El presidente Macron tiene entre sus manos el anteproyecto de Ley sobre el Final de la Vida. Había prometido que «antes del final del verano» se presentaría un proyecto de ley que legalizaría la “asistencia activa a la muerte”. 

Pero el ministro de Relaciones con el Parlamento, Franck Riester, dio finalmente a conocer a finales de septiembre un nuevo calendario: el proyecto de ley estará «en el Consejo de Ministros “antes de que finalice el año y luego irá al Parlamento el año próximo”, donde será examinado por un “comité especial”. Mientras tanto, el ejecutivo examinará el plan decenal de cuidados paliativos, tema mucho menos conflictivo.

El retraso en el calendario se debe al “vértigo ético” atribuido por algunos comentaristas al presidente. Circulan de forma persistente rumores que indican que Macron se inclinaría por una ley de suicidio asistido similar a las leyes existentes en EE.UU, lo que le permitiría soslayar la oposición frontal a la eutanasia proclamada por numerosas asociaciones médicas.

Una mujer enferma de esclerosis múltiple desde 2010 solicitó en noviembre de 2022 que la ayudasen a morir, al amparo de la sentencia 242/2019 del Tribunal Constitucional. El 4 de julio de 2023, la justicia ordenó al sistema de salud evaluar a la paciente, en agosto la comisión médica multidisciplinaria elaboró su informe y el 26 de septiembre llegó el dictamen positivo de la Comisión de Ética del sistema de salud. Es el quinto caso de respuesta positiva a una solicitud de suicidio asistido en el país.

Recurso a la vía judicial para ampliar las condiciones de acceso al suicidio asistido 

Marco Cappato, con sus acciones de desobediencia civil, busca ampliar las posibilidades de acceso a la ayuda al suicidio en Italia. La fiscalía de Milán requiere su absolución del delito de ayuda a suicidio por el acompañamiento a Suiza para morir de dos enfermos que no dependían de medidas de soporte vital. La fiscalía alega que exigir la presencia de estas medidas para acceder al suicidio asistido tiene carácter discriminatorio y niega a los pacientes la libertad de rechazar tratamientos. En caso de que el tribunal no acepte esta interpretación, la fiscalía pide que se consulte al Tribunal Constitucional.

En 2022 se llevaron a cabo 34 eutanasias en Luxemburgo, lo que representa el 0,85% del total de los fallecimientos (4000), unas cifras muy alejadas de las de Bélgica o Países Bajos. La culpa reside en parte en la falta de información: “Algunos pacientes ni siquiera saben que está autorizada”, señala Jean-Claude Schmit, presidente de un comité encargado de evaluar la aplicación de las tres leyes relativas al final de la vida aprobadas en 2009, la ley de derechos del paciente, la ley de eutanasia y la ley de cuidados paliativos.

Las recomendaciones de la comisión señalan dos direcciones de trabajo fundamentales: en primer lugar, una campaña de información dirigida al público, con una semana de sensibilización y un folleto online que detalla con precisión todas las opciones posibles, y en segundo lugar una correcta formación y medidas de apoyo, tanto para el personal sanitario como para los cuidadores.

Los neerlandeses que desean acceder a la eutanasia recurren generalmente a su médico de cabecera, y si éste no atiende la demanda, recurren al Centro de Expertos de la Eutanasia creado de manera militante en 2012 por la NVVE (Asociación Neerlandesa por una Muerte Humana). El principal problema son las listas de espera en el Centro de Expertos. Un grupo de médicos independientes dispuestos a asesorar o a realizar eutanasias se ha agrupado en la Euthanasia Care Patnership, para ofrecer sus servicios retribuidos a los médicos que no desean involucrarse en esta prestación.

