Como informábamos en el anterior boletín, Italia aprobó por fin en diciembre pasado la Ley 219/2017, equivalente a nuestra Ley de Autonomía del Paciente de 2002. Desde entonces se habrían firmado 3557 testamentos vitales. Sin embargo, la Asociación Luca Coscioni denuncia, a través de una gran campaña a nivel nacional, la falta de presupuesto para poner en funcionamiento el Registro Nacional de testamentos vitales previsto en la ley. Ya 410 ayuntamientos han abierto sus propios registros, supliendo la ausencia de iniciativas del Estado. Denuncia también la falta absoluta de sensibilización y formación del personal sanitario y de los notarios a los nuevos derechos y reclama la creación de un observatorio que monitorice la implementación de la ley… ¡Las mismas luchas que DMD sigue llevando aquí desde el 2002!

El caso de una chica de 19 años con una enfermedad rara muy dolorosa que reclama la eutanasia ha conmocionado a la sociedad civil y reabierto el debate en Chile. En este contexto, el Frente Amplio chileno, alianza de partidos de izquierda, ha reactivado en el Parlamento una proposición de ley de eutanasia que dormía desde 2014. La Comisión de Salud del Parlamento la admitió a trámite el 15 de mayo. Se trata de un texto muy limitado y garantista ya que el médico que recibe la solicitud del paciente deberá confirmar el diagnóstico de “enfermedad incurable que provocará la muerte” con dos especialistas y además un siquiatra deberá determinar la capacidad de decisión del paciente. La decisión final será sometida a un comité de ética, existiendo la posibilidad de recurrir una respuesta desfavorable. El texto ambiciona conseguir el apoyo de toda la oposición, lo que garantizaría su aprobación. Desde ahora provoca grandes tensiones dentro del oficialismo.

Parecía que los números daban… pero falló: el Parlamento Portugués votó en contra de la eutanasia el 29 de mayo pasado. Se presentaban 4 proyectos de ley: del Partido Socialista (PS), del Bloco de Esquerda (BE), de los Verdes (PEV) y del pequeño partido ecologista-animalista (PAN). El que más votos positivos consiguió fue el proyecto del PS con 110 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones. El Partido Comunista (PCP) votó en contra de los cuatro, en bloque, con una argumentación digna del más rígido integrismo católico, lo que precipitó el rechazo. Pero todos los analistas subrayan también el hecho de que el Partido Socialdemócrata (PSD) estaba muy dividido sobre el tema de la eutanasia y los votos de sus diputados favorables a la eutanasia se repartieron entre los 4 proyectos para evitar así la aprobación de una ley que hubiese podido provocar una fractura en el partido… Como ya ha ocurrido demasiadas veces, ¡maniobras políticas e intereses partidistas han primado frente al reconocimiento de derechos!

A mediados de mayo el Parlamento de la isla de Guernsey rechazó por 24 votos en contra y 14 a favor un proyecto de Ley de Suicidio Asistido. El proyecto era similar a la ley aprobada en el estado americano de Oregón en 1997: una regulación del suicidio asistido para pacientes mayores de edad, capaces y con enfermedad terminal con un pronóstico no superior a 6 meses. “La mayoría de la población estaba a favor”, explica Gavin St Pier, primer ministro de la isla, “sin embargo vivimos en una democracia representativa. Pero pensamos que el cambio es inevitable”. ¡El derecho a decidir de cómo y cuándo uno quiere morir otra vez más secuestrado por políticos pusilánimes!

Con ocasión de los debates previos a la presentación del proyecto de Ley de Suicidio Asistido en Guernsey, la ex-directora de la OHA, Asociación de Hospice (residencias par pacientes terminales y servicios de cuidados paliativos) de Oregón publicó un extenso y documentado artículo en el cual expone su experiencia en Oregón, el estado americano veterano en la legalización del suicidio asistido ya que su ley data de 1997: diálogo más abierto entre médicos y pacientes terminales; finales de vida serenos y apaciguados; neutralidad de las asociaciones médicas y de enfermería después de 20 años de experiencia sin abusos constatados; transparencia gracias a la publicación regular de los datos lo que entraña un mejor conocimiento de cómo se muere en Oregón… Su artículo recalca finalmente que Oregón tiene los mejores cuidados paliativos de EE.UU y que el 90% de los pacientes que recurren al suicidio asistido estaban en cuidados paliativos.

