamos, antes que la muerte en sí, la muerte en esos términos. El derecho a la muerte digna desafía esa representación y propone una mirada dulce, más natural: entender que la muerte es la otra cara de la vida”, declaró Josefina Miró Quesada, la abogada que representó ambas causas, autora también del artículo ‘La muerte digna, un asunto de derechos humanos».

La Ley de Eutanasia está aparcada en la Comisión de Salud Pública del Senado desde octubre 2022. De suspensión en suspensión de sesiones, “se va a terminar el período legislativo y van a haber ganado los reaccionarios que imponen su ideología sobre la libertad de la muerte digna, y los cobardes de sus cómplices. Es el peor Parlamento de la historia uruguaya», critica la ONG Empatía Uruguay que milita por la aprobación de esta ley.

El partido Bloc (partido independentista quebequense de tendencia socialdemócrata con representación a nivel federal) considera que los ministros federales de Sanidad y Justicia “carecen de valentía política” en lo que respecta a la ayuda médica a morir, y presenta en el parlamento federal un proyecto de ley que permitiría acceder a la prestación a través de un testamento vital. La provincia de Quebec, que tiene autonomía para legislar en temas de salud, ya aprobó una ley en este sentido, pero su aplicación está bloqueada debido a que se necesitaría una modificación del código penal, ámbito que depende del gobierno federal.

El documental ‘On my own time’, dirigido por Sandy Clipsham y Blair Cameron, aborda el desarrollo de la ayuda médica a morir en Canadá desde 2016, y ha contado con el apoyo de la asociación Dying with Dignity y la participación de médicos y juristas. Se puede ver de forma gratuita en este enlace.

La muerte asistida sigue sin ser regulada en Alemania después del fracaso de tres propuestas de ley rechazadas en el Bundestag en la anterior legislatura. Las recientes condenas de dos médicos a tres años de cárcel cada uno por haber ayudado a morir a personas con trastorno mental –depresión crónica en un caso y esquizofrenia paranoide en el otro- han vuelto a abrir el debate entre los parlamentarios. Los médicos actuaron al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que reconoció el derecho a la autodeterminación, pero falta una jurisprudencia clara para estos casos, particularmente complejos, en los cuales la fiscalía se apoya en la idea, sostenida por una parte de los siquiatras, de que el deseo de morir es un síntoma de la enfermedad mental y que, en consecuencia, no se trata de una decisión libre. Los dos médicos han anunciado que van a recurrir sus respectivas sentencias.

El presidente de una importante mutualidad flamenca de obediencia cristiana abrió el debate en una entrevista, en la cual afirma que las personas mayoresque consideran su biografía terminada deberían poder poner libremente término a su vida si así lo desean. “Nunca he entendido por qué siempre debatimos sobre la cantidad de vida. Queremos que la gente envejezca lo más posible, hacemos todo lo posible para ello. Pero nunca nos preguntamos cómo se relaciona la cantidad con la calidad de vida”, declaró. “No es un debate médico. La vida completa no tiene por qué ser un concepto negativo si se habla de ello de forma segura, pero hoy en día todavía tenemos demasiado miedo para hablar de ello”. Esta toma de posición suscitó innumerables reacciones a las cuales respondió en una interesante columna de opinión, con una reflexión sobre la calidad de vida en oposición a la cantidad de vida a partir de una investigación sobre las condiciones del envejecimiento.

Un proyecto de ley de muerte asistida está en debate en el parlamento esloveno desde el mes de julio pasado. Haría de la muerte asistida una opción para los pacientes con enfermedades terminales, estableciendo estrictos criterios de elegibilidad bajo los cuales la decisión de poner fin a la vida voluntariamente se tomaría después de considerar todas las demás opciones posibles y después de deliberar con varios médicos, incluido un psiquiatra. La opinión pública y la coalición de gobierno apoyan la regulación de la muerte asistida, frente a una fuerte oposición de los conservadores y de las asociaciones médicas. Se ha anunciado la celebración de un referéndum sobre la cuestión, sin concreción de fecha por ahora.

