Presentación de un proyecto de ley de muerte voluntaria asistida (suicidio asistido) en la Cámara de los Lores, el 26 de mayo, por la presidenta de la asociación Dignity in Dying. Según este proyecto de ley –inspirado en la ley del estado norteamericano de Oregón, en vigor desde 1997– dos médicos independientes y un juez del Tribunal Superior tendrían que evaluar cada solicitud formulada por pacientes adultos con enfermedad terminal. En enero de 2020, los parlamentarios británicos debatieron sobre el funcionamiento de la ley actual, que prohíbe la ayuda al suicidio, y la mayoría de los que intervinieron pidieron una revisión de la prohibición general de la muerte asistida.

Texto del proyecto de ley presentado en la Cámara de los Lores

La resistencia del gobierno a abordar la regulación de la eutanasia está provocando enfrentamientos dentro del propio grupo parlamentario LREM (La República En Marcha)

Caos y trapicheos en la formación de las comisiones de Justicia y Asuntos Sociales del Parlamento causan, una vez más, el aplazamiento del debate sobre la regulación de la muerte asistida.

La Asociación Luca Coscioni, denuncia la total pasividad demostrada por el Parlamento en los últimos años para debatir sobre esta cuestión, a pesar del apoyo manifestado por más del 70% de la ciudadanía y de dos juicios en los cuales Marco Cappato y Mina Welby fueron absueltos del delito de ayuda al suicidio por haber acompañado a pacientes a Suiza a morir y de sentencias favorables del Tribunal Constitucional conminando a los políticos a legislar. Los partidos políticos temen que el debate sobre este tema provoque rupturas internas que dificultarían las coaliciones de gobierno y prefieren frenar todas las iniciativas.

En consecuencia, la Asociación está promoviendo un referéndum y entre los meses de julio y septiembre deberá recabar 500.000 firmas para forzar el debate.

Los partidos inician ahora un “debate informal” para adecuar el texto de la ley de eutanasia a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró anticonstitucionales, por su falta de definición, los requisitos clínicos formulados en el texto de la ley aprobada a principios de año por el Parlamento. La diputada socialista que impulsa la ley sitúa en el mes de septiembre la conclusión de este debate interpartidos.

El Ministerio de Justicia organizó un foro de debate sobre la eutanasia en el cual tan solo 2 de los 40 invitados pertenecían a movimientos sociales favorables a la ayuda médica a morir: los representantes de ÖGHL (la DMD austriaca) y de HVÖ (la asociación humanista). Sin embargo, fue invitado un nutrido grupo de representantes religiosos que en las últimas semanas habían expresado sin tapujos su oposición a la sentencia del Tribunal Constitucional que, siguiendo la estela del alto tribunal alemán, declaró inconstitucional la prohibición de la ayuda a morir. Al referirse a este foro, un abogado habló de “catástrofe política democrática”.

El 17 de mayo, un comité conjunto de diputados y senadores comenzó la revisión –prevista estatutariamente a los 5 años de su aprobación– de la ley de muerte médicamente asistida. El comité debe examinar, en particular, en qué condiciones los menores maduros podrían acceder a la ayuda médica a morir, así como la posibilidad de que los pacientes que hayan perdido la capacidad de expresarse puedan acceder a la eutanasia mediante un testamento vital.

La ley federal recientemente modificada –Ley C7– permite el acceso a la ayuda médica a morir por causa de una enfermedad neurodegenerativa, aunque la muerte natural no sea previsible en un plazo corto, lo que no es el caso de la ley de “Opciones al Final de la Vida” de Quebec. El colegio de médicos de Quebec acaba de declarar que los médicos de la provincia que se rijan por la ley federal no deberían poder ser sancionados y reclaman una modificación de los criterios de la ley provincial para equipararla a la federal.

“¿Viste cuando te despiertas de una pesadilla y decís “menos mal” que fue una pesadilla? A Alfon le pasaba al revés: soñaba que caminaba y cuando se despertaba se daba cuenta de que estaba postrado.”

Alfonso Osorio, fallecido en 2019 con 37 años, padecía ELA. Cinco años después del diagnóstico sólo podía mover los ojos. Reclamaba una ley de eutanasia porque no quería “vivir más así”. A raíz de su caso, una diputada del partido Frente de Todos y el médico Carlos Soriano –que estuvieron en contacto con Osorio– han redactado un proyecto de ley de eutanasia que podría ser presentado en el Parlamento este año.