La NVVE patrocina un trabajo de investigación

Conjuntamente con otros grupos, la NVVE patrocina un trabajo de investigación sobre las decisiones al final de la vida en los Países Bajos. Se trata de contrastar las conclusiones de la tesis doctoral de 2007 del psiquiatra Boudewijn Chabot relativas a la autoeutanasia con la situación actual. Chabot fue el primero en argumentar que la autoeutanasia con drogas letales, o en personas muy mayores dejando de comer y beber conscientemente, tiene más en común con la eutanasia realizada por un médico que con el suicidio en soledad. Ya que se trata de una decisión meditada y no de un acto impulsivo. En 2007 según Chabot, unas 4500 personas recurrían a la autoeutanasia, dos tercios dejaban de comer y beber, así como un tercio recurría a drogas letales.

El parlamento portugués aprobó en mayo pasado la Ley de Eutanasia con amplia mayoría. Los partidos que apoyaron la ley -Bloque de Izquierda, PAN e Iniciativa Liberal- reclaman al gobierno socialista la publicación de los reglamentos para la aplicación de la ley. Del lado contrario, el PSD anuncia que presentará pronto un recurso contra la Ley de Eutanasia ante el Tribunal Constitucional.

El Gran Consejo de Ginebra ha derogado la ley de apoyo a las personas al final de la vida en los servicios médicos de urgencia, hospitales y clínicas del cantón. Sin embargo según la asociación EXIT la ley aprobada en 2018 había aclarado el marco jurídico para todas las partes interesadas en el asunto. 

“Nuestro temor es revivir la situación que prevalecía antes de 2018, cuando ciertos servicios de emergencias no veían con buenos ojos a los compañeros de EXIT en sus instalaciones. Si se deroga esta ley, estamos seguros de que algunas residencias, especialmente las privadas, rechazarán nuestra presencia en sus establecimientos”, asegura Jean-Jacques Bise, copresidente de EXIT. Organización que llama a realizar un referéndum para revertir la decisión del Gran Consejo.

El proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia fue aprobado en la Comisión Primera del Senado por 11 votos a favor y 4 en contra. Ahora el debate pasará a la plenaria de esta cámara. Entre las cuestiones más debatidas por la comisión figura la edad mínima para acceder a la prestación que se ha fijado finalmente a los 14 años.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha emitido un llamado urgente a sus senadores para que inicien la discusión sobre el proyecto de legalización de la eutanasia. A pesar de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2022, este proyecto aún se encuentra pendiente en la Comisión de Salud Pública del Senado, sin mostrar avances significativos. El diputado colorado Ope Pasquet, uno de los principales impulsores de esta iniciativa de ley que obtuvo luz verde hace varios meses, hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Twitter. Esta medida busca reactivar el debate sobre la eutanasia en el Senado y llevar el proyecto de ley hacia su aprobación final.

El Gobierno de Canadá ha publicado el plan de estudios relativo a la práctica de la Ayuda Médica a Morir (AMM) desarrollado por la Asociación Canadiense de Evaluadores y Proveedores de AMM (CAMAP). Se trata del primer programa de formación acreditado a nivel nacional disponible para médicos y enfermeras especializadas. El cual permitirá lograr una atención segura y homogénea en todo el territorio nacional, así como se impartirá a través de una combinación de sesiones de aprendizaje en línea y sesiones presenciales para profesionales de la salud interesados, independientemente de su nivel de experiencia.

Es un paso más en el trabajo del gobierno para adaptar el sistema de atención médica a la expiración de la exclusión del acceso a la AMM de las personas que padecen únicamente una enfermedad mental.

Se ha publicado el informe correspondiente a los seis primeros meses de aplicación de la Ley de Muerte Voluntaria. Él mismo aporta los siguientes resultados: 591 personas solicitaron poner fin legalmente a sus vidas; 417 llegaron al término del proceso y recibieron la receta de producto letal – 245 lo utilizaron-.

Los requisitos para acceder al suicidio asistido son padecer enfermedad, dolencia o condición médica progresiva y avanzada que cause un sufrimiento intolerable, además de un pronóstico de 12 meses. Esta ley es un poco menos restrictiva que las de otros estados australianos. Por ejemplo en Victoria, el pronóstico es de sólo seis meses, y además el personal médico tiene prohibido plantear la muerte asistida a un paciente, situación que no existe en Queensland.

