La ley de Opción de Final de la Vida que autoriza el suicidio asistido en California vuelve a estar operativa. Esta ley se impugnó en los tribunales el mismo día de su entrada en vigor, el 15 de mayo de 2018. Un grupo de médicos contrarios al suicidio asistido presentó una demanda para detener su implementación argumentando que había sido aprobada durante una sesión legislativa especial dedicada a la atención médica y aduciendo que esta ley no está relacionada con la atención médica. Consiguieron su objetivo: el 25 de mayo un fallo judicial confirmó la nulidad de la ley por inconstitucional: se detuvo su implementación, creando una gran inseguridad entre pacientes y médicos. Finalmente, después de una intensa batalla judicial en la cual intervino la asociación Death with Dignity, un tribunal de apelación acaba de revocar la sentencia de anulación de la Ley de Opción de Final de Vida.

El Centro Nacional de los Cuidados Paliativos y el Final de la Vida acaba de publicar un informe sobre la aplicación de la Ley Leonetti de 2016 que abría el derecho a una “sedación profunda y continua hasta el fallecimiento» (SPCJD según sus siglas en francés) para pacientes al final de la vida con sufrimientos refractarios. Dos años después de la aprobación de esta ley calificada de hipócrita por la ADMD (Asociación francesa para el Derecho a Morir Dignamente) y cuyo propósito era cerrar la puerta a una legalización de la eutanasia, el informe constata que prácticamente no se aplica porque “si el fallecimiento ocurre demasiado rápidamente, nos van a decir que es una eutanasia; pero si el proceso dura varias semanas, es insoportable para el equipo sanitario y los allegados”, declara una psícologa. Por otra parte el tradicional paternalismo de los médicos franceses hace que no acepten que un paciente reclame el ejercicio de este derecho.

En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre la pregunta referente a la constitucionalidad del artículo 580 del Código Penal que condena la ayuda al suicidio, planteada por la fiscalía de Milán en el marco del juicio contra Marco Cappato por acampañar a Dj Fabo a una clínica de Dignitas en Suiza, sino que concede un año al Parlamento para legislar. Fundamenta el fallo en la constatación de que «la prohibición absoluta de la ayuda al suicidio limita la libertad de autodeterminación de la persona enferma en la elección de las terapias, incluidas las destinadas a liberarla del sufrimiento, libertad que deriva de la Constitución”. El alto tribunal volverá a tratar esta cuestión el 24 de septiembre de 2019.

Una iniciativa legislativa popular sobre la eutanasia que consiguió más de 160.000 firmas está enterrada en el Parlamento italiano desde 2013, y el Movimiento 5 Estrellas propone volver a activarla, mientras el vicepresidente del gobierno, Mateo Salvini, de la Liga, ya ha declarado no estar dispuesto a abordar el tema de la eutanasia que no figura en el programa del gobierno de coalición.

Noel Conway es un enfermo de ELA que lucha desde hace meses por conseguir el derecho a una muerte asistida. Acudió al Tribunal de Apelación de la Corte Suprema británica para poder defender su caso, posibilidad que le fue finalmente denegada. Los jueces, a pesar de reconocer la «trascendencia» del tema, desestimaron su solicitud aduciendo que un tema tan complejo no tenía ninguna posibilidad de desembocar en una decisión favorable del Tribunal. Añadieron, además, que es el Parlamento el que debería pronunciarse.

Sin embargo, desde el rechazo por la Cámara de los Lores de la ley de suicidio asistido presentada por Lord Falconer, el Parlamento británico no ha vuelto a abordar la cuestión y la ayuda al suicidio sigue castigada en el Reino Unido con hasta 14 años de cárcel. «El mundo ha cambiado enormemente en las últimas décadas», declara el abogado de Conway, «con muchos avances médicos, pero la ley para los que padecen enfermedades terminales no ha cambiado en más de 50 años».

Por primera vez desde la adopción de la Ley de Eutanasia en Holanda en 2002, una médica se encuentra imputada por haber practicado la eutanasia a una paciente enferma de Alzheimer con testamento vital. Se trata de un caso complicado, discutido por la Comisión de Control ,que juzgó finalmente que se habían respetado los protocolos.