El gobierno laborista ha presentado un proyecto de ley de muerte voluntaria asistida en el Parlamento, después de un período de 12 meses de consulta pública. Se trata de una ley muy similar a las que se aprobaron ya en Victoria, Australia Occidental y Tasmania. La principal diferencia es que el paciente que solicite la ayuda médica para morir deberá tener un pronóstico de 12 meses de esperanza de vida, mientras que en los otros estados el límite está en 6 meses excepto para enfermedades neurodegenerativas (que son 12). El debate parlamentario se desarrollará en septiembre y los diputados podrán votar en conciencia. De ser aprobada, la ley entrará en vigor en 2023.

En un estado tres veces más grande que España con sólo un poco más de cinco millones de habitantes y donde la telesalud es una necesidad, preocupa la ley federal que castiga penalmente tratar el tema del suicidio a través de un medio de telecomunicación. Existe ya el precedente de la situación en el estado de Victoria, donde esta ley federal obstaculiza seriamente la aplicación de la ley de ayuda a morir.

Otra diferencia relevante del proyecto de ley de Queensland en relación con otros estados es que limita (aunque muy poco) la capacidad de las instituciones para oponerse a la muerte asistida. Las entidades, incluidos los hospitales privados y los centros residenciales de cuidado de ancianos administrados por organizaciones religiosas tendrán derecho a optar por no proporcionar la muerte voluntaria asistida, pero deberán permitir el acceso a sus instalaciones a sanitarios dispuestos a asistir a un residente.

Después de recibir la aprobación de la Cámara Alta del Parlamento a principios del mes de mayo, el proyecto de ley de muerte voluntaria asistida pasó el primer filtro en la Cámara Baja el 27 de mayo, recibiendo 35 votos a favor y 5 en contra. Este resultado, “abrumadoramente mayoritario” según la prensa local, es un fiel reflejo del amplio apoyo al proyecto de ley entre la ciudadanía del estado. La votación final está prevista para el 9 de junio.

La muerte asistida voluntaria será una opción disponible a partir del 1 de julio de 2021. Un grupo de expertos de cinco miembros supervisará y hará un seguimiento de la aplicación de esta ley.

El Departamento de Salud de New Jersey ha publicado un informe sobre la aplicación de la ley de muerte medicamente asistida en el año 2020. Utilizaron la medicación letal 33 personas. La mayoría eran varones, de raza blanca y con estudios universitarios. La enfermedad más común, el cáncer.

Deberíamos irnos o quedarnos?

En este artículo, la escritora estadounidense Lionel Shriver habla de su última novela, centrada en los dilemas en torno a la elección de cómo y cuándo morir. Una pareja de sanitarios del NHS (Sistema Nacional de Salud) que ha acompañado a numerosos pacientes enfrentados a los deterioros del envejecimiento, está decidida a evitar un declive doloroso. El declive de sus propios padres, evocado con mucha crudeza en el artículo, lleva a la autora plantear en su novela la pregunta que todos nos hacemos a medida que avanzan los años: ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir viviendo? y ¿en qué momento desearíamos dejarlo?

Un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a la autodeterminación al final de la vida, la Asociación Médica Alemana, por amplia mayoría en su última asamblea, ha eliminado de su código deontológico la prohibición de la ayuda médica al suicidio. Reafirma que los médicos están fundamentalmente comprometidos con la vida, pero un médico que ayude a su paciente a morir ya no podrá ser sancionado. Se ha abierto un gran debate dentro de la asociación de cara a una posible regulación de la ayuda a morir. La eutanasia sigue castigada penalmente en el país.

La Asociación Alemana de Hospitales Evangélicos (DEKV) ha reaccionado favorablemente a la decisión de la Asociación Médica. La asociación representa a 201 hospitales, es decir uno de cada ocho hospitales alemanes. Tratan anualmente a más de 2,5 millones de pacientes hospitalizados y más de 3 millones de pacientes ambulatorios. Con más de 120.000 empleados y un volumen de negocios de 10.000 millones de euros, su peso económico es muy grande.

El 28 de abril se celebró en el Bundestag un debate sobre la regulación de la ayuda médica a morir. No fue concluyente: los grupos parlamentarios del SPD, CDU, AfD, Verdes, FDP e Izquierda no lograron consensuar un borrador común a partir de los tres proyectos de ley presentados. Parece difícil llegar a una regulación de la ayuda a morir antes del final del actual período parlamentario en junio.