Un anciano se suicida con el producto letal recetado a su esposa

La mujer llevó a término la tramitación de su solicitud de muerte voluntaria según la ley del Estado de Queensland, y se le permitió volver a su casa para morir pero falleció en el hospital repentinamente. Su esposo utilizó el producto para suicidarse.

Según la ley los pacientes deben devolver el medicamento letal que les ha sido entregado en el marco de la muerte voluntaria al cabo de 14 días si no los utilizan. La ministra de Salud del estado ha declarado que se iba a revisar este punto de la ley.

Julie Macfadden, enfermera de cuidados paliativos en California -estado con ley de suicidio asistido vigente-, creó en 2021 una cuenta de Tiktok para luchar contra el tabú de la muerte. A través de este medio responde a cualquier pregunta y explicando en qué consiste la ayuda a morir. Varios de sus vídeos se han vuelto virales con millones de visitas.

NEW JERSEY: Demanda judicial para eliminar el requisito de residencia

La asociación Compassion & Choices ha presentado una demanda judicial para eliminar el requisito de residencia que la ley del estado de New Jersey exige para que los pacientes con enfermedades terminales accedan al suicidio asistido. La demanda fue presentada en nombre de pacientes con cáncer terminal residentes en los estados de Delaware y Pensilvania, y dos médicos de New Jersey dispuestos a responder positivamente a su solicitud. Los estados de Oregón y Vermont ya han eliminado el requisito de residencia para acceder al suicidio asistido.

En su último boletín la asociación ADMD-B señala la publicación por el Colegio Belga de Médicos de la Guía deontológica para la eutanasia en caso de enfermedad siquiátrica. Jacqueline Herremans, presidenta de ADMD-B firma el siguiente comentario:

“Los casos de eutanasia de pacientes con trastornos psiquiátricos siguen siendo raros en Bélgica. En 2022, la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia registró 26 casos (de un total de 2966 declaraciones).

Algunos puntos destacados de las directrices éticas formuladas por el Colegio de Médicos: intervención inmediata de dos psiquiatras, consulta con los profesionales sanitarios que tratan al paciente, probar tratamientos basados de eficacia probada, siempre que no causen efectos secundarios que no superen los beneficios esperados, y que se pueda lograr un resultado positivo en un plazo razonable. Si el camino de la eutanasia es más difícil y largo que para los pacientes que padecen enfermedades somáticas, no es imposible. Se han hecho llamamientos para eliminar de la ley la posibilidad de acceder a la eutanasia para los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Estos opositores se equivocan porque el sufrimiento mental puede estar causado tanto por enfermedades somáticas como psiquiátricas.

Mientras tanto, la correcta aplicación de la ley ha permitido a estos pacientes con problemas siquiátricos morir serenamente y en paz, muy a menudo rodeados de sus seres queridos, lejos de los horribles suicidios que siguen atormentando las noches de familiares y profesionales sanitarios.”

El artículo firmado por Jocelyn Downie (jurista) y Udo Schuklenk (filósofo), se centra en dos puntos que han adquirido gran importancia en los últimos debates alrededor de la Ayuda Médica a Morir (AMM) en Canadá en los últimos tiempos, y ambiciona ser de utilidad para intervenir en los debates que se generarán en los países que han regulado la AMM: “El primero es un argumento sobre los ‘determinantes sociales de la salud’ con respecto a las personas con discapacidad y a las personas con un trastorno mental como única condición médica subyacente. ¿Los problemas con los determinantes sociales de la salud que podrían afectar la toma de decisiones justifican negar el acceso a la muerte asistida a esas personas?

El segundo es el argumento de «pendiente resbaladiza«. ¿Los cambios en la legislación sobre muerte asistida de un país conducen necesariamente a una pendiente resbaladiza?

Exploramos estas dos preguntas a través de la experiencia de Canadá, tanto para informar las discusiones en curso en Canadá como porque otros países enfrentarán las mismas preguntas si contemplan cambiar su ley de muerte asistida.”