Una primera iniciativa ciudadana para la legalización de la eutanasia consiguió 60.000 firmas, pero fue rechazada por el parlamento en mayo 2018, creándose sin embargo un grupo de trabajo para “investigar las necesidades regulatorias en materia de cuidados al final de la vida y la eutanasia”, que no desembocó en nada concreto. En noviembre 2023 se lanzó otra iniciativa ciudadana a favor de la regulación de la eutanasia, que había reunido 53.483 firmas a principio de abril 2024 cuando se clausuró. Según las encuestas, una clara mayoría de finlandeses apoya la legalización de la eutanasia. La asociación Oikeus arvokkaaseen uolemaan (Derecho a morir con dignidad) que lanzó la iniciativa espera que el tema se incluya en el programa de gobierno de la próxima administración, que probablemente asumirá el cargo en 2027.

El proyecto de ley tanto tiempo esperado se presentó el 10 de abril en Consejo de ministros. Se nombró entonces una comisión parlamentaria que realizó hasta finales de abril una serie de audiciones (profesionales sanitarios, juristas, asociaciones, etc.). A partir de este momento, la comisión trabaja para proponer enmiendas al texto que llegará a la sesión plenaria del parlamento para una primera lectura el 27 de mayo. La votación para admisión a trámite del texto se celebrará el 11 de junio. Se prevé que la tramitación dure hasta finales de 2025.

El gobierno quiere construir “un modelo francés” de fin de vida, según la fórmula utilizada por Emmanuel Macron en una entrevista al periódico Liberación. El texto consta de una parte dedicada a los cuidados paliativos, rebautizados “cuidados de apoyo” por el ejecutivo, que quiere que a cada paciente que cumpla los criterios para acceder a la muerte asistida se le puedan ofrecer cuidados paliativos. El gobierno se ha comprometido a aumentar la financiación del sector en 1.100 millones de euros en diez años, cantidad juzgada insuficiente por los actores del sector. En cuanto a la “asistencia activa a la muerte”, según la terminología empleada, podrían solicitarla los pacientes adultos, “capaces de un discernimiento pleno y completo”, aquejados de una patología incurable con el fallecimiento previsible a “corto o medio plazo”. El paciente debería tomar por sí mismo el producto letal recetado por un médico, y en caso de no poder hacerlo, recibiría la ayuda de un profesional sanitario o de un voluntario.

En marzo pasado, cinco diputados del Partido Reformista presentaron un proyecto de ley de eutanasia en el parlamento islandés. El proyecto de ley se inspira de la ley vigente en los Países Bajos.

El periódico Times of Malta impulsó una encuesta en la cual se preguntó si debería ser legal que un médico ayude a pacientes adultos con enfermedades terminales a poner fin a su vida. De las 600 personas interrogadas, un 62% se pronunció a favor de la legalización, un 28% en contra y el 10% restante no tenía opinión formada al respecto. La encuesta muestra que la oposición a la eutanasia crece con la edad.

Los Comités Regionales de Revisión de la Eutanasia (RTE) acaban de publicar el informe anual 2023. Se realizaron 9.068 eutanasias lo que representa un aumento del 4% en comparación con 2022. En 2023, la eutanasia representó el 5,4% del total de fallecimientos. En la gran mayoría de los casos (5.105) el cáncer era la patología que fundamentó la solicitud de eutanasia, pero se constata un aumento paulatino de las solicitudes por polipatologías de la vejez (349), demencia (336) o enfermedades psiquiátricas (138; +20%). Estos últimos casos son particularmente complejos y los psiquiatras son a menudo reacios a acceder a una solicitud de eutanasia.

Siete militantes de CLW están procesados, entre los cuales dos miembros del anterior equipo directivo, acusados por la fiscalía de pertenecer a una “organización criminal” por difundir un producto letal llamado ‘producto X’. Dos de ellos están acusados directamente de asistencia al suicidio. El primer día del juicio se expresaron los activistas inculpados: dos reconocieron haber distribuido el producto, mientras que los dos antiguos directivos del grupos declararon haberse limitado a difundir información. La sentencia se conocerá el 4 de julio próximo. Una investigación llevada a cabo por el Servicio de Salud de Amsterdam (GGD Amsterdam) ha determinado que desde 2015, al menos 172 personas han utilizado dos polvos letales para suicidarse (llamados producto X y Producto Y).