Como dicen en la ADMD belga: nuestros enemigos nunca desisten. La editorial Springer ha publicado un libro que pretende desvelar los lados oscuros de la eutanasia en Bélgica. Se titula “Eutanasia: búsqueda de la historia completa. Experiencias y conocimientos de médicos y enfermeras belgas”. Ha sido escrito por diez profesionales sanitarios belgas –enfermeras, profesores universitarios, médicos especialistas en cuidados paliativos y éticos– que temen que la eutanasia se haya vuelto normalizada y trivial. Su editor es el jefe del departamento de cuidados paliativos de la Universidad de Lovaina (católica).

Trescientos diputados pertenecientes a todos los partidos políticos (sobre un total de 577 que integran la Asamblea) han dirigido una carta al primer ministro solicitándole la apertura de un debate, sin limitación de tiempo, sobre el proyecto de ley de eutanasia que no pudo ser debatido a finales de abril por culpa de las más de 3000 enmiendas presentadas por un puñado de diputados conservadores. La mitad de los diputados del grupo LRM, partido de Macron, ha firmado esta carta. Hasta ahora, el gobierno se ha limitado a aceptar una evaluación de la ley Leonetti que ha encargado a…¡ Leonetti!

La NVVE (Asociación Neerlandesa para un Final Voluntario de la Vida) ha colgado en su página web su memoria de actividades 2020, que permite hacerse una idea de la importancia de la esta organización. NVVE en cifras: 172.643 personas asociadas, 33 trabajadoras y trabajadores, 106 personas que colaboran voluntariamente en el Centro de Asesoramiento, 18 más en el área de Presentación y la Academia Final de la Vida (conferencias y talleres). Su revista, Relevant tiene una tirada de 135.000 ejemplares y 13.000 suscriptores digitales.

En los Países Bajos se están creando negocios digitales alrededor del Testamento Vital como esta web: 80€ para hacer el TV, 40€ de suscripción anual para mantenerlo a disposición del interesado en caso de necesidad:

El Secretario de Salud ha indicado, en una reunión del Grupo Parlamentario transversal para la Elección al Final de la Vida, que ha solicitado al Departamento Nacional de Estadísticas los datos relativos al número de personas de Inglaterra y Gales que deciden terminar con su vida a consecuencia de un diagnóstico de enfermedad terminal. Estos datos servirían de base sólida para un debate parlamentario sobre un cambio en la ley que prohibe la ayuda al suicidio, tema que encuentra un apoyo cada vez mayor entre la ciudadanía.

El 26 de mayo está previsto un debate ‘de orientación’ sobre al muerte asistida en la Cámara de los Lores, a petición de la Baronesa Meacher

Erika Preisig, médica y presidenta de la Asociación Life Circle, fue absuelta en primera instancia de la acusación de homicidio por haber ayudado a morir a una persona con enfermedad mental en julio 2019. La Fiscalía recurrió la sentencia sobre la base de que la médico no había recabado opiniones de psiquiatras previamente. El tribunal de segunda instancia la acaba de absolver en una sentencia importante ya que se refiere a los casos complejos de solicitud de ayuda a morir por motivos psiquiátricos. Sin embargo, el caso podría ser recurrido de nuevo ante los tribunales federales.

El médico australiano escribe sobre la nueva absolución de Erika Preisig y la importancia de esta sentencia, que descarta la acusación de homicidio y mantiene la culpabilidad por uso inadecuado de medicación, aunque reduce su condena.

La AVDMD, Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad se fundó en 2006. Uno de sus miembros ha creado una página web en la que anuncia la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley sobre “Asistencia Médica en el Morir”

La ley C7 recientemente aprobada abre la posibilidad de acceder a la ayuda médica para morir a los enfermos mentales en un plazo de 2 años, con las salvaguardas que, para entonces, se establezcan.El debate está abierto entre los profesionales. La Asociación de Psiquiatría de Quebec elaboró en noviembre de 2020 un documento de debate en el que reconoce el sufrimiento de los pacientes con enfermedades mentales y su derecho a tomar sus propias decisiones. Cada caso debe ser evaluado individualmente.

Enlace al informe, elaborado en noviembre de 2020

A nivel federal, se acaba de crear el ICYMI-Special Joint Committee on Medical Assistance in Dying (Comité Mixto sobre la Asistencia Médica a Morir), que revisará temas clave como el acceso a la muerte médicamente asistida para menores maduros y la posibilidad de acceder a través de solicitudes anticipadas. El Comité examinará también el estado de los cuidados paliativos o la protección de las personas con discapacidades en el país. Está formado por 5 representantes del Senado y 10 de la Cámara de los comunes.