“En junio de 2016, Canadá legalizó la ayuda médica para morir (AMM). Desde el principio, algunas instituciones de atención médica (incluidos hospitales religiosos y no religiosos, hospicios y centros residenciales de atención para personas mayores) se han negado a permitir la AMM en sus instalaciones, lo que ha resultado en traslados de pacientes para evaluaciones y realización de la AMM. Las informaciones publicadas en los medios de comunicación destacan las consecuencias negativas de estas “objeciones institucionales”. Esta investigación se propone examinar la naturaleza y el impacto de la objeción de conciencia institucional.“, Eliana Close, Ruthie Jeanneret, Jocelyn Downie, Lindy Willmott y Ben P White.

El testimonio se publica en un periódico irlandés porque una comisión parlamentaria de este país está estudiando actualmente la posibilidad de regular alguna forma de ayuda a morir.

Firmado por Nancy Preston, Sheila Payne y Suzanne Ost el artículo plantea que a pesar «del creciente apoyo legal y médico a la muerte asistida, muchos profesionales de la salud no quieren participar directamente. ¿Podría un enfoque desmedicalizado ayudar a superar esta situación?”. Proponen un modelo de tipo suizo.

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de febrero 2020, la práctica del suicidio asistido en Alemania no se desarrolla en una zona gris como afirman algunos. Ludwig Minelli, fundador de Dignitas, asociación que ha vuelto a operar en el país, afirma que la situación es en gran medida similar actualmente a la de Suiza, donde desde hace casi 40 años existe un marco regulatorio sin ley especial que constituye la base para la práctica del suicidio asistido. En su opinión, sólo sería necesaria una ley especial si el suicidio asistido se integrase en el sistema de salud pública, como es el caso en los Países Bajos y otros países.

En el mes de julio pasado el parlamento alemán rechazó dos proyectos de ley relativos al suicidio asistidos que de ser aprobados hubiesen seguramente motivado recursos ante el TC por su carácter muy restrictivo del derecho a la autonomía al final de la vida reconocido por el alto tribunal.

El Tribunal Administrativo Superior de Münster ha dictaminado que los médicos no pueden entregar libremente ningún narcótico letal a un paciente que solicita ayuda al suicidio, en respuesta a la demanda planteada por el jefe del equipo médico de la Asociación de Ayuda a Morir de Hamburgo. El tribunal también dictaminó que un médico no tiene derecho a importar de Suiza un producto no disponible en las farmacias alemanas como el Pentobarbital.

La ley de muerte asistida entró en vigor en Austria a principio de 2022, pero los obstáculos encontrados por las personas que desean ejercer su derecho a la autodeterminación reconocido por el Tribunal Constitucional son muy grandes. Esta situación motivó que la ÖGHL (Sociedad Austriaca para un Final de Vida Humano), con el apoyo de DIGNITAS, presente una demanda ante este tribunal el pasado mes de junio para remediar esta situación.

El gobierno debe presentar a finales de septiembre un proyecto de ley relativo a la ayuda a morir que se había propuesto “co-construir” con todas las partes interesadas. Sin embargo se encuentra entre posiciones irreconciliables: quince asociaciones de profesionales sanitarios encabezadas por la SFAP (Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos) se oponen radicalmente al reconocimiento de la ayuda a morir como un acto sanitario y a su inscripción en el Código de Salud Pública; por otro lado las asociaciones de muerte digna han expresado alto y claro su oposición a una ley tipo Oregón (acceso a un producto letal para pacientes con un pronóstico inferior a seis meses).

En un intento de desdramatizar el debate, el gobierno ha decidido descartar los términos “eutanasia” y “suicidio asistido”, y propone hablar de “muerte elegida pasiva” y “muerte elegida activa” respectivamente.

