En respuesta a la demanda interpuesta por dos pacientes con enfermedades graves (cáncer y esclerosis múltiple), el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig sentencia que la denegación de autorización para la compra de pentobarbital sódico con fines suicidas prevista en la Ley de Estupefacientes (BtMG) es compatible con el derecho a la muerte autodeterminada protegido por la Ley Fundamental, dadas las posibilidades de poner fin a la propia vida con apoyo médico utilizando otros medios. Confirma así la denegación pronunciada por tribunales de nivel inferior. Alega que, con la prohibición general de comprar estupefacientes con fines suicidas, la Ley de Estupefacientes persigue, entre otras cosas, el objetivo legítimo de prevenir el abuso y el uso indebido de medicamentos letales. 

“El hombre se asfixiaba. Quería morir”: en el hospital de Gante en 2021, un médico practicó la eutanasia a un anciano de 92 años, a petición de este último y su familia. El médico de cabecera y el médico de urgencia estaban de acuerdo con la decisión, pero posteriormente no se informó correctamente del acto. La fiscalía acusó al médico de homicidio por no haber respetado escrupulosamente los procedimientos definidos en la ley. Según el abogado del demandado, en realidad se trató de “un error de procedimiento, pero no de una violación de las condiciones básicas” establecidas en la Ley de Eutanasia. El caso provocó reacciones de indignación entre el personal sanitario del hospital en su momento, y creó una sensación de gran inseguridad entre el personal sanitario. Llegó finalmente ante el Tribunal Constitucional que ha decretado inconstitucional el régimen de sanciones definido en la Ley de Eutanasia, que considera que todo error de procedimiento en la práctica de una eutanasia debe calificarse como «asesinato por envenenamiento» u «homicidio involuntario». El Tribunal considera necesario modificar este capítulo de la ley.

Según un interesante artículo de la revista The Lancet, Francia parece estar dando marcha atrás en la anunciada regulación de la muerte asistida y la eutanasia. Macron ahora quiere llegar “lo menos lejos posible y lo más lento posible”, declaró hace poco un ministro que prefirió permanecer en el anonimato. El establishment médico, la Iglesia y la derecha política se oponen firmemente a regular la asistencia médica a morir, y algunos sugieren la organización de un referéndum, lo que retrasaría aún más un cambio legislativo ya que haría necesaria la aprobación previa de una modificación de la Constitución. La postura actual del Gobierno desconcierta a los que siguen más de cerca el debate. Legalizar la ayuda médica para morir requeriría una voluntad política clara que hoy por hoy parece ausente.

En 2019 un veterinario facilitó a un amigo enfermo de ELA una receta para adquirir pentobarbital, producto prohibido en Francia para el cuidado humano, pero utilizado para sacrificar animales. Acusado de homicidio, fue absuelto en primera instancia y la fiscalía recurrió la sentencia. El tribunal superior acaba de condenar al veterinario por falsificación de documentos, pero sin imponer un cumplimiento de pena. “Si el suicidio asistido no está castigado penalmente, lo es la asistencia al suicidio. Esto es una hipocresía. No nos atrevemos a condenar el suicidio asistido, pero lo impedimos de manera indirecta. Esto no está a la altura de un debate claro sobre el fin de la vida y su ética”, afirma el abogado defensor que no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Apelaciones.

Marco Cappato es responsable jurídico de la organización Soccorso Civile que enmarca las acciones de desobediencia civil promovidas por la asociación Luca Coscioni para conseguir un cambio legal sobre la muerte asistida. Acaba de acompañar a la clínica de Dignitas en Suiza a una enferma de cáncer en etapa terminal que no pudo cumplir su deseo de acceder al suicidio asistido en Italia porque no dependía de medidas de soporte vital. Marco Cappato y el hermano de esta persona se autoinculparon de asistencia al suicidio a su vuelta a Italia, desafiando los límites de la ley actualmente vigente.

El 22 de noviembre se celebraron elecciones generales en los Países Bajos. La NVVE aprovechó la campaña previa para organizar debates con diversos candidatos al parlamento y divulgar sus objetivos: Eutanasia para quienes no quieren vivir la demencia hasta su fin natural; Eutanasia para personas con intenso sufrimientos psicológicos y deseo de morir; Eutanasia o suicidio asistido después de una vida completa; Ayuda profesional (no médica) para personas que no pueden o no quieren preparar y llevar a cabo su suicidio totalmente por sí mismas y no pueden acceder a la eutanasia; Acceso a un medio de última voluntad legal, digno, seguro y confiable para quienes quieren acabar con su propia vida por sí mismos; Poder legalmente ayudar a las personas que eligen una muerte digna.  

“Este mes es clave, porque el resultado de las elecciones a la Cámara de Representantes tendrá una gran influencia en la evolución de la libertad de elección al final de la vida en los próximos años”, declaró la presidente de la asociación. Sin embargo los resultados de las elecciones, que ganó la ultraderecha, no dejan muchas esperanzas en cuanto a próximos avances legislativos, a pesar de que una encuesta reciente muestre que la mayoría de los votantes están a favor de una ley de Vida Cumplida del tipo del proyecto presentado por el pequeño partido liberal progresista D66.

El Gobierno portugués en funciones ha renunciado a publicar los reglamentos que permitirían la aplicación de la Ley de Eutanasia, dejando esta tarea al ejecutivo que surja de las elecciones del 10 de marzo de 2024. Mientras, el PSD ha reunido 56 firmas de diputados -eran necesarias 23- lo que le ha permitido pedir una revisión constitucional del texto “en su totalidad y punto por punto”, ya que según los promotores de la iniciativa el alto tribunal solo se ha pronunciado hasta ahora sobre las cuestiones que le sometió en su momento el presidente de la República. En cuanto a la Iglesia, que considera esta ley como “un claro retroceso civilizatorio”, no pierde esperanza de que sea derogada.