Publicación del informe oficial sobre la aplicación de la ley de suicidio asistido en Maine en 2020. La ley se aprobó en 2019, año durante el cual sólo un paciente solicitó la medicación letal. En 2020, 50 pacientes cumplieron todos los requisitos y 30 fallecieron tomando la medicación.

A mediados de mayo se presentará un proyecto al parlamento para ampliar el acceso a la ley Muerte Voluntaria Asistida en el parlamento de Victoria. Las enmiendas pretenden eliminar algunos de los obstáculos que plantea la ley. Permitiría el uso de la telemedicina en los procesos de evaluación para acceder a la muerte asistida, lo que ayudaría a los pacientes que están demasiado enfermos para acudir a la consulta o a los que viven en zonas aisladas

El día 5 de mayo, la Cámara Alta del Parlamento de Australia del Sur aprobó la ley de muerte voluntaria asistida, que pasa ahora a ser debatida en la Cámara Baja. Es el decimoséptimo intento de aprobar una ley de eutanasia, pero parece que tiene esta vez posibilidades reales de ser aprobada. Es un proyecto de ley muy garantista, similar a la ley aprobada en 2017 en el Estado de Victoria. Muchos parlamentarios están manifestando su apoyo.

La QLRC-Queensland Law Reform Commission (Comisión para la reforma de las leyes) ha entregado su informe final y el borrador de la ley de muerte asistida al fiscal general del estado. El proyecto de ley se presentará en el parlamento a finales del mes de mayo, según se comprometió la primera ministra.

Interesantísimo artículo sobre este libro, muy documentado, que expone cómo, a partir del siglo XVII se recogen sistemáticamente datos sobre fallecimientos (cantidad y causa), y qué cambios e innovaciones han permitido alargar la esperanza de vida: “la mayoría no eran terapias de gran éxito ni medicamentos costosos, sino ideas poco atractivas y de baja tecnología, como la cloración del agua o mejores técnicas para tratar la deshidratación. Casi ninguno provino de empresas con ánimo de lucro.”Sin embargo este alargamiento de la esperanza de vida se distribuye de manera muy desigual: “la esperanza de vida promedio en las naciones más pobres -las que soportan la peor parte del imperialismo, la extracción de recursos y las enfermedades impuestas por los ricos- se acortó”. La última parte del artículo pone en tela de juicio la calidad de estas vidas prolongadas y expone cómo las personas buscan ahora una “buena muerte” a través de movimientos como Exit International.

«Ahora que los seres humanos sobreviven más tiempo que nunca, muchos tienen otro objetivo: una buena muerte»

La Asociación Médica Alemana está inmersa en grandes contradicciones desde la sentencia de febrero de 2020 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional la ayuda al suicidio. La modificación de su código deontológico será tema de debate en su próxima asamblea del mes de mayo, pero su presidente declara en los medios que “el suicidio asistido no es un acto médico”. Alemania es un país federal y en realidad son los códigos deontológicos de los Länders los que son vinculantes para los médicos, y 10 de 17 incorporan la prohibición.

Por otra parte, el presidente del Bundestag había anunciado una regulación del suicidio asistido antes de las elecciones federales de septiembre, pero queda poco tiempo antes de las vacaciones parlamentarias. El 21 de abril se desarrolló en el Bundestag un debate llamado “de orientación” sobre el tema. Ya están registrados cuatro proyectos de ley. Se encontrará un resumen de cada uno en este artículo

Entrevista a un médico y bioético alemán que expresa su punto de vista a favor del suicidio asistido -poniendo como ejemplos Suiza y Oregón- y en contra de la eutanasia tal como se practica en Países Bajos. Se fundamenta en la autodeterminación: una persona que desea morir tiene que asumir su decisión ella misma, sin solicitar la ayuda de un tercero -médico en el caso de la eutanasia- para realizar el gesto final.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de finales del año pasado da un año al parlamento para revisar el artículo 78 del Código Penal que prevé penas de cárcel de hasta 5 años por incitación o ayuda al suicidio. De cara a preparar un debate parlamentario, el Ministerio de Justicia ha creado un “Foro de diálogo sobre la ayuda a morir” en el cual participan representantes de las distintas religiones, de sociedades científicas y organizaciones sociales. La eutanasia sigue castigada en Austria, según el artículo 77 del Código Penal que castiga con 5 años de cárcel el “homicidio a petición”.