En una tribuna publicada en Le Nouvel Observateur, el filósofo François Galichet, miembro de la asociación Ultime Liberté opina que la concesión del acceso a la muerte asistida no debería ser de la incumbencia de los médicos: “Sería lógico que fuera un juez, y no un médico, el que tomara la decisión de ayudar a morir. Su tarea sería únicamente verificar la voluntad firme e ilustrada, así como el discernimiento del solicitante. Como seguramente no tendría tiempo para realizar él mismo estos controles, que requieren varias entrevistas espaciadas y en profundidad, este apoyo podría ser proporcionado, como en Suiza, por miembros voluntarios de asociaciones autorizadas por el Estado. El juez decidiría sobre la base de su informe. Uno de los criterios para una decisión positiva podría ser la pertenencia anterior a una asociación cuyo objetivo sea defender la libertad de disponer de la propia vida.”

Absuelto en primera instancia en 2021, Emilio Coveri, presidente de la asociación Exit-Italia ha sido condenado a 3 años y 4 meses de prisión y a 5 años de inhabilitación para cargos públicos por incitación al suicidio por el tribunal de apelación de Catania por acompañar a una mujer de 47 años a Suiza para un suicidio asistido en 2019. La fiscalía estimó que la enfermedad padecida por la paciente no era irreversible -síndrome de Eagle- que no había tenido acceso a los tratamientos adecuados y que padecía depresión. Emilio Coveri aduce que la paciente era miembro de la asociación y que solo se le suministró información. Cabe presentar recurso contra esta condena ante el Tribunal de Casación.

La comisión disciplinaria de Amsterdam ha pronunciado una amonestación contra una psiquiatra perteneciente al Centro de Expertos de la Eutanasia por “no haber actuado con la diligencia debida” en dos casos de eutanasia al no respetar todos los pasos especificados en la ley: en uno de los casos no tomó en cuenta la opinión contraria del médico consultor y, en el otro, prescindió del médico consultor. En caso de enfermedad mental, el procedimiento exige que se consulte un segundo psiquiatra especialista del trastorno presentado por el paciente.

Es importante recordar que la falta de psiquiatras dispuestos a participar en procesos de eutanasia es un gran problema en los Países Bajos y que los medios de comunicación no dejan de hacerse eco de los plazos –cada vez más largos– a los cuales se enfrentan los pacientes que, debido a esta escasez de profesionales, no tienen otra solución que dirigirse al Centro de Expertos de la Eutanasia.

Con ocasión del 50 aniversario de su creación, la NVVE (Asociación Neerlandesa por un Final de Vida Voluntario) recuerda, en un largo artículo publicado en su revista ‘Relevant’, las etapas recorridas hasta hoy en su lucha por el respeto de la libre determinación de las personas al final de la vida.

En julio, Alex S. fue condenado a 3 años y medio de cárcel por suministrar una droga letal por internet. Ahora, la Fiscalía habría reunido suficientes pruebas para acusar a un hombre de 76 años de un delito similar: al menos 500 personas habrían comprado una droga letal en el espacio de internet de la persona investigada y 7 habrían muerto después de su ingesta. El caso salió a la luz tras una denuncia de suicidio asistido en Zelanda y una muerte sospechosa en Breda en 2021. El hombre, miembro de CLW (Cooperativa de la Última Voluntad) afirma que actuó por motivos «idealistas» y que su objetivo no era comercial. Vendía el producto en dosis de 2 gramos por 150 € y lo entregaba con una caja con cierre de seguridad con código. Los compradores lo recibían por correo certificado 60 días después de la compra, para evitar decisiones apresuradas.

Según la Constitución, «una décima parte de los diputados de la Asamblea de la República», es decir 23 parlamentarios, pueden solicitar la revisión constitucional de una ley en vigor.

El PSD (Partido Social Demócrata, derecha) ha anunciado que presentará en septiembre un recurso de inconstitucionalidad parcial contra la ley de eutanasia aprobada en mayo. La Constitución no impone ningún plazo al alto tribunal para pronunciarse en este caso. La ley de eutanasia está actualmente a la espera de la publicación del Reglamento de aplicación por el Gobierno.

En julio 2022 se celebró un debate en la Cámara de los Comunes sobre la conveniencia de regular de alguna forma la muerte asistida, como consecuencia de la entrega de una petición firmada por 155.000 personas reclamando un cambio legislativo.