Los parlamentos de Escocia, la Isla de Man y Jersey se encuentran en etapas bastante avanzadas de desarrollo de sus respectivos proyectos de ley de muerte asistida, y es posible que se aprueben estas leyes a finales de 2024 o principios de 2025. El primero de los tres bien podría ser la Isla de Man, donde se superó un obstáculo importante el 31 de octubre de 2023: el proyecto de ley pasó la etapa de su segunda lectura en el Parlamento y entró en la de debate y enmiendas.

Las cosas van mucho más despacio en Inglaterra y Gales: en los últimos diez años se han presentado al Parlamento de Westminster tres proyectos individuales de ley de muerte asistida. Los tres proyectos de ley fueron rechazados (2015) o fracasaron debido a la falta de tiempo parlamentario suficiente para el debate. En todos los casos se trataba de proyectos que solo permitían el acceso a la muerte asistida (en la modalidad de suicidio asistido) a paciente con un pronóstico inferior a seis meses.

Una mujer de 39 años con enfermedad degenerativa vuelve a lanzar el debate sobre la ayuda a morir en Suecia. Reclama la posibilidad de recibir ayuda para morir cuando lo decida: “Quiero poner fin a mi vida cuando todavía sea yo misma, una persona alegre a la que le gusta viajar, estar con amigos e inventar cosas”.  Ha presentado una solicitud al Consejo Nacional de Salud y Bienestar, apoyada por la asociación sueca Derecho a una Muerte Digna que está decidida a llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Una enferma de ELA totalmente dependiente y con gastrostomía ha presentado, con el apoyo de un equipo de abogados, una petición de inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Penal que se refiere al homicidio y cierra actualmente a toda posibilidad de que una persona pueda acceder a la ayuda médica a morir. Este caso lanza el debate sobre la eutanasia en Ecuador.

El Programa Canadiense de Capacitación para la AMM es un proyecto financiado por Health Canada y concebido e impartido por la Asociación Canadiense de Asesores y Proveedores de Asistencia Médica para Morir (CAMAP). El objetivo del proyecto es desarrollar, producir e impartir un plan de estudios de formación a la AMM reconocido y acreditado a nivel nacional. Dividido en ocho temas principales, este programa tiene como objetivo satisfacer todas las necesidades formativas del personal clínico que evalúa las solicitudes de AMM y garantizar la prestación. Pretende promover un enfoque estandarizado para la evaluación y prestación de ayuda a morir en todo Canadá y garantizar a los profesionales el acceso a una capacitación de alta calidad interesados.

Nada nuevo: por cuarta vez en los últimos años los delegados en la Asamblea de AMA han rechazado modificar su oposición a la eutanasia. La asociación mantiene que “la eutanasia es fundamentalmente incompatible con la función del médico que es curar”. Añade además que “sería difícil o imposible de controlar y presentaría graves riesgos para la sociedad “. Aduce además que “la eutanasia podría aplicarse a pacientes incapacitados y otras poblaciones vulnerables”.

Nueva Gales del Sur es el último Estado australiano donde una Ley de Muerte Voluntaria Asistida entra en vigor. Los adultos con nacionalidad australiana o residencia en el Estado y aquejados de una enfermedad, dolencia o afección médica en etapa avanzada con un pronóstico de menos de seis meses (o 12 meses para enfermedades neurodegenerativas) pueden ahora acceder a la prestación. La ley excluye explícitamente que la discapacidad, la demencia o una enfermedad mental sean motivos para solicitar la prestación. Como todas las leyes de este tipo en Australia, es muy burocratizada y garantista.

Además, una reciente sentencia judicial confirma la prohibición impuesta por una ley de la Commonwealth de abordar el tema de la ayuda a morir a través de teleconsulta, lo que dificultará sin dudas considerablemente el acceso en un territorio inmenso donde una parte de la ciudadanía vive lejos de instituciones sanitarias.

El proyecto de Ley de Muerte Voluntaria Asistida presentado en el territorio la capital Canberra parece ser el más liberal del país. Redactado después de una consulta pública abierta a la ciudadanía, permitirá, de ser aprobado, el acceso a la prestación sin un exceso de obstáculos y salvaguardias, y sin exigir un pronóstico cuantificado. Prevé también una participación activa de lo/as profesionales de enfermería en todo el proceso.

La página web del Foro de la Familia (genethique.org), reproduce el artículo publicado por un jurista muy conservador de prestigio, Gregor Puppinck, titulado “Cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está construyendo un derecho a morir”.

Esta perspectiva sobre la jurisprudencia desarrollada por el TEDH está compartida a nivel europeo por juristas favorables a la ayuda médica a morir, -vinculados con asociaciones suizas de suicidio asistido y con la WFRTDS-, que consideran que muy lentamente el tribunal de Estrasburgo efectivamente está avanzando en esta dirección y valoran en particular las sentencias Hass vs Suiza (2011) y Mortier vs Bélgica (2022). Esperan que la sentencia relativa al juicio Karsai vs Hungría, cuya vista oral se acaba de celebrar, constituya un pasito más en la buena dirección. Se espera en un plazo relativamente breve de un mes o dos la publicación de dicha sentencia.

Dignitas se personó en apoyo al demandante, y el grupo de presión ADF International en apoyo a Hungría.

Un estudio reciente parece mostrar que, en Bulgaria,  una mayoría de médicos estaría a favor de la regulación de la eutanasia.