La foto que ilustra el artículo es de una concentración de DMD tras la aprobación de la LORE

El 28 de abril el tribunal de Génova absolvíó a Marco Cappato y Mina Welby, dirigentes de la Asociación Luca Coscioni, en el juicio en segunda instancia por haber ayudado en 2017 a un enfermo de esclerosis múltiple a acceder al suicidio asistido en Suiza. Habían sido absueltos en un primer juicio en 2020 pero la fiscalía recurrió la sentencia.

Por otra parte, dado la parálisis parlamentaria relativa a la regulación de la ayuda a morir, la Asociación Luca Coscioni acaba de presentar una petición de referéndum en el Tribunal Supremo. En caso de que el Tribunal acepte la solicitud, deberán recoger 50.000 firmas de aquí a septiembre, para que el procedimiento siga adelante. Piden la derogación parcial del art. 579 del código penal que castiga el llamado “homicidio consentido”.

La NVVE apoya la demanda contra el estado presentada por treinta miembros de CLW (Cooperativa de la Última Voluntad) para la despenalización del suicidio asistido. Considera que la Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia, aprobada en 2002 y actualmente en vigor, es demasiado restrictiva y que no respeta la autonomía de la persona, sometiendo el acceso a la ayuda a morir al juicio de dos médicos independientes.

El Consejo Nacional del PSD (Partido Socialdemócrata de centro derecha) considera que existe «material suficiente para abrir expediente disciplinario» contra su presidente y líder parlamentario Riu Rio, por violar la decisión contraria a la eutanasia, tomada anteriormente en el congreso del partido. El presidente, en vez de promover un voto negativo de todo el grupo parlamentario, dejó libertad de voto a los diputados y el parlamento portugués aprobó el proyecto de ley a principio de año.

Siguiendo las sugerencias del presidente de la República, el Tribunal Constitucional devolvió el texto al parlamento, pidiendo una mayor precisión en la definición de los requisitos para acceder a la eutanasia.

Si el SNP (partido nacionalista escocés y socialdemócrata) gana las elecciones el próximo 6 de mayo, se compromete a crear una asamblea ciudadana para debatir la regulación de la muerte asistida. Por su parte, los Verdes apoyan una regulación similar a la que existe en algunos estados norteamericanos: paciente adulto con enfermedad terminal, pronóstico de 6 meses y sufrimiento insoportable. La aprobación de una ley de este tipo en Escocia podría tener consecuencias en todo el Reino Unido.

Los activistas a favor de la regulación de la muerte asistida se sienten optimistas. En el marco de una campaña impulsada por Dignity in Dying más de 2000 personas mandaron a los candidatos al parlamento escocés 44.000 mensajes. Este artículo detalla las propuestas de los diferentes partidos políticos relativas a este tema

La ONS (Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido) ha publicado unos datos según los cuales un suicidio de cada siete lo lleva a cabo una persona con cáncer, enfermedad neurológica, cardíaca o pulmonar.

Apoyándose en esta información, el 27 de abril, durante una reunión del Grupo Parlamentario Transversal sobre las Elecciones al Final de la Vida, el secretario de Sanidad reafirmó su compromiso de obtener más datos acerca de los suicidios de personas con enfermedades terminales y su posible relación con la prohibición de la muerte asistida.

La denuncia por homicidio contra el médico Staffan Bergström, que el año pasado ayudó a un enfermo de ELA a finalizar su vida, fue archivada por la fiscalía. Sin embargo, IVO (entidad para la inspección de cuidados sanitarios y dependencia) exige que se le retire su licencia por “no haber actuado según la ciencia y experiencias probadas” y haber “socavado la confianza en los médicos a la que la población tiene derecho” etc. con lo que se le considera “evidentemente no apto para ejercer como médico”. Por esas acusaciones, los funcionarios de IVO que han firmado el escrito, han sido denunciados al Justitie Ombudsman (Defensor del Ciudadano) por un jurista y un colega médico, miembro de la DMD sueca.

El doctor Bergström y otros 235 médicos han dirigido un escrito a Läkarförbundet (organización sindical de médicos) instando a que se “pronuncie a favor de un estudio parlamentario sobre la asistencia médica a morir, con el fin de aumentar nuestros conocimientos y aclarar nuestra situación jurídica”. En el escrito hacen referencia a las experiencias internacionales de ayuda médica a morir.