A continuación, la Comisión de Atención Social y Sanidad abrió un proceso de estudio y consultas en el marco del cual DMD, a petición de la asociación MDMD (My Death My Decisión) mandó un informe sobre la situación en España después de la entrada en vigor de la LORE. La Comisión entregará un informe antes de fin de año con sus recomendaciones relativas a un posible cambio legislativo.

Existe una presión creciente en el Reino Unido a favor de la regulación de la muerte asistida. El proceso parlamentario está más avanzado en Escocia, donde un proyecto de ley está ya en proceso de tramitación en el parlamento, y en la Isla de Man donde se registró otro texto legislativo en junio pasado.

Kenneth Law está procesado en Canadá desde el mes de mayo pasado por haber vendido por internet unas 1.200 dosis de un producto letal a personas residentes en 40 países. Está relacionado hasta la fecha con el suicidio de 4 ciudadanos británicos y de un adolescente de Estados Unidos.

La agencia británica de control del crimen, la NCA, anunció el 25 de agosto que estaba investigando la muerte de 88 personas que habían comprado sustancias letales en sitios web canadienses. La agencia habría recibido información sobre estas transacciones en abril. En total, los investigadores identificaron a 232 compradores durante un período de dos años. «Actualmente no existe ningún vínculo confirmado entre las [sustancias] compradas en los sitios y la causa de la muerte» de estas personas, precisó sin embargo la NCA.

Un artículo del periódico francés Le Figaro señala que se han abierto investigaciones policiales sobre los envíos realizados por Kenneth Law en Estados Unidos, Italia, ueva Zelanda y Australia también.

Los médicos y pacientes quebequenses temen una vez más verse atrapados entre dos legislaciones de ayuda médica a morir: la aprobada por el gobierno federal y la aprobada por el gobierno de Quebec. Los dos gobiernos han optado por avanzar de manera diferente: el gobierno federal ha regulado el acceso a la ayuda a morir para enfermos mentales, aunque la entrada en vigor se ha aplazado por segunda vez debido a las críticas; mientras, el gobierno quebequense no ha aprobado la posibilidad de acceso a la eutanasia para enfermos mentales, pero sí la posibilidad de solicitar la prestación a través de directrices anticipadas, supuesto no permitido por la ley federal, pero ha aplazado dos años la entrada en vigor de la medida a la espera de una posible modificación del código penal que exige actualmente que el paciente sea consciente en el momento de la eutanasia. La modificación del código penal es competencia federal, lo que deja por ahora la apertura quebequense en el aire.

Quebec está en camino de terminar el año con una tasa de eutanasias del 7% sobre el total de fallecimientos, señala Michel Bureau, director de la Comisión sobre los Cuidados al Final de la Vida, en una comparecencia que ha despertado mucha inquietud entre los profesionales sanitarios. “Eso es más que en cualquier otro lugar del mundo: 4,5 veces más que Suiza, tres veces más que Bélgica, más que los Países Bajos. Y es dos veces más que Ontario”. «Ya no se trata de algo excepcional”, añade. Los quebequenses han dejado de apreciar la AMM como un procedimiento excepcional para personas con enfermedades incurables y cuyo sufrimiento es insoportable y «cada vez vemos más que los casos que reciben ayuda médica para morir se acercan a los límites de la ley. (…) Ya no se trata sólo de un cáncer terminal, hay todo tipo de enfermedades, y eso es muy bueno, pero requiere mucho rigor por parte de los médicos para garantizar que se mantengan dentro de los límites de la ley».

Estas declaraciones han provocado mucha preocupación entre los profesionales. En respuesta, el presidente del Colegio de Médicos de Quebec publicó una carta abierta para recalcar que se realizaba una revisión exhaustiva de los casos y no se había encontrado ningún caso de AMM fuera de la ley más allá de meros errores administrativos. Deploró que cada vez más médicos llamaban al Colegio para expresar su preocupación y temor a represalias. La DMDQ por su parte critica que las declaraciones de Michel Bureau llevan a que cada vez más médicos prefieran no atender las solicitudes de ayuda a morir de sus pacientes.

