Ocho de cada diez mayores de 55 años lo afirman en una encuesta encargada por la Asociación Holandesa para un Fin de la Vida Voluntaria (NVVE) a la agencia Newcom. La NVVE insiste en que los médicos de los Países Bajos deben adopten esta idea.

La Fiscalía acaba de archivar el caso de un médico del Centro de Expertos de la Eutanasia, que practicó una eutanasia «sin los cuidados debidos» a una mujer de 67 años con demencia grave, que vivía en una residencia y había pedido ayuda para morir en su testamento vital. Según el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes para una acusación penal contra el médico.

El problema radicaba en la no conformidad del médico asesor (médico Scen, médicos asesores para la eutanasia formados por el Colegio de Médicos KNMG) con la decisión de practicar la eutanasia en este caso. Este último consideró que la mujer «¡no manifestaba suficiente sufrimiento!»

El médico que aceptó la solicitud de la mujer decidió entonces consultar a 6 otros médicos del Centro de Expertos de la Eutanasia, que confirmaron todos su conformidad con que la ayuda a morir era procedente.

Los nuevos criterios se basan en la sentencia de absolución pronunciada por el Tribunal Supremo en el caso de Marinou Arends, la primera médica desde la aprobación de la ley de eutanasia (en 2002) en ser procesada por eutanasia después de una evaluación negativa de los comités de revisión.

La NVVE, por su parte, ha aplaudido la publicación de esta revisión de los criterios.

El primer ministro británico, Boris Johnson, y muchos diputados estarían a favor, y el apoyo ciudadano es creciente.

El Tribunal de Apelación ha asegurado en su sentencia que es el Parlamento quien debe pronunciarse sobre la ayuda médica a morir.

«Estoy devastado por esta decisión y la posición de impotencia en la que me ha dejado».
«Sin la opción de una muerte digna, ahora, si mi dolor se vuelve insoportable no tengo otra opción que la que temía desde el principio: morir de hambre lentamente. No puedo entender, en una sociedad civilizada como la nuestra, por qué debería verme obligado a sufrir cuando millones de personas en todo el mundo ya tienen la opción que solicito».

Lamb, que no está en fase terminal, recibe el apoyo de la asociación Humanist UK para hacer públicas sus reivindicaciones.

La modificación de la ley (proyecto C7, actualmente en debate en el Parlamento) excluye explícitamente las enfermedades mentales como requisito válido para acceder a la ayuda médica a morir. Algunos psiquiatras opinan que esta restricción estigmatiza a las personas con trastorno mental, minimiza su sufrimiento y refuerza el mito de que podrían curarse si se esforzaran más.

Creen que esta exclusión viola la Sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades, que garantiza la igualdad de trato ante la ley, independientemente de la discapacidad física o mental

Este artículo da a entender que sería una estrategia: buscar una sentencia del constitucional para vencer resistencias políticas a través de la vía judicial:

«El gobierno está decidido a proceder con cautela en la muerte asistida y está bastante contento de que los tribunales le empujen a cada paso del camino. El problema con ese enfoque es que obliga a las personas vulnerables que sufren insoportablemente enfermedades graves a gastar tiempo, dinero y energía luchando por sus derechos en los tribunales», declara un senador

El artículo refuta la acusación lanzada por las iglesias que afirman que las asociaciones de muerte digna realizan negocios con la ayuda a morir.

Le opone la realidad del negocio generado por el «sobretratamiento» al final de la vida:

«Desde una perspectiva puramente económica, los hospitales y los centros asistenciales están interesados en procesos de muerte lo más largos posible, con cuidados médicos intensivos: El interés de la medicina tecnológica consiste en utilizar todos los medios disponibles siempre que estén pagados».

El autor analiza la evolución del modelo sanitario alemán desde finales del siglo pasado, su creciente privatización y sometimiento a imperativos de orden económico.

«Según estimaciones, las compañías farmacéuticas generan alrededor de una cuarta parte de sus ventas totales con medicamentos que se administran a pacientes en la última fase de sus vidas; en Alemania siete mil millones de euros. Los fabricantes de alimentación por sonda también logran elevadas ventas, que en 2005 fueron de casi 500 millones de euros. De las alrededor de 200.000 personas que son alimentadas artificialmente a través de un tubo PEG, casi el 70% estaba en una residencia».

En algunos Estados, el tratamiento de soporte de órganos puede no ser retirado incluso después de que se haya determinado que una mujer embarazada ha muerto si los médicos creen que el feto tiene opciones de salir adelante.

Una demanda federal cuestiona la constitucionalidad de estas restricciones.

El Secretario de Salud británico, por su parte, declaró en el Parlamento que las personas que viajen al extranjero con el propósito de morir no estarían incumpliendo las limitaciones a los desplazamientos impuestas. Y recordó que instigar o cooperar con un suicidio sigue siendo un delito bajo la legislación del país.

Se han unido al grupo ‘My Death, My Decision’ (MDMD), que pide un cambio más amplio que incluya a las personas con enfermedades terminales y a las que tengan una enfermedad incurable que curse con un sufrimiento insoportable.

Una encuesta realizada antes de las elecciones por la asociación My life, My Choice entre los candidatos reveló que «52 candidatos laboristas apoyaban la muerte asistida, mientras que 32 no respondieron; tres candidatos de LNP (Partido Liberal Nacional) apoyaban, pero 70 candidatos no respondieron; 50 candidatos de los Verdes apoyaban, pero 43 candidatos no respondieron, mientras que siete candidatos del Partido Australiano de Katter (nacionalista) apoyaban la norma, pero 48 candidatos no respondieron».

La ley todavía tiene que ser aprobada por la Cámara Baja. El Gobierno se ha comprometido a que el debate empiece antes de finales de año; se extenderá hasta marzo de 2021. Tiene muchas posibilidades de ser aprobado.

La conclusión es que más invierte no siempre gana.

El juez justifica la condena por el hecho de que la mujer, enfermera, intervino activamente (lo que sería una eutanasia, prohibida en Alemania) con varias inyecciones de insulina. Si el marido sólo hubiese tomado el cocktail de pastillas, no se hubiese condenado a la mujer.

Por su parte, la senadora Chantal Petitclerc, atleta paralímpica que apoya en el Senado la modificación de la ley declara: “No pueden representar ni hablar por todas las personas con discapacidad.”

El tribunal administrativo ha absuelto al médico. Los abogados de los padres dicen que han puesto un recurso en casación y que estudian demandar al Estado.

El estudio, bautizado como «Vida, muerte y dilemas dolorosos» también refleja que la postura está dividida en el caso de pacientes no terminales pero con sufrimientos crónicos e insoportables (37% a favor, 34% en contra y 29% indeciso)