En el anterior boletín informamos de que el 25 de marzo el parlamento letón había rechazado un proyecto de ley de eutanasia. Se trataba de una iniciativa legislativa popular llamada Iniciativa por una Buena Muerte que venía avalada por más de 10.000 firmas. Recogió 49 votos en contra, 38 a favor y 2 abstenciones. Los representantes del sector sanitario y de las cuatro religiones cristianas presentes en el país fueron invitados a participar en la reunión del Comité de Mandatos y Ética del parlamento, previa a la reunión en plenaria, donde expresaron su firme oposición a la iniciativa.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 20 de abril un Proyecto de Ley de Muerte Digna, que regula la universalización de los cuidados paliativos y la eutanasia. Ahora el Senado debe refrendar el texto.

Si se aprueba definitivamente, podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de 18 años que “presenten una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado”. Un psiquiatra deberá certificar que el paciente está en pleno uso de sus facultades en el momento de realizar la solicitud, y dos médicos tendrán que certificar que el paciente cumple con los requisitos

La activista Cecilia Heyder –con cáncer metastásico, lupus y trastorno sanguíneo–, cuya historia recorrió diarios y televisiones nacionales, le puso cara a la lucha por el derecho a la ayuda médica a morir en Chile.

Una vez más, los senadores conservadores obstaculizan un debate sobre la eutanasia: están retrasando el inicio de la comisión parlamentaria encargada de revisar la ley de muerte asistida en Canadá. Se trata de una revisión estatutaria que se tiene que realizar a los 5 años de aprobación de la Ley. Los puntos a examinar son: el acceso a la ayuda médica a morir para los menores de edad y los pacientes con enfermedades mentales, así como la posibilidad de acceder a la prestación a través de un testamento vital.

La recientemente aprobada ley C7 que ya modifica en parte la ley de muerte asistida aprobada en 2016 ofrece una nueva esperanza para las personas con demencia: les libera de la trampa cruel que les obligaba a expresar un consentimiento final, al permitirles establecer disposiciones por adelantado para poner fin a sus vidas.

Según el informe 2020, recientemente publicado por el departamento de salud del estado, las muertes por suicidio asistido representan el 0,61% del total de fallecimientos

Sólo en diez Estados los pacientes con enfermedades terminales –seis meses o menos de esperanza de vida– pueden acceder al suicidio asistido, con la condición de poder ingerir ellos mismos el producto letal. Una película y un libro sobre el final de la vida de un paciente con enfermedad de Parkinson ponen en evidencia las limitaciones de estas leyes que dejan fuera a las personas con enfermedades neurodegenerativas o con demencia. La única alternativa que tienen –como los pacientes que residen en los 40 estados donde el suicidio asistido no está regulado– es renunciar a tratamientos que alargan la vida a través de directivas anticipadas y dejar de comer beber hasta su fallecimiento.

Lamar Hankins, miembro en los años 90 de la Hemlock Society, describe la historia de esta asociación y su posterior escisión. Lamar continuó en Final Exit y explica aquí cómo funciona la asociación, especialmente el Exit Guide Program que apoya a la personas que quieren ayuda para morir.

En Australia, la regulación de la eutanasia para pacientes adultos, con enfermedades terminales que cursen con mucho sufrimiento, avanza. El único estado donde una ley está funcionando desde hace dos años es el de Victoria, mientras que la ley aprobada en Australia Occidental entrará en vigor en julio próximo y Tasmania acaba de aprobar una ley que será operativa dentro de 18 meses. En Queensland, Australia del Sur y Nueva Gales del Sur, leyes similares están en diferentes fases de tramitación parlamentaria. En el Territorio del Norte-NT y el Territorio de la Capital-ACT se está luchando para revertir una ley federal de 1997 que prohibe a los territorios hasta debatir sobre la muerte asistida.

En Victoria, organizaciones o instituciones sanitarias de obediencia religiosa ponen palos en las ruedas. Una entidad de cuidados paliativos, perteneciente a la Orden de Malta, ejerce la objeción de conciencia, prohibiendo a sus médicos firmar el acta de defunción de un paciente que haya fallecido legalmente por suicidio asistido. Otra institución sanitaria negó la entrada a sus instalaciones al farmacéutico que iba a entregar el fármaco letal a un paciente a quien se había concedido el derecho a terminar con su vida.