La diputada del bloque peronista Mara Brawer ha presentado en el parlamento un proyecto de ley de muerte médicamente asistida bastante similar a la LORE en cuanto a requisitos y procedimientos, pero con plazos más cortos (20 días en total). Se trata del quinto proyecto de muerte asistida actualmente registrado en el parlamento argentino.

El año pasado, una encuesta de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida reveló que, en los últimos tres años, el 45 % de los profesionales sanitarios había recibido solicitudes de información sobre eutanasia por parte de pacientes. Otro dato destacable es que el 80 % de los profesionales de la salud apoyaba la legalización de la eutanasia; la mitad de ellos afirmó que no tendría problemas en implicarse en procesos de eutanasia para ayudar a los pacientes.

Entre 2021 y 2022, Martha Sepúlveda fue el rostro visible de las innumerables barreras a las que se enfrentan las personas que, en Colombia, buscan voluntariamente ayuda para morir. El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, acaba de declarar en un duro texto que esos obstáculos deben terminarse. Analizando la situación, el tribunal recalca que existe una “omisión legislativa absoluta”, que significa que el Congreso no ha hecho nada para regular la eutanasia. Critica además la persistencia de una “escasa regulación expedida por el Ministerio de Salud y Protección social”, pues esa entidad no ha emitido nuevas resoluciones que aborden la muerte digna en los términos en los que el tribunal la ha desarrollado, y la falta de reglamentación del procedimiento médico de la eutanasia “se traduce en barreras de acceso a esta garantía, así como dificulta el trabajo de los profesionales de la salud”.

Por tanto, el tribunal constitucional, por octava vez en 26 años, le pide al Congreso que, “en desarrollo de su potestad de configuración normativa, avance en la protección de una muerte digna, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el libre ejercicio de la autodeterminación de las personas”.

Hasta el momento, se han presentado 14 iniciativas legislativas sobre la eutanasia, pero ninguna prosperó. El 25 de agosto se presentó una nueva proposición de ley. “El propósito de esta Ley es desarrollar el derecho fundamental a morir dignamente, cumplir con los llamados de la Corte Constitucional y eliminar las barreras de acceso al procedimiento. Se elimina la obligación de establecer una conexión directa entre el sufrimiento de la persona, su enfermedad y la posibilidad de morir dignamente. El elemento fundamental de este proyecto es proteger el derecho individual a decidir y juzgar”, señaló el congresista coautor del texto.

Los costes asociados a los procedimientos de muerte voluntaria asistida están creando “barreras sustanciales” para los pacientes que buscan acceder a la eutanasia, según denuncian médicos del estado de Queensland que reclaman una reforma urgente del seguro Medicare. Los médicos facturan la prestación a los pacientes de forma privada lo que la puede convertir en económicamente prohibitiva para algunos.

Un estudio publicado en Cancer Medicine examina el impacto del suicidio asistido y del suicidio convencional en los pacientes de cáncer en Suiza durante 20 años. Concluye que no se puede confirmar la suposición de que, con la opción cada vez más asequible de la asistencia al suicidio para los pacientes con cáncer, la tasa de suicidios convencionales disminuya. Habría razones de peso que indicarían que las situaciones y circunstancias del suicidio convencional asociado al cáncer son diferentes de las que imperan en la asistencia al suicidio.

Artículo publicado en la prensa española sobre esta investigación: https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20230817/drama-desmonta-mito-eutanasia-no-reduce-suicidios-pacientes-cancer/787171591_0.html

Natasha Walter es una escritora feminista británica y activista pro derechos humanos. Acaba de publicar un libro titulado Before the Light Fades: A Memoir of Grief and Resistance (Antes de que se apague la luz: Memorias de dolor y resistencia) en el cual reflexiona sobre la vida de su madre, marcada por el activismo político, y sobre su muerte voluntaria. La autora analiza su resistencia a enfrentar el suicidio racional de la madre y su incapacidad a escucharla.

The Guardian publica un muy interesante extracto