Durante años la madre de la documentalista Elena Lindemans luchó contra graves problemas psicológicos. Su solicitud de eutanasia fue rechazada. No vio otra salida que el suicidio y saltó por la ventana de su apartamento. Más de veinte años después, Lindemans investiga si algo ha cambiado en la atención que se brinda a las personas con enfermedad siquiátrica y desean morir. En la serie titulada “Una buena muerte”, traducción literal de la palabra griega ‘eutanasia’, sigue a seis personas con problemas psicológicos que piden la eutanasia. La serie muestra como todavía sigue siendo difícil en estos casos acceder a la prestación.

En respuesta al informe presentado el 30 de abril por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del parlamento, el gobierno británico ha declarado excluir la introducción de un proyecto de ley que autorice la muerte asistida en Inglaterra y el País de Gales. Sin embargo, se compromete a dejar libertad de voto si el parlamento presenta un proyecto de ley. El mismo día se celebró un debate en Westminster sobre la petición impulsada por una conocida periodista aquejada de un cáncer de pulmón en fase IV. La petición venía apoyada por 200.000 firmas.

El número de personas que recurren a la eutanasia en Suiza no ha dejado de aumentar en los últimos 20 años, según cifras de la Oficina Federal de Estadística (FSO). Mientras que en 2003 187 personas optaron por el suicidio asistido, en 2022 ya eran 1.594. En la mayoría de los casos, son las personas mayores de 65 años las que optan por el suicidio asistido; solo aproximadamente una de cada diez tiene menos de 65 años. Un 60% eran mujeres (945).

El viernes 12 de abril de 2024, el Ministerio de Sanidad de Ecuador publicó en el Registro Oficial el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación de la Eutanasia. Con este paso se da cumplimiento a la histórica sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de febrero pasado. El ente máximo responsable de que un paciente acceda o no a la eutanasia en Ecuador será un Comité Interdisciplinario formado por médicos especialistas, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un abogado, un bioeticista, un trabajador social y un representante de la sociedad civil. Tendrá 10 días para resolver la solicitud de pacientes mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana o legalmente residentes, que sufran una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal irreversible que cause constante sufrimiento y dolor.

El candidato del Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, está a favor de la eutanasia. En caso de ganar las elecciones en 2024 en Ciudad de México que se celebrarán el próximo domingo 2 de junio, asegura, promoverá una legislación sobre el tema.

“Para mí, tener una vida digna es tener libertad, autonomía, decisión sobre ti mismo. Quiero tener el control de mi tiempo, de mi cuerpo, poder elegir cuándo morir, porque se trata de la libertad de elegir”, decía un día Ana Estrada. Después de lograr que la justicia peruana reconociese su derecho a la muerte asistida, murió el 21 de abril pasado por eutanasia como informó su abogada en un comunicado. “Ana partió agradecida con todas las personas que se hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía”.

La ley de eutanasia fue aprobada en la Cámara Baja el 6 de octubre 2022 y pasó al Senado. La Comisión de Salud Pública del Senado está cerrando un ciclo de audiciones y proponiendo enmiendas al texto. Por el momento, en esta comisión, el proyecto de ley no parece contar con la mayoría necesaria para su aprobación.

El caso de un padre que recurre a la justicia para impedir la eutanasia -aprobada por los médicos- de su hija de 27 años provoca debate en los medios. Consiguió una suspensión cautelar del acto a principios de febrero al aducir que su hija padecía trastornos siquiátricos mal diagnosticados.

Al menos en 12 estados se han presentado proyectos de ley que legalizarían la muerte asistida por un médico. Ocho estados y Washington DC ya lo permiten, pero sólo para sus propios residentes. Vermont y Oregón permiten que cualquier estadounidense viaje a su estado para acceder a la prestación. Los pacientes deben tener al menos 18 años, tener una enfermedad incurable con un pronóstico de menos de 6 meses, y ser capaces de tomar una decisión informada. En Delaware un proyecto de ley que permite el suicidio asistido ha sido aprobado por estrecho margen (21-16) en la Cámara de Representantes liderada por los demócratas y ha pasado al Senado estatal para su toma en consideración. Por otra parte, dos estados han ido en dirección opuesta. Kansas tiene un proyecto de ley para criminalizar aún más la muerte asistida por un médico y Virginia Occidental está pidiendo a los votantes que aprueben incluir su prohibición en la constitución estatal.