A principios de mayo se votará en el parlamento de Australia del Sur un proyecto de ley de muerte asistida similar a las leyes ya aprobadas en los estados de Victoria, Australia Occidental y Tasmania. Es el decimoséptimo intento. La aprobación del proyecto en la cámara alta es probable, pero el mayor desafío será que se apruebe en la cámara baja. El apoyo entre los parlamentarios es transversal, por encima de los intereses de partido.

La ley de muerte asistida de NZ, aprobada a finales de octubre del año pasado, entrará en vigor en noviembre próximo. Según este artículo, “la demanda de muerte asistida tendrá que ser satisfecha por una fuerza laboral abrumadoramente opuesta a participar”. En una encuesta reciente, solo un 10% de los médicos se declararon “absolutamente dispuestos” a participar en procesos de muerte asistida, y un 20% se declaró “posiblemente dispuestos”. Se temen además graves disparidades geográficas. En el mes de junio, el Ministerio de Sanidad proyecta poner en pie una red de médicos capacitados para asesorar sobre la eutanasia, según el modelo de los médicos SCEN neerlandeses.

El Ministerio de Sanidad ha entregado al colegio de médicos los resultados de una investigación sobre la capacidad de Nueva Zelanda para aplicar la muerte asistida. En los documentos se recoge que no están disponibles los medicamentos utilizados en otros países y se considera un riesgo notable utilizar preparados alternativos. Esto está generando un alarmismo que aprovechan los que están en contra de la eutanasia.

En un acto del más puro filibusterismo parlamentario, algunos diputados conservadores presentaron unas 3000 enmiendas a la proposición de ley “abriendo el derecho a un final de vida libre y elegido”, presentada por el pequeño grupo centrista ‘Libertés et Territoires’ el pasado 8 de abril. A última hora, poco antes de medianoche, se pudo al menos votar el artículo 1 enmendado, en el cual se reconoce el derecho a solicitar una muerte médicamente asistida (MMA) a los enfermos “en fase avanzada o terminal de una afección grave e incurable con grandes sufrimientos”.

Recogió 240 votos a favor, 48 en contra y 13 abstenciones.Tratándose de un proyecto de ley presentado en la sesión mensual dedicada a propuestas de la oposición, no se pudo ir más allá de esta victoria simbólica.

A pesar del apoyo mayoritario en la asamblea y sondeos recientes en los que más del 90% de los franceses apoyan una regulación de la MMA, el gobierno solo sigue apostando por un plan de paliativos y una evaluación de la actual ley Clayes-Leonetti de 2015, poco conocida y poco aplicada, que únicamente permite el acceso, condicionado por el acuerdo del médico, a una sedación terminal.

La Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia acaba de remitir al parlamento su 6º informe, en el que consta un importante aumento de los casos de eutanasia, pasando de una media de 8 en años anteriores a 25 en el 2020. Sin embargo, la información a la ciudadanía sigue siendo la asignatura pendiente y se plantea la creación de una “consulta médico-ética” que asumiría la misión de informar a pacientes y familiares sobre las posibilidades de acceder a la eutanasia o el suicidio asistido. Asimismo, plantea la Comisión la necesidad de formación específica de los profesionales sanitarios.

Texto completo del 6º informe anual de la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia

El nombre significa «derecho a morir» en danés

CLW-Coöperatie Laatste Wil (Cooperativa de la Última Voluntad) que cuenta con unos 24.000 miembros y aboga por la muerte voluntaria, presenta una demanda contra el Gobierno holandés para que las personas puedan poner fin a su vida por iniciativa propia. Está iniciando una campaña pública, destinada a abrir el debate sobre esta cuestión en la sociedad.

“Si alguien quiere morir, debe poder hacerlo con dignidad y otra persona tiene que poder ayudarle a hacerlo sin miedo. No se debe permitir que otras personas juzguen el deseo de morir de alguien”, dice CLW

Las asociaciones ‘Humanist UK’ y ‘My Death, My Decision’ coordinan una campaña para una revisión de las leyes relativas al final de la vida y la regulación de la MMA. En este sentido, un conocido neurocirujano enfermo de cáncer en fase terminal y unos cincuenta médicos y parlamentarios de los principales partidos han dirigido una carta al Secretario de Justicia y a presidentes de varias comisiones parlamentarias

En Letonia, el parlamento acaba de rechazar una propuesta de regulación de la eutanasia con 49 votos en contra, 38 a favor y 2 abstenciones

La Cámara de Representantes ha rechazado por tres votos un proyecto de ley de eutanasia. Se requería 85 votos a favor para que siguiese la tramitación del proyecto y solo se consiguieron 82. El decidir sobre la propia vida sigue siendo un derecho fundamental, pero los intentos de regularlo siguen sin salir adelante en el Parlamento. Actualmente, es difícil acceder a la eutanasia y la inseguridad jurídica por la falta de una ley es un obstáculo más.