En este artículo, Constance de Vries, médica de la Clínica del Final de la Vida, una estructura que acoge las solicitudes de eutanasia más complicadas (entre las cuales se encuentran las correspondientes a casos de demencias), analiza el vínculo entre esta imputación y la presencia de un partido conservador confesional –la Unión Cristiana– en el Gobierno neerlandés. La nueva situación política es favorable a los que juzgan que la Ley de Eutanasia se aplica de manera demasiado laxa.

A raíz del endurecimiento de la postura de la fiscalía, el número de eutanasias realizadas anualmente ha disminuido, por primera vez, en 2017. «Los médicos se vuelven más cautelosos», declara Constance de Vries.

La ley canadiense de ayuda médica a morir (AMM) exige que el paciente esté suficientemente lúcido para consentir a la eutanasia en el momento de recibirla. No se puede solicitar la AMM a través de instrucciones anticipadas. Esta salvaguarda, impuesta con la finalidad expresa de proteger a los más vulnerables, está siendo muy atacada por las asociaciones de muerte digna que, a través del caso reciente de Audrey Parker, han puesto en evidencia las perversas consecuencias de esta medida: esta enferma terminal de cáncer tuvo que adelantar su muerte –la ley la «forzó a morir antes de tiempo» según sus propios términos– por el temor a no cumplir con esta condición.

Otros enfermos renuncian a los analgésicos, asumiendo mayor sufrimiento, para conservar la lucidez. Un análisis realizado por el Ministerio de Sanidad canadiense sobre las razones del rechazo de solicitudes de ayudas médicas a morir en seis provincias encontró que la pérdida de capacidad fue la razón citada con mayor frecuencia, seguida por la constatación de que la muerte no se espere en un plazo «razonablemente previsible», como exige la ley.

Pacientes de ELA, paralizados, obligados a firmar los formularios o a someterse a una evaluación médica para poder acceder a la ayuda médica a morir en plena calle, fuera del hospital. Tales son las situaciones provocadas por la política del proveedor de servicios sanitarios católico Covenant Health en el estado de Alberta.

Expertos en ética canadienses se preguntan cómo es posible que un proveedor de servicios sanitarios financiado con fondos públicos pueda negarse a que pacientes gravemente enfermos con alto grado de dependencia, ingresados en sus hospitales, completen el papeleo o se sometan a las evaluaciones necesarias para poder acceder a la ayuda médica a morir en sus instalaciones.

Covenant Health niega incluso a los pacientes el mero acceso a la información sobre la ayuda médica a morir, una prestación legal en Canadá desde hace más de dos años. Además de infringir los derechos de los pacientes, son actos crueles e inhumanos frente a los cuales el ministerio de sanidad de la provincia ha cerrado los ojos hasta hoy.

Las asociaciones de muerte digna y los medios de comunicación denuncian estos hechos escandalosos, recordando que la objeción de conciencia sólo puede ser individual y en ningún caso una prerrogativa de las instituciones, sobre todo si están soportadas con fondos públicos.

El código penal suizo no penaliza la asistencia al suicidio si no intervienen “motivos egoistas”. El paciente tiene que estar lúcido y capaz y poder tomarse él mismo el producto letal recetado por un médico. Las reglas que rigen esta práctica han sido definidas por los códigos de deontología médica y por las organizaciones como EXIT, que han establecido sus propias salvaguardias.

Estos criterios están cambiando. En la actualidad, una cuarta parte de los acompañamientos al suicidio realizados por EXIT conciernen personas con enfermedades no terminales. En la parte germanófona de la organización, una corriente liberal reflexiona sobre la posibilidad de permitir el acceso al suicidio asistido a personas mayores cansadas de vivir o que consideren sus vidas cumplidas, sin prescripción.

Por otra parte, en sus últimas directrices médico-éticas sobre el final de la vida adoptadas en el mes de mayo pasado, la Academia Suiza de Ciencias Médicas (ASSM) amplía los criterios para acceder al suicidio asistido, incluyendo una enfermedad o una limitación funcional “considerada insoportable” por el paciente. Sin embargo, la dirección del Colegio de Médicos suizos (FMH) ha rechazado por primera vez con contundencia estas nuevas directrices.