El estado de Hawaï aprobó en el mes de abril pasado la ley «Our care, our choice Act» que regula el suicidio asistido, constituyéndose así como el séptimo estado que legaliza esta práctica. El movimiento a favor de la muerte asistida cobra impulso en el país. Actualmente 24 estados están considerando proyectos de muerte asistida, siendo Nevada, New Jersey y Massachussetts los estados donde el proceso legislativo está más avanzado.

Otro dato significativo: una encuesta realizada en el sector sanitario ha revelado que el 57% de los médicos están a favor del suicidio asistido, y los delegados en la última asamblea de la potente Asociación Médica Americana –AMA– han rechazado un informe de su comisión de ética que abogaba por mantener la tradicional oposición de la asociación a la legalización de esta práctica.

Finalmente una reciente encuesta muestra que una amplia mayoría de ciudadanos –el 72%– piensa que los médicos deberían estar legalmente autorizados a ayudar a un paciente terminal que lo solicite a poner fin a su vida.

En Washington D.C., un año después de la aprobación de la ley de suicidio asistido: sólo 2 médicos sobre 11.000 aceptan abiertamente participar en el proceso de suicidio asistido; un sólo hospital lo autoriza; y ningún paciente en un año ha accedido al suicidio asistido. ¿La explicación? Parece residir en las medidas administrativas adicionales tomadas por las autoridades sanitarias con el propósito de reforzar las salvaguardas contenidas en la ley, tales como obligar a los médicos que aceptan participar en el proceso de muerte asistida a inscribirse en un registro oficial, o la evaluación psicológica obligatoria para el paciente, obligaciones que no existen en ninguno de los 6 otros estados que han legalizado el suicidio asistido. La experiencia vuelve a demostrar que una vez conseguida la ley, los ciudadanos tienen que movilizarse si quieren poder ejercer los nuevos derechos adquiridos.

Un gran debate tiene lugar en Holanda alrededor de la ampliación de los requisitos para acceder a la eutanasia, particularmente en lo referente a las enfermedades psiquiátricas. Algunos evocan la “pendiente resbaladiza” mientras otros equiparan el sufrimiento psiquiátrico con el sufrimiento físico. Lo cierto es que las demandas totales de eutanasia aumentan: 6.600 (+10%) en 2017, que sin embargo apenas representan el 4% de los fallecimientos.”La oferta ha creado la demanda” dicen algunos médicos. Y la nueva fiscalía endurece sus criterios a pesar de que las comisiones de revisión de la eutanasia declaran que los protocolos se han aplicado correctamente en el 99,8% de los casos. ¿No será sencillamente que la ciudadanía, conocedora de sus derechos, exije cada vez más poder ejercer la autonomía al final de la vida que le otorga la ley?

Prosigue también en el país el debate alrededor de la “vida cumplida” como posible requisito para acceder a la eutanasia. El partido D66 que tenía un proyecto de ley al respecto sigue impulsándolo, a pesar de integrar ahora una coalición de gobierno que incluye el partido demócratacristiano Unión Cristiana, muy contrario a esta posibilidad. El tema de la eutanasia ha quedado fuera de los acuerdos de gobierno entre partidos y se debatirá en el Parlamento.

De los países nórdicos, Dinamarca está ahora, después de la iniciativa legislativa popular rechazada en Finlandia, a la vanguardia de la lucha por la autonomía al final de la vida. El Dr. Svend Lings es la cabeza visible del movimiento “Médicos para la ayuda activa a morir”. Le han quitado su licencia profesional por haber ayudado a un paciente a morir y está investigado al respecto, arriesgando hasta 3 años de cárcel. Acaba de publicar en la web de la asociación, además de la amplia información sobre la eutanasia y el suicidio asistido que ya figuraba, una Guía de Muerte Voluntaria con una lista de 300 medicamentos, lo que ha relanzado el debate en el país donde el 70% de la población se declara favorable a la eutanasia. Por otra parte, la asociación ha lanzado una iniciativa legislativa popular a favor de la ayuda médica a morir a través de una página web abierta a principio del mes de mayo pasado.