Sigue la tramitación del proyecto de ley de eutanasia presentado en 2014 en el Parlamento. Acaba de ser aprobado en la Comisión de Salud y está a la espera de entrar en la agenda para su debate en sesión plenaria

Se está debatiendo un proyecto de ley en el Parlamento, sobre la “prestación de la ayuda necesaria para que el paciente pueda morir dignamente“. El proyecto, que parece tener un apoyo transversal entre los parlamentarios, es llamado “Ley Alfonso” por el caso de Alfonso Oliva, quien en 2014 fue diagnosticado con ELA y reclamó el derecho a morir con asistencia médica

Este artículo analiza la nueva etapa después de la aprobación de la ley C-7 que elimina el criterio de “muerte natural previsible” como requisito para acceder a la MMA. También abre el acceso a la eutanasia en caso de enfermedad mental en un plazo de 2 años, durante el cual se estudiará las condiciones de acceso para estos pacientes. Asimismo, queda por revisar dos temas importantes, como son el acceso a través de directrices anticipadas y el de los menores maduros.

Testimonio de un médico que ha asesorado a más de 150 pacientes desde la aprobación de la ley de ayuda médica a morir en 2016 y ayudado a morir a un centenar. Su evolución desde el año 1977 en que empezó a trabajar, decidido a salvar vidas, su evolución hacia los cuidados paliativos y, posteriormente, cuando posible, su apoyo a los pacientes que deseaban acceder a la muerte médicamente asistida. Artículo publicado en la revista de la Asociación Médica de Canadá

El pasado mes de febrero, la asociación Dying with Dignity organizó un webinar sobre “Demencia, Ayuda médica a morir y otras opciones al final de la vida”. He aquí un resumen de las principales conclusiones, así como unos enlaces a los vídeos de las intervenciones de los médicos participantes

La gobernadora Michelle Lujan Grisham firma la ley ‘End of Life Options’, el último paso para su aprobación definitiva y entrada en vigor. Nuevo Mexico se convierte así en el undécimo Estado de este país con una ley de suicidio asistido.

Montana abrió la puerta a la MMA en 2009 cuando el Tribunal Supremo estatal dictaminó que los médicos podrían usar como defensa el consentimiento del paciente, en caso de ser acusados de homicidio por prescribir medicamentos letales. Sin embargo, la sentencia no reconoció el derecho de los pacientes a recibir esa ayuda.

“Simplemente no existe el derecho a recibir ayuda médica para morir en Montana, al menos ningún derecho en el que un paciente pueda confiar, como en otros estados”, dijo el ex juez de la Corte Suprema estatal Jim Nelson. «Cada vez que un médico lo hace, el médico tira los dados”

Se acaba de publicar en Francia una novela gráfica sobre la asociación Ultime Liberté y su lucha por la muerte voluntaria. Está dibujada por Livio Bernardo, cuyo padre forma parte del grupo de militantes de esa asociación investigados por la compra de pentobarbital en internet.

En la anterior revista de prensa hablamos del libro de la periodista Katie Engelhart ‘The inevitable: Dispatches on the right to die’ (Lo inevitable: escritos sobre el derecho a morir). El libro ha despertado mucho interés en el mundo anglosajón y se publican extractos:The Guardian publica el capítulo del libro dedicado a la muerte voluntaria. Entre muchas historias interesantes, hace especial hincapié en la de Avril Henry, una mujer inglesa de 80 años que compró pentobarbital por internet después de consultar The Peaceful Pill Handbook. La policía inglesa forzó su puerta en 2016 en el marco de la investigación lanzada a través de Interpol sobre la compra de Pentobarbital por internet y le confiscó dos frascos del producto, sin darse cuenta de que ella tenía más, bien escondidos…

La página digital The Walrus publica un extracto adaptado del capítulo dedicado a la enfermedad mental y la muerte asistida. A partir de la lucha de un joven canadiense diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, el texto recoge las opiniones de una psiquiatra, que considera que la muerte médicamente asistida puede ser una alternativa para los pacientes cuando los tratamientos no funcionan, y analiza las limitaciones de la legislación canadiense en este aspecto.